La universidad anda sin oxígeno
Los campus públicos hacen frente a los recortes con planes de austeridad y presión sobre las plantillas docentes – El Gobierno propone reducir el número de carreras
J. A. AUNIÓN – El País, Madrid – 03/10/2010
Amenazas de reducción de plantillas, docentes más precarios (más profesores asociados con contratos más cortos, o como lectores en lugar de profesores titulares), menos gasto de mantenimiento (por ejemplo, en renovación de ordenadores, impresoras sin tóner), cierres de edificios en vacaciones, menos investigación… La crisis hace mella en las universidades públicas españolas.
Los campus se afanan en planes de austeridad para cuadrar unos presupuestos que ya se han visto, en general, congelados o reducidos este año (sobre todo a costa del dinero para infraestructuras): los campus valencianos llevan tres años con el presupuesto estabilizado; para los catalanes, el recorte conjunto de fondos podría llegar a los 60 millones de euros en dos años; en Galicia bajó su subvención un 5,5% este año, y un 3,8% en Madrid. Y para 2011 todo apunta a más tijeretazos.
En ese contexto es en el que las universidades tienen que adaptarse a un nuevo esquema (proceso de Bolonia) que exige, entre otras cosas, mayor carga de trabajo para los profesores. Y coincide en un momento, además, en que la crisis ha hecho que crezca, después de muchos años, el número de alumnos. El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, declaró el jueves pasado que se volverá a cifras de los años noventa, con 1,6 millones de estudiantes. Y la crisis arrecia, sobre todo, cuando se supone que las universidades españolas tienen que superar retrasos históricos para convertirse en uno de los motores de ese cambio de modelo económico que debe sacar al país de la crisis.
Sin querer ser ajenos a una recesión en la que todo el mundo debe apretarse el cinturón, varios rectores se quejan del doble discurso de las administraciones. El rector de la Pompeu Fabra, Josep Joan Moreso, pide que se ajusten las expectativas de todas las Administraciones a los medios públicos que se ponen.
Si en cada intento de revisión del sistema de financiación de los campus españoles desde 2006 se ha hablado de la necesidad de invertir unos 2.400 millones de euros extra para acercarse al nivel de los países más avanzados (que aportan el 1,5% del PIB a las universidades) y, en lugar de eso, se recorta, por muchos matices que se quieran poner, las cuentas no salen. “Es casi imposible situarnos al nivel de otros sistemas universitarios más competitivos y aportar valor en el cambio de modelo productivo no solo sin las necesarias reformas y cambios en nuestras instituciones sino, además, sin los necesarios recursos económicos”, advirtió esta semana el rector de la Politécnica de Valencia, Juan Juliá.
El Ministerio de Educación asumió hace tiempo que esos 2.400 millones extra no se podrán aportar de momento. Así que lo que ha planteado son tres años para poner las bases de ese nuevo modelo de financiación universitaria, promesa pendiente desde 2004. Y, mientras tanto, “acelerar planes de austeridad” y resolver ineficiencias del sistema. La principal, una oferta de carreras demasiado grande y diseminada que, aún con el aumento, deja muchas carreras de muchos campus medio vacías.
El documento que Educación ha puesto sobre la mesa en la recién creada comisión para el análisis y seguimiento de las medidas de austeridad de las universidades (están también comunidades, rectores y sindicatos) reclama reducir el número de titulaciones de Grado (sustituyen a diplomaturas y licenciaturas) y de máster, eliminando, en este último caso, los de menor calidad: “Aprobar un modelo de calidad para reducir la oferta de máster en España”, propone el texto. Se trata, explica dice Juan José Moreno, director general de Política Universitaria, de concentrar grados con poca demanda en una sola facultad u organizar un buen máster entre varias universidades.
Pero la idea de racionalizar la oferta de titulaciones, de que las universidades se pongan de acuerdo y se especialicen, apenas avanza. El último documento redactado por el ministerio, las comunidades y los rectores para la nueva financiación se quejaba de que no se había aprovechado el cambio a Bolonia para racionalizar la oferta de carreras. En 2007, había para elegir unas 3.300 carreras (teniendo en cuenta todas las veces que las universidades repetían cada título); este año son más 4.700 entre grados y másteres.
¿Por qué no se ha contenido esa oferta? En la versión del pasado enero del documento para la nueva financiación universitaria se daba una explicación terrible: “En el gobierno de las universidades pesa mucho más la satisfacción de los intereses internos (mantenimiento del peso de los grupos de presión, departamento, colectivos) que la atención a las necesidades de la sociedad” y “en el gobierno de las comunidades autónomas prevalece la conservación de la paz social ante la presión de las universidades”.
