Cómo llegar a un acuerdo educacional, Columna d eopinión de JJ Brunner, 4 de agosto de 2011
Reacciones del movimiento estudiantil frente a las propuestas del Gobierno, búsqueda Google, 4 de agosto de 2011 (10:00 am)
El Movimiento estudiantil hoy en las calles frente a la prohibción gubernamental, búsqueda Google, 4 de agosto de 2011 (10:00 am)
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Educación: espacios para acuerdos
Opinión editorial, El Mercurio, Jueves 04 de Agosto de 2011
Sigue desarrollándose una amplia discusión en torno a las transformaciones educacionales que son necesarias en esta etapa. A la respuesta del Gobierno a los estudiantes y profesores se ha sumado la entregada por los partidos de la Concertación. En ambos documentos hay una serie de coincidencias en áreas relevantes y, en otras, acercamientos que podrían acordarse con voluntad de las partes. Una agenda que incluyese sólo estas materias ya produciría transformaciones valiosas para el sistema educacional chileno. Por cierto, también hay énfasis distintos y algunas diferencias importantes. Por ejemplo, la propuesta concertacionista propone un financiamiento basal para la educación pública escolar, un acceso independiente de puntaje PSU para el 10 por ciento superior de cada establecimiento con financiamiento público, y la creación de una red de centros de formación técnica e institutos profesionales de carácter público que no están en el planteamiento gubernamental. En todo caso, estas diferencias también deben calificarse. Sobre financiamiento de la educación escolar y acceso a la educación superior, la propuesta gubernamental también incluye diversas iniciativas que pueden conciliarse en el Congreso con las opositoras, al menos en algún grado.
Más complejo puede ser lograr consensos en algunas reformas institucionales. La decisión del Gobierno de no postular la creación de una red de centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP) públicos tiene sentido: eso requeriría ingentes recursos y no es claro que por esta vía se logre una política educativa más eficaz. Esos dineros tendrían un mejor uso alternativo. Además, es difícil argumentar que, a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos educacionales, el Estado deba tener aquí un rol preponderante. Parece más razonable, sobre todo si en esta materia hay acuerdo, avanzar hacia un sistema de acreditación más exigente que el actual y que incluya información sobre eficiencia interna de las instituciones de educación superior (tasas de deserción, egreso oportuno, etcétera) y las perspectivas laborales de los egresados. Si a este cambio se agrega una superintendencia que fiscalice el cumplimiento de las obligaciones legales por dichas instituciones, no se advierte la necesidad de que el Estado cree una red de CFT e IP públicos. Los costos potenciales de este camino parecen ser mucho más elevados que sus eventuales beneficios. Esta petición no se hace más atendible por el solo hecho de que la hayan planteado los “actores sociales”.
Aunque ninguno de ambos planteamientos es muy explícito, también la organización de la educación escolar estatal emerge como un área de desacuerdo. El Gobierno aceptaría que municipios que cumplan elevados estándares de desempeño, en línea con los que exigirá la futura Agencia de Calidad de la Educación, puedan conservar las escuelas y los liceos bajo su dependencia. Sólo aquellos que los incumplan deberán traspasar los establecimientos a instituciones autónomas de giro único, que deben cumplir ciertas características. El Gobierno aspira a que este cambio sea gradual, para ir evaluando las mejores opciones de organización, pues no está claro cuál sea el mejor modelo. La Concertación, en cambio, aspira a una transformación definitiva, que fije la educación estatal en un sistema nacional autónomo y de gestión descentralizada, aunque no hay claridad sobre su forma específica. Sería una transformación más riesgosa, de resultados inciertos. Complementariamente, aspira a establecer restricciones para la creación de nuevos establecimientos privados subvencionados, que -al menos en el esbozo presentado- vulnerarían la libertad de enseñanza, principio que el propio documento declara respetar.
Como ha sido habitual, cabe anticipar un debate complejo, que requiere un análisis cuidadoso de las opciones, pero en el que también hay espacio para acuerdos provechosos que no pierdan de vista el interés nacional.
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Propuesta de reforma educacional del gobierno
Lamentablemente, en general, el documento avanza en la línea de inyectar más recursos fiscales y aumentar la injerencia del Estado en el sistema.
Opinión editorial, La Tercera, 03/08/2011 – 04:00
RESPONDIENDO A las protestas de los estudiantes y la inquietud de distintos actores del sistema educacional, el gobierno hizo público el lunes un documento donde propone una serie de propuestas de cambio para el sector. Se trata, según el ministro del ramo, de una “carta de navegación”, que debería ser discutida “sin intransigencias”.
