Columna publicada en la página de Educación de El Mercurio, 31 enero 2009.
Por un nuevo gobierno de la educación superior
El conjunto de instituciones que hoy rige nuestro sistema debe modernizarse. Sus graves debilidades le ponen cuesta arriba la labor de liderar políticas que hoy son indispensables.
José Joaquín Brunner
Ahora que está por iniciarse una nueva etapa en la administración de las políticas gubernamentales, cabe insistir en la urgente necesidad de mejorar el gobierno público de nuestro sistema de educación superior. Su actual organización le impide responder a los desafíos que tiene por delante.
En efecto, se trata de una estructura de gobierno compuesta por múltiples organismos -con la División de Educación Superior (Divesup) del Mineduc a la cabeza, complementada por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC), la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), el Consejo Nacional de Educación (ex Consejo Superior de Educación), el Consejo de Rectores y los organismos administradores de créditos y becas-, estructura que adolece de graves debilidades.
Por lo pronto, esta forma distribuida de gobierno carece de un centro fuerte y presenta múltiples fallas de coordinación. La Divesup del Ministerio de Educación, encargada de producir y conducir las políticas, no ha contado nunca, durante las dos últimas décadas, con el suficiente personal profesional y técnico, recursos, tecnología, capacidades de análisis y legitimidad como para liderar políticas de alta complejidad frente a un poderoso conjunto de instituciones con sus propios intereses corporativos y frente a unas demandas cada vez más variadas e intensas. Ha hecho lo que podía hacer; pero se requiere mucho más.
A su turno, esta forma de gobierno multi-instancias exhibe evidentes faltas de coordinación; por ejemplo, entre la Divesup, el Conicyt y el CNIC y entre estos distintos organismos y los actores nacionales de la ciencia, la tecnología y la innovación. En breve, se requiere revisar su organización y crear ya bien un ministerio especializado de educación superior, investigación e innovación o, a lo menos, una subsecretaría dentro del Mineduc con capacidades reales de acción en estos ámbitos.
Enseguida, el gobierno público del sistema actúa en ausencia de un flujo suficiente de información y conocimiento requerido para la elaboración e implementación de las políticas. Recién ha terminado por crearse un régimen de estadísticas básicas de la educación superior que merece aplaudirse. Pero, cuidado, sólo se ha alcanzado el primer peldaño en comparación con los demás países de la OCDE.
Por su lado, es un gobierno que, a pesar de ser responsable de conducir el principal sistema de producción, transmisión y gestión de conocimiento avanzado de la sociedad, no cuenta él mismo con el insumo de conocimientos necesarios para alimentar el diseño, la ejecución y evaluación de las políticas que están a su cargo. Esto debido a la debilidad que tiene la investigación sobre este sector en nuestro país y al hecho de que el Estado apenas ha invertido para superar esa debilidad.
Por último, el gobierno del sistema se ve continuamente en dificultades para establecer y cultivar una relación sana y productiva con las instituciones que lo forman (universidades, institutos y centros) pues éstas carecen de una representación auténtica en dicho gobierno. Sólo un puñado de universidades -las del Consejo de Rectores- poseen allí una expresión, lo que sin duda las beneficia, a la vez que distorsiona la gobernabilidad del sistema.
Mientras no se corrijan estas fallas estructurales no podrán impulsarse las reformas que nuestra educación superior necesita abordar con urgencia. Y se corre el riesgo de dejar en manos de los intereses corporativos y privados la conducción del sistema. En particular, la próxima administración podría no apreciar la magnitud de ese riesgo y verse tentada a ceder para así evitar los conflictos que trae consigo cualquier cambio.