Mi reacción frente a las primeras medidas de política de educación superior anunciadas por el Gobierno.
Anuncios incompletos
Las medidas para la educación superior esbozadas recientemente deben ser precisadas con urgencia. De lo contrario, se abrirá un debate en torno a malentendidos y a lo no dicho, o a lo dicho de una manera equívoca, y no sobre los contenidos, los objetivos y los medios de la política.
por José Joaquín Brunner – La Tercera, 23 junio 2010
Las medidas anunciadas por el gobierno para la educación superior -conocidas el domingo a través de La Tercera- vienen a llenar parcialmente el vacío dejado por el mensaje presidencial del 21 de mayo, que había pasado por alto a este estratégico sector. Aunque vagamente delineadas todavía, se orientan en la dirección correcta.
En efecto, se busca organizar un solo esquema de crédito estudiantil y becas que favorezca a los jóvenes en función de sus necesidades socioeconómicas y méritos académicos, sin discriminar entre ellos -como ocurre hoy- en razón de la institución (acreditada) donde eligen estudiar. Enseguida, se propone entregar el subsidio directo que hoy reciben las universidades del Consejo de Rectores mediante convenios de desempeño, lo que ayudaría a focalizar los recursos en la producción de bienes públicos y haría más transparente su asignación. Asimismo, se plantea extender a todas las universidades la oportunidad de concursar por fondos para programas de innovación y mejoramiento académico, medida imprescindible para emparejar el terreno y aumentar el número y variedad de competidores. Por último, se anuncia la creación de una asamblea integrada por la totalidad de las instituciones de educación superior y el establecimiento de un foro que reúna al conjunto de las universidades, dejando atrás así las limitaciones que presenta el Consejo de Rectores.
Medidas de este tipo fueron discutidas, primero, por el Consejo Asesor creado por la Presidenta Bachelet y, después, analizadas y recomendadas por el equipo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) que evaluó nuestro sistema y políticas de educación superior. Hay, por tanto, un espacio común en torno al cual construir acuerdos y articular reformas con un sentido de continuidad.
Ala vez, sin embargo, el planteamiento dado a conocer en estos días es demasiado limitado.
Por lo pronto, nada dice de cómo se financiarán estas medidas, cuando es sabido que el gasto público en este sector es -desde ya- absolutamente insuficiente. Tampoco menciona cómo el ministerio pretende hacer frente al diseño y manejo de esquemas e instrumentos más sofisticados de financiamiento de las universidades, lo cual resulta inexplicable conociéndose la debilidad de sus estructuras y personal para asumir tareas de esta complejidad. Además, no hay indicación alguna sobre otros asuntos fundamentales, como la necesidad de aumentar y mejorar la información que entregan las instituciones, revisar el funcionamiento del régimen y los procedimientos de acreditación, regular las actividades con fines de lucro que realizan algunas universidades al margen de un debido reconocimiento legal, definir las relaciones del gobierno con las universidades estatales y aclarar el apoyo que se espera otorgar a la formación técnica superior.
En suma, falta aún que el gobierno dé a conocer una política relativamente coherente para este sector. Las medidas recientemente esbozadas requieren ser precisadas con urgencia, pues de lo contrario se suscitará un debate en torno a malentendidos y a lo no dicho, o a lo dicho de una manera equívoca, y no sobre los contenidos sustantivos, los objetivos y los medios de la política. Asimismo, interesa conocer la postura argumentalmente fundada de las instituciones, incluso si es en defensa de sus intereses corporativos. Por último, importa conocer la posición -técnica y política- de los partidos de oposición, cuyo peso en el Congreso torna decisivas sus opiniones.