En medio de una intensa polémica y de manifestaciones en las calles, alrededor de la medianoche de ayer se aprobó finalmente la nueva ley de educación presentada por el presidente Chavez a la Asamblea Nacional.
Ver texto más reciente del proyecto discutido por la Aasamblea Nacional aquí636 KB
Ver página de la Universidad Simón Bolívar dedicada al análisis del proyecto de ley orgánica de educación.
El mundo universitario se gabía manifestado derechamente en contra del proyecto del gobierno. Como se señala en el diario El Nacional de ayer,
Rectores, profesores y estudiantes universitarios convocaron de emergencia una reunión para rechazar el proyecto de Ley Orgánica de Educación que podría ser aprobada este jueves en la Asamblea Nacional.
Desde la Universidad Central de Venezuela, Benjamin Sharikfer, ex rector de la Universidad Simón Bolívar catalogó de “inconstitucional” dicha ley que aseguró quedó “ilegitimada” desde el momento en que los “diputados de la AN no fueron capaces de de recibir a la sociedad” para discutir el proyecto.
Exigió la no aprobación de la ley. “Si lo hacen será ilegítimo porque las escuelas están cerradas”, opinó-
Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, dijo que es “antidemocrático” que una instancia legislativa se niegue a recibir a rectores, estudiantes, profesores y sociedad civil que quiere expresar su opinión “sobre un proyecto de ley que sólo fue conocido hace cinco días. Resulta histórico que profesores y estudiantes hayan sido agredidos frente a la mirada cómplice y silenciosa de los que forman parte de la AN”.
“Declaramos que Venezuela no será un cuartel. Así como tumbamos a Pérez Jiménez y nos enfrentamos a las dictaduras militares hoy nos enfrentamos a un gobierno totalitario que quiere imponernos leyes”, señaló Márquez.
Dijo que los gremios universitarios desconocerán la Ley Orgánica de Educación si es aprobada este jueves. “Estamos declarados en emergencia y anunciamos a la comunidad nacional e internacional el intento de instaurar en el país un gobierno que desconoce la constitución”, concluyó.
Información adicional de prensa ver aquí.
Olga Ramos, Comentarios al texto de Ley Orgánica de Educación presentado el 5 de agosto de 2009 ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional – Primera Parte , 7 agosto 2009
Comentarios al texto de Ley Orgánica de Educación presentado el 5 de agosto de 2009 ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional – Segunda Parte , 9 agosto 2009
A continuación las crónicas de la BBC y la AFP sobre la propuesta de ley aprobada anoche y un artículo de carácter más analítico. Más abajo, otros reportajes de prensa.
Aprueban ley de educación en Venezuela
Yolanda Valery, BBC Mundo, Venezuela, 14 agosto 2009
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó finalmente esta madrugada una polémica clic Ley de Educación, que ha provocado una amplia movilización de diferentes sectores a favor y en contra del proyecto.
En las primeras tres horas de debate, los diputados apenas habían aprobado el primero de 54 artículos de los que consta el instrumento jurídico. Antes de empezar, los oficialistas se habían comprometido a seguir sesionando hasta que la ley resultara aprobada.
La ley tiene por objeto “desarrollar los principios rectores, derechos, garantías y deberes de la educación, la cual asume el Estado como función indeclinable y de máximo interés”, según reza en su artículo primero.
En la práctica, se trata de adecuar la educación a los principios del Plan de la Nación, aprobado en 2007 por la misma Asamblea Nacional, y que considera esta materia como herramienta fundamental para el éxito del proyecto socialista que impulsa el gobierno nacional.
La jefa del gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Farías, dijo recientemente que la Ley permitirá formar a los “Chávez” del futuro.
Para la oposición, esto se traduce en convertir a las escuelas en centros de formación política, en el contexto de una ideología que no todos comparten. En este sentido la consideran anticonstitucional.
Ante la evidencia
A final de la tarde, la bancada del opositor partido Podemos se retiró de la Asamblea por este motivo, pero rindiéndose ante la evidencia de que la mayoría oficialista la aprobaría más allá de las objeciones de los otros grupos parlamentarios.
