Columna publicada en la página de Educación del diario El Mercurio, domingo 16 de mayo 2010.
Educación superior: la gran ausente
Desde que asumió el nuevo Gobierno, la educación superior desapareció prácticamente de la agenda pública. Las universidades afectadas por el terremoto –con sede en Talca, Concepción y Temuco—han debido ceder el protagonismo frente a los colegios colapsados. El propio Gobierno aún no enuncia las orientaciones y prioridades de su política para el sector. Incluso más: hasta el momento (13 de mayo) no ha designado al personal directivo clave de este ámbito, como son los encargados de la División de Educación Suprior del Ministerio de Educación, de Conicyt y de la Comisión Nacional de Acreditación. Luego, no hay señales del curso que desea seguir el Gobierno ni hay tampoco las personas para conducir la marcha del aparato estatal en este ámbito. Podría conjeturarse por tanto que los asuntos relativos a la enseñanza terciaria y a la investigación académica no constituyen una preocupación central del equipo gobernante.
De ser así sería un grave error. La producción, transmisión y difusión del conocimiento avanzado en diversos campos del saber son actividades esenciales para la cultura, la sociedad y la economía. Inciden en la formación de nuestro capital humano más calificado; en la productividad y competitividad del país; en la mejor calidad del debate público y de las decisiones de política, y en la conciencia cultural de la nación.
Sin duda, la educación superior ha progresado en Chile durante las últimas dos décadas: su cobertura se ha multiplicado por más de tres veces igual que el número anual de graduados; la producción científica se ha diversificado, especializado y vuelto más visible internacionalmente y de mayor impacto; el trabajo académico se ha profesionalizado; hay una relación más estrecha entre algunas instituciones de altos estudios y el sector productivo, y varias universidades, con independencia de su régimen de propiedad y gestión, sirven como plataforma para académicos que intervienen activamente en la deliberación pública.
También hay problemas que urge enfrentar y situaciones que exigen un compromiso enérgico del Gobierno; no puede él mantenerse ausente. Hay que duplicar el gasto fiscal en la educación superior, especialmente en beneficio de los alumnos de menores ingresos y a través de convenios de desempeño con las instituciones que presenten los proyectos de mayor valor público. Se debe revisar las modalidades de asignación de dichos recursos para hacerlas más equitativas y eficientes. Es imprescindible unificar los esquemas de crédito estudiantil existentes y terminar con la odiosa discriminación que ellos conllevan. Hay que racionalizar la gestión de Becas Chile y apoyar más decididamente los doctorados nacionales. Hay que incrementar la inversión pública en ciencia y tecnología, partiendo por ampliar el apoyo para Fondecyt. Se debe flexibilizar el régimen de control de las universidades estatales que han demostrado una mayor capacidad de gestión. Y se vuelve urgente reducir la deserción y el tiempo necesario para graduarse mediante un esfuerzo de rediseño curricular y el uso de métodos pedagógicos más efectivos.
En fin, el Gobierno tiene que asumir sus responsabilidades frente a la educación superior, declarar su política para este sector y actuar con prontitud para reunir un equipo en condiciones de encabezar esa política y darle el necesario sustento en el corto y largo plazo.