Agradezco al colega Guillermo Londoño Restrepo de la Universidad de Antioquia el haberme facilitado los textos del Proyecto y al colega Daniel Mera, que escribe en Semana.com, haberme llamado la atención a los otros dos textos que se presentan más abajo.
Texto del Proyecto de Ley POR LA CUAL SE ORGANIZA EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y SE REGULA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: Bajar aquí 348 KB
Exposición de otivos del Proyecto de Ley. Bajar aquí 349 KB
Editorial: Los defensores del statu quo
Por: REDACCIÓN ELTIEMPO.COM | 6:59 p.m. | 11 de Octubre del 2011
En esta ocasión, más que promotores de cambio, los estudiantes son defensores de un statu quo.
Estudiantes de más de una treintena de universidades públicas y privadas convocaron para hoy a una jornada en contra del proyecto de reforma de la ley de educación superior. Tales organizaciones afirman que el paro nacional será indefinido hasta que el Gobierno retire la iniciativa que radicó en el Congreso de la República.
Desde su presentación a la comunidad académica en marzo pasado, la propuesta ha despertado duras críticas de rectores, profesores y alumnos. El Ministerio de Educación cedió en uno de los puntos centrales del texto: la introducción de la inversión privada, con ánimo de lucro, en los centros de estudio.
A pesar de la concesión gubernamental, las asociaciones estudiantiles continúan presionando el hundimiento del proyecto de ley. Este, que recibió el respaldo de la Mesa de la Unidad Nacional, no solo merece ser debatido, sino que cuenta con un paquete de propuestas realistas.
La mejoría de la cobertura en educación secundaria ha generado un aumento del número de estudiantes que buscan cupos en las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias. Mientras en el 2002 se graduaron 414.000 bachilleres, el año pasado lo hicieron 625.000. En los últimos 8 años se calcula en 3,2 millones el número de jóvenes de entre 17 y 27 años que no consiguieron cupo o que tuvieron que abandonar sus estudios.
A dicha situación se suma una tasa de deserción del 45 por ciento, muy parecida entre instituciones públicas y privadas. Por los lados de la oferta, el 63 por ciento de los programas y universidades se concentra en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Atlántico.
Los recursos estatales tampoco se reparten tan equitativamente: el 48 por ciento se destina a tres universidades públicas, mientras que el 52 por ciento, a las 29 restantes. Aunque los centros educativos en paro y en asamblea permanente están distribuidos en todo el territorio nacional, no se puede decir lo mismo de los cupos disponibles ni de los pesos que hay que repartir.
Tal panorama sustenta el énfasis de la propuesta gubernamental sobre un aumento de cobertura del actual 37 por ciento a 50 por ciento en el 2014 y a 64 por ciento en el 2022. Para financiar la generación de esos 600.000 cupos adicionales y otros objetivos, la reforma contempla fondos por 11,1 billones de pesos para la próxima década y fuentes como las regalías para incentivar la investigación. El desafío de la administración Santos está en la simultaneidad de la cobertura y de la vigilancia para mantener la calidad.
Otra bandera que se agita contra la reforma está en el aumento de los créditos. Los hoy matriculados prefieren que esos dineros engrosen los presupuestos y las burocracias universitarias a que los jóvenes decidan dónde y qué estudiar. La posibilidad de reducir la deuda con méritos académicos es un estímulo acertado para el esfuerzo de los alumnos de bajos recursos. El costoso sueño de una educación gratuita, para todos y sin exigencias, no debería hundir la factible realidad de una combinación de apoyos financieros, préstamos y estímulos por rendimiento.
El rechazo de los jóvenes a los convenios entre universidades públicas y sector privado es más ideológico que práctico. La autonomía de esos entes no se verá afectada porque trabajen mano a mano con las empresas. Así mismo, que el Gobierno use indicadores de gestión para asignar fondos ayuda a una distribución acorde con el desempeño.
Pero poco de eso se ha entendido. En esta ocasión, más que promotores de cambio, los estudiantes son defensores de un statu quo, inequitativo con quienes están por fuera del sistema y con las regiones más pobres del país.

Reclamo redistributivo de los estudiantes merece mejor respuesta del Gobierno
por Bloguero Oficial danielmera el 10-10-2011 10:26 AM
El gobierno necesita cambiar su respuesta para los estudiantes universitarios. “Ya quitamos el ánimo de lucro”, sigue repitiendo.
Y resulta que los estudiantes ya no están enfocados en la privatización, sino en la equidad social. “No queremos estudiar cinco años y durar quince pagando”.
Esto quiere decir que los créditos del Icetex a tasas de interés cero les parecen una respuesta insatisfactoria. Quieren más cupos en instituciones públicas para estudiar sin quedar endeudados.
En otras palabras, quieren tomar para sí y sus familias todos los rendimientos futuros de su educación superior como mayor garantía de su movilidad social.
La lógica fiscal del Gobierno es: devuelvan lo que invertimos en ustedes, al menos en términos nominales, para poder ayudarles a los demás bachilleres que vienen.
Los estudiantes no han refinado su argumento todavía. “El pueblo paga impuestos y los gastan mal”, más o menos (o se los roban).
Pero la gente formada de este gobierno tecnocrático no tendrá dificultad para ver hacia dónde va la preocupación estudiantil. “Recauden más impuestos para atacar la desigualdad de activos e ingresos y gasten en nosotros”.
Un reclamo redistributivo serio. Política de la que vale la pena. Eso merece mejores respuestas del gobierno. Y a todas estas, ¿no hay un partido que entienda el punto? Lucho Garzón claramente no. La Unidad Nacional está atrofiando las entendederas de algunos.
“Un subsidio semestral de $ 630.000 para sostenimiento”. Se nota que en el Ministerio no han estudiado bien este problema.
Primero, el giro semestral no sirve; debe ser mensual, dividiendo la suma que sea. Segundo, ¿cuál es el estudio que dice que $ 630.000 es el monto correcto? Que hablen con los admitidos de programas especiales de la Nacional.
Tercero, ¿de dónde sale que este subsidio sustituye un sistema de bienestar universitario?
Frenar la deserción requiere bastante bienestar por el lado de la oferta, y ojo, metiéndole esquemas de mercado, que no les gustan a los líderes estudiantiles más ideologizados.
Copiarse el reclamo chileno de gratuidad no es buena idea, porque es mejor el principio aplicado en Colombia de “paga lo que puede de matrícula”.
La mayoría no puede pagar mucho, no quiere endeudarse y necesita bienestar para cursar sus estudios. Y millones de jóvenes, por fuera del sistema, están en peores condiciones.
La cuestión se llama “desigualdad”. Y lo que están planteando -en el fondo- los estudiantes es un reto sobre cómo y cuándo nuestra sociedad alcanzará ciertos niveles de igualdad.
El presidente Santos les pidió argumentos a los estudiantes. Ciertamente, suelen tener más razón en sus preocupaciones que en sus argumentos, pero el gobierno tampoco ha tenido una argumentación “de lujo”, según el nuevo modismo.