Tomas de posición más recientes de CONFECH y estudiantes secundarios en torno a mesa de diálogo proipuesta por el Congreso Nacional; declaraciones del Presidente del Senado, del Senador Espina, entrevista al alcalde Zalaquett, columnas de Peña y de Brunner, opinión editorial de El Mercurio.
En asamblea en Universidad de Concepción quedó fijado calendario de movilizaciones hasta fines de mes: Confech rechaza mesa de diálogo en Congreso y posterga definición respecto de plebiscito
Universitarios justifican decisión, señalando que Ejecutivo no responde sus “demandas fundamentales”. En tanto, los secundarios sí se abrieron a la instancia, aunque con reparos.
Equipo de Regiones, El Mercurio, 14 de agosto de 2011
“Gratuidad y fin al lucro hasta el final, ¿te queda claro, Confech?”, decía un lienzo que se instaló junto a una barricada poco antes del mediodía afuera de la Universidad de Concepción.
Rápidamente, la barricada fue retirada sin incidentes, mientras ingresaban a la casa de estudios los dirigentes universitarios que iniciaron una nueva asamblea en la cual rechazaron la invitación del Congreso a una mesa de diálogo.
La reunión se realizó en un auditorio de la Facultad de Educación y en ella se decidió además postergar la definición en bloque sobre un plebiscito, para que la idea se discuta primero en cada plantel, aunque algunos ya la han ratificado. Sí se confirmó que continúen las movilizaciones, lo que según una encuesta de “El Mercurio Opina” es apoyado por el 40,1% de la gente (ver Cuerpo D).
Los acuerdos no estuvieron exentos de discusión. La mayor se generó entre quienes se abrían al diálogo con el Parlamento como una alternativa (la U. de Santiago y la Católica de Chile) y el resto, que insistía en primero lograr un nuevo pronunciamiento del Ejecutivo a sus demandas. Tras cinco horas de debate, esta última posición fue la que primó.
Así, a las 19 horas, la presidenta de la FECh, Camila Vallejo, salió a explicar el porqué del rechazo. “Necesitamos que haya un pronunciamiento claro (del Ejecutivo), que se diga que se va a avanzar hacia el término del lucro, que se van a democratizar las instituciones, desmunicipalizar sin privatizar y avanzar progresivamente en la educación terciaria”, dijo.
Agregó que sólo cuando se obtenga respuesta a estas “demandas fundamentales” se volverá a analizar la instancia tripartita. En seguida, reiteró el llamado al paro nacional del jueves y afirmó que las tomas se mantienen.
Tras esto, Vallejo volvió rápido a la reunión que concluyó a las 21 horas y que fijó el calendario de movilizaciones hasta fin de mes.
Respecto al plebiscito, Guillermo Petersen, presidente de la federación de la U. de Concepción, planteó que ayer se estimó que la herramienta “no es la salida política ahora para el movimiento, sí una plataforma a largo plazo”.
Los secundarios
Horas antes, en Copiapó terminaba la reunión de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, quienes sí se abrieron a integrar la mesa. Sin embargo, esto lo harán bajo algunas condiciones, como “que esta instancia sea integrada por todos los actores sociales, que sea de carácter resolutiva y que no nos pidan deponer las tomas”, explicó Rodrigo Rivera, vocero de la zona norte.
”Las sillas del Congreso seguirán estando disponibles. Espero que no se excluyan de un diálogo que les daría mayor sustentabilidad a las aprobaciones que el Congreso vaya a realizar.
PATRICIO MELERO
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
”Hicimos una propuesta sin condiciones, no supeditada a terminar con los paros ni las movilizaciones, y con agenda abierta. Esto lo seguiremos manteniendo y damos garantías de que la agenda no será unilateral. Esperamos que se sumen”.
GUIDO GIRARDI
PRESIDENTE DEL SENADO
Vetan a dirigente de U. de Talca que pidió mediación de monseñor Ezzati
Cuando ingresaba a la U. de Concepción para participar de la asamblea estudiantil, el presidente de la Federación de Estudiantes de la U. de Talca, Javier Fano, supo que no podría ingresar a la asamblea de la Confech.
