Presupuesto: Piñera se reúne con ministros tras propuesta opositora
El Presidente de la República, recién llegado de su gira en Hawaii, discutirá las directrices para lograr el acuerdo en el Presupuesto 2012. Desde la Coalición por el Cambio, en tanto, emplazaron a la Concertación a actuar con “responsabilidad y no con demagogia”.
Lunes 14 de noviembre de 2011| por Nación.cl – foto: Archivo UPI
La mañana de este lunes fue determinante en el futuro de un eventual acuerdo en materia presupuestaria. Por un lado, los timoneles de la oposición presentaron un documento detallado con sus propuestas y, por el otro, el oficialismo exigió al Gobierno a hacer un esfuerzo extra para sacar adelante la Ley de Presupuestos.
En ese escenario, ya con el conocimiento las posturas de ambos sectores políticos, el Presidente Sebastián Piñera se reunirá con los ministros Cristián Larroulet (Segpres), Andrés Chadwick (Segegob), Rodrigo Hinzpeter (Interior), Felipe Larraín (Hacienda) y Felipe Bulnes (Educación) para ver los siguientes pasos en la búsqueda de llegar al mentado acuerdo.
La reunión se llevará a cabo en las próximas horas, apenas llegue a La Moneda Piñera tras su gira por Hawai en el marco de la cumbre de la APEC.
En el comité político de la mañana el oficialismo pidió al Gobierno “un esfuerzo adicional” para superar la crisis educacional, poniendo mucho énfasis en que el aporte debe ser “gradual”.
“Lo que le estamos pidiendo a nuestro Gobierno es ese esfuerzo adicional, por ejemplo, en educación pre básica. Nosotros pensamos que debe haber una mayor cobertura a todo lo que son los cupos Junji e Integra que son aquellos que van a dar cobertura para nuestros niños de mujeres trabajadoras que”, señaló la jefa de bancada RN, Lily Pérez.
Por su parte, el senador Hernán Larraín (UDI), declaró que en la reunión que contó con la presencia del ministro Bulnes, solicitaron “apoyo político para los planteamientos que ha hecho la Alianza de manera que se incorporen en esta Ley de Presupuesto y que se constituyan como un esfuerzo adicional al que ya se hizo al presentar la Ley de Presupuesto”.
LAS CRÍTICAS DE LA ALIANZA
Sobre el documento presentado le domingo por la oposición, depurado y exhibido oficialmente este lunes, Larraín tuvo duras críticas.
“Le pedimos a la Concertación y a la oposición que actúen con responsabilidad y no con demagogia. Que no pretendan, por ejemplo, ahora pedir becas para los 7 primeros deciles cuando lo que ellos le heredaron a nuestro gobierno era menos de la mitad, en términos de becas para alumnos vulnerables”, aclaró.
En la misma línea, el parlamentario gremialista dijo que “hay que pedir las cosas, pero no olvidarse de las responsabilidades que tienen de que hoy día Chile está en ese estado. Cuando uno lee el planteamiento que hace la oposición, pareciera que vienen llegando de las Naciones Unidas. Que no tuvieran más conocimientos de lo que hoy día están investigando y no fueran responsables, por ejemplo, de los alumnos vulnerables que no tienen becas”.
EL OPTIMISMO DEL GOBIERNO
El vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, explicó que “entendemos que todo el trabajo previo ya está hecho, por lo tanto esperamos que en los próximos días, tenemos un plazo de dos semanas, para poder construir ese acuerdo. Esperamos poder lograrlo”.
Sobre la petición del oficialismo, el titular de la Segegob señaló que “nosotros hemos recibido esa solicitud y podemos decirle tanto al país como a la Coalición por el Cambio y a los estudiantes, que estamos intentando y haciendo el mayor de los esfuerzos posibles para poder tener un buen acuerdo en materia educacional y una buena propuesta”.
Asimismo, Chadwick, después de conocer la propuesta de oposición, pidió “realismo y flexibilidad”
“Pedimos más realismo a los sectores de la oposición para que podamos ir avanzando, para que el avance se dé sobre terreno sólido, para que se dé sostenidamente, de forma responsable, para que no sea pan para hoy y hambre para mañana”, expresó.
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En todos los sectores coinciden en que ya se ha extendido demasiado
A pie forzado avanza negociación para terminar con el conflicto estudiantil
Después de tantos meses de movilizaciones, en todos los sectores afirman que la situación no da para más y que es necesario llegar a un acuerdo lo antes posible. Si bien el límite es finales de noviembre para que el consenso se consigne en la Ley de Presupuesto, aún no hay señales claras acerca de la fórmula bajo la cual todos los actores podrían quedar conformes.
por Claudia Rivas Arenas, El Mostrador, 15 de Noviembre de 2011
Tanto para el gobierno como para la oposición, todo indica que comenzaron los descuentos y que de aquí a fin de mes debe necesariamente salir humo blanco en el marco del conflicto estudiantil. La premura en generar un acuerdo quedó de manifiesto en el hecho de que el Presidente Sebastián Piñera convocara al comité político más el ministro de Educación, Felipe Bulnes, a La Moneda apenas se bajó del avión que lo trajo de regreso de Hawai, tras participar en la Cumbre Apec. Y en ambos sectores están concientes de que la discusión de la Ley de Presupuesto es el límite y que la disputa no puede extenderse más allá. Aunque no todos comparten el optimismo del vocero de gobierno, Andrés Chadwick, respecto de que “ya están todas las condiciones previas” para avanzar.
De hecho, en el propio oficialismo reconocen que el ambiente no está como para avanzar de un día para otro. Y que al poner sobre la mesa las propuestas del gobierno; la presentada por la Alianza y la de la Concertación, siguen existiendo puntos de divergencia que no son fáciles de superar. Por lo pronto, el senador Hernán Larraín, que llegó ayer hasta el Ministerio de Educación junto a su par Ena von Baer y sus aliados de RN Lily Pérez y Alberto Espina, pidió al Ejecutivo un compromiso de llegar con becas al 60 por ciento más vulnerable, en el mediano plazo; mientras que desde la oposición insisten en que se debe hacer un esfuerzo mayor y llegar hasta el 70 por ciento de gratuidad.
