Columna publicada en El Mercurio, domingo 6 septiembre 2009.
¿Qué hacer con la educación municipal?
El Mercurio, 6 septiembre 2009
José Joaquín Brunner
Fortalecer a la educación pública, es decir, aquella de administración municipal, es una consigna transversal de todos los aspirantes a dirigir la República. Sin embargo, no existe precisión, ni menos coincidencia, respecto de cuáles son las debilidades de este sector que tornarían imperioso fortalecerlo.
La pregunta que cabe formular, entonces, es la siguiente: ¿por qué la educación municipal ha disminuido su participación en la matrícula total de niños y jóvenes de 58% en 1990 a 43% en 2008? Y, en seguida, ¿cómo se explica que durante el mismo período la educación privada subvencionada haya aumentado su participación en más de 750 mil alumnos, pasando de representar el 32% a reunir el 48% de la matrícula total?
Las razones son variadas y de distinto orden. En lo esencial, parece evidente que los padres prefieren para sus hijos la educación subvencionada de gestión privada. Según manifiestan en diversos estudios de opinión, consideran que ella asegura mejores condiciones académicas, de disciplina y formación general, de infraestructura y aprovechamiento de la jornada escolar.
En cambio, la educación administrada municipalmente experimenta serios problemas de imagen, identidad, gestión y confianza. No sólo se halla frente a una demanda declinante, sino que, además, enfrenta complicaciones del lado de la oferta; en lo principal, una baja credibilidad institucional y del servicio que proporciona.
A ello contribuyen, de un lado, las dificultades de los colegios llamados paradigmáticos para transmitir una imagen de orden y efectividad. Las constantes interrupciones de la actividad escolar han cobrado un alto precio, como acaba de reconocer el rector del Instituto Nacional, cuyas postulaciones cayeron 30% en 2009.
De otro lado, la gestión de los colegios municipales está severamente entrabada. Por una parte, los propios sostenedores (los municipios) muestran escasa motivación y responsabilidad como dueños de los establecimientos, y su función ha sido puesta en duda y vuelta incierta bajo el eslogan de la desmunicipalización. Al momento, estos colegios parecen suspendidos en el vacío, sin nadie que asuma sus virtudes y defectos. Son entidades huérfanas dentro del sistema.
Por otra parte, la normativa bajo la cual estos colegios se administran -incluyendo el estatuto docente- les resta autonomía de gestión e inhibe a sus directivos, reduciendo la capacidad que necesitan para adaptarse a condiciones de entorno cada vez más exigentes.
Hasta ahora, los partidarios de fortalecer la educación municipal (¿quién podría oponerse?) no han explicitado cómo proponen hacer frente a los problemas y dificultades que causan la debilidad de este sector y qué medidas adoptarán para revertir su continuo descenso.
Tampoco han manifestado cómo procederán a encontrar estos nuevos arreglos sin dañar -sino, por el contrario, fortaleciendo también- la provisión privada que el Estado subvenciona y que hoy atiende las necesidades educativas de amplios segmentos medios y bajos de la sociedad.
Ni han señalado cómo los planes de fortalecimiento se conjugarán dentro de la nueva institucionalidad creada por la Ley General de Educación y pronta a materializarse mediante la ley que establecerá un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media.
En suma, los llamados a fortalecer la educación pública no pasan de ser, hasta ahora, expresiones de buena voluntad.