Según acusó, la razón fue la solicitud que hizo el martes ante el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, para que mediara en el conflicto. “Hoy día el movimiento está en una radicalización tan fuerte que cualquier persona que piense distinto es sinónimo de rechazo y de decir ‘este tipo no nos sirve'”, expresó Fano.
Acotó que “los dirigentes caen en una irresponsabilidad tremenda, porque hemos iniciado un gran incendio y hoy no sabemos cómo apagarlo. Aquí estamos exigiendo una reforma educacional y no una destrucción social”.
Pese a su crítica, dijo que “el Gobierno ha sido incapaz de dar una respuesta clara y concisa”, pero enfatizó que si se va a perder el año, que se haga a través del diálogo “y no atrincherados”. Por ello, está dispuesto a conversar con todos los actores que deseen aportar al tema.
El vocero del pleno de presidentes de la U. de Talca, Pablo Medina, explicó que el veto a Fano fue a solicitud de ellos y no de la Confech en pleno, pues sienten que él no los representa.
Mientras, en Santiago, monseñor Ezzati aclaró que “la invitación es a dialogar no con la Iglesia, sino que entre los actores. Nunca he llamado a que vengan a dialogar conmigo. Lo que he pedido es que en este momento el diálogo sea el camino a la solución de los problemas”.
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Secundarios no descartan aceptar propuesta de diálogo del Parlamento
Pese al rechazo de la Confech, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios continúa analizando la invitación del congreso. “Nosotros somos autónomo para decidir nuestras cosas”, señalaron.
por La Tercera y Agencias – 14/08/2011 – 09:59
Cerca de las 16:00 horas de hoy se espera que los estudiantes secundarios entreguen las conclusiones finales del encuentro que los dirigentes de todo el país han llevado a cabo en el Liceo El Palomar de Copiapó, en la Región de Atacama.
Durante el desarrollo del encuentro, la posibilidad de sentarse a conversar con el Parlamento comenzó a tomar fuerza, y finalizado el encuentro, los alumnos manifestaron su satisfacción por el hecho de que los legisladores acogieran sus inquietudes y los llamaran a dialogar.
“Hay una gran mayoría que se quiere sentar a conversar con el Congreso, pero todavía no tenemos una postura oficial, porque estamos afinando detalles, como lo que vamos a exigir para poder sentarnos. Pero en general, lo más probable es que se apruebe”, manifestó el vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, Fredy Fuentes.
La decisión de la Confech de rechazar la oferta del Parlamento no afectará la decisión que adopten los secundarios, aseguró Fuentes. “Nosotros somos autónomo para decidir nuestras cosas. No porque un estamento haya decido eso nosotros podamos cambiar. Pero obviamente tenemos que consensuar con quienes hemos estado trabajando juntos desde hace tiempo”, explicando que la decisión de los universitarios se conoció cuando la asamblea había terminado.
En la cita también se reiteró el rechazo a la propuesta de mediación de la Iglesia Católica que surgió a propósito de una gestión del presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Talca, Javier Fano, que ayer acusó que se le impidió el acceso a la reunión de la Confech.
“Nosotros en este momento no necesitamos mediadores, la idea es que se pueda legislar y se pueda llegar a soluciones concretas en función de nuestras demandas. Nosotros hemos valorado todo el apoyo que hemos tenido desde distintos sectores de la sociedad, pero no creemos necesario que haya una mediación por parte de la Iglesia Católica en el conflicto de la educación”, dijo el vocero Rodrigo Rivera.
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Girardi busca dar garantías a estudiantes y alista reforma por plebiscito
Iniciativa -demandada por dirigentes universitarios- será ingresada esta semana.
por M.D. y A.T., La Tercera, 14 de agosto de 2011
Una reforma constitucional para institucionalizar la figura del plebiscito como herramienta para dirimir grandes debates en el país ingresará esta semana el senador PPD Guido Girardi.
La iniciativa -que es respaldada por otros parlamentarios de la Concertación, entre ellos el DC Jorge Pizarro- busca dar garantías al movimiento estudiantil de que el Congreso estará disponible para asumir sus demandas en la mesa de trabajo que el Senado, junto con la Cámara de Diputados, les propuso el jueves para consensuar una salida al conflicto.
La idea de zanjar el alcance de las reformas a la educación por medio de un referéndum se ha instalado como una de las principales exigencias de los estudiantes luego de manifestarse insatisfechos con el último ofrecimiento del gobierno.
