Columna de opinión publicada hoy en el diario La Tercera, 4 de agosto de 2011
Cómo llegar a un acuerdo educacional
Este tema debe resolverse con criterio nacional y sin que el gobierno se doblegue ante la presión de intereses corporativos.
por José Joaquín Brunner – La Tercera, 04/08/2011 – 04:00
EL GOBIERNO ha propuesto un conjunto amplio, excesivo incluso, de tópicos e iniciativas; una especie de índice para el desarrollo de la educación chilena. Sin duda, es un documento producido bajo presión y concebido para resolver la conflictiva situación del sector. Poco tiene que ver con las medidas ofrecidas durante la campaña por el candidato Piñera y menos aun con la modesta agenda enunciada por el ahora Presidente el pasado 21 de mayo ante el Congreso Nacional. Más bien, es el resultado de un proceso donde se mezclan el aprendizaje de las últimas semanas, el deseo del gobierno de aparecer con un rostro dialogante, una cuota de improvisación, cierto oportunismo y algunas ideas surgidas de los movimientos sociales, la oposición y las propias filas del oficialismo.
Lo que importa es que la propuesta resultante se presenta como un instrumento para el diálogo, la construcción de consensos y la elaboración de un acuerdo político-técnico en materia educacional. Es un propósito que debiera ser compartido por todos. Pues como muestra la experiencia de los últimos 20 años, mediante convergencias, compromisos y acomodos es posible introducir cambios en nuestro sistema educacional y continuar mejorando un régimen mixto, descentralizado, de provisión.
Para avanzar en tal dirección, el ministro de Educación necesita precisar objetivos prioritarios dentro de su vasta propuesta y definir una estrategia para llegar a concretar uno o más acuerdos. Es inimaginable que los 21 puntos enunciados allí -los cuales cubren todos los niveles y aspectos del sistema- pudieran ser materia de acuerdos. Al contrario: mientras más ancho el espectro temático, más difícil se vuelve articular diversas visiones e intereses.
Tampoco se necesita alcanzar acuerdos respecto de un abanico tan variado de tópicos. De hecho, los puntos esenciales son pocos: (i) qué hacer con la gestión local de los establecimientos en manos de los municipios, cuestión que el documento gubernamental apenas glosa con un cómodo término en boga como “desmunicipalizar”; (ii) Cómo estructurar un esquema de becas y créditos que apoye a todos los jóvenes con iguales necesidades socioeconómicas, sin discriminar entre ellos y sin forzarlos a incurrir en deudas que mañana no podrían pagar; (iii) Qué instrumentos emplear para mejorar el financiamiento público de las instituciones educacionales, a la vez que para aumentar la eficiencia del gasto y la transparencia en su uso y rendición de cuentas.
Estos tres temas son cruciales, deben ser resueltos con criterio nacional y sin que el gobierno se doblegue frente a la presión de intereses corporativos. Los demás asuntos -reforma constitucional, cobertura de la educación parvularia, modificación de los criterios para el pago de la subvención escolar, oferta de educación técnico-profesional, reconstrucción de establecimientos dañados por el terremoto, información para los postulantes a estudios superiores, régimen de admisión a la enseñanza superior, etc.- son de más fácil manejo, algunos porque suponen altos grados de consenso en el Congreso y otros por su carácter más bien técnico o esotérico.
Corresponde al gobierno mostrar ahora pericia política y guiar el proceso de construcción de acuerdos.