Una visión “desde fuera”, por un muy buen conocedor de nuestra educación superior latinoamericana, del conflicto en torno al pago/gratuidad de la educación suprior en Colombia y Chile.
¿Quién debe pagar por la educación?
Francisco Marmolejo, The Chronicle of Higher Education, Octubre 23, 2011
Las recientes demostraciones estudiantiles en Chile y Colombia son motivo de preocupación de sus respectivos gobiernos. En el centro del debate se plantea una interrogante simple para la cual no existe una respuesta sencilla: ¿quién se supone que debe pagar por la educación de los habitantes de un país?, ¿deben pagar los propios estudiantes y sus familias o el gobierno?, ¿debe ofrecerse subsidio directo a los estudiantes o deben ser las instituciones de educación superior las que reciban el soporte del Estado para con ello hacer más accesible la educación?.
En cierto sentido, tanto el caso chileno como el colombiano han seguido trayectorias diferentes en lo referente al desarrollo de sus respectivos sistemas de educación superior, aunque en ambos casos existe similitud en cuanto a las huelgas y demostraciones estudiantiles que, sin lugar a dudas, tienen nerviosos a sus gobiernos nacionales y también a los gobiernos de países vecinos.
En el caso de Chile, la liberalización masiva de su sistema de educación superior que se ha experimentado en años recientes y que ha estado acompañada de una limitada inversión pública, al final de cuentas se ha traducido en un impresionante crecimiento de la infraestructura de educación superior a nivel nacional y en un incremento significativo en el número de chilenos con acceso a la educación superior (actualmente un 51 por ciento de jóvenes en edad de estudiar). En ello ha tenido mucho que ver la oferta de las instituciones particulares. En este contexto el gobierno ha permitido que las instituciones de educación superior cobren altas cuotas y colegiaturas, ofreciendo al mismo tiempo mecanismos público/privados de ayuda financiera que permiten a la mayoría de los alumnos contar con recursos financieros para contribuir a pagar sus estudios. Al mismo tiempo, el gobierno chileno ha mantenido en operación un programa que condona los pagos de cuotas y colegiaturas a estudiantes que hayan tenido las mejores calificaciones en el examen nacional de ingreso a la educación superior, conocido coloquialmente como la PSU. Además, el gobierno conserva desde hace varios años un esquema de otorgamiento de subsidios a un pequeño grupo de 25 universidades tanto públicas como privadas que pertenecen al selectivo Consejo de Rectores de las Universidades de Chile (CRUCH).
Naturalmente que el crecimiento en la educación superior de Chile no ha estado exento de problemas. Un aspecto a destacar es que al concluir su formación universitaria, la gran mayoría de los chilenos que estudian se quedan con un significativo adeudo monetario producto de los créditos educativos que tienen que contraer para financiar su educación, mientras que el generoso programa de condonación de cuotas y colegiaturas para los mejores estudiantes suele beneficiar, entre otros, a aquellos que provienen de familias con mayores recursos económicos dado que son quienes estuvieron mejor preparados por haber estudiado los niveles previos de la educación en escuelas privadas que se caracterizan por tener mejor calidad que las públicas. En otras palabras, tal pareciera que recursos de los contribuyentes terminan siendo utilizados para subsidiar a aquellos que menos necesitan de tal apoyo, mientras que el resto de la población estudiantil debe asumir una deuda proporcionalmente mayor para financiar sus estudios superiores. Finalmente, en años recientes, han emergido una amplia gama de instituciones de educación superior privadas con fines de lucro que, aun cuando están debidamente acreditadas y ofrecen una educación similar en calidad a otras instituciones públicas, sin embargo se han convertido en un blanco natural de ataque para quienes han estado demostrando su inconformidad en las calles.
El caso colombiano es en cierto sentido diferente, considerando que cuenta con un sistema de educación superior pequeño y selectivo que no ha logrado crecer al mismo ritmo que las tendencias demográficas del país, lo que ha llevado a que anualmente solo un pequeño porcentaje de los cerca de 600,000 jóvenes egresados de la educación media superior logren avanzar al nivel de educación superior. Preocupado por este importante reto, el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos decidió embarcarse en una radical reforma del sistema nacional de educación superior encaminada, entre otras cosas, a incrementar significativamente la cobertura del sistema con la meta de pasar de atender al 37 por ciento de jóvenes en edad de estudiar que se tiene actualmente, a un ambicioso 50 por ciento en el año 2014. Para contribuir a financiar tal crecimiento, el gobierno colombiano inicialmente planteó la idea de permitir la participación de oferentes privados incluyendo aquellos con fines de lucro tanto nacionales como del extranjero. Sin embargo, debido a la presión de diversos sectores preocupados por las implicaciones de una supuesta privatización de la educación superior, el gobierno decidió eliminar esta posibilidad en la versión de un proyecto de reforma a la ley de educación superior que actualmente se discute en el Congreso de la República de Colombia.
Para algunos sectores de nuestras sociedades la respuesta a tales dilemas es muy sencilla: la educación es un derecho humano básico y, en consecuencia, los gobiernos (y por ende los contribuyentes de impuestos) deben asumir el costo de la provisión de educación superior haciéndola accesible a un mínimo costo o gratis a los estudiantes independientemente de su estatus socio-económico. También, muchos argumentan que las políticas de admisión a las instituciones de educación superior deben ser más flexibles y que se deben dedicar fuertes cantidades de inversión gubernamental para financiar la infraestructura y operaciones de las instituciones de educación superior públicas. En contraste, otros sectores consideran que el enfoque descrito anteriormente simple y sencillamente no es viable en el largo plazo y que, en lugar de subsidiar directamente a las instituciones educativas, los gobiernos deben ofrecer más becas y créditos directamente a los estudiantes con base en fórmulas que resulten de una combinación entre la necesidad económica del estudiante y sus méritos académicos. También ellos argumentan que la participación de oferentes privados en la educación –incluyendo las entidades con fines de lucro- debe ser aceptada para propiciar una sana competencia y para mejorar la eficiencia institucional, asumiendo que tal apertura esté debidamente regulada y vigilada.
Todos los anteriores son algunos de los temas que están siendo debatidos no sólo en Chile y Colombia, sino también en muchos países. Conversando el tema con mi colega Dewayne Matthews, de la Fundación Lumina, éste me advierte que el reto que enfrentan muchos países es cómo ofrecer educación de calidad a un número mucho mayor de estudiantes sabiendo que incrementar la capacidad institucional no es algo que se pueda lograr rápidamente y por decreto, especialmente en los tiempos que se viven con necesidades ilimitadas y recursos financieros limitados. Esto implica para los gobiernos que deciden invertir en la educación, enfrentar el dilema de en qué otras prioridades igualmente importantes hay que dejar de invertir. También queda cada vez más claro que la implementación de reformas, necesariamente afectará el status-quo prevalente en los sistemas de educación superior. En resumen, nos encontramos frente a una realidad compleja para la que no existen respuestas simples.
Al final de cuentas lo que ha estado sucediendo en Chile y Colombia pone en la mesa de la discusión la pregunta fundamental que nuestras sociedades enfrentan en el mundo actual: ¿Es la educación superior un bien público o privado y, consecuentemente, quien debe pagar por ella?. La moneda está en el aire.