Inversión estatal al año: Gratuidad de la educación superior costaría entre 3.300 y 6.000 millones de dólares

Especialistas de Libertad y Desarrollo, la U. Diego Portales, Educación 2020 y el Centro de Estudios Públicos hacen sus proyecciones.
Manuel Fernández Bolvarán, El Mercurio, 13 de octubre de 2011
Fue el tema que rompió la mesa de diálogo entre los estudiantes y el Gobierno y que, una semana después, sigue generando debate entre los especialistas: la gratuidad en la educación superior. Más allá de los argumentos a favor y en contra, ¿cuánto costaría?
Según la propuesta de los estudiantes de la Confech, que fueron asesorados por economistas, la gratuidad significaría un desembolso fiscal de US$ 1.800 millones al año. Eso sí, su propuesta sólo beneficia a los estudiantes de las 25 universidades tradicionales, que representan poco menos de un tercio de la matrícula total de la educación superior.
Si la gratuidad fuera efectivamente universal, los montos se disparan. María Paz Arzola, investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo (ILD), hizo una estimación sobre la base de los aranceles cobrados este año por las instituciones. Si se consideran los alumnos matriculados, el costo llegaría a US$ 4.431 millones anuales. Si se llenaran todas las vacantes ofrecidas, la cifra crece a US$ 5.976 millones.
“Es una cifra enorme, casi el 10% del presupuesto 2012. Y es un cálculo conservador, porque la gratuidad total haría crecer la matrícula y también podría causar que las carreras se alarguen”, explica Francisco Klapp, experto de ILD.
Claudia Sanhueza, académica del Instituto de Políticas Públicas de la UDP, propone un cálculo menos abultado. Tomando en cuenta el costo de la educación superior declarado por los hogares en la encuesta Casen 2009, estima el costo en US$ 3.280 millones anuales. De ellos, US$ 600 millones irían a institutos profesionales y centros de formación técnica.
“Hacer esto de la noche a la mañana es imposible, pero sí se puede avanzar gradualmente, con quienes no pueden pagar”, dice la economista.
Una estimación intermedia es la de Harald Beyer, subdirector del Centro de Estudios Públicos: la gratuidad costaría US$ 4.640 millones. “Este cálculo está basado en las mensualidades que los hogares dicen cancelar en la Casen 2009, ajustados por los aumentos de aranceles y alumnos ocurridos entre 2009 y 2011. A esto hay que agregarle del orden de US$ 550 millones que se entregan actualmente en becas y créditos”, explica.
Por su parte, el experto del Centro de Políticas Comparadas en Educación de la UDP, José Joaquín Brunner, adhiere a la estimación que hace el académico de la U. de Chile Patricio Meller en su libro “Universitarios, ¡el problema no es el lucro, es el mercado!”. Ahí se cifra el costo de esta medida en US$ 4.500 millones. “Como dice él, ‘este monto es simplemente no financiable’. Sobre todo, sabiendo que las necesidades de financiamiento prioritarias, desde cualquier punto de vista que se mire, están en la preprimaria, la primaria y la secundaria”, afirma.
En Educación 2020, la directora de políticas educativas, Valentina Quiroga, explica que “la gratuidad total debe ser en educación parvularia y escolar. En la superior, somos partidarios de apoyar al 70% más pobre”. Según sus cálculos, eso implicaría un gasto anual de US$ 2.500 millones.
“El tema no es sólo dar gratuidad. Si se hace sin regular el sistema, vamos a estar tirando plata a la basura”.
VALENTINA QUIROGA
EDUCACIÓN 2020
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10%
del Presupuesto de la Nación para 2012. Ese sería el costo de la gratuidad total según ILD.
940.164
estudiantes de pregrado había en 2010 en la educación superior. De ellos, 281.528 asistían a planteles del Consejo de Rectores.
US$ 1.800
millones
es el costo de la gratuidad total, según la propuesta de los estudiantes. La cifra es menor a las estimaciones de los expertos, pues ellos
sólo exigen gratuidad para los alumnos de planteles tradicionales.