Aquí hay que salir a las calles, hay que usar la rebeldía social para revertir esta ley de Educación
Ismael García, jefe de bancada del partido opositor Podemos
“Aquí hay que salir a las calles, hay que usar la rebeldía social para revertir esta ley de Educación”, dijo el jefe de la bancada, Ismael García, quien propuso un referendo para revocar la ley.
García señaló que si las autoridades electorales negaban la posibilidad del referendo, impulsaría una “cuarta urna”, como el depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya.
Entretanto, los rectores de las Universidades Nacionales autónomas se declararon en “emergencia” y aseguraron que las instituciones de educación superior no acatarán una ley que consideran sin fundamento.
Por su parte, el ministro de Educación, Héctor Navarro, desestimó éstas y otras críticas. El funcionario insistió en que muchos de los aspectos cuestionados estaban en la ley anterior, mientras que otros cuestionamientos eran en su opinión falsos.
Es la misma, pero no
Navarro había pedido en días pasados que la Asamblea le diera luz verde al proyecto antes de que concluyera el actual período de sesiones, este 15 de agosto.
Mientras, el presidente Hugo Chávez había exhortado al Legislativo a trabajar para que a finales de año no quedara en pie ninguna ley contraria a los principios del socialismo.
Los legisladores oficialistas se comprometieron a no dejar la Asamblea hasta votar la ley.
En el caso concreto de la Ley de Educación, la prisa del gobierno dio paso a una serie de críticas contra la aprobación de una ley que, al tocar un tema tan delicado como la formación de niños y jóvenes, parece no dejar a nadie indiferente.
La ley fue presentada a los miembros de una comisión de Educación de la Asamblea de la noche a la mañana, sin que hubieran mediado reuniones de trabajo en la que los diputados tuvieran la oportunidad de participar en la redacción del proyecto, según le dijo a BBC Mundo la diputada opositora e integrante de la comisión, Pastora Medina.
Pero su presidenta, la parlamentaria María de Queipo, argumentó que el texto había sido debatido a lo largo de “diez años” y que se había escuchado a todas las partes interesadas.
Algunos aspectos polémicos
Papel del Estado: el proyecto de Ley le otorgaba 44 atribuciones al Estado en materia de educación, desde la formación y selección de maestros, hasta asignación de plazas en las universidades. El gobierno considera que se “rescata el papel del Estado”; la oposición, que la ley no intenta reglamentar la materia educativa sino incrementar el poder estatal e imponer su visión de las cosas.
Derivación a otras leyes: la ley delega en otras leyes y reglamentos aspectos clave, que sólo quedan enunciados en artículos. El gobierno defiende que para eso son las leyes llamadas “orgánicas”, como la que se encuentra en discusión; la oposición dice que el objetivo es darle mayor discrecionalidad al gobierno.
Educación laica: la ley establece la “laicidad” de la educación en general. El gobierno dice que eso no amenaza la educación religiosa (de gran importancia en el país), sino que permite a los padres y a los hijos escoger su religión; la oposición, que elimina en la práctica esta formación y afecta las miles de escuelas privadas administradas por la Iglesia.
Ampliación de la comunidad educativa: la ley le da injerencia en los asuntos de la escuela a los consejos comunales, instancias de participación popular. El gobierno dice que es una forma de integrar a las escuelas con sus comunidades; la oposición, que los consejos tratarán de utilizar las escuelas para sus propios intereses -que serían ajenos a la formación pedagógica- e interferirán, usando la política, con los objetivos primarios de la educación.
Medios de comunicación: una propuesta oficial establecía la obligación de los medios de transmitir contenidos educativos y castigaba la transmisión de mensajes que influyeran negativamente en los niños. El gobierno dice es una necesidad, dado el papel de los medios en la formación de niños y jóvenes; la oposición dice que abre la puerta para un mayor control de medios por parte del gobierno.
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El Parlamento aprueba la ley de educación que dividió a los venezolanos
AFP, 14 agosto 2009
CARACAS — La Asamblea Nacional venezolana aprobó el jueves por la noche en segunda lectura y por unanimidad una ley sobre educación que ha dividido a la sociedad venezolana y fue origen de manifestaciones en los últimos días.
Los 56 artículos de la ley fueron aprobados a medianoche con ligeras modificaciones por el órgano legislativo, donde el oficialismo es ampliamente mayoritario, después de una sesión de unas 10 horas.