Girardi ha sondeado la postura y el ánimo de los estudiantes a integrar una eventual mesa de negociación con dirigentes secundarios, universitarios y del Magisterio. En estos contactos también han participado el vicepresidente del Senado, Juan Pablo Letelier (PS), el presidente de la comisión de educación del Senado, Jaime Quintana (PPD), y el diputado PS Carlos Montes.
Sin embargo, la idea de la oposición es que la consagración del plebiscito como instrumento no se circunscriba al ámbito educacional.
De acuerdo con la moción que ingresará el senador PPD, se incorporaría un nuevo capítulo a la Constitución que establezca la necesidad de recurrir a un plebiscito para el pronunciamiento ciudadano sobre reformas institucionales de gran relevancia nacional; grandes inversiones del Estado y proyectos industriales de significativos impactos sociales y ambientales.
Por lo mismo, Girardi también busca incorporar al debate a movimientos como Patagonia Sin Represas. En este marco, la reforma -que necesita para su aprobación dos tercios del Senado-, podría contar con el respaldo de independientes y del RN Antonio Horvath.
El proyecto también establece referéndum para decidir la declaratoria de estados de excepción constitucional o de guerra y en otras materias que causen conmoción nacional. Según la iniciativa, la petición para convocar a un plebiscito se podrá efectuar a instancias del Parlamento y de la ciudadanía, estableciendo un mínimo de requisitos y formalidades. Sin embargo, la decisión final recaerá en el Presidente de la República.
La ofensiva de Girardi por institucionalizar el plebiscito se suma a otras iniciativas similares impulsadas por la oposición en la Cámara, y que cuentan con el apoyo de algunos RN, como la diputada Karla Rubilar.
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El senador Alberto Espina (RN) analiza la crisis educacional y formula propuestas:
“Cada vez que se constituye una mesa de diálogo paralela al Congreso, fracasa”

Justifica los cacerolazos, dice que hay que abordar el tema del lucro y llama al Gobierno a “dar señales claras” en ese sentido.
Margaret Valenzuela, El Mercurio 14 de agosto de 2011
Según el senador Alberto Espina (RN), el Gobierno ha enfrentado la crisis educacional con una actitud más bien a la “defensiva”. “Noto que la complejidad del cuadro político lo ha hecho más bien atrincherarse en vez de salir a defender sus principios. El Gobierno debe aterrizar más la discusión y ponerle el acelerador a fondo al envío de los proyectos al Congreso”.
-¿En qué nota esa “actitud a la defensiva”?
“Cuando el Gobierno habla de reformas políticas en plena discusión del tema de la educación, y cuando se proponen medidas para reprimir a encapuchados que cometen actos de violencia. Es una medida acertada, pero creo que le falta centrar el foco en el tema de fondo que es resolver hoy el tema educacional. Si no se acotan las medidas que anunció el ministro de Educación, que son todas positivas, las posibilidades de lograr un consenso con los estudiantes van a ser más difíciles”.
-¿A qué se refiere con “centrar el foco”?
“Primero, que aquí no hay que eludir más el tema del lucro, que tiene en su origen en que existe en Chile la percepción generalizada de que a través de fórmulas indirectas, sociedades inmobiliarias y sociedades espejo, se lucró indebidamente en las universidades cuyos dueños ganaron miles de millones de pesos. Y eso el Gobierno debe contrarrestarlo de inmediato con el envío al Congreso del proyecto de ley que crea la Superintendecia de Educación Superior: para que investigue si hay delitos de elusión, y si hay irregularidades las sancione, porque el silencio en esa materia genera indignación en la gente. Sobre todo cuando la ley expresamente prohíbe el lucro. Parece incomprensible que aún no envíe ese proyecto”.
-¿Nota un poco lenta la reacción del Gobierno?
“Es que cuando tú ves que en Chile hay un millón de estudiantes, de los cuales sólo 135 mil reciben becas del Estado; a los cuales supuestamente les pagan los estudios completos, lo que es mentira porque no es así; cuando ves que hay 865 mil alumnos que se las arreglan solos y tienen que recurrir a créditos impagables, y te das cuenta de que los dueños de las universidades se han ganado fortunas, entonces la sensación de impotencia, injusticia e inequidad es muy grande. No hay nada peor que la gente se sienta burlada. Por eso ¡el Gobierno debe tomar a la brevedad el toro por las astas!”.
