Diversos argumentos y opiniones en torno a la PSU
Diciembre 13, 2011

PSU1312011.jpg Reportajes de prensa y más abajo un reporatje de investigación de CIPER.
Expertos urgen cambios a la PSU: Advierten que entró en una “fase crítica”
“En uno o dos años deberíamos tener una prueba perfeccionada”, dice Brunner. Rector UC: “La rinden miles de alumnos de la enseñanza técnico-profesional, pero no evalúa lo que ellos estudiaron”. LyD: “Perjudica a los de menores ingresos”.
por: La Segunda, lunes, 12 de diciembre de 2011

Justo cuando más de 270 mil postulantes a las universidades comenzaron a rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU) reaparecieron con más fuerza las críticas a este instrumento, que hace 7 años reemplazó a la Prueba de Aptitud Académica (PAA) y que actualmente está siendo sometida a su primera auditoría internacional.
Expertos educacionales, investigadores, líderes estudiantiles y hasta rectores que incluso la utilizan para seleccionar a sus alumnos urgen cambios, argumentando que no es suficientemente predictiva, que profundiza las inequidades, que es regresiva y hasta poco transparente.
“La PSU ha entrado en una fase crítica de revisión (…) Por lo tanto, esperamos que en uno o dos años a más tardar tengamos una prueba perfeccionada “, dice el investigador José Joaquín Brunner.
Aclara que es necesario separar los cambios que requiere la PSU de las modificaciones que se le debe hacer a todo proceso de admisión a las universidades, con el fin de hacerlo más equitativo.
“La PSU es un instrumento de selección y no de equidad. Por ello la prueba debe interesar a los planteles que buscan incorporar alumnos de muy buen estándar académico, por lo que debe ser capaz de identificar a esos alumnos. Hasta ahora eso no está suficientemente claro, porque no hay estudios en profundidad que así lo demuestren”, dijo.
Otra cosa, explicó Brunner, es incorporar nuevas formas de evaluación para seleccionar estudiantes talentosos, independiente de si tienen o no buenos puntajes en la PSU. Por ejemplo, cuenta, usando el ranking de notas que logran en su curso, realizando pruebas escritas o pidiéndoles portafolios que den cuenta de sus potencialidades en su trayectoria escolar. “De esa manera se abordaría la equidad en el acceso a la universidad, pero no le pueden pedir a un instrumento que fue construido para seleccionar que compense inequidades externas”, explica.
Movilizaciones postergaron ranking de notas y ensayo
Los líderes estudiantiles de la Confech también lo han planteado como una de sus demandas y rechazan la PSU “por su carácter regresivo que no logra captar los talentos en nuestro país, sino que detecta el nivel socioeconómico de los alumnos”.
En ese marco, son los alumnos de colegios municipales los más afectados, ya que en sus colegios -a diferencia de los particulares pagados- no se logra pasar todo el contenido curricular que se mide en la PSU.
De hecho los puntajes promedio que sacan unos y otros así lo ratifican: mientras los particulares pagados lograron en la última prueba de Matemática 511 puntos promedio, los municipales apenas llegaron a los 489.
El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, agrega que “además esta prueba la rinden miles de alumnos de la enseñanza técnico-profesional y la PSU no evalúa lo que ellos estudiaron, sino la modalidad científico-humanista. En definitiva, dan una prueba para la cual no han sido preparados. Esa es una tremenda inequidad que hay que corregir”.
Confiesa que el tema del uso del ranking de notas y el ensayo escrito “estaba en la agenda de este año en el Consejo de Rectores, pero quedó postergado por la contingencia de las movilizaciones estudiantiles. Ahora vuelven al tapete y espero que el próximo año sea una realidad su aplicación porque este tema requiere un sentido de urgencia”.
Quienes ya se atrevieron este año a incorporar el ranking en su proceso de admisión son las universidades Católica Silva Henríquez y la Usach, mientras que la Católica de Chile hace 6 años está aplicando un ensayo escrito a todos sus alumnos.
Disociación entre colegio y universidad
Uno de los miembros del Comité Técnico Asesor de la PSU, Jorge Manzi , adelantó que “no hay nada intocable en la prueba”, pero advirtió que “lo que hay que atender es la validez predictiva de la PSU”.
Explica que, de las cuatro pruebas, hay dos con una muy buena capacidad en esta área: Matemática y Ciencias. “Pero las otras dos (Lenguaje y Sociedad) tienen una capacidad predictiva más limitada. No es que sea nula, es positiva, pero más limitada “.
En esos casos, señala el psicólogo, “quizás hay que hacer un análisis de contenido de esas pruebas, porque puede estar reflejando una disociación entre lo que se enseña en la secundaria y lo que se requiere en la universidad en esas áreas. Tal vez sea solo un tema curricular y es necesario hacer un ajuste de los contenidos de la enseñanza media”.
