Columna de opinión publicada en El Mercurio, página de Educación, domingo 16 de enero 2011
La educación superior está en una crisis de conducción
Es urgente asumir este diagnóstico y hacerle frente en un esfuerzo conjunto entre las instituciones y el Gobierno, el que debe tomar la iniciativa.
JOSÉ JOAQUÍN BRUNNER
La apasionada discusión en torno a la gestión del proceso de admisión 2011 a la educación superior volvió a poner sobre el tapete la crisis de Gobierno y coordinación de este sector. Más allá de las mutuas recriminaciones entre rectores, la incomodidad que debieron soportar los jóvenes y sus padres para inscribirse en la carrera de su elección, los estériles llamados del Gobierno a la razón y el inconcluso debate sobre el valor y utilidad de la PSU, la pregunta que cabe formular es si existe una efectiva voluntad de mejorar la gobernanza de nuestra educación superior.
Para ello se requiere, ante todo, concordar en un diagnóstico de la crisis. Ésta tiene al menos tres dimensiones principales.
Primero, el sistema carece de una cabeza, un vértice organizacional, que ejerza su dirección, guíe su desarrollo, formule y aplique políticas, dicte normas y desempeñe las funciones de control y seguimiento. No hay por tanto una visión estratégica del desarrollo sustentable del sistema a largo plazo, ni hay una estructura de mando en condiciones de pilotar este proceso. El Ministerio de Educación y sus autoridades se hallan absorbidos por los retos del sistema escolar. La división ministerial encargada del sistema carece de estatus dentro del aparato de Gobierno, no tiene suficiente personal especializado y no posee los recursos e instrumentos necesarios para lidiar con un sistema de enorme complejidad y dinamismo. Resultado: la educación superior avanza sin dirección.
Segundo, tampoco al interior del sistema hay la capacidad suficiente para establecer una visión que vaya más allá de los intereses de cada institución y para coordinar actividades en beneficio del interés general. Esta fragmentación se ve agravada por la falta de un organismo que agrupe, al máximo nivel, a todos los establecimientos que son parte del sistema. El Consejo de Rectores (CRUCH) ha perdido legitimidad y no expresa, siquiera, al conjunto de las universidades acreditadas.
Las asociaciones de universidades según su naturaleza jurídico-financiera -estatales, privadas subsidiadas y privadas sin subsidio- carecen de proyección y aparecen, más bien, como agrupaciones defensivas. El recientemente creado Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica acreditados es bienvenido, pero expresará nada más que a un segmento institucional.
En breve, la educación superior no tiene una voz que la exprese ante el Estado y la sociedad civil. Su única instancia de deliberación colectiva es el foro que ofrece anualmente Universia-Banco Santander. Es hora de establecer, también orgánicamente, un sentido de la orientación pública del sistema.
Tercero, los instrumentos clave de orientación, conducción y coordinación del sistema -provisión de información pública para transparentar el mercado; procedimientos de evaluación externa y acreditación para promover la calidad, y modalidades de asignación de recursos fiscales y privados- presentan fallas largamente identificadas, pero que no se han abordado y ahora amenazan con dañar el funcionamiento de la educación superior.
Es urgente, por tanto, asumir este diagnóstico y hacerle frente en un esfuerzo conjunto entre las instituciones y el Gobierno. A este último le corresponde tomar la iniciativa e ir más allá de las meras declaraciones de buena voluntad. Las instituciones deben ser convocadas a trabajar en conjunto y a alinear sus intereses corporativos con el bien común. De lo contrario, no se podrá superar esta crisis de conducción.