-¿Teme que La Moneda no esté leyendo bien el mensaje?
“Un gobierno tiene que tener la lucidez para visualizar que detrás de este movimiento hay un problema de verdad, que es la enorme injusticia del sistema educacional superior, y yo espero que lea bien lo que significan los cacerolazos: ésta es una protesta de la clase media y de las familias de origen más modesto, que no tienen posibilidades de financiar la universidad. Entonces, su mínimo derecho es protestar y tienen toda la razón porque el sistema de agotó. Para las familias se ha transformado en un verdadero infierno financiar los estudios”.
-¿Y cómo cree que se debe tocar el tema del lucro?
“Lo que yo digo es que abordemos el tema del lucro sin complejos, y el Gobierno tiene que dar señales claras, porque no basta la comisión investigadora de la Cámara. En el caso de las universidades privadas, sólo 1.500 estudiantes -de un total de 333 mil- reciben becas, y yo sustituiría el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) por más becas. En el caso de los centros de formación técnica e institutos profesionales, aumentaría a un 60% el número de becas y su monto. Éste hoy es de 500 mil pesos anuales por alumno para carreras que valen cerca de 3 millones. ¡La plata no les alcanza, y eso es lo que ha generado este descontento!”.
-¿Qué le parece el proyecto de ley que prohíbe el lucro?
“En el caso de la educación secundaria, existen 3 mil establecimientos particulares subvencionados con fines de lucro que atienden a un millón de alumnos. Entonces, cuando se presenta un proyecto de ley que pretende prohibir el lucro es una tremenda irresponsabilidad. Yo sí congelaría la creación de nuevos establecimientos de este tipo mientras no se investigue su calidad porque hay algunos muy buenos y otros que son un desastre. Y respecto del financiamiento compartido, lo correcto es que a medida que aumenta la subvención del Estado se acaba el financiamiento compartido. Aquí también el Gobierno tiene que bajar las cartas de una vez por todas, así como también en el tema de la municipalización”.
-¿Por qué?
“Porque esto que señala el Gobierno, de que hay diversas fórmulas, es como no decir nada. La municipalización no resultó, por lo tanto, hay que establecer un mecanismo que permita a nivel de la región y las comunas crear corporaciones de derecho público, y también hay que acelerar ese proyecto”.
-¿Le molestó que la senadora de su partido, Lily Pérez, haya apoyado el proyecto que prohíbe el lucro?
“Lo razonable es que este tema lo hubiéramos discutido, pero ella actúo en forma unilateral. Aquí lo que tenemos que hacer es exigir calidad, y que aquellos que tienen fines de lucro no reciban platas del Estado, salvo para becas que vayan directamente al bolsillo del alumno y no de los dueños de esos establecimientos”.
-Y si es el Congreso el que debe canalizar esta demanda ciudadana, ¿cómo ve el llamado a constituir una mesa de diálogo?
“Mi experiencia en 20 años me dice que cada vez que se constituye una mesa de diálogo, paralela al Congreso, fracasa. Lo que debiera hacer el Gobierno es enviar los proyectos, porque generar instancias paralelas lo único que hace es dilatar la solución”.
”Cuando te das cuenta de que los dueños de universidades se han ganado fortunas, la sensación de impotencia, injusticia e inequidad en la gente es muy grande. No hay nada peor que la gente se sienta burlada”.
”Tienen toda la razón para protestar, porque el sistema se agotó. Para las familias se ha transformado en un verdadero infierno financiar los estudios”.
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Alcalde de Santiago: Pablo Zalaquett: “El gobierno puede mejorar su propuesta para acelerar el fin del conflicto estudiantil”
Con una visión crítica frente al manejo del gobierno, el edil cuenta sus discrepancias con La Moneda y apuesta porque el Congreso perfeccione la propuesta
por Lorena Ferraro, La Tercera, 14 de agosto de 2011
Un promedio de cuatro horas viene durmiendo en las últimas semanas el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett (UDI). Con 16 liceos y 22 mil alumnos en paro en su comuna, ha sido uno de los actores más visibles en el extenso conflicto de la educación.