En este sentido, el senador Ignacio Walker insistió en que mientras el gobierno ha propuesto “782 millones de dólares anuales para el próximo año, nosotros estamos proponiendo unos mil millones de dólares adicionales a eso, lo que se financia manteniendo el 20 por ciento del impuesto a la renta- ahí hay 450 millones de dólares- y constituyendo un verdadero fondo de educación, no el actual que es muy precario, un fondo institucional debidamente reglamentado como el que hicimos en pensiones en su momento”.
Expectativas de la oposición
Por su parte, el vicepresidente del Senado Juan Pablo Letelier (PS) tiene la convicción de que “cualquier proceso de construcción de acuerdos pasa porque exista un espacio para sentarse a conversar” y dado que “la oposición empalmó con el movimiento social”, sólo falta que el oficialismo acepte acortar la distancia entre la propuesta del Ejecutivo y el resto de los actores. De hecho, Letelier estima que “la próxima semana en la Sala de la Cámara de Diputados –según el calendario acordado- se deberían reflejar los acuerdos” que se alcancen luego que, justamente, la oposición rechazara ayer la partida de Educación en la Comisión Mixta justamente para abrir espacio a un proceso de negociación que le dé una salida definitiva al conflicto estudiantil.
Por lo pronto, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, sigue sosteniendo reuniones con representantes de la oposición, para intentar converger a algunos puntos, ayer lo hizo con el presidente de la Comisión de Educación Jaime Quintana (PPD). Sin embargo, en la Concertación no le tienen mucha fe a la cita y aseguran que el secretario de Estado “está cumpliendo con una serie de ritos, para que no se diga que no ha conversado con nadie”.
En el entorno de Bulnes dicen que ha sostenido múltiples bilaterales con representantes de la Concertación. Existirían algunas coincidencias generales, pero a la hora de aterrizarlas es donde surgen las divergencias.
Pero en el entorno del ministro aseguran que Bulnes ha sostenido múltiples bilaterales con representantes de la Concertación.
En lo que todos coinciden, sin embargo, es en que habiendo puntos de encuentro en lo general de las propuestas que han presentando tanto por parte de la oposición como de la Alianza, donde también han pedido al Ejecutivo un esfuerzo adicional, existirían algunas coincidencias generales, pero que a la hora de aterrizarlas es donde surgen las divergencias. Y en la oposición insisten en que los recursos para hacer los cambios que la educación requiere están y que sólo falta voluntad política del gobierno para implementarlos. En este escenario da la sensación de que el único optimista respecto de lograr un acuerdo es el vocero de La Moneda. Aunque el Presidente Piñera haya manifestado, estando aún en Hawai que “estoy confiado en que después de tantos meses de movilizaciones e intransigencias, finalmente llegó el tiempo del sentido común, de hacer las cosas bien”.
Piñera toma la palabra
Así las cosas, Piñera encabezó anoche el comité político del que se esperaba saliera alguna señal de que el gobierno está dispuesto a ceder para acabar con un conflicto que, de alargarse, podría terminar generando suma cero para todos los sectores políticos. De hecho, en la oposición –desde donde han planteado que sea el propio mandatario quien encabece la negociación- esperaban poder cobrarle la palabra acerca de sus dichos respecto de que “vamos a avanzar a la máxima velocidad posible, en forma seria y responsable, pero cumpliendo dos compromisos: educación de calidad para todos los niños y jóvenes, y becas garantizadas para todos los niños y jóvenes que lo necesitan”. Si bien, en la oposición, insisten en que aunque es bueno que los alumnos que lo requieren puedan acceder a becas, lo óptimo es que se llegue a lo menos al 70 por ciento de gratuidad. Un tema que parece estar siendo la piedra de tope para avanzar en cualquier acuerdo.
Incluso hay quienes en la Concertación le critican al mandatario que “estando en el extranjero manda eslóganes al mundo y cuando llega a Chile hace todo lo contrario”, aludiendo a las frases de Piñera como que el movimiento estudiantil es “grande, noble y hermoso” y la más reciente, en Hawai, acerca de que “vamos a tener un sistema educacional que en lugar de repetir las diferencias y las desigualdades de generación en generación, va a ser una verdadera fábrica de oportunidades”.
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Oposición presenta propuesta para educación y oficialismo pidió mayor esfuerzo al gobierno para sacar adelante un acuerdo

Senado de la República, Valparaíso | 14/11/2011 | Departamento de Prensa
Mientras parlamentarios de la Concertación, del Partido Comunista y del MAS lograron consensuar una propuesta, legisladores de la Alianza se reunieron con el Ministro Bulnes para exponer sus planteamientos.
Una jornada clave en lo que respecta al Presupuesto de Educación se vivió hoy, luego que la oposición diera a conocer la propuesta que consensuaron sobre la materia y la Alianza se reuniera con el ministro del ramo, Felipe Bulnes, para exponerle sus planteamientos.
Según explicó el senador Ignacio Walker, la propuesta que presentaron “tiene una trilogía muy importante: beca, garantía y arancel. Esta propuesta trata de resolver el desafío de cómo garantizar gratuidad para el 70% de menores ingresos. Por supuesto, en un proceso gradual, primero con el Consejo de rectores, después cumpliendo los requisitos de exigibilidad con las universidades Privadas; en segundo lugar, cómo eliminar el CAE (crédito con Aval del Estado) y sustituirlo por un Crédito Solidario que sea contingente a ingresos y que se pueda pagar con un porcentaje de ese ingreso, y administrado por una agencia pública; y en tercer lugar que el arancel de referencia se aproxime hasta identificarse con el arancel real”.
Agregó que “ese es el primer punto sustantivo: beca, crédito y arancel para por un lado aliviar la mochila financiera que pesa sobre la clase media y en segundo lugar poder financiar razonablemente, con aporte fiscal la educación superior. Lo que buscamos es que no recaiga el esfuerzo sobre el sobreendeudamiento de los que tienen menores ingresos y la clase media”.
El senadora Walker fue enfático en que se cuenta con los recursos para hacer estos cambios y lo que se necesita ahora por parte del gobierno es voluntad para implementarlos “hemos hecho propuestas serias y los recursos están, ahora falta que el gobierno entienda la importancia de implementarlas y dar respuestas de fondo, hacer cambios estructurales al sistema educativo, no sólo frente al movimiento estudiantil, sino que también a una demanda social que involucra a las familias chilenas”.