Según sus detractores, esta nueva norma da un papel preponderante al ministerio de Educación y prevé un “adoctrinamiento” de los estudiantes en consonancia con los ideales del actual Gobierno, que defiende un “socialismo del Siglo XXI”.
Para el ministro de Educación, Héctor Navarro, esta ley es “necesaria” para garantizar la “igualdad de oportunidades” en un país como Venezuela.
Durante la jornada, varios millares de personas habían salido a las calles de Caracas para dar su apoyo o protestar por esta propuesta.
Adeptos y detractores de la normativa coincidieron en los alrededores de la Asamblea Nacional, en medio de una fortísima presencia de la policía, que acabó dispersando a los grupos contrarios al Gobierno con gases lacrimógenos.
“Educación primero para el hijo del obrero y educación después para el hijo del burgués”, cantaban los simpatizantes del Gobierno, que aguardaron la aprobación de la ley a las puertas del Parlamento.
Por la tarde, una docena de periodistas venezolanos que protestaban en contra de un artículo de esta ley resultaron heridos tras ser golpeados por presuntos simpatizantes del Gobierno.
Finalmente, la aprobación de la ley se produjo en ausencia del pequeño grupo de diputados de oposición, que abandonó el Parlamento para mostrar su repudio ante la forma en que este proyecto de ley era debatido.
Los seis parlamentarios opositores adelantaron que solicitarán un referéndum para saber si el pueblo venezolano está de acuerdo con esta ley.
“Les vamos a dejar el escenario para que ustedes terminen de aprobar su ley (…) No sólo es que no oyen nuestros argumentos, nos cortan la palabra”, lamentó Ismael García, diputado por el partido Podemos (disidente del chavismo).
El proyecto de ley sobre educación fue aprobado en una primera discusión en 2001 y volvió a ser presentado al Parlamento con modificaciones la semana pasada para que fuera ratificado en una segunda lectura.
Opositores al Gobierno, estudiantes y responsables universitarios subrayan que este proyecto no es el mismo que fue aprobado en 2001 y por tanto, hay que comenzar el proceso de cero.
“Este proyecto no fue a consulta. Reiteramos el rechazo a los artículos que dan poderes omnipotentes al Estado. Sabemos que ese poder lo va a asumir el Gobierno y va a hacer más difícil el proceso educativo”, reclamó la diputada opositora Pastora Medina antes de abandonar la plenaria.
Entre los puntos que más polémica ha causado está el artículo 50, que establece de manera más explícita que en la ley de 1981, vigente hasta ahora, que los medios de comunicación tienen prohibido publicar informaciones “que produzcan terror en los niños, inciten al odio, atenten contra los sanos valores del pueblo venezolano, la salud mental y física de la población”.
Además, la ley otorga a los consejos comunales, órganos de Gobierno locales vinculados al gobierno del presidente Hugo Chávez, un papel “pedagógico liberador para la formación de una nueva ciudadanía y construcción de los sujetos sociales de transformación”.
La iglesia Católica en Venezuela también protestó porque la ley prohíbe la educación religiosa durante el horario escolar.
Para el ministro de Educación, este proyecto de ley estuvo rodeado de una “campaña de desprecio” para engañar a los venezolanos y privarles de una educación “liberadora”.
“Estoy seguro que muchos de los diputados están levantando la mano sin haber leído la ley. ¿Por qué tanta prisa? Esto no va a arreglar ninguno de los problemas que tenemos en educación”, lamentó a la prensa el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Luis Ugalde.
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Comentarios al proyecto de Ley Orgánica de Educación (PLOE)
Humberto García Larralde, Economista, Profesor de la UCV, Analítica, 13 agosto 2009
Para el pensamiento progresista la educación siempre ha asumido un carácter liberador. Una persona bien educada tendría las herramientas para entender las circunstancias que afectan su existencia y saber cómo actuar sobre ellas, ampliando sus márgenes de libertad[1][1]. Esta convicción se reafirma en la moderna sociedad del conocimiento, en la que la aplicación creativa del talento está en la base del incremento incesante de la productividad y, por ende, en la mejora del bienestar material de sociedades avanzadas, como en la provisión de soluciones cada vez más efectivas a los acuciantes problemas de salud, vivienda, inseguridad, etc., que afectan a grandes contingentes de la humanidad. Por último, estudios econométricos sobre la inequidad en la distribución del ingreso en América Latina arrojan reiteradamente como factor explicativo de primer orden, la diferencia entre años y calidad de la educación entre los miembros de la sociedad[2][2].