Aunque ha respaldado fuertemente al gobierno, el edil también tiene un diagnóstico crítico. Tanto sobre la propuesta de reformas que presentó La Moneda, como de la manera en que el gobierno ha manejado hasta ahora el escenario. Y expresa su temor de que la tensión se extienda y llegue al 11 de septiembre, donde -señala- podría ser necesario que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de resguardar la seguridad.
¿Qué probabilidades ve de que se solucione próximamente el conflicto estudiantil?
No lo veo tan fácil. Las posiciones se han radicalizado en temas como el lucro. Ahora, el gobierno debiera hacer un esfuerzo mayor. Pienso que puede mejorar su propuesta para dar una señal y acelerar el proceso.
¿Qué debe mejorar?
Mejorar la oferta “económica” de accesibilidad a la Educación Superior. Bajar aún más los intereses al crédito con aval del Estado, lo más cercano a 0%. Se puede hacer gradualmente. Sobre los colegios particulares subvencionados, el gobierno debe mantener su línea de que puede haber educación mixta, pero con una propuesta más audaz: fiscalización más fuerte, cerrar a la brevedad -de aquí a fin de año- los que no entregan educación de calidad.
¿Un cierre masivo de colegios?
No, esos colegios no serían muchos. Y tercero, algo que muchos en mi sector no van a compartir, dar una señal de que en un sistema mixto igual privilegias la educación pública. Por ejemplo, pasar de $ 40 mil a $ 60 mil en la subvención. Y en becas, si estamos ofreciendo al 40% más vulnerable y los estudiantes piden al 80%, ponernos una meta de aquí a cuatro años de llegar al 60%.
¿Cree que el gobierno estaría abierto a estos cambios?
Va a ser parte de la discusión parlamentaria. Es ideal que haya un margen en el Congreso para operar. Ahora, difiero con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que es mi amigo. No hay que cerrarse a una reforma tributaria a las empresas y ojalá bajar a las personas. Le pondría nombre: Reforma Tributaria para la Calidad de la Educación, y la implementaría el próximo año. No diré cifras, no voy a dar clases al equipo. Pero la reforma tiene dos señales: hacer crecer y darle permanencia al tema de la educación, para que avancemos hacia un plan a 20 años.
Más allá de las propuestas, uno de los nudos es la falta de diálogo con los estudiantes…
Lo que yo haría sería una reunión con todos los actores sociales, dirigentes, profesores, apoderados y alcaldes. Le he dicho al ministro de Educación, Felipe Bulnes, que no es bueno que a los sostenedores, a los alcaldes, se nos llame sólo para colocar lucas o salvar el año. Y cuando hay que negociar, nos dejan bajo la mesa.
El conflicto se ha arrastrado por más de dos meses. ¿Cree que el gobierno ha tenido una lectura adecuada?
De hace un tiempo a la fecha, sí. Pero al principio no leyeron que esto era algo mayor al pingüinazo de 2006. Yo lo dije desde el principio y no me sentí “pescado”. El gobierno pasaba por un momento complejo, producto de otro motivo de división.
¿El proyecto de uniones de hecho?
Sí, el Acuerdo de Vida en Común. Ante el inicio del conflicto estudiantil, faltó meterle más cabeza. Le planteé a Lavín que esto venía con fuerza cuando tenía dos colegios tomados en Santiago. Estaba tomado el Carmela Carvajal en Providencia, donde el alcalde Cristian Labbé desalojaba. Yo me junte con todos mis directores, centros de alumnos. Los directores me pidieron que planteara al Presidente Piñera que no desalojáramos porque íbamos a radicalizar. Lavín concordó conmigo.
¿Qué le dijo el Presidente? ¿Le pidió que desalojara?
O sea, sí, me preguntó por qué no desalojaba, y yo ahí le expliqué. Sentí que ellos no comprendían mi criterio y que sintieron que a Zalaquett le faltaban los pantalones de Labbé.
¿Hubo un mal diagnóstico de La Moneda, entonces?
Un segundo error fue haberse demorado en sentarse a conversar con todos los actores, pese a las tomas. Todos somos generales después de la guerra, pero pienso que se podría haber llamado a los padres, alumnos, apoderados, a conversar. Ellos lo tomaron como que no le dábamos importancia a sus demandas.