Pero también, dice Manzi, se deben considerar cambios al proceso de admisión completo en pro de la equidad. “El tema fundamental es buscar medidas compensatorias y lo más evidente es el ranking de notas que puede aplacar las diferencias que se dan en la PSU. Además, en la medida en que se agreguen otros factores, bajará la ponderación de la PSU”.
E l coordinador del programa económico y social del Instituto Libertad y Desarrollo, Rodrigo Troncoso , dice que el foco debe ser el impacto que genera sobre la equidad. “Como la PSU mide contenidos, perjudica a las personas de menores ingresos que van a colegios de menor calidad y que cubren de forma más deficiente los contenidos que se evalúan en la prueba”, explica.
Según Troncoso, los cambios al sistema de selección universitaria debiesen ir, necesariamente, en orden a ponderar de mayor manera el rendimiento académico de los alumnos en enseñanza media.
Auditoría partirá en enero, durará un semestre completo
Para enero se espera el inicio de la auditoría internacional a la PSU que fue encargada por el Ministerio de Educación y el Consejo de Rectores a la empresa Pearson Educación de Chile Ltda.
Los resultados de la investigación se conocerán durante el segundo semestre del 2012, ya que se contempla un tiempo mínimo de trabajo de 6 meses.
La idea del estudio es que la agencia evalúe la pertinencia y valor predictivo de ese instrumento. Asimismo, se busca determinar qué tan válida es la PSU como instrumento de selección para todos los subgrupos que la rinden, incluyendo egresados de colegios científicos humanista como de los técnico-profesionales.
Otro de los objetivos es lograr sugerencias de mejoras en las pruebas y también se pide a la entidad que proponga un modelo para establecer los puntajes mínimos a partir de los cuales se asignarán los beneficios estudiantiles.


Expertos entregan escalofriantes evaluaciones
PSU: académicos acusan que consolida la desigualdad
Por : Lissette Fossa en Reportajes de investigación Publicado: 12.12.2011
La carrera más angustiosa se corre otra vez esta semana. Participan 270 mil jóvenes, la mayoría de clase media y pobres. El premio: entrar a una de las mejores universidades y dar un salto en la historia familiar. La brecha de calidad que diferencia a los de colegios particulares y los otros hace que la carrera la ganen los más ricos. Una prueba predecible. Porque la PSU deja afuera a 12 mil estudiantes de excelencia de los colegios municipales, con promedio sobre 6, que no logran sacar 400 puntos porque les preguntan cosas que jamás les enseñaron. Una ola de talentos desaprovechados.
Doscientos setenta mil jóvenes definen en estos días de diciembre parte de su futuro de vida a través de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), vigente desde 2003. No es una prueba más. Porque las voces que la cuestionan cobraron esta vez una fuerza inédita. Como las de un importante grupo de académicos e investigadores que insisten en que esta prueba está construida de tal manera, que aunque los jóvenes crean que tienen todas las posibilidades abiertas y que el destino depende de ellos, sus caminos están delimitados por surcos profundos y el resultado de la PSU será en buena medida un reflejo del sector económico del que vienen. A los que provienen de familias con más recursos les irá mucho mejor que a los de familias más vulnerables. En promedio, ser del quintil más rico asegura 150 puntos de ventaja sobre el quintil más pobre.
La tendencia es tan marcada y constante, explica el académico Francisco Javier Gil, que “si el movimiento universitario de este año hubieran conseguido la educación gratuita que pedía, no habría significado mucho para los alumnos más pobres, porque ellos no están llegando a las universidades”.
La frase de Gil, ex decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago (Usach) y ex rector de la Universidad Cardenal Silva Henríquez, es un espolonazo a las demandas que movilizaron a tantos jóvenes este año: “Lo hemos dicho cientos de veces: lo primero que hay que cambiar es la forma como los estudiantes son seleccionados. Luego viene el tema de la gratuidad”.
Gil ha estudiado por muchos años los efectos de las pruebas de selección universitaria. Era un acérrimo adversario del examen anterior, la Prueba de Aptitud Académica (PAA). En ese entonces sostenía que la que la PAA no medía ni inteligencia ni constancia, tampoco la publicitada aptitud para seguir estudios superiores. La PAA, media conocimiento. Igual que la PSU.
¿Qué tiene de malo medir conocimiento? Los argumentos de Gil apuntan a que a los jóvenes cuyas familias tienen más recursos no les va mejor en la PSU porque sean más listos que los de quintiles más bajos. La inteligencia, las aptitudes para el estudio o el esfuerzo están uniformemente repartidos en la sociedad. Pero el conocimiento no está igualmente distribuido. Aprender implica haber tenido acceso a aprender; haber contado con libros y profesores de calidad; haberse formado en ambientes donde la cultura tiene sentido. Todo eso cuesta dinero. Para Gil, preguntar por conocimientos es, entonces hoy, casi como preguntar por la cantidad de recursos de que dispuso la familia para educar a su hijo.