El extenso documento menciona algunas medidas que han sido aprobadas en el Congreso, como la creación de la institucionalidad para el aseguramiento de la calidad, y otras que ya han sido implementadas, como el establecimiento de liceos de excelencia o la Beca Vocación de Profesor, a la vez que añade innovaciones, como la incorporación de la matrícula como criterio para la entrega de la subvención escolar. Parece evidente que se proponen modificaciones que avanzan mayoritariamente en la línea de inyectar más recursos fiscales y de aumentar la injerencia del Estado en el sistema educacional chileno, aspectos que asoman paradojales, si se considera que provienen de un gobierno cuyo ideario apunta en sentido contrario. Al mismo tiempo, parece quedar claro que se pretende satisfacer, en mayor o menor intensidad, a los distintos grupos que han realizado demandas al gobierno.
Quizás el mejor ejemplo de todo lo anterior se encuentra en la intención expresada por la propuesta de incrementar los aportes basales a las universidades del Estado y de crear un fondo de revitalización para las universidades tradicionales no estatales. Aunque el texto señala que se solicitará que todas las instituciones que reciben aportes del Estado rindan cuentas por ellos, parece notorio que las exigencias formuladas por el Consejo de Rectores han encontrado respuesta en esta y otras concesiones. La propuesta se hace cargo de manera similar del reclamo estudiantil por el financiamiento, promoviendo una renegociación para quienes se encuentran morosos en el pago de préstamos que les permitieron estudiar, una rebaja en la tasa del Crédito con Aval del Estado y el aumento del número de becas y créditos, tanto para los universitarios como para quienes reciben educación técnico-profesional. Es positivo, con todo, que señale que los recursos para el financiamiento deban estar disponibles para todos los alumnos de educación superior, sin diferenciación entre planteles privados o tradicionales.
La mayor participación del Estado se deja notar también en el ánimo de introducir una reforma legal que haga más exigente la acreditación institucional, así como en el deseo de alterar los criterios de selección que hoy utilizan las universidades o de influir en la renovación del diseño curricular. Abre también un signo de interrogación la idea de desmunicipalizar la educación en comunas cuyos colegios muestren bajo rendimiento académico.
Se echa de menos, por ejemplo, que la propuesta aborde las barreras de entrada que hoy hacen difícil en la práctica el ingreso de nuevos actores al mercado universitario, lo que podría generar más competencia y dar así un impulso a la reducción de los aranceles y a la mejora de la calidad en la educación superior. En cambio, el texto cae en el voluntarismo legal al promover una reforma que incorpora como garantía constitucional el derecho a una educación de calidad, como si la sola inclusión de un precepto así en la Constitución fuera a solucionar un problema que se arrastra por años, y que merece un paquete de reformas más sustantivo y mejor orientado que el presentado por el gobierno en esta ocasión.
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Derecho a elegir una escuela
Juan Eduardo García-Huidobro S., Decano Facultad de Educación Universidad Alberto Hurtado
Cartas, El Mercurio, Jueves 04 de Agosto de 2011
Señor Director:
El reciente documento del Gobierno sobre propuestas educativas posee una contradicción en el modo de plantear la relación entre derecho a la educación y el dinero, que importa poner de manifiesto, para contribuir a su superación.
El documento reconoce “el derecho de los padres y de los jóvenes a elegir entre las distintas modalidades educacionales”. Con lo cual se pone en línea con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 26, señala: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.
Más aún, para enriquecer esta elección el documento atribuye al Estado el deber de “promover la existencia de proyectos educativos diversos y dotar a las familias y jóvenes de la información para tomar decisiones adecuadas (…) y asegurar la existencia de condiciones financieras para que efectivamente ellos dispongan de alternativas y puedan elegir”.
Todo parece claro. Los padres deben poder elegir la escuela a la que asisten sus hijos. Para que esto sea de verdad posible, el Estado financia, mediante la subvención, diversos proyectos particulares, asegurando así que todos puedan elegir entre ellos.
Pero todo se confunde al párrafo siguiente. Resulta que las familias tienen otro derecho nuevo -que no forma parte de ninguna declaración conocida- y que es “aportar” dinero para la educación de sus hijos. Dicho en forma más directa y cruda: tienen derecho a que, los mismos establecimientos que reciben plata del fisco para posibilitar su libertad de elegir, les cobren -acogiéndose al sistema de financiamiento compartido- para poder hacer posible esa elección.
