Petitorio de los estudiantes cuesta un tercio de los excedentes de Codelco en 2010
Costo de las demandas estudiantiles asciende a US$ 2 mil millones, según cálculos de La Tercera.
por E. Simonsen y C. Palma, La Tercera, 26 de junio de 2011
Becas para el 60% de los alumnos más pobres, pase escolar los 365 días del año, desmunicipalización, aceleramiento de la reconstrucción y mejoramiento de los liceos técnico-profesionales. Esas son algunas de las demandas de los universitarios y secundarios que están movilizados hace tres semanas.
Hasta ahora, el Mineduc ha entregado dos propuestas, donde da respuesta a algunas de las demandas, como un fondo de revitalización de las Ues. estatales y recursos adicionales para mejorar 178 liceos técnico-profesionales.
Si el Mineduc decidiera responder a todas las demandas de los estudiantes, ¿cuántos recursos adicionales debería destinar en un año? La respuesta: dos mil millones de dólares. Para dimensionarla, un ejemplo: la cifra equivale a un tercio de los excedentes que Codelco obtuvo en 2010.
La Tercera llegó al monto después de calcular el costo de los puntos más importantes del petitorio de los secundarios y de la Confech, la agrupación de universitarios que lidera el movimiento.
En 2010, el Estado chileno invirtió $ 870 mil millones en educación superior, cifra que representó el 0,84% del Producto Interno Bruto (PIB). Una de las principales demandas de los jóvenes es que los más pobres estudien gratis. Hoy un millón de chilenos está matriculado en universidades, centros técnicos e institutos. Si el Estado cubre al 60% -es decir, a los tres primeros quintiles-, con la totalidad del arancel de referencia, debería movilizar recursos por $ 514 mil millones.
Ejecutar esos recursos implicaría un aumento del gasto público en educación de 0,5 puntos porcentuales del PIB. Y dejaría a Chile cerca del promedio de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (Ocde), donde la inversión pública en educación terciaria llega al 1%. Por ejemplo, EE.UU., con un PIB per cápita tres veces el chileno, destinó en 2007 el 1% de su gasto público a educación terciaria, según cifras de la Ocde.
“El país debe hacer importantes esfuerzos en incrementar los recursos públicos a educación, pero no concentrarlos sólo ahí. Se debe ampliar la cobertura de recursos para becas, reducir las tasas de interés y asociar a los ingresos futuros la magnitud de la devolución del pago del componente de crédito”, dice Juan Pablo Valenzuela, del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la U. de Chile.
Las becas a los tres primeros quintiles se llevan casi la mitad del costo total del petitorio de universitarios y secundarios. Sin embargo, la cifra se reduce considerablemente si se descuenta lo que le significa al Mineduc solventar el crédito con aval del Estado, que funciona desde 2006. Hoy, ese crédito está destinado precisamente a esa población. En el proceso de licitación de las carteras del crédito con aval que hace el Mineduc, el Estado “recompra” parte de la cartera para rebajar las tasas de interés. En 2010, el Mineduc pagó por la compra de esos créditos $ 277 mil millones, casi un tercio del total de recursos que invirtió ese año en toda la educación superior.
Ahora bien, si los tres primeros quintiles de la población estudian con becas, el Estado se habría ahorrado esa cifra. Por lo que el costo adicional de darles becas se reduciría a $ 237 mil millones y el petitorio completo de los estudiantes a 1,6 mil millones de dólares. En equivalencia, un décimo de los excedentes de Codelco en 2010 o el 16% del presupuesto asignado al Mineduc en 2010.
Los otros costos
Los otros costos considerados son los $ 15 mil millones adicionales que cuesta el pase escolar todo el año, según el cálculo del Mineduc, el 9% de lo que le cuesta hoy ese subsidio al Estado; el 5% adicional de los recursos basales que entrega la cartera a las universidades tradicionales (a través del Aporte Fiscal Directo) y los $ 13 mil millones ofrecidos por Lavín en un año a esos planteles, a través de un fondo de revitalización.