MAYOR ESFUERZO
En tanto, hasta la oficina del Ministro de Educación Felipe Bulnes, llegaron los senadores Hernán Larraín y Ena von Baer junto a sus pares Lily Pérez y Alberto Espina para exponer los planteamientos de la Alianza en materia de educación.
Al respecto, el senador Larraín sostuvo que si bien la Ley de Presupuesto no es la instancia para hacer la Reforma Educacional, “sí queremos que este debate le permita a la opinión pública conocer con claridad el interés y compromiso que tiene el Gobierno y la Alianza con la transformación educacional que queremos para Chile”.
Por lo anterior, el senador explicó que se está solicitando dentro de la Ley de Presupuesto un esfuerzo adicional en cinco temas que parecen centrales y que él planteó personalmente hace algunas semanas atrás en Cerro Castillo.
Entre ellos, “mejorar el presupuesto en el área preescolar, porque es la cuna de la desigualdad; mejorar el ritmo del crecimiento de la subvención escolar, para que se cumpla en el tiempo programado por el Presidente Piñera; queremos una transformación de la educación técnico profesional, tanto en el sector medio como superior; un compromiso más significativo para las universidades públicas que han tenido dificultades y, por lo tanto, incremento de los aportes acompañado de incrementos de indicadores de rendimiento académico, y finalmente, un compromiso claro -como se ha planteado hace mucho rato- de lograr en un mediano plazo llegar con becas al 60% más vulnerable y quienes no estén en ese grupo, que acceso tengan crédito del estado al modo del Fondo Solidario, con tasas bajas y contingentes al ingreso de los egresados”.
Por su parte, la senadora Lily Pérez señaló que “le estamos pidiendo al Gobierno un esfuerzo adicional en algunos ejes prioritarios para sacar adelante una ley de presupuesto del año 2012, que sea auspiciosa en materia de educación”.
Agregó que “aquí hay dos prioridades, una despachar la ley de presupuesto 2012 y avanzar en líneas de encuentro, en las cuales seamos capaces de generar un protocolo de acuerdo, que avance de lo que se debe ir materializando en educación e ir hacia adelante”.
Respecto al documento presentado por la Concertación señaló que “sin duda hay muchas coincidencias que diferencias, por ejemplo: la desmunicipalización; la reforma constitucional; la superintendencia de educación, que fiscaliza y busca la transparencia en el buen uso de los recursos; son cosas que ya las habíamos trabajado, pero también tenemos diferencias”.
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Acta Confech: Universitarios deciden quebrar comunicación con rectores
Esta fue una de las decisiones que se tomó el sábado pasado en la reunión realizada en Antofagasta. En tanto, se plasman divisiones a la hora de seguir o no emplazando a parlamentarios.
por Paulina Salazar – La Tercera, 15/11/2011 – 09:05
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“Hay consenso en que no deben haber más reuniones con Cruch”, con esta frase se sentencia el quiebre de diálogo entre los universitarios y los rectores, según plasma la síntesis del acta de la reunión que mantuvo la Confech el sábado en la U. Católica del Norte en Antofagasta.
“Ya no hay mucho más que hacer, el distanciamiento con los rectores ya está. Ellos han sido cínicos aplicando medidas represivas contra los estudiantes. No solo a nivel general si no que cada autoridad con sus alumnos”, sentenció el líder de la USM y vocero Confech, Alexis González.
Con respecto a la posibilidad de seguir interpelando a los parlamentarios, la Confech decidió postergar la discusión para este sábado que se realizará en la U. del Bío Bío. Las opciones se debatían entre quebrar o no el diálogo.
En la votación preliminar, nueve universidades votaron por continuar con el diálogo (USM y PUC). En tanto, tres planteles optaron por quebrar definitivamente la comunicación con el congreso y 17 recintos (U. de Concepción y Usach, por ejemplo) prefirieron postergar la decisión para la próxima reunión de la Confech que se realizará este sábado en la U. del Bío Bío.
En tanto, los universitarios están preparando un Congreso a nivel nacional que tiene como objetivo refundar la orgánica de la Confech. Esto, para ordenar quién toma o no las decisiones y redefinir los estatutos, explicó González.
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Oposición pide mil millones más para Educación
Javier Candia, Radiouch.cl, Lunes 14 de noviembre 2011 22:12 hrs.
Los presidentes de los partidos opositores dieron a conocer el detalle de cómo el compromiso que firmaron el domingo se verá reflejado en materia presupuestaria. La Mesa social por la Educación calificó el acuerdo como un avance, pero sus dirigentes reiteraron que actuarán de forma autónoma a lo que hagan los parlamentarios. En tanto, la comisión mixta de Presupuesto decidió rechazar los recursos de la partida de Educación.
Los diputados Guillermo Teillier (PC), Carlos Montes (PS) y Pepe Auth (PPD), junto al senador Andrés Zaldívar (DC), elaboraron una propuesta sobre Presupuesto de Educación, teniendo como base el compromiso establecido por los partidos de oposición representados en el Parlamento.
A juicio de los dirigentes políticos, este es un primer paso para una reforma profunda en educación. Además aseguran que se requieren más de mil millones de dólares adicionales y exigen gratuidad para los siete primeros deciles de ingresos de los estudiantes de instituciones de educación superior.
“Esto significa dar los primeros avances para lograr el 70 por ciento de gratuidad. Se parte con las universidades del Consejo de Rectores con un mecanismo de control de aranceles y de eficiencia de acreditación a todas las instituciones que accedan a esta gratuidad. Se hace una propuesta para reemplazar el actual sistema de Crédito con Aval del Estado por uno que dé condiciones similares al Crédito Solidario y se parte desde el primer año permitiendo el acceso a todos los estudiantes de todas las modalidades a esta nueva ayuda estudiantil”, explicó la presidenta del PPD, Carolina Tohá.
En la propuesta se incluye un cronograma de modificación de las subvenciones a la enseñanza básica y media para lograr que de aquí a 2018 se termine el financiamiento compartido. Para todo esto se propone la creación de un fondo especial para educación.
Si bien, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, valoró el texto, precisó que esto no significa dejar de lado las demandas de la Mesa Social por la Educación: “Es un paso que ayuda a empujar las cosas en un sentido de lo que queremos, es decir, ir terminando con el lucro en la educación. Esto no compromete en nada al Movimiento Social por la Educación porque no es un tema que se resuelva con unos cuantos pesos más y unos cuantos pesos menos”, dijo.