Hoy la PSU permite postular a 33 universidades. De ellas 25 componen el Consejo de Rectores (CRUCH), las tradicionales. Y hay ocho privadas más que usan la prueba para seleccionar a sus alumnos: UDP, U Mayor, Fines Terrae, U. Andrés Bello, Adolfo Ibáñez, U. de los Andes, U. del Desarrollo y Alberto Hurtado.
Junto a un grupo de académicos, dirigentes estudiantiles e investigadores, Gil ha sido uno de los impulsores de sistemas alternativos de admisión a las universidades, pues cree que la PSU no sólo refleja la desigualdad de ingresos que existe en Chile (récord en el mundo según la OCDE), sino que constituye un nuevo acto de discriminación: impide a estudiantes pobres que tienen habilidades -pero no tuvieron acceso a conocimientos- continuar una carrera profesional de cierta calidad.
Según sus cálculos, cada año -y éste no será distinto- se pierden 12 mil alumnos de excelencia de la educación municipal. Alumnos que se esforzaron para obtener un 6,0 de promedio. Jóvenes que si hubieran tenido la oportunidad de estudiar en otros colegios, podrían haber aprendido más. “No podemos tener un paradigma de mérito basado en la PSU, porque el rendimiento en la PSU depende del sector socioeconómico”, concluye Gil.
Un reciente estudio de los académicos Mónica Silva y Mladen Koljatic, ambos de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica, refrenda las críticas expresadas por Gil. Los argumentos de Koljatic y Silva son fundamentalmente tres.
El primero es que, en la medida que la PSU ha incrementado la medición de los contenidos específicos de la enseñanza media, ha ido discriminando cada vez más a los alumnos de colegios municipales. Entre 2004 y 2007 la PSU aumentó gradualmente la cantidad de contenidos que evalúa y, a medida que éstos crecían, se incrementaban las diferencias de puntajes entre colegios particulares pagados y los municipales. Entre 2004 y 2011, en la PSU de Matemáticas, los primeros subieron su rendimiento en 17 puntos promedio, mientras que los municipales técnico-profesionales han bajado 6 puntos promedio. La brecha actual entre ambos establecimientos es de casi 100 puntos: 551 para los particulares; 455 para los municipales técnico-profesionales.
En el caso de la PSU de Lenguaje, los establecimientos particulares han progresado en 13 puntos durante estos ocho años, mientras que los municipales técnicos han bajado 7. La diferencia actual en Lenguaje es de 88 puntos entre los dos tipos de establecimientos. Solo si ocurre un cataclismo la PSU que se está rindiendo en estos días arrojará resultados distintos.
Varios estudios corroboran la diferencia reseñada por los académicos Silva y Koljatic. Un estudio del Departamento de Evaluación y Medición Educacional de la Universidad de Chile (DEMRE), muestra que con la PAA la distancia que había entre los más ricos de la sociedad y los más pobres era de 100 puntos; con la PSU esa diferencia ha subido a 150 puntos. Otro dato, proveniente del Ministerio de Educación, pone las cosas en un plano escalofriante: en la prueba de matemáticas por cada seis respuestas correctas de un alumno de colegio particular, hay sólo una de un estudiante de establecimiento municipal.
“No hay ninguna prueba que mida ciento por ciento contenido o habilidad. Todas piden un poco de ambas, pero el problema de la PSU es el exceso de contenidos. En un sistema donde a los chicos de sectores vulnerables no les alcanzan a pasar todos los contenidos, una prueba como ésta los perjudica sin ninguna duda”, explica Koljatic.
El segundo argumento de Koljatic y Silva es que la PSU no resulta efectiva para la que debiera ser su principal tarea: seleccionar a los alumnos más capacitados para estudiar en las universidades tradicionales. Los informes del Comité Técnico Asesor de las universidades tradicionales -reunidas en el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH)-, sostienen que la PSU tiene capacidad de predecir el rendimiento universitario. En cambio, Koljatic y Silva calcularon que esta capacidad es baja y ha disminuido a lo largo de los años a medida que ha aumentado el contenido evaluado en la PSU. Es decir, la PSU no estaría eligiendo a los que tienen más habilidades para seguir estudios superiores.
