Reproducimos a continuación dos columnas de Daniel Mera Villamizir apareceidas en el diario colombiano El Espctador .
Equidad y residencias estudiantiles
Por: Daniel Mera Villamizar
El Espectador, Colombia, 6 agosto 2010
Todos temen las movilizaciones de protesta de las universidades públicas en la ecuación política de una reforma integral de la educación superior.
Por eso tenemos un estatuto obsoleto, la Ley 30 de 1992. ¿Y si desbloqueamos la discusión del aporte de la educación terciaria a la competitividad del país y a la equidad social para llegar a un “acuerdo nacional”? Es decir, si comenzamos por admitir que la viabilidad de la reforma pasa por un compromiso, claro y operativo, entre competitividad y equidad. Tal vez así presten más atención los que están listos para marchar.
Un “neoliberal” típico rechazaría de inmediato un plan de “revivir” las residencias estudiantiles, así como muchos rectores y líderes profesorales reaccionan mal a la idea de atar crecientemente las transferencias de la nación a indicadores de desempeño de las universidades, por ejemplo. Pero si ambos tienen ganancias potenciales al quedarse sentados en la mesa, el diálogo puede seguir. No es difícil mostrar que las dos ideas son razonables, consideradas sin (tantos) prejuicios ideológicos. Tras la Revolución Educativa, y sin revisar sus cifras, el reto de equidad social está más en la permanencia y la calidad que en el acceso. Los estudiantes de familias con ingresos inferiores a dos salarios mínimos pasaron del 30% al 50% en la matrícula, y seguirán aumentando, pero desertan casi 50%, la mayoría en los primeros semestres, por bajo capital cultural y académico y por factores financieros y socioeconómicos, principalmente. Los costos de la deserción para el sistema y los hogares son gigantescos.
Menos visible es la inequidad regional. I) las tasas de cobertura bruta en 21 departamentos están entre 10 y 24 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional (35,3%), y ii) gracias a los Centros Regionales de Educación Superior, CERES, “el número de municipios con estudiantes en educación terciaria pasó de 286 en 2003 a 693 en 2009”, pero los CERES ofrecen programas a distancia y virtuales, y tienen un potencial limitado, 30.380 estudiantes en 164 centros en 2009, es decir, no son la opción a la que aspiran los bachilleres talentosos de cientos de municipios. De ahí la promesa del gobierno de la prosperidad democrática: “Los 20 mejores bachilleres de cada departamento recibirán cada año un subsidio de matrícula y mantenimiento, para que estudien en las mejores universidades del país”. Entonces los promotores de la equidad pueden decir: se necesita que mejore la calidad de vida de los bachilleres pobres que entran a la educación superior para que puedan nivelarse académicamente.
Las universidades tienen diversos programas para la retención estudiantil, y el Icetex y sus fondos asociados han aumentado los créditos de sostenimiento y los subsidios, pero no se ha planteado un sistema de residencias estudiantiles con valor urbanístico, financiadas por múltiples fuentes, administradas por privados sin ánimo de lucro, para universidades públicas y privadas, donde por la misma plata con que viven pésimo en un barrio deprimido, miles tengan una experiencia de estudio maravillosa. Y hay bastante “mercado” en el esquema para que ningún “neoliberal” se levante de la mesa. Que aguanten para que “cobren” por el lado de la competitividad.

Semáforo de calidad para educación superior
Por: Daniel Mera Villamizar
El Espectador, Colombia, 30 julio 2010
UN LEGADO QUE INTIMIDA, COMO el de la ministra Cecilia María Vélez, puede inhibir el “cambio de ritmo” y las mejoras.
Pongamos por caso el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Venimos bien, si se piensa en la proliferación de programas e instituciones sin control de hace 10 años, pero, si imaginamos un futuro nacional ambicioso y la contribución del subsector a éste, tal vez intuyamos que vamos lento.
Con cifras: desde 2003, de 6.244 programas en funcionamiento, casi el 100% pasó la evaluación de condiciones mínimas de calidad y obtuvo el registro calificado obligatorio, según el Ministerio. Pero desde 1993, solamente alrededor de 15% de los programas ha recibido acreditación de alta calidad y 6% de las instituciones su acreditación de excelencia, ambas voluntarias. Está bien, por necesario, tener un filtro de entrada para los programas, pero más allá, la evaluación de la calidad es muy baja en el sistema. Existe, pues, una necesidad de rediseño institucional.
La solución no parece ser poner como obligatoria la acreditación, porque el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) no tendría capacidad para atender la demanda. Podría probarse la introducción de agencias especializadas, al lado de los pares académicos, pero eso llevaría años. Y vamos lento, aunque, afortunadamente, sobre “hombros de gigante”. El período 2002-2010 lega valiosos sistemas de información, como el Observatorio Laboral y el de Análisis y Prevención de la Deserción, Spadies, que, junto con las pruebas ICFES (o Saber 11) y ECAES, constituyen recursos para resolver, en parte, el problema de la capacidad del sistema de aseguramiento de la calidad.
Un “siguiente paso” grande puede ser crear un instrumento “automático y objetivo”, que traduzca al público, de manera sencilla, las diferencias de calidad de los miles de programas. Un semáforo: verde, equivalente a alta calidad; amarillo, a calidad intermedia; y rojo, a calidad riesgosa. El semáforo se enfocaría en los resultados de los programas: i) cuánto progresan sus estudiantes del ICFES al ECAES (hay más gracia en tomar un ICFES regular y volverlo un buen ECAES); ii) la valoración de las competencias de los egresados en el mercado, a través de la información del Observatorio Laboral (teniendo el cuidado de moderar el impacto de los sesgos del mercado laboral); iii) la tasa de graduación por cohorte, es decir, el desempeño en evitar la deserción, y iv) otros indicadores: de movilidad estudiantil, por ejemplo.
Definir los intervalos de verde, amarillo y rojo, y las ponderaciones, no sería fácil, pero se lograría. Una entidad independiente podría administrar el programa, que alimentado por los sistemas de información, arrojaría automáticamente las señales de calidad para padres de familia y jóvenes. El Icetex tomaría como elegibles para crédito los programas en verde y amarillo, lo que reforzaría el impacto del semáforo en la calidad de la educación terciaria. ¿Volvería esto redundante la acreditación de programas? No necesariamente. ¿Desestima las críticas a las pruebas de Estado? Tampoco. Se trata de renovar la perspectiva y acelerar el paso.