En tanto, la comisión especial mixta de Presupuesto rechazó por 13 votos contra 11 la partida presupuestaria sobre gastos variables del ministerio de Educación. De este modo, serán las Salas de las respectivas Cámaras, las que deberán analizar los acuerdos que permitan financiar las demandas en este ámbito.
Los parlamentarios opositores indicaron que la decisión estuvo gatillada por la falta de nuevos recursos de parte del Ejecutivo y por la presentación de esta nueva propuesta emanada desde su sector.
Una postura que fue rechazada por el senador UDI, Jovino Novoa: “La Concertación no puede pretender que lo que ellos pidan se haga. La pregunta es por qué no lo hicieron en 20 años que estuvieron gobernando. Eso ellos lo tienen muy claro. Entonces, aumentar el Presupuesto en más de mil millones de dólares como lo están planteando para este año ni siquiera gradualmente no es algo aceptable. Por lo tanto, nosotros entendemos que la Concertación no quiso llegar a un acuerdo”, indicó.
Por su parte, el diputado Carlos Montes comentó que ellos tienen la convicción “que esto no es imposible y que manteniendo el 20 por ciento del impuesto a la renta serían son 450 millones de dólares que permitirían proponerse ese objetivo”.
Por otro lado, el senador Andrés Zaldívar afirmó que rechazar una partida de Educación en comisión mixta no tiene nada de raro en un sistema democrático. “No es primera vez que esto se hace. Hace algunos años atrás la oposición, es decir, el actual Gobierno nos rechazó la partida de Educación hasta el Senado, no tienen que ponerse nerviosos. Aquí lo importante es que hagamos una negociación en serio para que realmente a través del presupuesto de Educación se comience a hacer la reforma en educación”, dijo el parlamentario.
La Comisión Mixta también rechazó por 13 votos contra 11, las indicaciones del Ejecutivo que proponían reponer los gastos en educación superior y que se cayeron en el trámite de la Cuarta Subcomisión Especial Mixta.
Mientras tanto, la Mesa Social por la Educación ratificó su llamado a dos jornadas de movilizaciones para el 17 y 18 de noviembre, el jueves en Valparaíso y el viernes en Santiago.
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Presupuesto Educación: Texto completo de la propuesta de oposición
“El Presupuesto de Educación 2012: Un nuevo paso hacia la reforma estructural de la educación chilena”. Así define la oposición el documento en el que fija su postura frente al trámite del erario nacional 2012. La propuesta fue presentada este domingo. Esta versión, publicada el lunes, es la definitiva y final.

Lunes 14 de noviembre de 2011 – foto: Esteban Garay/Nación.cl
La necesidad de una reforma a la Educación Chilena para entenderla como un bien público, cuya calidad y equidad estén garantizadas por el Estado, que contemple un componente central de educación pública en todos los niveles y una regulación clara para el sector privado debe expresarse en el presupuesto nacional 2012. Para ello, como oposición actuaremos en su tramitación legislativa guiados por los siguientes criterios:
I. ACCESO MÁS IGUALITARIO A UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD.
1. MÁS Y MEJORES BECAS.
Principio: Garantizar gratuidad para alumnos de familias vulnerables y de clase media, que cumplan requisitos de elegibilidad académica, evitando sesgo en contra de los alumnos de menor nivel socioeconómico originado en la asignación de las ayudas estudiantiles en base exclusivamente a los resultados de la PSU.
Propuesta: Otorgar becas en educación superior a estudiantes que lleguen hasta el 7° decil de ingresos, y que cumplan los requisitos relativos a puntaje de la PSU, notas de enseñanza media (caso IP y CFT) y/o el ranking de egreso de enseñanza media.
Implementación:
a. Asegurar los recursos y establecer en el presupuesto 2012 que las becas beneficiarán a los alumnos que pertenezcan al 70% más vulnerable de los hogares que tengan un puntaje mínimo en la PSU; o que pertenezcan al 10% de los mejores egresados de enseñanza media de su respectivo establecimiento de educación subvencionada (municipal o particular). Tratándose de CFTs o IP se considerarán requisitos de notas de enseñanza media.
En una primera etapa, las precitadas becas se focalizarán en los alumnos de las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores y de CFTs e IP que cuenten, en todos los casos, con requisitos de acreditación suficiente. Aspiramos a que, concurriendo los requisitos de elegibilidad que se indican mas adelante (créditos), el beneficio de gratuidad para el 70% de menores ingresos se extienda, en forma gradual y en un plazo razonable, a los alumnos de toda la educación superior (incluidos quienes estudien en universidades privadas).
b. El valor de la beca será el arancel de referencia, fijado por el Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Hacienda.
c. Las instituciones de educación superior estarán obligadas a no cobrar más que dicho arancel de referencia a todo alumno beneficiario de una beca estatal.
d. Los beneficiarios deben ser el flujo de nuevos alumnos a partir de 2012; más el stock de alumnos en educación superior señaladas en la letra a) que cumpla con los requisitos que en cada caso se establezcan.
e. Resulta indispensable crear en el presupuesto 2012 un ítem específico para becas de arancel para los estudiantes indígenas, las que se asignarán sobre la base de criterios de reparación histórica y rendimiento escolar.
f. Respecto de los estudiantes que ingresen en base al ranking de notas deberá otorgárseles programas propedéuticos y de nivelación para asegurar su efectiva inserción.
g. Se creará un sistema (símil al servicio país) que permita que los alumnos beneficiarios de becas retribuyan al Estado dicho beneficio. Este sistema se definirá y regulará durante el primer semestre del 2012
2. SISTEMA DE CRÉDITO MÁS JUSTO.
Principio: Contar con un sistema único de crédito, focalizado en los estudiantes que no sean cubiertos con becas a fin de reequilibrar el aporte estatal y de las familias para la educación superior.
Propuesta: Crear un sistema único de crédito estudiantil, contingente al ingreso y gestionado por una agencia estatal.