Para demostrar la escasa capacidad predictiva de la prueba, ambos investigadores cruzaron el puntaje PSU logrado por los alumnos con las notas que obtuvieron en el primer año de universidad (basados en la información entregada por el Consejo de Rectores). El resultado se plasmó en una tabla donde (–1) es el nivel más malo de capacidad de predecir y (+1) la mejor capacidad predictiva. Según el análisis, la PSU de Matemáticas sólo alcanzó 0,25 puntos en 2007. El mejor nivel se logró en 2004, el año en que se midieron menos contenidos, cuando llegó a 0,29.
En el caso de la PSU de Lenguaje, los datos son aún peores: “Al inspeccionar la información reportada por el Consejo Técnico Asesor se advierten problemas de capacidad predictiva, por cuanto ésta es muy baja a lo largo de los años, incluso cercana a cero y de signo negativo para algunas carreras. Se trata, claramente, de una prueba que no está aportando mayormente a predecir el rendimiento universitario en ninguno de los grupos y que por lo tanto debiera ser revisada”, describe el estudio de Koljatic y Silva, publicado en el Centro de Estudios Públicos (CEP) en 2010.
El último más grave defecto de la PSU para ambos académicos dice relación a cómo esta prueba perjudica a un grupo específico dentro de los alumnos más vulnerables: los que estudian en establecimientos técnico-profesionales.
La PSU, dicen los investigadores, fue diseñada para evaluar los contenidos mínimos de la enseñanza científico humanista, desde 1º a 4º medio. Sin embargo, en su creación y aplicación no se tomó en cuenta el currículum de los colegios técnicos profesionales, que carecen de cursos de Ciencias desde 3º medio. Un grave defecto del sistema educativo que perjudica la formación de estos estudiantes. Y la PSU vuelve a sancionarlos al incluir preguntas sobre estos contenidos.
Hoy, según un estudio del Ministerio de Educación, la mayoría de los alumnos de colegios técnicos profesionales aspiran a continuar sus estudios en la Educación Superior. Pero los casi 74 mil alumnos de colegios técnico-profesionales que rindieron la PSU en 2010 -cerca de un 30% del total- se encontraron en el examen con materias que nunca pasaron en sus salas de clases. Y esa es solo una parte de la desventaja que tienen.
Según datos del Ministerio de Educación, los alumnos que estudian en colegios técnicos tienen cursos presenciales de formación general (como Lenguaje o Matemáticas) solo 12 horas a la semana, mientras que los estudiantes de colegios científico-humanistas pasan 27 horas semanales.
-No es justa una prueba que mide oportunidad de aprender más que capacidad de aprender. Porque esos alumnos no han estado expuestos a la materia de la PSU y nunca tuvieron la oportunidad de aprender -explica Mónica Silva.
-El aumento de contenidos a evaluar en la PSU fue un error y no se sostiene ni en función de un argumento de mayor equidad ni sobre la base de una ganancia en la capacidad predictiva promedio de las pruebas –refrenda Koljatic.
EL PADRE DE LA PSU
Los autores intelectuales de la PSU son Jorge Manzi, doctor en psicología, director del Centro de Medición MideUC y profesor de la Universidad Católica; y David Bravo, economista de la Universidad de Chile. Ambos, además, son parte del comité encargado de evaluar los resultados cada año e informar al Consejo de Rectores sobre la capacidad de la prueba de seleccionar a aquellos que tendrán un mejor desempeño académico en la universidad.
Jorge Manzi no niega la brecha entre los puntajes que obtienen los alumnos más acomodados y los de colegios técnico-profesionales. Pero discute que sea una distorsión provocada por la prueba. Cree que ésta solo refleja los problemas del sistema de educación y asegura que no ganaríamos nada ignorando la información que entrega. Desde ese punto de vista, la PSU es el termómetro y marca cuán enfermo está el sistema.
-La escuela debe atenuar las desigualdades de origen, de familia. Entonces, si la prueba se basa en el currículum de la escuela y no en lo que le enseñan al niño en la casa, deberíamos aspirar a que ese colegio iguale a los alumnos -explica Manzi.
A juicio del padre de la PSU si esa nivelación no ocurre, como de hecho sucede, no es problema de la prueba sino de la formación escolar.
Manzi niega tajantemente, también, que desde que entró en vigencia la PSU haya aumentado la brecha de puntajes entre estudiantes ricos y pobres. Sostiene que eliminando factores, como la educación de los padres (lo que llama “ajustar” los datos), incluso disminuye la distancia en comparación con la antigua PAA. Y señala otros elementos que están incidiendo en los resultados y llevando a creer que la prueba acentúa la distancia:
-Muchos hablan de las brechas como si los alumnos se hubiesen congelado en el tiempo. Pero resulta que desde la primera PSU hasta hoy se ha ido produciendo una migración progresiva desde colegios municipales a subvencionados, dejando en los primeros a los más pobres. Por eso, comparar hoy a los colegios particulares con los municipales, no es lo mismo que en 2004. Hace seis años el grupo de alumnos que venía de establecimientos municipales era un grupo socioeconómicamente más heterogéneo y más elevado culturalmente. Por otra parte, a partir de 2006, la PSU es gratis por lo que todos los que antes se habían segregado, ahora la rinden. Estos elementos hacen que la brecha parezca aumentar, pero no es un hecho real.
