Gobierno alegó falta de facultades para fiscalizar el lucro en las instituciones de Educación Superior

Cámara de Diputados, Publicado el 14 de octubre del 2011
En la misma oportunidad, el vicepresidente del CNED explicó que el alza de aranceles en las principales casas de estudio del país se debe a la amplia cantidad de docentes que poseen y a actividades de investigación y postgrado. En todo caso, criticó que dichos valores se traspasen a otras instituciones que carecen de estas características.
Falta de facultades para realizar una fiscalización profunda y detallada que permita detectar si las casas de estudio cumplen o no con la normativa, en orden a generar lucro por sus actividades, alegó el Ministro de Educación, Felipe Bulnes, ante la Comisión Investigadora sobre el Funcionamiento de la Educación Superior.
“Siento que hay una suerte de confusión. En que el hecho de tener un balance determina que uno puede conocer o no si se está infringiendo la ley y creo que eso es no conocer la sofisticación y la realidad como se presenta este problema”, precisó a los diputados.
Explicó que los balances a los cuales tiene acceso el Ministerio pueden aparecer como perfectamente normales, sin que se pueda detectar en ellos sospechas de un supuesto lucro. Dijo que la forma en la cual se podría estar burlando el sistema es a través de transacciones por partes relacionadas, lo cual aparecería en el balance como egresos.
“Uno ahí tendría que meterse a la facultad de tasación, facultad que tienen el SII, para determinada tipo de tasaciones, y la Superintendencia de Valores, porque expresamente por ley está regulado”, acotó, recalcando luego que el Ministerio carece de dicha atribución y que la idea es superar el impasse a través de la creación de la Superintendencia de Educación Superior.
La diputada Cristina Girardi (PPD) estimó que la Ley ya le confiere al Ministerio de Educación la facultad de fiscalizar el lucro, por lo cual tendría atribuciones para indagar con la profundidad necesaria y así determinar los infractores.
“Sería triste que nos pase lo mismo que con La Polar, que el Ministerio diga que no puede hacer nada, cuando está establecido en la Ley que tienen que velar por eso. Sería triste que recibieran información, que la puedan pedir y que no hicieran nada y no cumplieran con el mandato de la Ley, que estas instituciones no tengan fines de lucro”, sentenció.
La presidenta de la Comisión, diputada Alejandra Sepúlveda (PRI), valoró la posibilidad de que los parlamentarios pudieran intercambiar opiniones con el Ejecutivo respecto de las atribuciones que le entrega la Ley para poder fiscalizar en el tema del lucro.
“Creo que hay una serie de conclusiones que ya se pueden ir dando de vacíos legales y de atribuciones, pero al mismo tiempo, de cuán acucioso podría ser el Ministerio con las herramientas con las cuales hoy ya cuenta, que pueden ser limitadas, pero que debería ocuparlas y tener un rol más activo”, planteó.
El diputado Germán Becker (RN) destacó que el Ministro mostró una firme decisión de terminar con el lucro encubierto que tienen algunas universidades privadas, tratando de agilizar la puesta en marcha de la Superintendencia de Educación Superior. “Esto demuestra la actitud del Gobierno de hacer respetar la Ley y que esto no vuelva a suceder, de modo que garanticemos que las universidades reinviertan todos los recursos en el ámbito universitario”, afirmó.
Coincidió con el Ejecutivo en que la información que reciben no puede ser procesada de manera de determinar adecuadamente si la institución está o no lucrando, ya que, dichos antecedentes pueden estar manejados tendenciosamente. “Es iluso pensar que de la información que envían se podrá pensar que están lucrando, por eso es necesario ir más allá”, resaltó.
Consejo Nacional de Educación
La diputada Sepúlveda valoró también los antecedentes aportados por el Consejo Nacional de Educación (CNED), particularmente de su vicepresidente, Nicolás Velasco, quien llamó a considerar una realidad universitaria más amplia que la que tiene que ver sólo con la acreditación.
Dijo que ellos plantearon la existencia de un vacío al interior del proceso de acreditación, ya que tras licenciar a una casa de estudios, ésta puede expandirse con nuevas sedes a lo largo del país sin que el Consejo pueda interferir nuevamente.
En relación a los aranceles, Velasco explicó a los diputados que el alza manifestada en los últimos años en las Universidades de Chile y Católica se debió a la gran cantidad de docentes que poseen y al fomento de las actividades de investigación y programas de postgrado, sin que existiera una apoyo mayor por parte del Estado para esos fines.
Sin embargo, el académico fue enfático en criticar que no es entendible que dichos niveles de aranceles se repliquen en otras instituciones de educación superior que no realizan investigación ni postgrados y que contemplan en sus plantas un número reducido de profesionales docentes.
“Él nos da la respuesta de porqué crecieron estos aranceles y lo que plantea es que tiene que ver con una mayor complejidad en términos de lo que hace la universidad, en términos de extensión, investigación, la cantidad de docentes, frente a eso se replica calidad versus aranceles, pero eso no se condice en todas las universidades, donde se plantea un arancel incluso mayor que las universidades tradicionales y con una calidad que hay que revisar”, estimó la diputada Sepúlveda.
Para el diputado Becker, el control de los aranceles en las instituciones de educación superior puede pasar por un apoyo mayor del Estado a las actividades de extensión e investigación y en controlar efectivamente el tema del lucro, ya que, por esta vía, los recursos se destinarán íntegramente a las actividades de la casa de estudio respectiva.