Implementación:
a. Concordar con el Ejecutivo la eliminación del Sistema del Crédito con Aval del Estado (CAE) y su reemplazo por un sistema que, siguiendo el símil del Crédito Solidario, considere además de la rebaja de la tasa de interés, un pago contingente al ingreso, un período máximo de cobro, concluido el cual el crédito se extingue y en el que su gestión esté a cargo de una Agencia Estatal.
b. Para asegurar que los cambios propuestos en el literal anterior estén operativos para la entrega de créditos en el año 2012, debe incluirse una glosa en la ley de presupuestos.
c. Este nuevo sistema de crédito estará disponible para todos los alumnos de la educación superior que lo necesiten y cuyas necesidades no alcancen a ser cubiertas por el sistema de becas (gratuidad). La extensión de la gratuidad en los términos planteados en el punto 1 para alumnos de hasta el séptimo decil que cursen estudios en universidades privadas estará condicionada a que dichas casas de estudio cumplan exigencias claras: acreditación institucional y de carrera; transparencia activa y pasiva en el uso de los recursos; publicación de sus balances contables; control de la Contraloría General de la República; cumplimiento de la exigencia de no lucro; respeto a la libertad de cátedra; garantías derecho asociación a todos los miembros de la comunidad educativa.
d. El Ejecutivo remitirá -en un plazo de 120 días contados desde la aprobación de la ley de Presupuestos- a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe sobre la situación financiera y sociedades de inversión de las instituciones de educación superior a que se refiere el artículo 53 de la LEGE.
e. Avanzar en la reprogramación para estudiantes morosos.
3. REGULACIÓN DE ARANCELES.
Principio: Bajar los aranceles de educación superior, impidiendo que continúe el alza sostenida de precios, para evitar que los estudiantes tengan que endeudarse con la banca privada para cubrir las brechas entre los aranceles de referencia y los efectivos, acotando el compromiso de recursos públicos para becas y créditos a niveles asociados al costo real de entregar una educación de calidad.
Propuesta: Crear un mecanismo independiente y transparente que regule los aranceles de las entidades de educación superior, evitando que los enormes gastos de publicidad de las instituciones de educación superior se consideren en los costos para efectos de determinar el valor de una educación de calidad.
Implementación:
a. En presupuesto 2012, mediante glosa, exigir que las instituciones de educación superior no le puedan cobrar a los estudiantes con becas y créditos estatales más que el arancel de referencia fijado por el Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Hacienda.
b. Crear un sistema en régimen con un mecanismo definitivo que permita la fijación objetiva y transparente para la determinación de los aranceles de las instituciones que reciban alumnos con apoyo estatal a fin de acotar las brechas existentes, velando por no generar escalada artificial de costos. Este sistema debiera considerar algoritmos predeterminados para la fijación de los aranceles, y su revisión por parte de un comité de expertos, dirigido por el Ministerio de Educación.
4. MAYORES EXIGENCIAS DE CALIDAD.
Principio: Es indispensable reconstruir el sistema de aseguramiento de la calidad de las instituciones de educación superior y pertinencia de las carreras que estas imparten. Ni el Estado ni las familias deben comprometer recursos en instituciones que no cumplan con adecuados estándares de calidad.
Propuesta: Exigir un Nuevo Sistema de Acreditación para que las instituciones de educación superior puedan recibir recursos estatales, ya sea de manera directa, por franquicia, o a través de los instrumentos de financiamiento estudiantil.
Implementación:
a. Durante el primer trimestre del 2012, requerir el envío de un proyecto de ley que reemplace el actual sistema de acreditación institucional, creando un nuevo sistema de acreditación que sobre la base de estándares internacionales cautele, entre otras materias, los potenciales conflictos de interés entre los acreditadores y las instituciones; considere los resultados de los egresados; incluya un sistema ad-hoc de acreditación para la educación técnica y sea administrado por una agencia estatal.
5. NUEVO TRATO DEL ESTADO CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
Principio: Fortalecer la educación pública.
Propuesta: Crear aportes basales para todas las instituciones estatales por el hecho de ser tales y aumentar progresivamente el aporte fiscal directo (AFD) para las 25 universidades del CRUCH, contra regulación de aranceles. Establecer que el aporte basal sea mediante la celebración de convenios de desempeño. Asimismo, dichos aportes debieran estar enfocados en permitir que las Universidades Estatales cuenten con planes de expansión tanto en materia docente como de investigación y extensión.
Implementación:
a. En presupuesto 2012, crear asignación de financiamiento basal para las universidades estales, con regla de distribución objetiva y considerando convenios de desempeño.
b. En el presupuesto 2012, además dar una señal de aumento del AFD para las 25 Universidades del CRUCH, incrementándolo en un 10% real y en un 5% real los años siguientes.
c. En el presupuesto 2012 reestablecer el porcentaje de asignación (80% universidades CRUCH-20% resto instituciones) del Fondo de Desarrollo Institucional.
d. Requerir al Ejecutivo el envío de un proyecto de ley que ordene el sistema de aportes a las instituciones de educación superior, considerando modernizar el Aporte Fiscal Directo (AFD); reformulación del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), y nuevos aportes basales para las universidades estatales.
e. Solicitar al Ejecutivo que remita a la brevedad el proyecto de ley comprometido en el protocolo del año pasado relativo al nuevo trato con las Universidades Estatales, que contemple, entre otros, el mejoramiento de sus gobiernos corporativos y metas claras de desempeño asociadas a los aportes fiscales.
f. Concordar una nueva relación del Estado con los pueblos originarios, promoviendo una educación intercultural, que contemple:
– La entrega, antes de junio de 2012, un proyecto para el reconocimiento de los hogares indígenas.
– La reestructuración de las becas de manutención indígenas considerando un aumento en cobertura.
II. FORTALECER EDUCACIÓN ESCOLAR PÚBLICA Y DE CALIDAD.
6. FINANCIAMIENTO EDUCACIONAL
Principio: Contar con un sistema de educación público, nacional, descentralizado, participativo, inclusivo y gratuito qué reemplace el actual sistema de municipalización, preparando la transición e impidiendo la profundización de la crisis de la Educación Pública.
Contar con un financiamiento educacional consistente con entregar una educación de calidad, que considere además las características de los alumnos que influyen en el costo de su educación.
Propuesta: Se debe reformar y crear un aporte estatal base a los establecimientos públicos en función de una educación de calidad; actualizando también el valor de la subvención base en función de los costos de una educación de calidad y en la línea del compromiso presidencial de duplicar la subvención escolar. Este mayor aporte fiscal, debe reemplazar gradualmente el financiamiento compartido, hasta su desaparición.
Implementación:
a. Implementar durante el 2012 un Plan de Revitalización de la Educación Pública, orientado básicamente a:
– Plan de Fortalecimiento Equipos Directivos.