Koljatic y Silva refutan a Manzi. Sostienen que ellos aplican los mismos controles estadísticos que el comité asesor del CRUCH para calcular la brecha. Es decir, dejaron de lado el peso que tiene la herencia cultural de los alumnos. Lo que ocurre, dicen, es que Manzi no divide la educación municipal en Científico-Humanista y Técnico Profesional, por lo que en su retrato no aparecen destacados éstos últimos, los más perjudicados.
“La diferencia entre los resultados del comité técnico del Consejo de Rectores y los nuestros es que detallamos las brechas de puntajes de los colegios técnicos profesionales. Los informes del CRUCH agrupan a todos los municipales”, explica Koljatic. A esto, añade, se debe que “no se vea” la disminución de los puntajes en las estadísticas oficiales, ya que el grupo de colegios municipales técnicos es el único que presenta números progresivamente rojos.
Para el creador de la prueba, los resultados de la PSU representan un avance en comparación con los de la PAA: “La PSU es más predictiva del rendimiento que tendrán los alumnos en la universidad. En todos los casos mejoró respecto de la PAA: en Matemáticas, Ciencias y Lenguaje, aunque en ésta última sus índices aún son bajos (…)”. Contradiciendo las críticas de los académicos de la UC, Manzi afirma que no se puede decir que la capacidad predictiva de la PSU haya bajado sostenidamente: “Bajó un solo año y después se mantuvo”.
Para Mónica Silva, es evidente que esa capacidad de la PSU bajó: “Por eso, luego de ver la diferencia de puntajes según la brecha, hacemos un segundo cálculo para medir el índice de predictividad. Efectivamente, uno esperaría que se mantuviera este índice si la diferencia de puntajes se explicara por el aumento en el número de personas que dan la PSU. Porque si bien están rindiendo la prueba más alumnos pobres, no significa que estén entrando más pobres a las universidades. Pero resulta que el nivel de predictividad bajó mucho, cerca de un 4% en la PSU de Matemáticas. Esto no se explica por la variación de la población que da la PSU, sino por cómo la misma prueba ha cambiado, aumentado sus contenidos cada año”.
Respecto del perjuicio evidente que sufren los estudiantes de establecimientos técnicos profesionales, Manzi explica que el comité técnico (que él integra junto a David Bravo, director del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile; Sebastián Donoso Díaz, director del Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional de la Universidad de Talca; Ernesto San Martín, miembro del consejo directivo de MIDE UC; y José Luís Saiz, profesor de la Universidad de La Frontera) intentó dar una solución a ese tema: “Tratamos de ver temáticas evaluables para ese tipo de establecimientos. Realizamos un banco de preguntas, las testeamos y hasta ahí llegamos nosotros”. Y al momento de implementarse la PSU –explica- hubo retrasos y urgencias que concentraron la atención de las autoridades académicas.
-Fruto de los atrasos, la solución para el mundo técnico profesional quedó postergada, hasta hoy –acota Manzi.
¿QUÉ SISTEMA DE ADMISION SIRVE PARA CHILE?
Para la directora de Fundación Equitas, Pamela Díaz-Romero, dedicada al estudio y a programas que fomenten una sana distribución de ingresos y de oportunidades, la PSU no es el instrumento adecuado para medir las capacidades de los alumnos. No se debe ver sólo como un termómetro, afirma, pues es también un vehiculo de movilidad social. Y sus efectos se sienten ya que aquellos estudiantes con bajos puntajes sólo llegarán a universidades de calidad dudosa.
-Debe haber un termómetro adecuado a la enfermedad que tienes. Si el sistema escolar es altamente inequitativo, no puedes medir con una prueba que va a perpetuar la inequidad -sostiene Díaz-Romero.
El sistema de admisión chileno fue uno de los puntos cuestionados por la comisión especializada de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el informe “Revisión de Políticas Nacionales de Educación”. El análisis afirma que el sistema chileno “produce una distribución desigual de las vacantes en educación superior entre los grupos socioeconómicos. Los alumnos de escuelas municipalizadas y familias más pobres tienen mucho menos posibilidades de aprobar la PSU que los de colegios privados y familias más ricas. Si la aprueban, es menos probable que logren los puntajes más altos que les permite tener acceso a los programas de apoyo financiero y a las mejores universidades”.
La OCDE recomienda realizar pruebas de admisión “más multidimensionales” complementadas con asignaciones de cupos a estudiantes de escasos recursos. Es decir, una especie de “sistema de cuotas”, que asegure una cantidad de matrículas a los estudiantes más pobres.
