Más que un parche para la ciencia
La nueva ley de la investigación no transforma el modelo, pero resuelve viejos problemas
El País, Madrid, 10 de mayo de 2011
Si hay que buscar un denominador común a las valoraciones de la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación sería que es la ley de lo posible. “No es el mejor resultado, sino el mejor resultado que hemos podido conseguir entre todos”, resumía ayer el secretario de Estado de Investigación Felipe Pétriz, padre visible del documento final de la nueva norma que pasado mañana, seguramente, aprobará definitivamente el Parlamento. No cambia el modelo del sistema español de I+D, pero se reparan desgarrones abiertos desde la ley vigente, la de 1986, y se abren caminos cuyo resultado y eficacia se verán al irse concretando en actuaciones y reglamentos.
La ley nace sin suscitar mucho entusiasmo ni entre científicos ni entre gestores de I+D, pero se reconocen puntos positivos. Tal vez el más celebrado sea el hecho de contar con el consenso del arco parlamentario, lo que debe conferir estabilidad al sistema.
La carrera profesional de los científicos sigue siendo funcionarial, pero incorpora nuevas modalidades iniciales de contratos laborales, mejorando, sobre todo el de la fase de formación, por lo que los actuales becarios predoctorales pasarán a tener contrato. La tan demandada Agencia Estatal de Investigación se enuncia, pero queda pendiente de su puesta en marcha en el plazo de un año. La coordinación explícita de la Administración central con las comunidades autónomas en materia de I+D es una de las virtudes casi unánimemente reconocida, así como la mejor coordinación con la Universidad y la incorporación de la investigación sanitaria al sistema de I+D. Una novedad notable es la inclusión de la innovación en la nueva norma (aunque también regula esta materia la Ley de Economía Sostenible). También surge un comité de ética que vigilará las malas prácticas de investigación.
Culmina así un largo proceso desde los primeros trabajos del comité de expertos para la nueva ley, en 2008, hasta su aprobación por el Gobierno en marzo de 2010, más un año en el Congreso de los Diputados y un mes y medio en el Senado.
La Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, de 1986, sentó las bases del crecimiento y desarrollo de la ciencia española, pero obviamente se había quedado pequeña y los distintos agentes del sistema de I+D español llevaban tiempo pidiendo a gritos una nueva. La cuestión es si ahora se cumplen las expectativas.
“El objetivo fundamental de la nueva ley es la promoción de la investigación, el desarrollo experimental y la innovación como elementos sobre los que ha de asentarse el desarrollo económico sostenible y el bienestar social”, destacó Pétriz ayer en la jornada de debate Desafíos y oportunidades para las políticas de ciencia e innovación: el papel de la Ley de la Ciencia, organizado por el Instituto de Políticas y Bienes Públicos (CSIC), que dirige Luis Sanz. En el nuevo documento, de unas 70 páginas, establece la creación de una Estrategia Española de Ciencia y Tecnología que aprobará el Gobierno y que, como marco plurianual, fijarán las prioridades, las líneas generales de actuación y el Plan Estatal de I+D+i, explicó Pétriz. En paralelo se crea la Estrategia Estatal de Innovación.
“Es bueno tener una ley que reforme carencias anteriores y que sea por consenso. La comunidad científica debe estar contenta aunque no satisfecha”, señaló Miguel Angel Quintanilla, exsecretario de Estado de Investigación.
“¿Se produce un cambio de estructura del sistema? No ¿Hay cambios reales que facilitan el funcionamiento del sistema de I+D+i? Sí”, resumió Rafael Rodrigo, presidente del CSIC. Entre las carencias de la ley, señaló que no contempla la carrera de tecnólogos ni la de personal de gestión.
Para Inmaculada Riera, diputada de Convergencia i Unió, la nueva ley va por el buen camino, rompe rigideces actuales del sistema y acerca la I+D al tejido productivo, pero carece de los instrumentos financieros necesarios.
Un hecho subyacente en toda la norma es que su puesta en marcha se hará con “coste cero”, y esto hace más que dudar a muchos acerca de su eficacia a corto y medio plazo. El problema es que después de tanto tiempo esperándola, la ley nace en tiempos de crisis, comentó Gabriel Elorriaga, diputado del PP.
Especial interés suscita la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Investigación, reclamada por la comunidad científica para poder gestionar el sistema científico, con autonomía, eficacia, transparencia, criterios de calidad y rendición de cuentas de resultados. Pétriz dijo que el estatuto está muy avanzado. La politica de control presupuestario del Ministerio de Hacienda se nota en la nueva normativa de I+D+i, y lastra la ansiada independencia y flexibilidad del sistema.
En lo referente a innovación, el neurocientífico del CSIC Juan Lerma celebró la separación en estrategias diferentes aunque paralelas la I+D y la innovación. “Es como el vino y la gaseosa, que se juntan y sirven para hacer una buena sangría, pero si vienen ya mezcladas en la misma botella el producto no es bueno: ciencia e innovación son diferentes y tienen necesidades diferentes”.