– Disponibilidad horaria para que los docentes efectúen una la adecuada preparación de las clases.
– Reorientación de los recursos contemplados en el Plan de Apoyo Compartido.
– Infraestructura y capacidad técnico pedagógica del establecimiento.
– Desarrollo de actividades deportivas y culturales.
– Disminución de alumnos por curso.
b. El Ejecutivo debe dar a conocer a la brevedad el informe comprometido en el protocolo que acompañó a la ley de Calidad y Equidad, sobre el costo de una educación de calidad, el que debe servir como determinante para el nuevo esquema de financiamiento.
c. En función de dichos resultados, concordar con el Ejecutivo un protocolo para un adecuado financiamiento que, entre otros, considere un cronograma de crecimiento de la subvención que, en la línea del compromiso del Ejecutivo por duplicarla, permita que ésta alcance – a la brevedad- un nivel adecuado.
d. Consistentemente, el Ejecutivo debería enviar un proyecto de ley, antes de abril de 2012, consignando un nuevo modelo de inversión que considere: i) financiamiento garantizado a la educación pública; ii) aumento progresivo de la subvención; iii) otorgamiento de la subvención considerando la variable de matrícula y asistencia; asegurando el financiamiento del costo operativo; iv) un mecanismo para su reajuste en función de los costos de entregar una educación de calidad, y v) la eliminación gradual del financiamiento compartido, partiendo –en el presupuesto 2012- por su desacoplamiento del aumento de subvención.
e. Asimismo, en el presupuesto 2012 se tomarán medidas necesarias para impedir la expansión irracional de nuevos establecimientos particulares subvencionados en zonas saturadas, impidiendo que la sobreoferta escolar siga profundizando el desfinanciamiento de los establecimientos ya existentes.
f. Incorporar, en el presupuesto 2012, la obligación del MINEDUC de publicar en su web respecto de los sostenedores que reciben subvención o aporte del Estado: i) los balances contables de los establecimientos; ii) la declaración de intereses y patrimonio de los sostenedores; iii) las transacciones que dichos establecimientos tengan con entes relacionados; iv) las remuneraciones del personal docente, asistente de la educación y directivos. Todo ello con el fin de garantizar la adecuada transparencia en el uso de los recursos.
g. Rechazar la entrega discrecional de recursos para infraestructura y reconstrucción de los establecimientos con fines de lucro.
7. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL PARA TRANSFORMARLA EN UNA PRIORIDAD PAIS.
Principio: El país necesita contar con recursos humanos de alta calificación en el ámbito técnico-profesional. Ello no sólo es clave para aumentar la competitividad de nuestro país, sino que también permite mejorar la generación de ingresos de parte importante de los jóvenes.
Propuesta: Evaluar y fortalecer la educación técnico-profesional, considerando las sugerencias del panel constituido en función del compromiso adquirido en el protocolo que acompañó la ley de presupuestos del año 2011 y en el Informe Turquesa.
Implementación:
a. En el presupuesto 2012, aumentar recursos para la educación técnico-profesional al nivel real que tenían en el presupuesto 2010 (infraestructura; becas; formación de profesores, etcétera), comprometiendo itinerario de crecimiento para los años siguientes.
b. Generar sistemas de acceso a la educación superior para permitir que los estudiantes puedan continuar sus estudios después de egresados de la enseñanza media en carreras técnicas de nivel superior o profesionales.
c. Generar mecanismos que permitan evaluar a fondo la situación de los establecimientos regidos por el del Decreto Ley N° 3166, administrados por más de 30 años por instituciones gremiales privadas, y exigir para ellos en este presupuesto niveles de transparencia y aseguramiento de la calidad.
d. Hacer una evaluación de las condiciones en que los estudiantes que egresan de la educación técnica profesional realizan sus prácticas profesionales.
e. Requerir al Ejecutivo que en el año 2012 efectúe una propuesta para crear una red estatal de formación técnica que de mayor continuidad al sistema, desde la etapa escolar hasta la superior, especialmente allí donde no existiere una oferta de calidad.
III. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR
8. AUMENTAR LA COBERTURA Y MODERNIZAR LA INSTITUCIONALIDAD PREESCOLAR
Principio: La educación preescolar es una prioridad nacional, tiene alta rentabilidad social, genera igualdad de oportunidades y reduce las brechas para los niveles educacionales posteriores.
Propuesta: Aumentar el presupuesto de educación preescolar para que permita alcanzar la meta de cubrir al 60% de la población de menores ingresos.
Implementación:
a. En el presupuesto 2012 establecer glosa que exija al Ejecutivo informar periódicamente la cobertura preescolar, por región y por nivel socioeconómico, y que además considere la posibilidad de suplementar recursos en caso que falten para avanzar en cubrir al 60% de la población de menores ingresos. Para ello se deberán, a lo menos, duplicar los cupos propuestos por el Ejecutivo.
b. Contemplar recursos para la creación y expansión de jardines de la JUNJI en aquellas zonas donde exista mayor demanda de cobertura.
c. Asignar los recursos necesarios para garantizar la calidad de los servicios prestados (coeficientes técnicos, fiscalización, condiciones laborales de las profesionales y técnicas etc.).
d. Solicitar al Ejecutivo el envío de un proyecto de ley sobre nueva institucionalidad del sector preescolar público, antes de junio de 2012.
IV. COMPLETAR LA RECONSTRUCCIÓN.
9. GARANTIZAR LOS RECURSOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EXIGIR RENDICIÓN DE CUENTAS DEL EJECUTIVO
Principio: Los estudiantes damnificados por el terremoto y maremoto de febrero de 2010 no pueden seguir esperando a contar con sus establecimientos educacionales operando en plenitud, pues ello puede generarles brechas respecto del resto de los estudiantes que se reflejen en sus oportunidades futuras.
Propuesta: Garantizar contar, al más breve plazo, con los proyectos para una adecuada reposición de la infraestructura escolar (incluidos jardines infantiles de Junji e Integra) dañada por el terremoto y maremoto, a fin de evitar el cierre o fusión de establecimientos públicos.
Implementación:
En el presupuesto 2012, incorporar glosa que exija rendir cuentas periódicas sobre el avance en la reconstrucción, no sólo desde el punto de vista contable sino que también del avance físico de las obras. Considerar también la posibilidad de suplementar recursos en caso que falten para culminar la reconstrucción.