El documento afirma textualmente que “la libre elección de las familias del establecimiento donde educar a sus hijos”, “no es incompatible con el derecho de éstas de aportar a su educación, alternativa muy valorada por una gran mayoría de padres y que consideramos fundamental preservar”.
En claro: se reconoce el derecho de la familia de elegir la educación de sus hijos y, al mismo tiempo, se erige en “derecho” el tener que pagar la educación que elige para sus hijos. En castellano: sólo tienen de verdad derecho a elegir entre varios colegios quienes tienen los recursos necesarios para pagar la colegiatura que esos colegios cobran. Todavía más claro: las “modalidades educacionales” como el resto de los productos en el mercado “poseen diversos precios”; quien puede pagarlos tiene derecho a pagarlos y podrá de verdad elegir; quien no puede pagarlos no podrá ejercer su derecho a elegir (y tampoco el nuevo dignificante derecho de “aportar” financieramente a la educación de sus hijos).
Superar la contradicción parece fácil: si de verdad se quiere ampliar la libertad de enseñanza, entendida como la facultad que todos los padres y madres tienen de escoger la educación que se quiere para los hijos, hay que terminar con el financiamiento compartido.
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Otros recursos asociados al tópico en debate en este Blog
— Cómo llegar a un acuerdo educacional, Columna d eopinión de JJ Brunner, 4 de agosto de 2011
— La Concertación de Partidos por la Democracia y sus propuestas para la educación, 3 agosto de 2011
— Conflicto educacional en una encrucijada clave, 1 de agosto de 2011
— Documento “Bases de un acuerdo social por la educación chilena”
—Los estamentos de la UCH frente a la coyuntura educacional, 26 de julio de 2011
— Visiones y revisiones del nuevo Ministro de Educción, 24 de julio de 2011
— Manifiesto sobre la Educación Superior: Apuntes acerca de la universidad en tiempos de conflicto, 24 de julio de 2011
— Un acuerdo para la educación superior, 24 de julio de 2011
— El conflicto de las universidades: entre lo público y lo privado, 24 de jluio de 2011
— Primeros pasos del nuevo Ministro de Educación, 22 de julio de 2011
— La educación como bien de consumo, 21 de julio de 2011
— El giro del conflicto hacia el nuevo Ministro de Educación, 21 de julio de 2011
— Declaración del Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, sobre la crisis educacional, 20 de julio de 2011
— Declaración del Rector de la USACH, 20 de julio de 2011
— La protesta, ¿continua o se debilita?, 17 de julio de 2011
— La negociación educacional y las voces del movimiento estudiantil, 14 de julio de 2011
— Lucro: continua el debate…., 13 de julio de 2011
— Más sobre el lucro: argumentos en el foro de la prensa, 12 de julio de 2011. Sobre el conjunto de temas de la reforma en discusión, ver:
—Notas para un análisis de la coyuntura de la educación superior, 11 de julio de 2011
— Tres entrevistas a propósito del debate sobre la educación superior, 9 de julio de 2011
— Sigue los arguementos en torno a la reforma de la educación superior, 9 de julio de 2011
— Propuesta del gobierno para la educación superior: Reacciones, 6 de julio de 2011
— Expectativas desfraudadas, 3 de julio de 2011
— — El Gobierno no ha conducido el proceso y hoy día está más bien a la defensiva, arrinconado, 2 de julio de 2011
— Giro: Ahora Gobierno explicitaría una política para la educación superior, 1 de julio de 2011
— Estudiantes secundarios y terciarios rechazan propuestas del MINEDUC, 28 de junio de 2011
— Mas sobre el lucro y los argumentos en el campo educacional, 26 de junio 2011
— Oferta y demanda para soluciones en el campo educacional, 26 de junio 2011
— Rector Fernando Montes S.J. y otros argumentos en torno al lucro en las universidades, 24 de junio 2011
— Demandas y respuestas: el conflicto educacional, 23 de junio 2011
— Respuesta del Ministro de Educación a peticiones universitarias, 22 de junio 2011
— Argumenos para el debate sobre el lucro, 19 de junio 2011
— De cara al paro de mañana en educación: posicionamiento de actores relevantes, 16 de junio 2011
— Evolución de las demandas estudiantiles de la enseñanza secundaria, 13 de junio 2011
— Malestar universitario, 13 de junio 2011
— Opiniones y demandas sobre la política de educación superior, 12 de junio 2011
— Planteamientos en torno al Paro Nacional del 16 de junio convocado por actores de la educación, 11 de junio 2011