En las demandas de los secundarios, lo más oneroso es la desmunicipalización. Si la administración de las escuelas municipales pasa a otro organismo, los profesores cambiarían de empleador, tal como sucedió en la reforma de los 80. Y habría que indemnizarlos. El monto involucrado, considerando 60 mil profesores, ascendería a $ 328 mil millones. Ello, sin considerar que el traspaso de las escuelas de los municipios a los nuevos sostenedores implique un costo.
Y sólo tomando en cuenta los $ 15 mil millones que ofreció el ministro para modernizar 178 liceos técnicos. En total, según datos del Mineduc, hay casi mil colegios de este tipo en el país. Ampliar la modernización a todos subiría considerablemente los montos. Por último, se consideraron los $ 170 mil millones que la autoridad tiene planificados para reparación de los establecimientos dañados por el terremoto, de los que el 80% ya está en ejecución o en vías de llevarse a cabo.
El petitorio de la Confech
Becas 60% más pobre
Estudiantes piden que las becas para los tres primeros quintiles cubran la totalidad de sus aranceles. Eso tiene un costo de $ 514 mil millones.
Pase escolar 365 días
Acá coinciden universitarios y secundarios. A los $ 150 mil millones que el Estado invierte todo el año, se agregan $ 15 mil millones.
AFD reajustado
Estudiantes piden más aportes. El gobierno ofreció reajustar el Aporte Fiscal Directo con el aumento del sector público. Costo final: $ 161 mil millones.
Fondo de revitalización
Se pide énfasis en Ues. estatales y regionales. El gobierno ofreció fondo de $ 36 mil millones en dos años para estatales y privadas del Cruch.
Reajuste becas de mantención
El Estado invierte más de $ 281 millones en becas de mantención y alimentación, que no se reajustan.
Demandas de los secundarios
Desmunicipalización
Indemnizar a los docentes, que deberían cambiar de empleador si es que se pone fin a la dependencia municipal, tiene un costo de $ 328 mil millones.
Reconstrucción de escuelas
El Mineduc tiene considerado $ 170 mil millones para este ítem. El 80% ya está en ejecución o en vías de estarlo.
Mejoramiento liceos técnicos
Mineduc ofreció $ 15.500 millones de pesos para mejorar 178 liceos. Hay casi mil en todo el país.

Mineduc plantea crear gobiernos corporativos en Ues. estatales
La Tercera, 25 de junio de 1011
Dentro de los 12 puntos planteados por el gobierno al Consejo de Rectores (Cruch) en el contexto de la reforma educacional, el tópico que tiene que ver con la nueva ley de universidades estatales ha pasado inadvertido en medio de los dólares anunciados para el desarrollo de los planteles u otros temas más llamativos.
Los planes del gobierno son crear, en cada universidad estatal, una especie de gobierno corporativo, autónomo, con integrantes designados por el Ejecutivo, entre otros, que duren en sus cargos más allá del período presidencial. Una emulación del consejo del Banco Central. Así, las universidades regionales tendrían un representante del gobierno regional, por ejemplo.
El gobierno tendría voz y voto y el rector, mayor poder en la conducción del plantel. Aunque seguiría siendo elegido por los académicos y sólo se podría presentar a la reelección por un período más. Hoy, los estatutos de las Ues. estatales establecen un período de cuatro años con la posibilidad de reelección sin tope.
“Se propone un Consejo Superior, cuyos miembros estén designados por el Estado (mecanismos que den seguridad de alta representatividad), que duren más de un período presidencial y que se reemplacen por parcialidades, de tal manera que siempre existan personeros designados por el gobierno anterior y el actual”, señala el jefe de la división jurídica del Mineduc, Raúl Figueroa.