V. LA EDUCACIÓN REQUIERE RECURSOS SUFICIENTES PARA ESTAR A LA ALTURA DE UN NIVEL DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUITATIVO.
10. FINANCIAMIENTO SUSTENTABLE DE LA REFORMA EDUCATIVA
Principio: La reforma educativa genera gastos permanentes que requieren de una inyección importante de recursos, los que responsablemente deben ser financiados con ingresos también permanentes.
Propuesta: Construir un verdadero Fondo de Reforma de la Educación (FRE), con reglas claras de funcionamiento (como las tiene el Fondo de Reserva de Pensiones) y con recursos permanentes que permitan afrontar los desafíos de la reforma educativa en sus distintos niveles.
Implementación:
Regulación del Fondo debe quedar establecida en una ley permanente, por lo que debe rechazarse el Fondo de Educación propuesto en la ley de presupuestos 2012 en el Tesoro Público, de duración anual, exigiendo que el Ejecutivo ingrese un proyecto de ley para regular el FRE a más tardar en enero de 2012.
Las características del FRE deben ser análogas a las del Fondo de Reserva de Pensiones, es decir, con claras reglas de aporte y de retiro de recursos, con normas para su administración financiera, con la exigencia de estudios actuariales para determinar su tamaño óptimo, y con obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
Las finalidades del FRE deben ser determinadas por ley, y deben incluir exclusivamente el financiamiento de programas educacionales, tales como aumento de becas de educación superior, aumento de cobertura de educación preescolar, aumento de subvención educación general, fondos basales para las universidades estatales y para los establecimientos públicos del nivel escolar y preescolar.
El tamaño óptimo del fondo, y su evolución en el tiempo, dependerá de los compromisos específicos que incluya la reforma educacional (parte de los cuales se enuncian en los puntos anteriores de este documento) y de la evolución esperada de la población beneficiaria. Su financiamiento debe provenir de ingresos fiscales permanentes. Dicho Fondo deberá contemplar recursos para el:
Corto Plazo: Se debe mantener el impuesto a la renta en un 20% con el objeto de financiar las medidas inmediatas (se incorporará artículo en la ley de presupuestos del 2012). Podrá incluir además parte de los recursos empozados en el fondo para adquisición de armamento; recursos provenientes del Tesoro Público o el FESS.
Mediano Plazo: Realizar a partir del año 2013 una reforma tributaria integral que permita financiar de manera responsable los desafíos asociados a una verdadera reforma educativa como la que proponemos, iniciando su discusión a la brevedad.
Cabe consignar que esta propuesta es plenamente compatible con la definición contenida en otras importantes iniciativas destinadas a mejorar la calidad y equidad de la educación chilena, con énfasis en el fortalecimiento de la educación pública y debida regulación de la educación privada, las que respaldaremos con fuerza, tales como:
► Las reformas que resguarden constitucionalmente a la educación como un bien público, que den precisión y protección al derecho a la educación y que se orienten a la regulación del sistema privado de educación.
► Los proyectos que buscan impedir el lucro con fondos públicos en educación.
►El fin de la municipalización.
►El fortalecimiento de la carrera docente.

Una propuesta desbalanceada
Harald Beyer
El Mercurio, Martes 15 de Noviembre de 2011
La oposición ha presentado un documento valioso que permite focalizar el debate presupuestario y abrir espacios para producir un acuerdo. Pero también hay muchas omisiones. Así, en muchos casos se extraña una mayor precisión, como, por ejemplo, en lo que se refiere a fortalecimiento de la educación técnico-profesional o modernización de la institucionalidad preescolar. Es una señal de que es un listado de propuestas insuficientemente pensado y sin prioridades adecuadas. Sin embargo, lo que más llama la atención es que queda abierta en demasía la puerta para continuar la discriminación que afecta en la actualidad a estudiantes de igual nivel socioeconómico, pero que asisten a distintas instituciones de educación superior. Postular que las becas y créditos se reservarán inicialmente sólo a un conjunto seleccionado de instituciones a la espera de verificar que las demás cumplan con una serie de exigencias que se acordarán más adelante es discriminatorio. Los requisitos deben ser parejos para todas las instituciones y estar asociados a desempeños apropiados que deben ser exigidos sin distinciones. No pueden ser distintos según la naturaleza de las instituciones, porque ello no ayuda a la calidad. Parece razonable que las exigencias sean particularmente elevadas, pero para todas las instituciones, sin distinción.
La oposición quiere extender ese trato discriminatorio también a la educación escolar, creando aportes basales para la educación pública. Además, quiere limitar la libertad de enseñanza impidiendo lo que denomina “expansión irracional” de nuevos establecimientos particulares subvencionados. Parece razonable exigir un número mínimo de alumnos a cada establecimiento, pero no limitar arbitrariamente la posibilidad de abrir uno nuevo. Se postula también suprimir la libertad de los padres de aportar al financiamiento de los hijos en los establecimientos particulares subvencionados. Seguramente se postula que ello acabaría con la segregación, pero esa afirmación no se sostiene. ¿Por qué, entonces, conculcar una libertad personal, si el propósito declarado no se logrará? Además, si lo que se quiere es más integración, ¿no habrá otros instrumentos mejor dotados para este objetivo? Es evidente que aquí hay tres propuestas que apuntan en la misma dirección: restringir libertades, en lugar de ampliarlas. Moverse hacia ese equilibrio parece un error. Promover tratos distintos entre la educación estatal y la particular subvencionada y limitar a esta última en su desarrollo no es el camino adecuado para fortalecer la educación pública.
Insistir en una competencia respecto de qué sector avanza más en gratuidad de la educación superior en Chile no parece apropiado. Ello fácilmente puede costar del orden de dos puntos del PIB. Si se añadiera ese gasto a la educación, pasaríamos a ser el país de mayor gasto público, como porcentaje del PIB, después de Noruega. ¿Qué espacio habría, siendo realistas, para subir el gasto más allá de esa proporción? Se sacrificaría, entonces, la posibilidad de gastar en otros niveles escolares donde los retornos sociales del gasto público son mucho más elevados. Por supuesto, se podría acotar ese gasto restringiendo el acceso a la educación superior o reservándolo para unas pocas instituciones, pero esos caminos no tienen sostén político o son, como señalábamos anteriormente, francamente discriminatorios. Es mucho más justo y menos oneroso postular un crédito contingente que se paga en función de los ingresos futuros -es una proporción razonable de los ingresos por un período fijo de años- que asegura que los egresados de elevadas rentas paguen el dinero prestado y que beca ex post a aquellos cuyas rentas son reducidas.
