Columna publicada en El Mercurio, domingo 14 de febrero 2010.
Joaquín Lavín y los desafíos del cambio educacional
José Joaquín Brunner
Uno de los escasos líderes de la Alianza con experiencia electoral (varias derrotas incluidas) y proyección presidencial ha sido nombrado ministro de Educación. Tiene allí tres destinos posibles: realizar una exitosa gestión del cambio y así consolidar su liderazgo; fracasar en el intento y ver desvanecerse su liderazgo, o bien cumplir la tarea a medias y sin brillo, debilitándose, en consecuencia, su actual posición.
¿Cómo podría el nuevo ministro ganar para sí el destino más afortunado? Sin duda, llevando a cabo el programa educacional comprometido por Sebastián Piñera durante la campaña.
Éste busca crear en Chile una educación de nivel mundial, comparable en resultados con la de Italia o Portugal. Para ello, ofrece completar a la brevedad la nueva institucionalidad prevista en la Ley General de Educación y poner en marcha la Agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación. Obligadamente deberá realizar también una completa modernización del Ministerio de Educación.
Asimismo, la Alianza propone fortalecer la educación municipal mediante el establecimiento de Corporaciones de Educación de Calidad en cada comuna. Enseguida, se compromete a realizar un cambio en profundidad de la profesión magisterial, el cual gira en torno a la revisión y flexibilización del Estatuto Docente, evaluaciones más rigurosas del desempeño de los profesores y premios e incentivos para aquellos que obtienen buenos resultados de aprendizaje con sus alumnos.
El programa aliancista contempla además definir estándares más exigentes para la enseñanza, impulsar medidas para integrar la sala de clases al mundo digital, construir 50 liceos altamente selectivos en regiones (idea difícil de compatibilizar con los ideales de equidad), enseñanza intensiva del inglés, fortalecimiento del rol directivo en las escuelas, etc.
Por último, promete iniciar un gradual proceso conducente a duplicar la subvención escolar, lo cual redundaría en un mayor gasto por alumno, condiciones superiores de trabajo para las escuelas y docentes y directores mejor remunerados.
Como puede apreciarse, este es un programa de continuidad con los de la Concertación en dos terceras partes de sus contenidos, lo cual es altamente positivo, pues no hay real transformación educacional si no se persevera por décadas en una misma línea de acción.
Sin embargo, eso implica, a la vez, desatar algunos nudos que los anteriores gobiernos no lograron destrabar, como el debilitamiento de la administración educacional de los municipios, la rigidez burocrática del Estatuto Docente y el fortalecimiento del papel de los directores en el manejo autónomo y responsable de sus escuelas.
En materia de educación superior, el programa que deberá implementar Joaquín Lavín incluye, entre otros, los siguientes compromisos: reemplazar el Consejo de Rectores por dos consejos, uno representativo de las universidades y el otro de las instituciones terciarias no universitarias; sustituir el aporte fiscal directo (AFD) por convenios de desempeño; terminar con la discriminación social en el otorgamiento de los créditos estudiantiles, y aumentar las becas y préstamos sin atender a la naturaleza jurídica de las instituciones donde se matriculan los jóvenes; mejorar las condiciones de competencia para las universidades estatales; incentivar a las universidades para revisar los contenidos, la relevancia y la duración de las carreras que ofrecen, y fortalecer la inversión en investigación, desarrollo e innovación, duplicando, entre otros, el número de proyectos financiados por Fondecyt.
La mayoría de estas iniciativas fueron recomendadas por la misión de la OCDE que revisó nuestra educación superior, y muchas de ellas fueron discutidas también por la Comisión Asesora que en su momento convocó la Presidenta Michelle Bachelet. Es hora, pues, de ponerlas en ejecución.
En suma, puede concluirse que la Alianza se propone llevar adelante un ambicioso plan de continuidad, con énfasis en la realización adicional de un conjunto de cambios que hace rato están pendientes. Para implementar dichos cambios, el nuevo gobierno y su ministro de Educación necesitarán forjar un amplio acuerdo con todos los agentes dispuestos a dar un salto adelante en la modernización de nuestro sistema educacional, tanto a nivel escolar como superior.
Para ello será necesario definir prioridades, estrategias e instrumentos del cambio, que en el programa piñerista aparecen aún borrosos y arriesgan, por lo mismo, con quedar en el papel. Es evidente, también, que las propuestas modernizadoras chocarán con la oposición y resistencia de los elementos conservadores en el Parlamento, los partidos y la sociedad.
Habrá que ver hasta dónde el liderazgo de Joaquín Lavín, y el respaldo que reciba del gobierno, serán suficientes para superarlas. Como siempre ocurre en estas situaciones, existirá la tentación y el riesgo de quedarse a medio camino, aparentando que se avanza lentamente, pero con realismo, mientras -en verdad- el cambio se relega al reino del gatopardiano a la sombra de Giuseppe T. di Lampedusa.