Columna publicada en Ediciones Especiales de El Mercurio, 19 noviembre 2009, que hoy dedica un suplemento al tema: “Becas y Créditos para la Educación Superior”.
El costo de la educación superior
La educación superior es el nivel más caro de los sistemas de enseñanza. Por ejemplo, en los países de la OCDE el gasto por alumno de educación superior o terciaria es, en promedio, el doble del gasto por alumno de enseñanza básica. En Chile esta relación es de 3 a 1. Significa que aquí el gasto en los alumnos menores es bajo y que la educación terciaria es muy costosa. De hecho, nuestro gasto por estudiante básico es apenas un tercio del gasto promedio de los países de la OCDE (en dólares comparables), llegando a representar un 25% o menos de lo gastado en Finlandia, Holanda e Irlanda. En cambio, nuestro gasto por estudiante universitario es similar al de Italia y la República Checa y equivale al 80% del gasto en Corea.
¿Por qué es especialmente cara la educación universitaria? Porque las instituciones deben atraer y retener a un personal académico de alta especialización; tienen que ofrecer una serie de costosos servicios, como infraestructura sofisticada, bibliotecas, equipamiento de laboratorios, tecnología informática, tutorías y consejerías, prácticas en terreno, etc.; necesitan mejorar continuamente la calidad de su docencia e internacionalizarla; combinan dos funciones dispares (la creación y la transmisión de conocimientos avanzados) y, en general, tienden a ser ineficientes: numerosos alumnos desertan antes de terminar su carrera y aquellos que la concluyen demoran un tiempo excesivo en hacerlo.
Como contrapartida, la educación superior genera importantes beneficios para las personas que reciben un grado académico o un título profesional y para la sociedad en general. Aquellas se benefician con mayores ingresos y un menor riesgo de desempleo a lo largo de su vida; ésta, con personal especializado en posiciones claves de la producción, los servicios, el gobierno y la cultura y con una plataforma pública de información científica y tecnológica que contribuye a la competitividad económica, el bienestar de la población y la calidad de las políticas.
Normalmente, la parte que beneficia a los individuos debe ser costeada –mediante el pago de aranceles– por quienes se benefician de ella. Si no pueden hacerlo directamente, deben contar con esquemas de ayuda estudiantil (créditos y becas) garantizados y/o subsidiados por el Estado. Éste debe financiar, además, los beneficios sociales que trae consigo la educación terciaria; en particular, la producción de conocimiento científico, la mantención de programas poco rentables en las humanidades y las artes, las actividades de información que enriquecen la deliberación pública, la profundización de objetivos prioritarios de desarrollo y equidad, etc.
Chile posee un esquema de financiamiento de su educación superior que se aproxima al diseño descrito pero, a la vez, lo distorsiona en varios sentidos. Primero, los privados asumen su carga pero el Estado invierte menos de lo necesario en beneficios sociales, lesionando con ello el bienestar social. En seguida, familias y alumnos con iguales necesidades y méritos son tratados inequitativamente, pues los esquemas de crédito estudiantil discriminan entre ellos creando injustificadas diferencias. Tercero, amén de insuficientes, los aportes estatales se asignan mal, por ausencia de criterios de justicia distributiva, eficiencia, calidad de los desempeños y productividad académica de los proyectos. En suma, el costo de la educación superior chilena es alto y grava desproporcionadamente a los jóvenes y sus familias, mientras el Estado evade sus obligaciones, la ayuda estudiantil se halla mal estructurada y el financiamiento público se asigna deficientemente a las instituciones.
José Joaquín Brunner
Director, Centro de Políticas Comparadas de Educación, UDP