EL TERMOMETRO NO SIRVE
Mario Waissbluth, líder del movimiento Educación 2020, afirma que no es posible cambiar el sistema de admisión sin cambiar el sistema educativo en Chile, desde la educación básica hasta la universitaria. Para ello, insiste, el rol del Estado debe modificarse. “Con la PSU estamos diciendo que los jóvenes que están sacando 500 puntos pueden entrar a la Universidad. Y 500 puntos implican haber contestado bien 12 preguntas de 70 (en el caso de Matemáticas). Si eso lo llevamos a una evaluación de 1 a 7, 12 preguntas equivalen a sacarse 1,9. Sacarse 500 puntos en Lenguaje implica que el alumno no entiende lo que lee. Nosotros planteamos que si de gratuidad se trata, a estos estudiantes habría que ofrecerle un sistema ‘propedéutico’, un año gratuito de formación en la universidad para que se asegure que entiendan lo que leen, que sepan sacar porcentajes y que además les den orientación”, declara Waissbluth.
La evaluación de los puntajes de Waissbluth le da otra dimensión el problema. Si la PSU es un termómetro, resulta evidente que está mal graduado. Unos ejemplos escalofriantes lo demuestran: el piso mínimo para postular al Crédito con Aval del Estado es 475 puntos, es decir, una nota de 1,6 (en Matemáticas) (Ver tabla). La beca Gómez Millas, para buenos rendimientos académicos, se entrega a los que obtienen 550 puntos, un equivalente a 2,6. La beca Vocación de Profesor, que busca atraer a buenos puntajes para que se dediquen a la pedagogía y así mejorar el nivel de la educación, se entrega a alumnos que obtuvieron 600 puntos o más: es decir, a partir de un 3,6.
Según los expertos consultados por CIPER, un sistema que incluyera un Propedéutico permitiría que los alumnos que entren a la universidad se “nivelen” y adquieran conocimientos necesarios para entender sus ramos. Y la nivelación parece urgente.
El sistema de Propedéutico funciona actualmente en las universidades de Santiago, Cardenal Silva Henríquez, Alberto Hurtado, Tecnológica Metropolitana, Metropolitana de Ciencias de la Educación y Católica del Norte.
En la Usach el programa se inició en 2007 con el apoyo de la UNESCO y lo dirige Francisco Javier Gil. El sistema permite que los alumnos con mejor rendimiento de cinco escuelas técnicas, con los peores resultados en el Simce y de pocos recursos, puedan acceder a la educación superior sin importar su puntaje PSU. Luego de seleccionar a los estudiantes, el programa les imparte los ramos de Lenguaje, Matemáticas y Gestión Personal durante cinco meses. Si los estudiantes asisten a todas las clases, quedan matriculados para entrar al Bachillerato de la Universidad con una beca de arancel completa y estudiar así una carrera profesional.
Tomás Arraigada, de 18 años, asiste cada sábado en la mañana al propedéutico de la USACH. Actualmente cursa 4º medio en el Complejo Educacional Pedro Prado, de donde egresará con el título de Administrador:
-Antes de entrar al propedéutico pensaba en seguir estudiando administración, pero también me interesa ingeniería en informática. En mi casa no estaba la situación para que pudiese estudiar en la universidad. Y tampoco me iba a endeudar porque es muy caro. Quería trabajar y estudiar -comenta.
Ni su padre, que es maestro de cocina, ni su madre, que es asesora del hogar, podían costearle a Tomás estudios superiores. Ahora sí tiene la posibilidad. El programa permite que cerca de cien jóvenes del primero y segundo quintil –con ingreso promedio familiar entre $140.000 y $170.000 al mes- ingresen cada año a la Educación Superior. En 2006, el puntaje promedio en la PSU de los egresados de estos liceos bordeó los 380 y 390 puntos (cerca de 10 respuestas correctas en la PSU).
El sistema, aunque acoge a una minoría de jóvenes que ingresan a la educación superior, ha demostrado que la mayoría de los alumnos que tienen un buen rendimiento en sus colegios responde bien a las exigencias de sus carreras universitarias. “Del total de alumnos de la generación de Bachillerato 2008 que ingresaron a través del sistema Propedéutico, el 80% cumplía al término del primer semestre con el mínimo de asignaturas que les permitía pasar al segundo año. Eso favorece la sustentabilidad del programa”, señala un informe del Propedéutico USACH.
El sistema es caro porque se requiere de muy buenos profesionales para suplir las carencias de arrastre de los alumnos. “De los $200 millones que se solicitaron al MIneduc para la infraestructura del Propedéutico, sólo se han recibido $116 millones. Hacen falta recursos económicos para poder avanzar”, añade el informe de la UNESCO y la Usach.
