Breves apuntes personales preparados para intervenir ante la Comisión creada por el Gobierno para formular un propuesta de reforma al esquema de crédito estudiantil.
2 de noviembre de 2011
Mi propósito es presentar algunas reflexiones sobre el marco político-institucional del financiamiento de la educación superior y el esquema de ayuda estudiantil
1 Parto por señalar una seria dificultad para la elaboración de políticas en este ámbito: la falta o baja calidad de la información estadística de base
– el gasto público en educación superior ha sido reportado nacional e internacionalmente de manera errática durante los últimos años;
– el gasto público efectivo en crédito estudiantil seguramente lo mismo y no es posible conocer, hasta ahora, si el cálculo del subsidio estatal está bien representado en las estadísticas oficiales.
– todo esto da lugar a que universidades del CRUCH, en particular estatales, sostengan que aporte del estado (como dueño) no pasa de 10 o 15%, mientras el Gobierno acaba de comunicar que recursos públicos llegarían a 40 – 50% en promedio por institución estatal.
2 Lo anterior se asocia, por el lado de las instituciones, con un régimen difuso de información y accountability, con escasos incentivos / sanciones para el uso eficiente y correcto de sus ingresos
– en el caso de IES CRUCH es bien sabido que un grupo ha tenido durante los últimos años problemas severos de gestión económico-financiera, sin que exista casi información al respecto: UV, UAP, ULA, UATA, UTEM, USACH, UDEC, etc.
– la querella sobre el ‘control del lucro’ en el caso de las universidades privadas da cuenta de un fenómeno similar.
3 Todo esto ocurre, además, dentro de un contexto político-institucional insostenible de diferenciación de las universidades y los estudiantes en dos sectores, respecto de uno de los cuales se pretende que el Estado mantenga una relación excluyente y asimétrica:
– respecto de las instituciones del CRUCH ( casi independiente de si se trata de universidades estatales o privadas) prima en general una política de máximo apoyo posible con bajas exigencias de rendimiento y/o de alineamiento con políticas y prioridades de interés público.
– en el caso de las IES privadas sin AFD, en cambio, se reclama como criterio orientador de las políticas precisamente el opuesto: máxima regulación y exigencias (a veces fallidas) con mínimo, y si posible ningún, apoyo. El Mejor ejemplo de esta dualidad fue durante casi 20 años el crédito solidario versus cero crédito subsidiado para estudiantes que poseen las mismas necesidades socioeconómicas y méritos académicos. O bien arreglos ad hoc como el sujetar los recursos para mejoramiento y fomento institucional a la regla 80/20 a favor de las instituciones del CRUCH (¿de dónde viene, qué justificación tiene?).
– por eso mismo, uno de los avances más cruciales (y perfectamente razonables) que podrían esperarse de esta Comisión es unificar, al menos en el terreno de los apoyos estudiantiles, todos los recursos del fisco bajo un solo esquema y reglas comunes, sin discriminación. No es algo difícil de diseñar técnicamente, ni faltan experiencias en el mundo.
4 Más difícil parece ser es el manejo de la tensión entre libre fijación del precio de aranceles, el monto de becas y créditos y la presión que éstos sobre los aranceles. Es un problema no resuelto tampoco en los EEUU, según muestra la literatura especializada y el reciente debate público en torno de las medidas de reprogramación de deudas anunciadas por el Presidente Obama. Sin embargo, no hace sentido discutir sobre un esquema de apoyo a los estudiantes si no se aborda la cuestión de los costos de las instituciones y como evitar que sigan escalando los aranceles.
5 Hasta aquí tampoco parece existir una especial preocupación respecto de la administración del esquema de créditos a nivel gobierno e instituciones, a pesar de las negativas experiencias en cuanto a recuperación del crédito solidario y a el manejo financiero para viabilizar el CAE. Hay una falta de institucionalidad en todo esto que es ya una costumbre en el sector de la educación superior y de C y T, con costos crecientes como estamos descubriendo recién ahora.
6 Concluyo, aunque pude también haber empezado por esto, señalando una dificultad mayor que me parece enfrenta esta Comisión: la de tener que elaborar y recomendar una política y reformas para el esquema de ayudas estudiantiles sin poseer una clara noción de cual es la estrategia global del gobierno (y el país) para el financiamiento a mediano plazo de la educación superior.
– No hay claridad sobre los principios de dicha política, sus bases conceptuales, objetivos, diseño legislativo e instrumentos.
– Esto genera incertidumbre entre los actores y fomenta comportamientos oportunistas y corporativos (de interés propio) únicamente. Tanto entre actores como en las instituciones.
– Ausencia de este marco hace surgir la idea, por ejemplo, de que se quiere concentrar todo (o casi todo) el financiamiento del lado de la demanda exclusivamente, vía créditos y becas y, por tanto, trasladando el máximo peso al cobro de aranceles, con las secuelas, se dice, de mercantilización, transacciones privadas y el riesgos de abusos por las características propias de los mercados educacionales (JS. Mill). Es decir, temor a que se termine traspasando el costo al máximo que pueda estirarse la cuerda, como de alguna manera ha sido hasta ahora, a los estudiante, sus familias y los hogares. Esta percepción resulta ser empíricamente cierta al observar la desproporción del gasto público/privado en educación superior (ratio 1 a 3, cuando en la OCDE es la inversa). Distorsión completa de idea del cost sharing y la diversificación de fuentes con esto.
Y hace surgir, como contrapartida, una intensa y fuerte reclamación por subsidios a la oferta, sin condicionamiento ninguno, de ninguna a especie. Es también un paso atrás, pues aun justificándose a mi entender un mayor gasto en las instituciones (en general), todo indica que la mejor manera de proceder no es a través de fondos basales otorgados según la naturaleza jurídica de las instituciones, sino mediante subsidios asignados en función de resultados, o mediante concursos, o para objetivos y prioridades de política nacional, o a través de convenios de desempeño, etc.
Por todo estos, la tarea que la Comisión tiene por delante –lo saben ustedes mejor que yo– es de suyo compleja. Se ve dificultada además, pienso yo, por la falta de claridad con que el Gobierno estableció esta instancia. No lo digo en el sentido de su mandato formal, sino de su instalación dentro de la coyuntura y en cuanto pieza de un diseño estratégico.
Seria un error, creo, proceder a la manera de un equipo consultor-técnico, cosa que en parte ya cumplió el equipo que preparó el informe del Banco Mundial; para eso habría bastado contratar a McKinsey o a Boston Consulting o a un equipo experto internacional.
Más bien, uno esperaría de la Comisión un trabajo que ayude a crear un diseño de política que explicite una estrategia de financiamiento sustentable de mediano plazo para un sistema mixto, masivo, diferenciado como el nuestro, que está incorporando a un segmento cada vez más amplio de estudiantes provenientes de los quintiles 1 a 3. Es decir, una propuesta con capacidad persuasiva y efecto ordenador sobre el debate que seguirá en 2012, dotado de suficiente apertura de tal modo de echar las bases para un posible acuerdo. Esto, sin perjuicio, de presentar un esquema de ayudas estudiantiles con todo el detalle técnico que sea necesario.