A partir de aquel documento, el ministerio ha creado esa comisión de austeridad cuya primera misión ha sido hacer una encuesta para ver qué planes de ahorro se están llevando a cabo. Estará listo en un mes, señala Moreno. Sobre la reducción de titulaciones dice que la decisión depende de las comunidades y las propias universidades; es cierto que ya están haciendo algunos intentos en Cataluña o Madrid. En cuanto a iniciativas concretas del ministerio, señala un plan para dar menciones de calidad a algunos másteres para apuntar a cuáles dar preferencia.
El presidente de la Conferencia de Rectores de la Universidades Españolas (CRUE) y rector de Cantabria, Federico Gutiérrez-Solana, admite que es necesaria una buena planificación y una optimización de los recursos para que no se dupliquen, pero añade que hay que seguir estudiándolo. El rector insiste en que no se puede sustraer dinero a lo fundamental, a lo que tiene que ver “con la docencia y la investigación”, es decir, que les pide a las universidades un esfuerzo de financiación. “Es necesaria la capacidad política para ver que la educación y la investigación es la inversión más productiva de futuro”.
Moreno también asume que las autonomías volverán a meter tijera a la subvención -la crisis lo hace inevitable-, pero dice que la clave será si es posible hacerles frente optimizando los recursos, es decir, si es “un recorte razonable”. ¿Qué es un recorte razonable? “Depende de cada universidad. No es lo mismo una moderna que una antigua con recursos humanos de mayor antigüedad y, por lo tanto, más caros”, contesta.
Precisamente, el tamaño y composición de las plantillas docentes está en cuestión. La Xunta de Galicia, por ejemplo, ha reclamado a los tres campus públicos planes de austeridad que incluyen recortes de personal. En Asturias, la Universidad de Oviedo se ha negado a realizar esa reducción y en Castilla y León, el consejero Juan José Mateos lo ha planteado en distintos foros. Pero en la práctica las plantillas de muchas universidades se ven mermadas porque no se renuevan contratos de profesores asociados o se amortizan los puestos de los profesores que se jubilan.
El ex presidente de los rectores Juan Vázquez explica que cualquier ahorro importante que pretenda hacer una universidad pública pasa por el gasto de personal y, sin embargo, hay muy poco margen para hacerlo porque se trata en su mayoría de funcionarios y, además, justamente ahora el cambio al esquema de Bolonia y el leve incremento del alumnado aumenta las necesidades.
Así, en esos estrechos márgenes, los que se está haciendo de forma generalizada es cargar con más horas de trabajo docente a los profesores, señala el catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona y responsable del informe anual de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, Martí Parellada. El plan de austeridad que aprobó la Complutense este verano lo dice claramente: “Racionalización y optimización en la distribución de la carga docente, que permita la reducción del número de profesores”.
La Complutense quizá ha sido el paradigma de los aprietos universitarios por culpa de los recortes. Pero no es la única con serios problemas. La Pompeu Fabra, que contaba con unos 62 milones de euros entre 2009 y 2011 que finalmente no recibirá de la Generalitat catalana, tendrá problemas para devolver los créditos con los ha podido construir infraestructuras en los últimos años, dice su rector.
Es difícil hacer un análisis detallado, no hay datos recientes. Con información de 2008, uno de los principales expertos españoles en financiación universitaria, Juan Hernández Armenteros, señaló en un trabajo de 2009 cuál podría tener más problemas, por carecer de margen, para afrontar la crisis. En la lista estaba la Complutense y también la Pompeu Fabra y, junto a ellas, la Universidad de Zaragoza; Burgos, León y Salamanca; La Rioja, la Pablo de Olavide, en Andalucía; Politécnica de Cataluña; Alicante, Jaume I, Politécnica de Valencia y Valencia; Santiago de Compostela y Vigo, y País Vasco.
Los especialistas prevén que las universidades conseguirán capear la crisis, eso sí, muchas con un gran déficit. Otra cosa es si conseguirán afrontar dignamente el cambio a Bolonia y colocarse como ese motor del nuevo modelo productivo en un contexto en el que otros países, como Francia o Alemania, mantienen o aumentan el gasto universitario y en el que los países emergentes se levantan con fuerza, recuerda el presidente de la CRUE.
Con información de Sebastián Tobarra (Barcelona), Ignacio Zafra (Valencia) y Pablo Linde (Santiago)