Columna de opinión aparecida en El Mostrador, 7 enero 2010, del profesor Sebastián Donoso, Universidad de Talca, bajo el título: Educación superior chilena: ¿incubando una crisis?, donde el autor analiza problemas de oferta y demanda de graduados en el mercado laboral y de puestos de estudio en el sistema de educación superior.
Educación superior chilena: ¿incubando una crisis?
Sebastián Donoso
Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional de la Universidad de Talc
La Educación Superior es una “industria en fuerte expansión”. En 30 años ha quintuplicando su tamaño, y el año 2011 cruzará el umbral del millón de matriculados. Esta cifra representa un conjunto de situaciones problemáticas y desafíos que pueden derivar en algunos años en un conflicto de proporciones, algo así como un movimiento “pingüino de estudiantes de educación superior, si no se adoptan algunas provisiones.
En el horizonte inmediato se visualizan retos impostergables. El más evidente, es la creciente sobreoferta de graduados en varias carreras, no reflejada en los datos de los observatorios del empleo, pues manejan cifras con rezago, sin considerar ni el efecto de tendencia a la baja en la tasa de rentabilidad del capital humano, ni tampoco las características selectivas de los mercados del empleo.
La sobreoferta es subestimada por las instituciones de educación superior y los organismos de su supervisión, dado que se le otorga al mercado este rol regulador. Pareciéramos no comprender que lo que está en juego es la credibilidad y, esencialmente, lo que se puede poner en duda es la apuesta del país, en términos que la educación es la gran herramienta del desarrollo, dado que cada vez más jóvenes acceden a empleos más precarios, más transitorios, con menores remuneraciones.
En razón de ello, la creencia de que la educación es la llave del futuro hace tambalear la clave del pacto social de gobernabilidad que queremos que ellos suscriban, con el agravante que este pacto se sostiene principalmente en el aporte privado que hacen las familias, vía crédito o pago directo de la educación superior, cuyos retornos o beneficios no serían los esperados. Pudiendo derivar esta situación -en algún momento- en un espiral de no pago, similar al tema hipotecario de EE.UU., agravado por el alto precio como valor comparado que tiene la formación universitaria en Chile, que la sitúa dentro de las 10 de más caras en el mundo, no siendo evidente que sus retornos sean de igual escala.
Un segundo desafío se refiere al sistema de selección empleado por las universidades tradicionales (CRUCh), aunque es un referente del sistema en su conjunto. Ante desafíos de formación tan complejos que dicen relación con muchos factores diversos y dado que los estudiantes tendrán que “recrearse al menos unas tres veces en su extensa vida laboral”, aspectos vocacionales omitidos históricamente en la baterías de selección, y otros como destrezas motoras, sociales, etc. que no se consideran en estos procesos, son parte efectivamente del éxito en la educación superior y muestran que no podemos seguir seleccionando estudiantes con una prueba tan limitada (PSU o la añorada PAA).
En este marco, el desafío mayor del sistema de educación superior chileno es y seguirá siendo mejorar la retención de los estudiantes. Esta tarea es compleja y estamos entrando tarde como país en su análisis y búsqueda de soluciones. Si bien la retención afecta a los más vulnerables, también incide en los menos vulnerables, dando cuenta de un problema de la formación escolar y familiar que deberíamos discutir, y que dice relación con la sobreprotección, el autoritarismo y otros aspectos que, finalmente, derivan en el abandono de la educación superior por los estudiantes ante su incapacidad de “manejarse en ambientes de libertad”.
Sin caer en un reduccionismo, los impactos de la creciente incorporación de estudiantes a la educación superior implicarán mayor demanda por crédito, dado que corresponde a segmentos sociales más vulnerables, lo cuales son a su vez más riesgosos. Esto significará que los bancos se interesen menos en ellos, la oferta por créditos sea menor y su costo más elevado, por lo tanto, pondrá en jaque al sistema de financiamiento vigente.
Complementariamente, es posible que la brecha entre los aranceles de referencia y los reales se incremente, y por lo tanto grave aún más a las familias para cubrir ese diferencial, lo que es relevante cuanto más vulnerable sea la población que se incorpora a la educación superior, pues requiere de soporte adicional para cubrir la brecha entre el préstamo y el valor real cobrado por la institución.
Como las tasas de fracaso en primer año son del 30 a 35%, y aumentan el total de matriculados, deberíamos esperar un aumento en el número de desertores, de forma que el costo de este proceso supere con holgura las cifras que el Ministerio de Educación de menos de US$ 100 millones al año, que se pierden por esta vía (costo de la deserción) acercándolas más a los 200 millones como piso si se consideran el conjunto de variables que implican: alimentación, transporte, vestuario, en oportunidades habitación y el costo oportunidad incluido.
El tema para el país es que el nivel socioeconómico es clave y explica casi todos los resultados educacionales. Por ello, si comparamos los resultados SIMCE de 4º, 8º Básico y 2º Medio de la década presente, muestran que las diferencias de logros para un mismo segmento social son menores según la dependencia y casi siempre irrelevantes, más si uno pensara el valor de la inversión que está detrás de una y otra. Por ello se sostiene que el “valor agregado de la escuela” es bajo respecto del origen social que es tan determinante. Los resultados SIMCE del 2º año medio (10 grado) correlacionan cerca de 0.80 con los de la PSU, confirmando la hipótesis que el factor socioeconómico es crucial y ello tiene severas implicancias en la política educacional y en la política de enseñanza superior.
El determinismo de los resultados SIMCE de 2º Medio y la PSU cuestiona la forma como enseñamos a los estudiantes y nos dice que los últimos dos años de enseñanza media aportan muy poco a la equidad tan necesaria de este nuestro país capturado por la desigualdad social y por el capital social determinante en los resultados educacionales.
Mientras este fenómeno exista, los esfuerzos “redistribucionistas del ingreso económico” esperado por la enseñanza superior se enfrentan con un muro muy alto, que se expresa en la deserción y abandono de la población más vulnerable, en la fuerte pérdida de la inversión en capital humano que representa para el país, en los altos niveles de endeudamiento y en oportunidades laborales que dicen más con respecto del capital social del estudiante que con sus habilidades logradas en la enseñanza superior.
De persistir en esta senda estamos incubando un conflicto social de proporciones, con una población instruida que no aceptará argumentos bizantinos y trasnochados, sino respuestas sólidas.