Los lineamientos para el financiamiento directo a nuestras instituciones de educación superior que ofrece la oposición son modestos, y tienen que ser mucho mejor pensados. Hay que distinguir con más precisión entre las instituciones. En nuestro país hay sólo unas pocas que son realmente de investigación. Ellas requieren un apoyo más decidido, pero sujeto a un escrutinio mayor. Luego hay otras que tienen investigación o que en esta dimensión son emergentes. Este subgrupo debiera financiarse preferentemente a través de convenios de desempeño, y es difícil dejar a un lado a universidades nuevas que satisfagan estándares razonables de investigación y carrera académica fuera de estos fondos. Finalmente, hay universidades de carácter regional que proveen bienes públicos locales que conviene potenciar para lograr un avance en investigación y desarrollo más equilibrado en el país. Pero insistir en un aumento mecánico de los aportes basales actuales, aunque sean sujetos a convenios de desempeño, constituye finalmente una política de financiamiento institucional pobre.
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Acuerdo en educación: deseable, pero con opciones y riesgos
El Mercurio. opinión editorial, Martes 15 de Noviembre de 2011
La oposición —integrada por la Concertación, el Partido Comunista y otras agrupaciones menores, y tras un intenso trabajo de técnicos de los diferentes partidos— ha alcanzado un acuerdo interno de posición común en educación, que abarca la preescolar, la escolar y la superior. El Gobierno y las fuerzas políticas que lo respaldan no muestran el mismo grado de cohesión interna ante los numerosos y confusos temas planteados por las agrupaciones estudiantiles.
Los acuerdos internos siempre han sido especialmente fáciles para quienes, desde la oposición, suelen encontrar aparentes soluciones que se lograrían con el simple expediente de mayores gastos. Para el gobierno de turno, que debe equilibrar el presupuesto con responsabilidad, tomando en cuenta las diferentes necesidades nacionales de corto y largo plazo, la tarea no puede circunscribirse a calmar a grupos que protestan en defensa de sus intereses, por legítimos que sean. Si bien se espera que las autoridades sean flexibles para enfrentar los dilemas educacionales planteados y puedan respaldar soluciones hasta ahora no consideradas, también cabe esperar de ellas la defensa de ciertos principios fundamentales que no pueden dejarse de lado. Entre ellos hay algunos ideales educacionales, pero también ciertos puntos que van más allá del tema educacional, como la exigencia de formular políticas sociales bien diseñadas, con apropiada rentabilidad social y que distribuyan sus beneficios en forma equitativa, sin dejarse llevar por la presión política de los grupos más vociferantes.
Chile requiere en estos momentos un acuerdo que alcance a ambos sectores del espectro político, y la ciudadanía tiene claro que ésa debe ser la forma de resolver el conflicto actual. En un sondeo de opinión pública, el 86 por ciento de la población piensa que se necesita ahora un acuerdo educacional entre la Alianza y la Concertación. En tal sentido, un acuerdo firmado sólo por los partidos de la oposición puede ser más bien un pie forzado a salvar para un genuino acuerdo general, que demandaría flexibilizar más las posiciones para arribar al punto de encuentro.
Luego de meses de agrias discrepancias y de numerosos puntos de confusión en las peticiones estudiantiles, la discusión ha quedado encuadrada en el marco del presupuesto nacional. Es un terreno no apto para las irreflexivas posturas maximalistas y rígidas como las de ciertos sectores del movimiento estudiantil. Los plazos son perentorios, es necesario actuar con pragmatismo, y las normas vigentes en cuanto a procedimientos, en último término, favorecen al Ejecutivo. Todo ello debería llevar a los estudiantes a respaldar un arreglo en el Congreso, aunque las respuestas de las asambleas locales de estudiantes que se reunirán esta semana pueden ser impredecibles.
El detalle de la implementación del acuerdo opositor puede ser de amplísimo registro, pero las informaciones que han trascendido indican que hay muchas propuestas perfectamente esperables, pero otras buscan cambios que, posiblemente, lejos de mejorar el sistema educacional chileno, pueden producir transformaciones profundas, capaces de deteriorar sus muchos logros, hoy minusvalorados.
Entretanto, se entregó el segundo informe de educación superior en Iberoamérica, en el que, paradójicamente, se observa el buen desempeño del sistema chileno. En los últimos 20 años, Chile logró una cobertura que supera el 50 por ciento de la cohorte juvenil correspondiente, lo que sólo han logrado siete países, incluyendo a España y Portugal. Además, es el país latinoamericano con mayores avances hacia la economía basada en el conocimiento, y las nuevas generaciones cuentan cada vez con mejor preparación, como lo revela el primer lugar en la prueba PISA, que mide comprensión lectora de los alumnos de 15 años. En Chile tuvieron difusión los primeros malos resultados en esta prueba hace 10 años, pero poco se han difundido los progresos posteriores. Aún más importante es la extensión de la educación superior a los sectores más pobres, pues Chile es el segundo país con la participación más alta de los jóvenes del quintil más pobre, sólo superado por Ecuador. Y en cuanto a equidad, Chile figura entre aquellos países que tienen una relación baja en la proporción de estudiantes de sectores altos en comparación con los de sectores bajos. La proporción de jóvenes del quintil más pobre que alcanza la educación superior en relación con los más favorecidos del quintil superior, es de alrededor de 25 por ciento, que se compara positivamente con un promedio ponderado en América Latina en torno al siete por ciento.
No obstante, en este conflicto las realidades objetivas y demostrables no tienen mayor incidencia en la discusión y en la violencia con que se han manifestado algunos grupos estudiantiles. Las imágenes que ellos han logrado crear tienen mucho más peso que el análisis cuidadoso de las cifras y las tendencias, pero cabría esperar que las autoridades políticas —del Gobierno y de la oposición— sepan calibrar los impactos de las propuestas preparadas al calor de la protesta callejera, y distinguir aquellas que perfeccionan el sistema de aquellas que atentan contra los aspectos del ordenamiento educacional chileno que han dado resultados positivos.