Mi columna de opinión publicada ayer domingo 6 de marzo en la página de Educación de El Mercurio.
El modelo holandés
Cabe proponer un paradigma para la educación pública y la política educacional en Chile, que facilite la discusión y el aprendizaje institucional.
José Joaquín Brunner
En una columna anterior planteamos la siguiente pregunta: ¿Qué sentido tiene definir la educación pública como aquella provista exclusivamente por colegios municipales, excluyendo a más de la mitad de los alumnos que se educan en colegios financiados por el Estado, pero de propiedad y gestión privadas? La respuesta es: ninguno.
Por el contrario, al proceder así, se confunde la educación pública con un solo tipo de sostenedor, con un segmento minoritario de niños y jóvenes, con una modalidad burocrática de administración, con la fracción de maestros regidos por el estatuto docente y, en general, con un entorno declinante del sistema escolar.
Al mismo tiempo, se transmite la equivocada idea que la educación privada subvencionada no es una responsabilidad pública, que sus alumnos no necesitan la atención preferente del Estado y que conviene reservar la prioridad educacional del Gobierno únicamente para la franja de escuelas municipales, como si los colegios privados subvencionados no enfrentaran similares problemas de calidad, rendimiento, equidad y efectividad.
Al final del día, entonces, en vez de existir en Chile una política coherente para la educación pública, o sea, para el 93% de la matrícula, lo que hay son contradictorias políticas para sectores y subsectores de colegios y sostenedores, sin real sentido del bien común.
Cabe, por tanto, proponer un paradigma distinto para la educación pública y la política educacional en Chile, no a la manera de un patrón ideal a imitar, sino que de un modelo que facilite la discusión y el aprendizaje institucional.
Sin duda, el modelo holandés de provisión de enseñanza primaria puede cumplir esta función. En efecto, también allí, en los Países Bajos, la educación pública está mayoritariamente (70% de la matrícula total) en manos de colegios subvencionados de gestión privada (católicos, protestantes y seculares, estos últimos de filosofías específicas, como Steiner, Montessori, Freinet, Dalton y Declory).
Los demás niños asisten a colegios municipales, cuyos equipos directivos gozan de amplia autonomía de gestión bajo el control de juntas escolares formadas por padres y vecinos.
La constitución de los Países Bajos asegura un trato igualitario para todo tipo de colegios y el gobierno está obligado a financiar a los colegios privados a la par con los colegios municipales. La subvención consiste en un subsidio que sigue al alumno y cuyo monto cubre el total de los gastos en que debe incurrir un colegio para dar una formación de calidad a un alumno con características socioeconómicas comunes en dicha sociedad.
Este monto aumenta significativamente en el caso de alumnos vulnerables, trátese de hijos de padres holandeses con bajos niveles educacionales o de hijos de inmigrantes, que provienen principalmente de Marruecos, Turquía y las antiguas colonias holandesas.
Todos los colegios -privados religiosos o seculares y municipales- se sujetan a un currículo nacional común, deben emplear docentes debidamente certificados y se hacen responsables por los resultados de sus alumnos ante los padres que los eligieron y la inspectoría escolar, agencia pública encargada de su supervisión.
Sin duda, Chile está lejos de este modelo. Para avanzar hacia él necesitaría, en primer lugar, reorientar sus políticas bajo un nuevo concepto unitario de educación pública, inspirado en el principio de “igualdad de trato y de exigencias” para colegios privados subvencionados y municipales.
Y, enseguida, introducir adecuadas regulaciones para la educación pública, junto con financiar en plenitud una subvención diferenciada para alumnos de diverso origen socioeconómico y cultural que asegure a todos una educación de calidad. A estas reorientaciones de política educacional nos referiremos en la próxima columna.