Uno de los puntos de inflexión fue la prohibición de marchar por la Alameda el 4 de agosto. Se dijo que eso dio un nuevo impulso a las marchas.
A los jóvenes no les gustó y lo entiendo. Pero también todo esto ha sido azuzado por alguien que considero nefasto en este proceso: el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo. Es quien menos ha hecho por la educación. Es una persona que no merece el respeto de nadie.
¿Fue una decisión acertada prohibir la marcha por la Alameda?
Está comprobado que cuando marchan por la Alameda un fin de semana o festivo, como podría ser el lunes 15, generalmente no ocurre nada. Pero si va ser un día de semana, donde está la congestión vehicular, los comerciantes tienen que cerrar; está comprobado que hay daños, entonces ahí no en la Alameda.
¿Qué le pareció la actitud de Carabineros, en especial en la última marcha?
Por las acusaciones de represión, Carabineros ha optado por ir en las marchas lo más lejos posible para que no los acusen de estar incitando. Pero eso tiene un riesgo: si se exaltan en un minuto, la capacidad de reacción es más tardía.
¿Le parece que es la mejor estrategia?
Con humildad, he cambiado de posición. Era partidario de que Carabineros fuese un poco mas lejano para que no hubiesen argumentos con el tema de la represión. Pero a la luz de la última marcha, prefiero que vayan más cerca y reaccionen más rápido. Total, llegué a la conclusión de que van a criticar siempre.
Hay temor en el gobierno de que el conflicto se extienda hasta el 11 de septiembre…
Si esto no para antes del 11, y tiendo a creer que no va a parar, va a ser muy duro. Quien tiene que medir esto es el Ministerio del Interior y los organismos especializados. Si ven que este cuento está a un nivel de alto riesgo, muy sencillo, tendrán que ver si con las fuerzas policiales alcanza. Si no, tendrán que pedir ayuda a las Fuerzas Armadas. A mí no me gusta eso. Pero menos me gusta que tengamos que lamentar muertos o heridos. Aquí cero ideología. Pinochet es el pasado, hay que mirar para adelante y para eso hay que asegurar a la gente su vida tranquila.
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El nudo del conflicto educacional
El Mercurio, opinión editoprial, 14 de agosto de 2011
El aumento de la oferta ha elevado las posibilidades de acceso a la educación superior. Eso es anhelado, porque en Chile los graduados de aquélla obtienen ingresos muy superiores a los de quienes sólo tienen educación media, según lo muestran encuestas como la Casen: si se gradúan en la universidad, el promedio es casi cuatro veces mayor; si en un instituto profesional, es poco más del doble, y si en un centro de formación técnica, es 70 por ciento más.
Por cierto, estos promedios esconden diferencias importantes, que pueden ser fuente de frustración para algunos jóvenes. Pero aun así, si se eligen con cuidado los estudios superiores, las proyecciones suelen ser auspiciosas. Indudablemente, algunos desertan, y si bien en tal caso las comparaciones siguen siendo favorables, las diferencias de ingreso respecto de los graduados de educación media son más acotadas.
No cabe ignorar que el acceso a la educación superior puede ir acompañado de una carga financiera alta. Las becas están restringidas a estudiantes del 40 por ciento más pobre, con 550 puntos o más, siempre que accedan a universidades del Consejo de Rectores. Si van a una universidad privada, el puntaje exigido es 640 puntos o más. Esta distinción es innecesaria (los montos a financiar son, además, diferentes). Entre los estudiantes que rinden la PSU, del 40 por ciento más pobre aproximadamente el 13 por ciento obtiene el puntaje requerido para acceder a esta beca. Es una proporción pequeña. Y en este diseño llama la atención que los jóvenes que superan el umbral socioeconómico fijado, aunque sea por poco, no reciban siquiera una beca parcial. Algo similar ocurre respecto de un estudiante del 40 por ciento más pobre que obtiene unos pocos puntos menos que 550.
En este escenario, gran número de jóvenes tiene que financiar la universidad con recursos propios o con crédito -en ambos casos son montos elevados, porque los aranceles lo son-. Existen el crédito solidario y el crédito con aval del Estado (CAE). Este último tiene el doble de beneficiarios (casi 200 mil) y es mucho más oneroso que el primero. El solidario tiene una tasa de interés que es un tercio de la del CAE, y se paga como máximo el cinco por ciento del ingreso; además, se extingue definitivamente después de un máximo de 12 o 15 años. En cambio, el CAE puede durar hasta 20 años, y la cuota no depende del ingreso.