Según Mario Waissbluth, estos sistemas permiten nivelar “hacia arriba” y no bajar la calidad de la educación superior para adecuarla a las carencias de los recién matriculados. Para ejemplificar la situación actual, Waissbluth narra una conversación con un director de carrera del Instituto Inacap. El docente le explicó que el 50% de los alumnos que recibía no eran capaces de comprender los textos que leían. Al egresar, el 35 % estaba en el nivel inferior de comprensión de lectura. Realidades como ésta, dice Waissbluth terminan por bajar los estándares de calidad de las clases.
-Nuestro planteamiento es que si de gratuidad se trata, es necesario ofrecer a los jóvenes un sistema propedéutico, que el Estado licite. Financiar la gratuidad directamente a estos jóvenes va a terminar por lapidar la plata del Estado, con los alumnos dejando la carrera al segundo o tercer año y frustrándose igual -explica Waissbluth.
EL PESO DE LA PSU
El puntaje PSU no sólo permite que las universidades tradicionales seleccionen a sus alumnos. También es la llave de acceso a la mayoría de los sistemas de financiamiento de aranceles. Uno muy importante es el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) que premia con dinero a las universidades que capturen a los 27.500 puntajes más altos de la PSU. En 2008 la universidad que matriculaba a los puntajes más altos recibieron un AFI de $1.300.000 por alumno. Para seducir a los postulantes las universidades les ofrecen el primer año de la carrera gratis. En 2010, las cinco primeras universidades beneficiadas con el AFI fueron: Católica, de Chile, Federico Santa María, de Concepción y de Santiago. Luego le sigue la universidad privada “no tradicional” con más aporte fiscal indirecto: La Universidad Adolfo Ibáñez.
La Universidad Católica recibió por AFI más de $3.800 millones, lo que equivale al 1,2% de sus ingresos totales en 2010. Para la USACH el AFI 2010 fue de $ 1.378 millones, equivalente a un 1,1% de sus ingresos y para la Universidad de Chile un 1,2%: $4 mil millones.
Esos ingresos interesan mucho a las universidades lo que ha provocado que éstas le den cada vez más importancia a la PSU en las ponderaciones para acceder a una carrera, en desmedro de las notas del colegio.
Para Francisco Javier Gil ese es un error: “El paradigma que existe dice que un buen puntaje PSU equivale a mérito. Pero en realidad las universidades no ganan persiguiendo alumnos con AFI, porque muchos de esos alumnos no se titulan”.
Otro problema más grave afecta al AFI. Sólo el 3,6% del total de alumnos beneficiados proviene del primer quintil de la población y un 6,3% del segundo quintil. Lo que vuelve a confirmar que como la PSU es una prueba que rinden mejor los alumnos de sectores más acomodados, se da la paradoja de que el Fisco premia con dinero a los que más tienen. De hecho, los alumnos con AFI que derivan del quinto quintil, con mejor nivel socioeconómico, equivalen al 56,1% del total de beneficiados.
“El objetivo de la PSU es seleccionar a los más capacitados para que estudien en la educación superior. Cualquier otro uso, de asignación de becas, financiamiento u otro, no es correcto. No fue creada para eso. Por lo tanto, si quieres asignar becas, no puedes ligarlas a la PSU porque está hecha para otra cosa”, afirma Mladen Koljatic. Y agrega: “¿Por qué 450 puntos como piso para dar becas? No hay ningún motivo técnico para eso ¡Ninguno! ¿O la beca vocación de profesor con 600 puntos?¿Qué argumento hay?”.
El análisis de Koljativ pone en tela de juicio los anuncios del gobierno de dar becas y créditos para el 60% más pobre, siempre que sean “alumnos de mérito”. Sabiendo que es muy difícil para los alumnos de establecimientos públicos obtener más de 450 puntos, dependerá de qué puntaje se considere “meritorio”, el número de alumnos pobres que podrán acceder a la oferta.
Un ejemplo es la beca Juan Gómez Millas, que cubría una parte del arancel de las carreras (con tope de $1.150.000) de los alumnos de los dos quintiles más bajos que obtuvieran 600 puntos. En 2010 eso significó becar a 596. Y ello, porque obtener 600 puntos en la PSU es practicamente inalcanzable para los que pertenecen a los quintiles más vulnerables. Este año el requisito para la beca Juan Gómez Millas disminuyó a 550 puntos. Sin embargo, el 43% de los alumnos más pobres ni siquiera alcanzan los 450 puntos.
Para Giorgio Jackson, ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, cambiar la PSU era uno de los puntos más relevantes del petitorio de los universitarios. “Lamentablemente se perdió esa demanda en el año, quizás fue porque primaron otras demandas más fáciles de explicar. Pero, para mí la PSU es una prioridad. Si no, no tiene sentido el cambio en la educación superior”.