En la actualidad, las universidades poseen juntas directivas, compuestas por miembros representantes del Ejecutivo, académicos y un tercer tercio gremial o empresarial que recoge la realidad local. En la práctica, este estamento aprueba temas como el endeudamiento o las autoridades internas nombradas por el rector.
El rector, a su vez, tiene funciones más bien de gestión interna, con derecho a voz, pero no a voto. “Es el equivalente a un gerente general de una empresa, donde los otros son los dueños y el rector administra, aunque muchas cosas se deciden en la junta directiva”, dice el prorrector de la Usach, Pedro Palominos.
Para el rector de esa casa de estudios, Juan Manuel Zolezzi, en el marco del acuerdo con el Mineduc, no está claro si se está planteando una normativa para cambiar la forma de designación de los representantes del Estado en la junta directiva o si aumentará el número de designados por el gobierno.
“No me preocupa. Creo que buscan tener más control del que ya tenemos por Contraloría y los balances auditados. El acuerdo no habla de mayorías o minorías, sino de definir a los representantes que tiene hoy en día. Esto no será más burocracia”, señala.
En efecto. El gobierno busca que las Ues. estatales tengan menos trabas burocráticas, permitiendo a los planteles endeudarse más allá de un período presidencial, para, por ejemplo, construir un campus en condiciones más favorables, a 10 ó 20 años plazo.
También acortar los plazos de algunos procesos administrativos menores que demoran meses, incluso años en su toma de razón en Contraloría.
“No se trata de tener chipe libre, pero sí permitir que algunas iniciativas sean exentas de la toma de razón”, dice Palominos.
A juicio del rector de la Usach, esto no puede considerarse una intervención, pues sólo se quieren fortalecer las juntas directivas. “Si el gobierno va a seguir dando fondos públicos, la idea es que tengan rentabilidad. Más representantes va en ese sentido”, acotó.
Dentro de los 12 puntos planteados por el gobierno al Consejo de Rectores (Cruch) en el contexto de la reforma educacional, el tópico que tiene que ver con la nueva ley de universidades estatales ha pasado inadvertido en medio de los dólares anunciados para el desarrollo de los planteles u otros temas más llamativos.
Los planes del gobierno son crear, en cada universidad estatal, una especie de gobierno corporativo, autónomo, con integrantes designados por el Ejecutivo, entre otros, que duren en sus cargos más allá del período presidencial. Una emulación del consejo del Banco Central. Así, las universidades regionales tendrían un representante del gobierno regional, por ejemplo.
El gobierno tendría voz y voto y el rector, mayor poder en la conducción del plantel. Aunque seguiría siendo elegido por los académicos y sólo se podría presentar a la reelección por un período más. Hoy, los estatutos de las Ues. estatales establecen un período de cuatro años con la posibilidad de reelección sin tope.
“Se propone un Consejo Superior, cuyos miembros estén designados por el Estado (mecanismos que den seguridad de alta representatividad), que duren más de un período presidencial y que se reemplacen por parcialidades, de tal manera que siempre existan personeros designados por el gobierno anterior y el actual”, señala el jefe de la división jurídica del Mineduc, Raúl Figueroa.
En la actualidad, las universidades poseen juntas directivas, compuestas por miembros representantes del Ejecutivo, académicos y un tercer tercio gremial o empresarial que recoge la realidad local. En la práctica, este estamento aprueba temas como el endeudamiento o las autoridades internas nombradas por el rector.
El rector, a su vez, tiene funciones más bien de gestión interna, con derecho a voz, pero no a voto. “Es el equivalente a un gerente general de una empresa, donde los otros son los dueños y el rector administra, aunque muchas cosas se deciden en la junta directiva”, dice el prorrector de la Usach, Pedro Palominos.
Para el rector de esa casa de estudios, Juan Manuel Zolezzi, en el marco del acuerdo con el Mineduc, no está claro si se está planteando una normativa para cambiar la forma de designación de los representantes del Estado en la junta directiva o si aumentará el número de designados por el gobierno.