Es en el marco de los criterios anteriores con que debe analizarse la propuesta de Ley Orgánica de Educación aprobada por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional y que pretende aprobarse mañana (martes 11/08), como si se tratara de su segunda discusión, por la plenaria de ese cuerpo legislativo. Cabe señalar que el procedimiento utilizado hasta ahora para aprobar esta ley viola los artículos 207, 208 y 209 de la Constitución, amén que hace una burla de la democracia participativa que tanto pregona el actual Gobierno. En efecto, el PLOE aprobado por la mencionada comisión no tiene nada que ver con la propuesta aprobada por unanimidad en primera discusión en 2001. Al tratarse de un documento totalmente distinto, corresponde ir a una primera discusión en la plenaria, de ninguna manera pretender que vaya directamente a su segunda discusión. Por otra parte, el empeño en aprobar este instrumento intempestivamente, sin conocimiento hasta ayer de la propuesta para parte de los venezolanos y en momentos de vacaciones escolares y universitarias, es una nueva demostración del desprecio que siente el oficialismo por la consulta popular.
Pero además de la burla descarada de los aspectos procedimentales pautados en la Constitución y las leyes, la naturaleza de la propuesta es profundamente retrógrada: de aprobarse e instrumentarse condenaría al país a un atraso aun mayor del que padece hoy. Para argumentar lo sustentado, dividiré la siguiente parte de estos comentarios en dos partes: la 1ª, referida a la educación universitaria, y la 2ª, a la “filosofía” discernible detrás de la propuesta.
La educación universitaria:
Cabe señalar que el PLOE, a pesar de profesar ser una ley marco sobre los criterios básicos que fundamentaría toda la educación en Venezuela, se concentra primordialmente en el sector universitario, dejando a la profundización de criterios en los demás subsectores a leyes especiales. Esta preferencia parece obedecer a la prioridad oficialista por deshacerse de la incómoda situación que le plantea una universidad de pensamiento crítico, independiente, amparada en su fuero autonómico. En efecto, la primera aseveración que salta a la vista es la pretensión de cercenar y/o limitar la autonomía. A tal efecto, y no obstante el reconocimiento formal de este régimen en los artículos 32 y 33 del PLOE, lo sostenido en el siguiente –el 34- los contradice abiertamente, vaciando a las universidades de una serie de potestades que son su razón de ser, que quedarían normados en una ley especial:
“Artículo 34. La educación universitaria estará regida por leyes especiales y otros instrumentos normativos en los cuales se determinará la forma en la cual este Subsistema se integra y articula, así como todo lo relativo a:
El financiamiento del Subsistema de Educación Universitaria
El ingreso de estudiantes al sistema, mediante un régimen que garantice la equidad en el ingreso, la permanencia y prosecución de los estudiantes, a lo largo de los trayectos académicos
La creación intelectual y el postgrado de la educación universitaria
La evaluación y acreditación de los miembros de su comunidad, así como de los programas administrados por las instituciones del sistema.
El ingreso y permanencia de docentes, en concordancia con las disposiciones constitucionales para el ingreso de funcionarios de carrera, así como con las disposiciones que normen la evaluación de las y las integrantes del Subsistema
La carrera académica, como instrumento que norme la posición jerárquica de los docentes e investigadores del sistema, así como sus beneficios económicos, deberes y derechos, en relación con su formación, preparación y desempeño.
La tipificación y los procedimientos para tratar el incumplimiento de las disposiciones que en materia de educación universitaria están previstas en esta Ley y en las leyes especiales.
Oferta de algunas carreras que por su naturaleza, alcance, impacto social e interés nacional, deban ser reservadas para ser impartidas en instituciones especialmente destinadas para ello”.