El sector empresarial viene reclamando más actuaciones de la Administración en innovación y la nueva ley, además de establecer la estrategia específica, regula factores de impulso de la transferencia de conocimiento a la economía al flexibilizar las relaciones del sector público con el privado, al apoyar la creación de empresas de base tecnológica y al mejorar la regulación de la propiedad intelectual. Federico Gutiérrez Solana, presidente de la CRUE, puso ayer el dedo en la llaga al recordar el bajo gasto de España en I+D (1,38% de su PIB frente al 2% de los países de la OCDE) y la bajísima inversión -y en retroceso- del sector privado español en I+D+i.
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La nueva ley de la ciencia, aprobada por amplio consenso en el Parlamento
La norma que debe regir a partir de ahora el sistema español de I+D+i sale adelante en el Congreso con tres votos en contra
ALICIA RIVERA – El País, Madrid – 12/05/2011
Tras un debate desvaído a las nueve de la mañana en el pleno del Congreso y que ha durado menos de una hora, con baja asistencia de diutados, la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación ha sido aprobada poco antes del mediodía, al concluir los debates recogidos en el orden del día sobre otros temas. El resultado de la votación muestra el amplio consenso para la ley expresado por los grupos en los procedimientos parlamentarios en comisión, pero no unanimidad. De 292 diputados presentes, han votado a favor 289 y han votado tres en contra (Gaspar Llamazares (IU), Rosa Díez (IPD) y Nuria Buenaventura (ICV). A continuación, ya fuera del hemiciclo, la ministra de Ciencia de Innovación, Cristina Garmendia, acompañada por la de Sanidad, Leire Pajín, y los diputados y senadores de los distintos grupos favorables a la ley, ha destacado la importancia del amplio consenso que el que ha salido adelante y la voluntad de “poner la i+D+i en el centro de la agenda política”. El texto definitivo de la ley regresaba así al Congreso desde el Senado, donde se han hecho algunas enmiendas.
Garmendia ha destacado entre las bondades de la nueva Ley de Ciencia el contrato predoctoral para los jóvenes científicos, el nuevo marco de trabajo con las comunidades autónomas en materia de I+D+i, la movilidad de los investigadores entre el sistema público y el privado, así como la creación en el plazo de un año de la Agencia Estatal de Investigación, lo que ha de permitir un cambio en la gestión de la financiación pública de la I+D. A la pregunta de cómo pensaba poner en marcha esta agencia con coste cero, como especifica la ley aprobada, Garmendia ha explicado que se haría convirtiendo en dicha agencia la actual Dirección General que gestiona en Plan Nacional de I+D+i en su ministerio.
En el debate parlamentario todos los diputados, excepto IU, habían manifestado su apoyo a la nueva ley en el debate de primera hora de la mañana, con baja asistencia de diputados y solo dos ministras por parte del Gobierno: Garmendia y, a ratos, su colega del departamento de Cultura, Ángeles González-Sinde.
La diputada del Grupo Socialista Juana Serna, como Garmendia más tarde, hizo hincapié en la importancia del amplio consenso buscado para esta ley entre los grupos parlamentarios para darle “la mayor estabilidad posible”. “Somos ya un país de ciencia y tenemos que ser un país de innovación”, ha declarado Serna en su intervención.
Gabriel Elorriaga, diputado del Partido Popular, ha señalado en su turno que la ley, cuyo borrador del Gobierno “ha sufrido una profunda transformación en el trámite parlamentario”, contiene los instrumentos que van a permitir la gestión eficaz del sistema de I+D+i, pero ha apuintado que ahora queda mucho trabajo por hacer en su desarrollo.
Para Llamazares “esta ley es una oportunidad perdida” y ha anunciado su voto en contra “porque mantiene la inestabilidad en el empleo de los investigadores” y, además, rompe los acuerdos con los sindicatos. Ha destacado también el diputado de IU que la ley no dispone de memoria económica, que “nace sin apoyo económico alguno”.
Joan Tarda, de Esquerra Republicana, ha manifestado estar “moderadamente satisfecho” con la nueva ley, apreciando el reconocimiento de los sistemas autonómicos de I+D+i en su intervención que abrió ayer la fase de debate en el pleno. Igualmente favorable ha sido la intervención de diputado del PNV José Ramón Beloki, quien ha recordado que el sistema español de I+D+i estaba necesitado de modificaciones para lograr más eficacia y más coordinación. Por CiU, Inmaculada Riera ha expresado el “apoyo decidido” de su grupo y ha recordado la importancia “de una gran ley para hacer frente a los retos de nuestra economía”, ha alabado el reconocimiento de los sistemas de I+D+i autonómicos y ha recordado la necesidad de seguir trabajando para poner en marcha las medidas contempladas en la ley. “La ley podía haber sido más ambiciosa”, ha reconocido Riera, y ha apuntado también la ausencia de mecanismos financieros para hacerla efectiva.
A las 11.45, tras un minuto de silencio guardado en el Hemiciclo a propuesta del presidente del Congreso, José Bono, por las victimas del terremoto de Lorca, se procedió a la votación de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. En los bancos del Gobierno estaban Rodriguez Zapatero y siete ministros, entre ellos Garmendia, Pajín, Elena Salgado y Ángel Gabilondo.