Columna publicada en el diario La Tercera, lunes 29 marzo 2010.
Chilevisión: sentido común
El hecho de que Piñera deba designar a los miembros del CNTV, a los directores de TVN y que tenga que tramitar la nueva ley de TV digital, torna insostenible su posición como controlador y propietario de CHV. El conflicto de interés es demasiado evidente”.
por José Joaquín Brunner – La Tercera, 29/03/2010
Preservar a la televisión de la manipulación gubernamental es una preocupación de los Estados democráticos contemporáneos, igual que evitar la concentración de los medios de comunicación. En general, ha resultado más fácil limitar las ambiciones del Leviatán (el poder político estatal) que impedir la voracidad de Moloch (el poder de la riqueza).
En efecto, la TV estatal ha visto reducida su esfera de expansión y ha debido sujetarse a exigentes estándares de independencia política, pluralismo cultural y eficiencia económica. Sólo excepcionalmente se ha impuesto el dominio gubernamental sobre ella, como ocurre en Venezuela, o se tolera que un jefe de Estado controle canales privados de TV, como sucede con Silvio Berlusconi en Italia.
Por el contrario, con la globalización y concentración de las empresas multimedia (telecomunicaciones, ordenadores, proveedores de internet y propietarios de medios de comunicación), se ha producido la máxima dilatación del ávido Moloch. Han surgido las redes globales de comunicación, interconectadas y convergentes, cuyo núcleo son las principales empresas culturales del mundo: Time Warner, Disney, NewsCorp, Bertelsmann, NBC Universal, Viacom y CBS. La configuración de este nuevo mundo se caracteriza, precisamente, por una creciente concentración de la propiedad y el peso cada vez más gravitante de esos conglomerados multimedia.
En Chile se ha avanzado desde los años 90 en separar la TV pública del poder político, crear un marco estable para la competencia entre operadores de canales privados de señal abierta y cerrada, y mantener un cierto grado de dispersión de la propiedad de los medios, al menos, en el campo de la televisión. Los conglomerados multimedia en formación son habitualmente de propiedad y capitales extranjeros y la participación en las redes globales se produce, mayormente, a través del acceso de los ciudadanos a internet.
En este cuadro llama la atención que el Presidente de la República mantenga, hasta hoy, la propiedad y el control sobre uno de los canales de TV privada de mayor crecimiento en los últimos años. El hecho de que a él le corresponda además, y simultáneamente, designar por sí o con acuerdo del Senado a los miembros del órgano regulador de la industria (el Consejo Nacional de Televisión), a los directores de la principal empresa competidora y portadora de la responsabilidad pública en esta industria -TVN-, y que próximamente deba tramitar la nueva ley que determinará el modelo de negocios para la TV digital, torna insostenible su posición como controlador y propietario de un exitoso canal privado. El conflicto de interés es demasiado evidente, igual como el riesgo de una abusiva fusión entre Leviatán y Moloch.
La solución propuesta por algunos asesores legales de traspasar la propiedad de la empresa Chilevisión a una fundación, reteniendo el Presidente inevitablemente el control indirecto del canal, es completamente insatisfactoria. No resuelve el conflicto de intereses ni evita aquel comprometedor vínculo de poderes. Así parece haberlo comprendido incluso la prensa que apoya al Mandatario y un número en aumento de sus parlamentarios.
En fin, resulta evidente que la fundación proyectada no asegura una solución “de excelencia”, según designa a las suyas (con escasa modestia) el naciente lenguaje oficial. Una solución de estas características necesitaría separar definitivamente el cargo público del interés propio en la esfera privada.