Columna publicada en el diario La Tercera, 10 octubre 2009.
Pasos en falso
José Joaquín Brunner
Director, Centro de Políticas Comparadas de Educación, UDP
El Consejo de Rectores de las 25 universidades subsidiadas por el Estado (CR25) es un organismo reconocidamente defectuoso. No representa al conjunto de las instituciones de educación superior del país; ni siquiera a la mayoría de las universidades. Está dividido en grupos antagónicos y entre personalidades que pugnan por orientar las decisiones del organismo. Éstas, sin embargo, son habitualmente sobre asuntos secundarios. Por lo mismo, el CR25 no influye sobre las políticas del sector y se limita a defender intereses corporativos. Lo preside la Ministra de Educación pero, en la práctica, el Gobierno no lo conduce ni posee el Consejo capacidad de auto-gobernarse. De sus deliberaciones y acuerdos no hay constancia disponible públicamente en el sito-web de la entidad, cuyos estándares de calidad y transparencia parecen ser poco exigentes. La comunidad académica juzga con escepticismo el rol del CR25 y la OCDE, en su revisión de la educación superior chilena, recomendó reemplazarlo por un organismo abierto a todas las instituciones acreditadas.
A estas patentes fallas, el Consejo acaba de asociar una sucesión de desatinadas decisiones, la que dio lugar a una verdadera guerra en torno al período para postular a las universidades. En efecto, sin mayor consideración por los derechos y el bienestar de los 280 mil jóvenes que rendirán la PSU y de sus familias, el CR25 decidió entregar los resultados de dicha prueba a la cero hora del 24 de diciembre, forzando a los interesados a materializar sus postulaciones durante los días 24, 25 y 26 de diciembre. Tras una refriega verbal entre sus integrantes, conducida a través de los medios, con mutuas imputaciones de conductas irresponsables, el Consejo resolvió adelantar en 24 horas la publicación de los resultados de la PSU. El prorrector de la PUC calificó como una “insensatez” también a esta decisión y, junto con otras voces disgustadas, reclamó nuevamente revisar el calendario. “No estoy disponible para un nuevo cambio de fecha”, respondió el Presidente del Consorcio de Universidades Estatales. Pero cambio hubo, gracias a la Ministra de Educación. Ella hizo ver a los rectores (entre ellos varios científicos, ingenieros y tecnólogos) el menoscabo que experimentarían aquellos jóvenes que decidieran postular el día 25 de diciembre, día en que el acceso y uso del Internet se tornan más gravosos. Así pues, la fatídica fecha se fijó definitivamente para la cero hora del 21 de diciembre, pudiendo los jóvenes postular hasta el día 24 a mediodía.
¿Qué motivó este curioso baile de pasos en falso? No, por cierto, un mero asunto de fechas ni menos el deseo de proteger el derecho a elegir de los estudiantes sino, más bien, la voluntad de algunos integrantes del CR25 de evitar que instituciones no-miembros pudieran matricular un número creciente de alumnos con puntajes relativamente altos. Según reconocieron varios rectores del Consejo, mientras más tarde se den a conocer los resultados de la PSU, menos posibilidades tienen las universidades privadas para reclutar buenos alumnos. “Si ellos [las universidades privadas] quieren usar los resultados de la PSU tienen que ponerse en la fila en el momento que corresponda”, acotó un rector integrante del Consejo. ¡Y no chistar! ¿Cómo puede justificarse tan cruda y poco académica pretensión? La justificación esgrimida por los integrantes más combativos del CR25 fue acusar a las universidades ajenas al club de captar alumnos “gracias a ofertones que nosotros no podemos hacer” (sic).
En breve, un deprimente espectáculo donde, al final, sale mal parado el bien público y se deteriora aún más la imagen ya alicaída del Consejo de Rectores.