En este cuadro, para muchas familias y jóvenes el acceso puede ser una fuente de frustración, por las demandas financieras que se deben enfrentar. Además, el sistema de financiamiento es muy inequitativo. Abordar esta corrección necesaria debería ser prioritario para el Gobierno, porque, más allá de las nebulosas ideológicas y otros factores que están rodeando el conflicto educacional, aquí parece estar el nudo efectivo del mismo, y corresponde a una preocupación ciudadana real y fundada.
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La Iglesia y el conflicto educacional
Carlos-Peña, columna de opinión, El Mercurio, 14v de agosto de 2011
Lo más pintoresco de esta semana fue el ofrecimiento de la Iglesia Católica para mediar en el conflicto estudiantil. La Iglesia está dispuesta -dijo el vocero de la Conferencia Episcopal- “siempre y cuando los jóvenes hagan un llamado formal”. Ricardo Ezzati -arzobispo de Santiago- confirmó luego esa oferta.
Insólito.
Un mediador es, por definición, quien carece de intereses en el conflicto que trata de resolver. Al no tener nublada la vista por sus propios intereses, el mediador aleja el peligro de la parcialidad y, así, puede ayudar a las partes en conflicto a ponderar las razones del otro y, poco a poco, alcanzar un acuerdo.
¿Satisface ese criterio general la Iglesia Católica? ¿Está ella en una condición de imparcialidad en materia educacional?
Desgraciadamente no.
La Iglesia cuenta con el 71 por ciento de las escuelas sin fines de lucro; diez de las sesenta universidades son explícitamente católicas (seis de ellas perciben subsidios públicos directos); y está bajo su control uno de los Institutos Profesionales con mayor matrícula del sistema.
En otras palabras, la Iglesia Católica es, de todos los proveedores no estatales de educación, el más importante. Cualquier empresario de la educación empalidece frente a ella. Su presencia alcanza al sector particular subvencionado, al sector particular pagado, a las universidades del Consejo de Rectores, a las universidades privadas creadas luego del año 1981, a la formación técnico profesional. Se trata, en su conjunto, de un poderoso aparato de influencia cultural financiado con cargo a impuestos. Algo que no ocurre con otras confesiones religiosas o sistemas ideológicos.
¿Cómo entonces la Iglesia podría mediar en el conflicto educativo?
Consentir algo así sería llevar el conflicto de intereses a la peor de sus versiones: a la de ser juez y parte. Equivaldría a que un banco mediara en un conflicto entre las instituciones financieras y los reguladores estatales, o que una universidad privada pretendiera erigirse en un tercero imparcial a la hora de decidir si ha de darse o no un trato preferente a las universidades estatales.
No hay duda: la Iglesia no debe mediar en este conflicto.
Si lo hiciera, la Iglesia Católica se situaría a sí misma más allá del bien y del mal, por encima de los conflictos de intereses de la sociedad, como si ella y sus integrantes fueran capaces de trascender esos intereses y no estuvieran, en cambio, como ocurre en educación, contaminados directamente por ellos.
Pero si esa pretensión de los obispos dota a la Iglesia Católica de una posición que no le corresponde, al mismo tiempo degrada a los representantes del pueblo y al foro público por excelencia, el Congreso Nacional, a la condición de simples espectadores o auxiliares del diálogo. En una palabra, daña a la democracia. ¿Se ha pensado a qué se reduce el gobierno y las instituciones representativas cuando se sugiere enfrentar la movilización social con mediadores, como si los representantes democráticamente electos o el Ejecutivo fueran incapaces? ¿Acaso en una democracia no es a los representantes del pueblo a quienes corresponde deliberar acerca del futuro de la vida que tenemos en común?
Es razonable, por supuesto, que se llame a las iglesias -así, en plural- cuando se trata de dirimir conflictos en los que se entrelazan culpas morales de largo alcance. En esos casos las instituciones meramente civiles no cuentan con argumentos y es imprescindible echar mano a las creencias últimas que orientan la vida de los involucrados. Fue el caso de la mesa de diálogo por las violaciones de los derechos humanos.
