Columna publicada en la página de Educación de El Mercurio, domingo 8 de mayo de 2011.
¿Año de la educación superior?
Transcurridos más de doce meses del actual gobierno, no existe aún una carta de navegación para este ámbito. Se progresa al compás de las inercias.
José Joaquín Brunner
Tiempo atrás, el Presidente y su ministro de Educación nombraron al 2011 como el año de la educación superior. Impresionante, sin duda. Sorprendente, también, si se piensa que, transcurridos más de doce meses del actual gobierno, no existe aún una carta de navegación para este ámbito. Se progresa al compás de las inercias. No es difícil, sin embargo, establecer cuáles son los problemas que deben enfrentarse y en qué dirección se ha de avanzar.
Primero que todo, se requiere organizar una nueva institucionalidad al mando del sector. Hace tres años propuse en el seno del Consejo Nacional de Innovación, en un voto disidente suscrito conjuntamente con Bernardita Méndez y Bruno Philippi, que “debería preferirse la conformación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación Superior, que actúe como cabeza pública del Estado en este ámbito” (Estrategia Nacional de Innovación – Volumen II, 2008, p. 175).
Ahora esta sugerencia empieza a ser valorada, como muestran las expresiones favorables de dos destacadas autoridades universitarias: los rectores de la Usach y de la PUC.
Mas no basta con esta sola reforma orgánico-administrativa. Es imprescindible, además, modificar el marco legal básico de la educación superior, que continúa siendo el de la LOCE de 1989, ahora incorporado a la Ley General de Educación. Lo esencial aquí es conferir a todas las universidades -estatales, privadas cofinanciadas por el Estado y privadas sin aporte fiscal directo- un estatuto institucional claro, bien definido y parejo. Éste deberá asegurar la autonomía académica, de gobierno y gestión de las universidades; las libertades de enseñar, aprender e indagar qué necesitan las instituciones, y reclamar de todas ellas unos mismos deberes de acreditación, rendición de cuenta e información al público.
Las universidades estatales y privadas sin fines de lucro tendrían la oportunidad de constituirse como corporaciones de derecho público bajo las condiciones que estipule la ley. Aquellas con fines de lucro deberían constituirse como sociedades comerciales y sujetarse a las reglas que disponga el legislador. Unas y otras deberían informar mediante una suerte de Ficha Estadística Codificada Uniforme (FECU) sobre sus estados financieros a la recién creada Superintendencia de Educación.
Las instituciones constituidas como corporaciones públicas competirían así en un terreno más nivelado, sin estar sujetas a controles discriminatorios o a trabas asimétricas. Por su lado, las instituciones que hoy simulan no tener fines de lucro podrían legítimamente distribuir excedentes entre sus propietarios, debiendo hacerlo con transparencia y sin recibir trato especial alguno del Estado.
En seguida, hay que rediseñar el financiamiento público de la educación superior. Si el Gobierno espera que éste sea el año del sector, debe partir por ahí: comprometerse a duplicar el gasto público en relación al PIB, fracción que hoy es una de las más bajas en el mundo. A su vez, estos recursos adicionales deberían asignarse a dos objetivos prioritarios: por un lado, a becas y créditos estudiantiles, para lo cual se deberían fusionar los dos esquemas de crédito actualmente existentes con el propósito de conseguir uno más equitativo y sustentable; por otro, a fortalecer áreas estratégicas de las universidades acreditadas que hayan optado por convertirse en corporaciones públicas, empleando para ello convenios de desempeño que permitan alinear las metas de las instituciones con fines de bienestar social y desarrollo nacional, regional o local.
En paralelo, el Gobierno debe cumplir el compromiso contraído de aumentar el gasto fiscal en ciencia y tecnología, lo que favorecería legítimamente a las principales universidades de investigación del país, encabezadas por la UCh y la PUC. Y, en segundo lugar, a aquellas otras instituciones cuyos proyectos fueran seleccionados por dos nuevos fondos: uno para investigación aplicada a nivel regional y un fondo para la creación de capacidades de investigación en áreas o líneas prioritarias ante el que competirían instituciones en fase de instalación de esas capacidades.
En fin, si el Gobierno desea seriamente consagrar el 2011 a la reforma y modernización de la educación superior, debería empezar por recibir propuestas y someterlas a deliberación. Con este fin sometemos a discusión las mociones aquí esbozadas.