Ues. tradicionales no estatales se unen y piden aportes basales
Los nueve planteles privados del Cruch se asociaron para entregar su visión sobre proyectos relacionados con la educación superior.
por Carolina Araya, La Tercera, 13 de octubre de 2011
“Hemos decidido dar a conocer la creación de un nuevo referente al interior del Consejo de Rectores, que hemos denominado grupo de los nueve”. Así, el rector de la UC, Ignacio Sánchez, presentó ayer la nueva asociación al interior del Cruch que integran las universidades tradicionales privadas y que se viene a sumar al Consorcio de Ues. estatales, creado hace 10 años.
Sánchez asumirá como presidente de la entidad. En tanto el rector de la U. de Concepción, Sergio Lavanchy, es el primer vicepresidente, y el rector de la UC de Valparaíso, Claudio Elórtegui, el segundo.
“Somos todas universidades con vocación de servicio público indiscutido”, dijo Lavanchy, explicando que la creación de la entidad busca “enriquecer el actuar del Cruch. En ningún caso se tome esto como una división o un quiebre”.
La idea es “aportar con nuestra propia identidad” a la discusión de los distintos temas y procesos legislativos que vienen. Según Sánchez, durante estos meses la agrupación ha estado definiendo posturas que “tienen que ver con el acceso, con los temas de calidad, con los de financiamiento”, dijo.
Respecto de la discusión sobre qué tipo de planteles deben recibir los aportes basales, el presidente del G-9 fue enfático: “Queremos que los estudiantes que vienen a nuestras instituciones tengan el financiamiento del Estado, porque sabemos que estamos entregando un bien público a la nación”, dijo y agregó que “no vemos ninguna diferencia entre el financiamiento que deben recibir estas instituciones y las estatales, puesto que el servicio que estamos ofreciendo es prácticamente el mismo”.
Los rectores también se refirieron a las diferencias que existen entre los planteles del Estado, que deben rendir cuentas a Contraloría, y los que no lo son dentro del Cruch. “Hay una asimetría y nosotros somos los más entusiastas de que eso se resuelva a través de una ley especial, que libere a las universidades estatales de ciertas ataduras burocráticas”, dijo Lavanchy, lo que fue secundado por Sánchez, quien agregó que la información sobre lo que se hace con los fondos del Estado que llegan al grupo de los nueve “se entrega al Mineduc”.
Para Elórtegui, no corresponde hacer diferencias, ya que las universidades tradicionales no estatales también realizan un “tremendo esfuerzo por aportar dineros propios para contribuir a la formación de estudiantes sin los recursos necesarios”.
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Condiciones para dar más recursos a las universidades

Las instituciones tradicionales deben aceptar rendir cuentas por los aportes del Estado que reciben antes de exigir la entrega de mayores recursos públicos.
La Tercera, opinión editorial, 13 de octubre de 2011
EN LA DISCUSION de estos meses a propósito del conflicto educacional, la opinión pública ha podido quedar bajo la impresión de que los estudiantes y los rectores de las universidades tradicionales -algunos de los cuales incluso han participado en las marchas- comparten los mismos objetivos de largo plazo. Esto, sin embargo, es en rigor erróneo, porque más allá del deseo de avanzar hacia una educación superior de mayor calidad y mejor acceso -aspiración, por lo demás, compartida por el grueso de la ciudadanía-, los dirigentes estudiantiles y las autoridades del Cruch difieren en un aspecto fundamental, cual es el destino de los mayores recursos del Estado que ambos grupos piden para las universidades. Mientras los dirigentes universitarios entienden que esa mayor cantidad de recursos públicos se justifica en tanto se destine a garantizar la gratuidad de la educación a un porcentaje más amplio de alumnos, idealmente a todos, los rectores piden para sus casas de estudio un nuevo aumento de los aportes basales del Estado, recursos que son mayormente de libre disposición y cuya entrega no está asociada al desempeño institucional, ni sujeta a mecanismos de fiscalización sobre el uso de los fondos.
Los rectores no han ofrecido nada como contraparte a la entrega de dichos recursos. Al contrario, estiman que no deben rendir cuentas más detalladas por los aportes fiscales directos que actualmente reciben. Esto ya es una situación que amerita ser revisada, pues se trata de dineros públicos sobre los cuales sus dueños -los ciudadanos- no tienen forma de ejercer control una vez que ingresan a las arcas de las universidades. Parecería muy discutible, por ende, que se considerara elevar esos aportes públicos sin precisar de antemano criterios de transparencia y responsabilidad respecto de su utilización, como en general se establece para los aportes del Fisco en otros ámbitos.
Todo indica que los rectores aspiran a tener sobre los aportes fiscales directos que reciben las universidades públicas -y que representan más de un tercio de su presupuesto- un control sin mayor obligación de rendir cuenta. El estatuto de gobierno corporativo que rige a las universidades es débil y no garantiza ese control, porque en definitiva también depende en gran medida de los rectores. Además, y aunque el panorama es variado, hay un alto porcentaje de universidades con evidentes problemas en ámbitos como la acreditación, la baja proporción académicos y alumnos, el número y jornada de sus doctorados, la gestión financiera, la calidad de la formación, y otros. De ahí que sorprenda el hecho de que, antes de abocarse a la solución de estos problemas o de siquiera plantearlos en la discusión pública, los rectores de esas universidades insistan con tanta vehemencia en la obligación del Estado de entregarles recursos que, a todas luces, han pasado a considerar como un derecho adquirido.
Lo anterior es posible bajo un sistema de gobierno corporativo basado en la autogestión y que no deja al Estado, pese a los recursos que éste entrega, más que un rol accesorio en la confirmación de autoridades elegidas internamente. Estas, junto con tener amplios poderes y autonomía, no rinden cuentas más que internamente y están naturalmente inclinadas a complacer en primer lugar a los estamentos que las eligen. Este sistema requiere de reformas sustanciales y la entrega de mayores recursos públicos a dichas universidades debiera estar condicionada a avances concretos en ese sentido.