Pero que la Iglesia se ofrezca para mediar en conflictos puramente seculares donde están en juego los intereses de grupos (incluidos los suyos) no tiene ninguna justificación.
Ninguna.
Sería como creer que la democracia chilena está hoy obligada a elegir entre la calle y la Iglesia.
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¿Tormenta perfecta?
José Joaquín Brunner, columna de opinión, El Mercurior, Domingo 14 de Agosto de 2011
Un fenómeno meteorológico poco habitual, que crece con rapidez extraordinaria y levanta la furia del viento y el mar. Un encuentro de diferentes masas de aire desarrolla una profunda borrasca en un período muy corto, a veces, con efectos devastadores.
Se ha vuelto una metáfora también para caracterizar ciertos fenómenos político-sociales en los cuales una interacción negativa entre los elementos participantes genera una espiral de consecuencias dañinas entrelazadas. Tal como sucede con el conflicto educacional.
Una masa estudiantil se toma las calles y pantallas de televisión enfrentando a un gobierno que, hasta aquí, aparece sin una estrategia de acción. Toda manifestación de protesta se convierte al instante en un impacto de opinión a través de los medios de comunicación y las redes sociales.
Por el contrario, el Presidente y sus ministros se hallan incomunicados, se perciben aislados y acosados, y reaccionan con lentitud burocrática.
La violencia que acompaña a las protestas, al no ser imputable directamente a los jóvenes, termina perjudicando a los responsables de la seguridad ciudadana y difunde una imagen que debilita a la autoridad. En cambio, el clima de opinión favorece las demandas ideales del movimiento social -más y mejor educación para todos sin costo para nadie-, creándose así un ambiente de fuga hacia adelante donde cualquier reivindicación, por exagerada que sea, parece al alcance de la mano.
El oportunismo de los adultos, que callan o ceden por temor a ser confrontados por sus hijos, contribuye a expandir este entorno irreal, donde todo parece posible. De hecho, a esta altura resulta difícil recordar exactamente cuál fue el origen del conflicto -¿acaso no fueron las facilidades para el uso del pase escolar?- y qué asuntos forman parte de la controversia.
Los dirigentes del movimiento exigen cambios estructurales, nuevo modelo, educación de calidad garantizada constitucionalmente y financiada por el Estado con una reforma tributaria. Mediante un perentorio ultimátum llaman al Gobierno a suscribir estos términos, al mismo tiempo que anuncian su deseo de imponerlos a través de un plebiscito por fuera del Parlamento y la ley, proclamando la bancarrota de la clase política y una crisis de la representatividad democrática.
Son palabras cargadas de consecuencias si uno las toma en serio. Y así debiéramos hacer, pues estos jóvenes, formados en liceos paradigmáticos y en universidades de élite metropolitana y regional, mañana serán parte del grupo rector de la sociedad.
Debieran preocupar no tanto los contenidos de sus demandas -a fin de cuentas, caben perfectamente en una comunidad política pluralista-, sino los medios invocados o imaginados para alcanzarlos. Es la intransigencia en la forma, la negativa a participar en la deliberación pública, el desprecio por los mecanismos institucionales, el abandono de la política de acuerdos y cambios incrementales, la noción de que la polis se confunde con el ruido de las protestas en la calle, lo que llama la atención. Sobre todo de las generaciones que, como la mía, recorrimos caminos semejantes y conocimos la suerte de un país agitado por sucesivas tormentas perfectas.
Por lo mismo resulta sorprendente que los grupos dirigentes de la sociedad, particularmente su personal político de Gobierno y oposición, en el Parlamento y la sociedad civil, en universidades y organismos de la cultura, estemos ofreciendo un espectáculo casi cotidiano de incompetencia para enfrentar la actual situación.
Hay un severo déficit de conducción, una falta aparente de convicciones, una renuncia a ejercer las responsabilidades estatales, un claro retroceso en la capacidad de generar gobernabilidad mediante reformas graduales y la postergación, cuando es inevitable, de las satisfacciones inmediatas.
La tarea principal de esta hora -la de emerger con una educación fortalecida al salir del vendaval- es responsabilidad de todos los sectores político-ideológicos. Pero al Gobierno le corresponde encabezar el esfuerzo y mostrar, de una vez por todas, que está a la altura de las obligaciones para las cuales fue elegido.
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