“No me preocupa. Creo que buscan tener más control del que ya tenemos por Contraloría y los balances auditados. El acuerdo no habla de mayorías o minorías, sino de definir a los representantes que tiene hoy en día. Esto no será más burocracia”, señala.
En efecto. El gobierno busca que las Ues. estatales tengan menos trabas burocráticas, permitiendo a los planteles endeudarse más allá de un período presidencial, para, por ejemplo, construir un campus en condiciones más favorables, a 10 ó 20 años plazo.
También acortar los plazos de algunos procesos administrativos menores que demoran meses, incluso años en su toma de razón en Contraloría.
“No se trata de tener chipe libre, pero sí permitir que algunas iniciativas sean exentas de la toma de razón”, dice Palominos.
A juicio del rector de la Usach, esto no puede considerarse una intervención, pues sólo se quieren fortalecer las juntas directivas. “Si el gobierno va a seguir dando fondos públicos, la idea es que tengan rentabilidad. Más representantes va en ese sentido”, acotó.
Dentro de los 12 puntos planteados por el gobierno al Consejo de Rectores (Cruch) en el contexto de la reforma educacional, el tópico que tiene que ver con la nueva ley de universidades estatales ha pasado inadvertido en medio de los dólares anunciados para el desarrollo de los planteles u otros temas más llamativos.
El gobierno tendría voz y voto y el rector, mayor poder en la conducción del plantel. Aunque seguiría siendo elegido por los académicos y sólo se podría presentar a la reelección por un período más. Hoy, los estatutos de las Ues. estatales establecen un período de cuatro años con la posibilidad de reelección sin tope.
“Se propone un Consejo Superior, cuyos miembros estén designados por el Estado (mecanismos que den seguridad de alta representatividad), que duren más de un período presidencial y que se reemplacen por parcialidades, de tal manera que siempre existan personeros designados por el gobierno anterior y el actual”, señala el jefe de la división jurídica del Mineduc, Raúl Figueroa.
En la actualidad, las universidades poseen juntas directivas, compuestas por miembros representantes del Ejecutivo, académicos y un tercer tercio gremial o empresarial que recoge la realidad local. En la práctica, este estamento aprueba temas como el endeudamiento o las autoridades internas nombradas por el rector.
El rector, a su vez, tiene funciones más bien de gestión interna, con derecho a voz, pero no a voto. “Es el equivalente a un gerente general de una empresa, donde los otros son los dueños y el rector administra, aunque muchas cosas se deciden en la junta directiva”, dice el prorrector de la Usach, Pedro Palominos.
Para el rector de esa casa de estudios, Juan Manuel Zolezzi, en el marco del acuerdo con el Mineduc, no está claro si se está planteando una normativa para cambiar la forma de designación de los representantes del Estado en la junta directiva o si aumentará el número de designados por el gobierno.
“No me preocupa. Creo que buscan tener más control del que ya tenemos por Contraloría y los balances auditados. El acuerdo no habla de mayorías o minorías, sino de definir a los representantes que tiene hoy en día. Esto no será más burocracia”, señala.
En efecto. El gobierno busca que las Ues. estatales tengan menos trabas burocráticas, permitiendo a los planteles endeudarse más allá de un período presidencial, para, por ejemplo, construir un campus en condiciones más favorables, a 10 ó 20 años plazo.
También acortar los plazos de algunos procesos administrativos menores que demoran meses, incluso años en su toma de razón en Contraloría.
“No se trata de tener chipe libre, pero sí permitir que algunas iniciativas sean exentas de la toma de razón”, dice Palominos.
A juicio del rector de la Usach, esto no puede considerarse una intervención, pues sólo se quieren fortalecer las juntas directivas. “Si el gobierno va a seguir dando fondos públicos, la idea es que tengan rentabilidad. Más representantes va en ese sentido”, acotó.