Iniciativas fueron anunciadas a principios de julio por el Presidente Piñera
Conflicto educacional: trámite de proyectos clave del Gobierno se dilata en el Congreso
Uno de ellos permitiría reprogramar más de 110 mil créditos morosos, mientras que el otro rebajaría interés de préstamos con aval del Estado. Oficialismo busca acelerar la discusión de ambas propuestas, luego del quiebre de la mesa de diálogo con los estudiantes.
Marcelo Pinto, El Mercurio, 15 de octubre de 2011
El conflicto estudiantil iba al alza, pero aún no alcanzaba su momento más complejo, cuando el Presidente Sebastián Piñera anunció en cadena nacional el Gran Acuerdo Nacional por la Educación (GANE), el 5 de julio.
Aquella noche, el Mandatario explicó uno a uno los puntos de la propuesta. Dos de ellos se relacionaban con permitir la renegociación de más de 110 mil créditos universitarios morosos y disminuir la tasa de interés del Crédito con Aval del Estado (CAE), al que acceden alumnos de la educación superior provenientes en su mayoría de la clase media.
Los anuncios se plasmaron en proyectos de ley que, a la vuelta de tres meses, están siendo tramitados en el Congreso, sin que haya todavía una fecha certera para su votación.
Ambas iniciativas forman parte de la agenda legislativa de La Moneda, que los estudiantes, representados por la Confech, pidieron “congelar” para sentarse a conversar con el Gobierno.
En un minuto, el Ejecutivo dejó de presionar por la tramitación de las propuestas. Se buscaba así permitir el funcionamiento de la mesa de diálogo que convocó el Gobierno. Después de que los jóvenes la desahuciaron, sin embargo, el oficialismo retomó los esfuerzos para ratificar los dos proyectos en el Congreso.
Privilegiaron reforma constitucional
La propuesta sobre créditos morosos ingresó el 17 de agosto al Parlamento, con suma urgencia, y se radicó en la comisión de Educación del Senado. Desde ahí, la instancia, liderada por el PPD Jaime Quintana, ha celebrado más de 10 sesiones: sólo dos de ellas han sido destinadas a la propuesta del Ejecutivo. En una se escuchó al ministro de Educación, Felipe Bulnes; en otra, a rectores de universidades.
En los últimos dos meses, la comisión se ha centrado en debatir una reforma a la Constitución, en materia de enseñanza, con ocho iniciativas: siete de senadores, en su mayoría opositores, y una de La Moneda.
“Iniciamos la discusión (de la reprogramación) en cuanto nuestra agenda lo permitió. Estábamos viendo otros proyectos, iniciados en mociones de parlamentarios. Nadie podría decir que estamos bloqueando este proyecto”, advirtió Quintana.
Posible votación en noviembre
El senador dijo que es “necesario legislar” para solucionar el problema de los créditos. Pero planteó que la propuesta del Ejecutivo no tiene la misma importancia que la del debate sobre la reforma constitucional.
“(La propuesta de los morosos) no apunta a la solución del conflicto. No tiene relación con los temas netamente educativos. Es de naturaleza bancaria. Los temas que apunten a cambios estructurales, de fondo, me parecen más relevantes”, dijo.
Después de que en futuras sesiones se escuche a estudiantes, entre otros invitados, la comisión votará la iniciativa del Ejecutivo, tras lo cual el proyecto pasará a la sala del Senado. Quintana calcula que esto podría ocurrir a comienzos de noviembre.
Ena von Baer (UDI), integrante de la misma comisión, dijo que se ha “puesto un énfasis un poco más relevante” en la tramitación de iniciativas de origen parlamentario. No obstante, consideró posible esforzarse para avanzar en el despacho de la propuesta de los morosos.
Aunque coincidió con su par del PPD en cuanto a que una reforma constitucional es relevante, la senadora subrayó que reprogramar los créditos vencidos “es mucho más urgente”, pues se trata de un problema que aflige a más de 110 mil personas.
El otro proyecto enviado por el Ejecutivo, el que rebaja la tasa de interés del Crédito con Aval del Estado a 2%, ingresó a principios de septiembre a la Cámara de Diputados, a través de la comisión de Educación, encabezada por María José Hoffmann (UDI). La iniciativa entró con suma urgencia, justo cuando La Moneda intentaba sentarse a conversar con los estudiantes.
Para no entorpecer el eventual diálogo -que en ese minuto se veía posible-, el Ejecutivo cambió el carácter perentorio de la urgencia y lo rebajó a “simple”, lo cual desaceleró la tramitación de la propuesta.
Hoffmann admitió que dicho escenario impactó “de todas maneras” en la marcha del proyecto, que, hasta ahora, ha sido tratado en cuatro sesiones de la comisión.
Diputada apunta a solidaridad de la Confech
“La Confech se opone a aprobar este proyecto por el tema de la banca (el CAE es otorgado por instituciones financieras). Tengo una diferencia con ellos, porque siento que están defendiendo sus intereses legítimos, pero también tenemos que velar por otros actores del sistema, no sólo los estudiantes de las universidades tradicionales. Ahí falta un poco de solidaridad”, reclamó la diputada.
Al interior de la comisión, el proyecto ha despertado críticas entre los parlamentarios opositores. “Es un mal proyecto, porque mantiene un sistema que ha resultado intolerable y que ha generado endeudamiento muy alto en las familias. Y mantiene un alto pago por parte de los estudiantes”, sostuvo el diputado Rodrigo González (PPD).
Como el proyecto de reprogramación que está en el Senado, la iniciativa que rebaja los intereses del CAE podría ser votada en la sala de la Cámara a principios de noviembre.