LA PSU Y LA LICITACION QUE VIENE
En 2004, un año después de la primera aplicación de la PSU y ante las críticas de que perjudicaba a los alumnos de menores ingresos, la Universidad de Chile contrató a la organización Educational Testing Service (ETS), para auditar la PSU. El informe nunca se publicó ni llegó a manos de quienes ponían en duda la funcionalidad del sistema de admisión.
Durante los años 2006 y 2007, un grupo de profesores, junto a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) y de la Universidad Católica (FEUC), solicitaron el informe. La casa de Bello se negó a entregarlo argumentando que el contrato con ETS tenía una cláusula de confidencialidad que los obligaba. En julio de 2007 la disputa llegó a los tribunales cuando el presidente de la FEUC, Fernando Zabala, y académicos como Francisco Javier Gil y Mladen Koljatic, más la Fundación Pro Acceso solicitaron que se les entregara por esa vía el resultado. Sospechaban que el estudio mostraba que la PSU tenía problemas graves.
-El argumento de la universidad fue muy raro. Sostuvieron en tribunales que la información no era pública -explica el abogado demandante e integrante de Pro Acceso, Moisés Sánchez.
Desde 2007, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica ha insistido en que la PSU debiese ser evaluada por un organismo internacional e independiente. Finalmente, el año pasado el gobierno de Sebastián Piñera anunció que se llamaría a una licitación para realizar un diagnóstico independiente.
-Nosotros queríamos que se evaluaran las consecuencias sociales de la herramienta y cómo predecir mejor a un buen alumno universitario. Pensamos que la licitación era un paso –dice Giorgio Jackson, ex presidente FEUC.
En junio de este año, la Web de Mercado Público informó cuales serían las bases de la licitación y con qué parámetros se evaluaría la PSU. La publicación de las bases terminó decepcionando a los dirigentes estudiantiles y académicos que habían exigido que se realizara este estudio independiente: la licitación consideraría en un 40% la oferta técnica y en un 60% la oferta económica de los postulantes. Los estudiantes criticaron que las bases habían sido hechas con el asesoramiento de los mismos creadores de la PSU. (LINK DOCUMENTO BASES) Tal como lo confirmó Jorge Manzi a CIPER, gran parte del contenido de estas bases de licitación surge de un documento hecho en 2007 por el Comité Técnico Asesor, en donde participan él y David Bravo, el otro autor de la PSU.
Jorge Manzi agrega que los rectores de la Universidad de Chile y de Santiago, que integraban el grupo que evaluaría técnicamente las propuestas de la licitación, le pidieron al Comité Técnico su opinión sobre las ofertas que se presentaron. Es así como el mismo comité que evalúa cada año la PSU, emitió su punto de vista sobre las dos propuestas que se presentaron, beneficiando a la que finalmente ganó la licitación, Pearson Education, una empresa dedicada a la elaboración y venta de libros escolares y encargada de realizar pruebas de selección en EE.UU.
El 26 de agosto pasado, la FEUC le manifestó sus dudas sobre la transparencia del proceso al Ministerio de Educación. En la misiva, la federación acusó que en nombre del rector de la Universidad de Chile, asistió a las reuniones de la evaluación técnica el director(s) del DEMRE, Iván Silva, y que durante ese proceso el psicólogo Jorge Manzi y el economista David Bravo participaron asesorando el voto del rector de la Universidad de Chile. La respuesta del Ministerio fue que se investigarían los antecedentes enviados por los estudiantes.
Sin embargo, a pesar de los resquemores de los estudiantes y en medio de las protestas estudiantiles, la adjudicación a Pearson Education se concretó en septiembre pasado. La principal razón para que esta empresa ganara la licitación fue su oferta económica: $176.153.458, casi la mitad que ofertó Australian Council for Educational Research Limited (ACER), una empresa sin fines de lucro.
Para los académicos que criticaron la elaboración de la PSU y la reciente licitación, Pearson no es una desconocida en el mundo de las pruebas de selección. Ha estado involucrada en más de una decena de escándalos por mal evaluación de pruebas, errores en asignación de puntajes y desorganización en la aplicación de los exámenes. Tan sólo el año pasado, en el Estado de Florida (EE.UU), sufrieron un atraso de un mes los resultados de las pruebas de admisión por parte de Pearson. Y en Minnesota (EE.UU), más de 180.000 puntajes presentaron errores de cálculo. El mismo periódico The Washington Post publicó una larga lista con los problemas que ha evidenciado la empresa en los puntajes de los test.
-No puede ser que los mismos que van a ser evaluados, estén decidiendo quién los va a evaluar en la licitación -señala el economista Mladen Koljatic.

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