Esta subordinación de facultades que le son propias a un marco normativo externo es un paso más en la reducción del fuero autonómico de las universidades, adelantado con la reforma de la Ley de Universidades de 1971 que creó al Consejo Nacional de Universidades (CNU) como órgano de control supra. El hecho de que quienes hoy defienden el PLOE fuesen críticos acerbos de este cercenamiento en ese entonces, no parece ser óbice para llevar el atropello a nuevos extremos. Este cambio es tanto más grave al constatar, en el artículo quinto de la propuesta, la pretensión de que el Estado, “a través de los órganos con competencia en la materia educativa”, ejerza la rectoría de todo el sistema. Con base en este precepto, Regula, Supervisa y Controla (Numeral 2) una variada gama de detalles, entre los cuales está:
a): “El funcionamiento del Subsistema de Educación Universitaria en cuanto a la administración eficiente de su patrimonio y recursos económicos financieros asignados según la Ley de Presupuesto Nacional y sus normas de gobierno de acuerdo al principio de la democracia participativa y protagónica como derecho político de quienes integran la comunidad universitaria”;
Planifica, Ejecuta, Coordina Políticas y Programas (Numeral 3), incluyendo:
.b): “Para la inserción productiva de egresados universitarios en correspondencia con las prioridades del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación;
c): De territorialización de la educación universitaria, que facilite su municipalización, con calidad y pertinencia social en atención a los valores culturales, capacidades y potencialidades locales,…;
k): De formación permanente para docentes y todas las personas e instituciones que participan en la educación, ejerciendo el control de los procesos correspondientes en todas sus instancias y dependencias”; y
“l): De ingreso de estudiantes a las instituciones de educación universitaria nacionales y privadas”; y
Promueve la Integración Cultural y Educativa Regional y Universal (Numeral 5):
f): “En la autorización, orientación, regulación, supervisión y seguimiento a los convenios multilaterales, bilaterales y de financiamiento con entes nacionales e internacionales de carácter público y privado, para la ejecución de proyectos educativos a nivel nacional”.
Adicionalmente, el artículo 36 del PLOE sostiene:
“Artículo 36. Es función indeclinable del Estado, la formulación, regulación, seguimiento y control de gestión de las políticas de formación docente a través del órgano rector de la educación universitaria, en atención al perfil requerido por los niveles y modalidades del Sistema Educativo, en correspondencia con las políticas, planes, programas y proyectos educativos emanados del ente rector en materia de educación básica, en el marco del desarrollo humano, endógeno y soberano del país”.
Y el artículo 47: “Los órganos rectores en materia de educación básica y de educación universitaria, normarán el otorgamiento de reválidas o equivalencias de los estudios realizados en instituciones extranjeras reconocidas, a efecto que los mismos tengan validez en el territorio nacional. La normativa tomará en consideración los convenios legalmente suscritos por la República”.
Este drástico recorte de la autonomía universitaria atenta contra su misión fundamental de ser un poderosísimo instrumento para el desarrollo del país. Las universidades autónomas son de las pocas ventanas a la frontera del conocimiento de la humanidad con que cuenta Venezuela. La capacidad de la universidad de constituirse en interlocutora de los centros más avanzados a nivel mundial reside, precisamente, en la potestad y la flexibilidad de tomar decisiones en estricto apego a criterios de excelencia académica y para ello es menester un régimen autonómico que la resguarde de presiones políticas, económicas o religiosas que la desvíen de su misión. La sujeción del quehacer universitario a una normativa rígida externa, decidida con apego a intenciones de control por razones políticas, acaba con estas posibilidades.
En este orden, es censurable lo planteado en el artículo 33, numeral 3), referente a los atributos de la autonomía en la definición del gobierno universitario:
“Elegir y nombrar sus autoridades con base en la democracia participativa, protagónica y de mandato revocable, para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de las y los integrantes de la comunidad universitaria: profesoras, profesores, estudiantes, personal administrativo, obreras, obreros egresadas y egresados”.
Tal disposición elimina los méritos académicos como criterio para la elección de órganos de co-gobierno académicos, y somete a la Universidad a prácticas populistas, de reparto corporativo-gremial, que habrán de desnaturalizar irremediablemente su función. Este exabrupto se completa con la elección de “un consejo contralor conformado por las y los integrantes de la comunidad universitaria”, órgano inexistente hasta el presente de cuya composición y atribuciones nada se dice. A este desdibujamiento de la academia como razón de ser de la universidad, debe agregarse la intención de sujetar la libertad de cátedra a criterios contenidos “en la ley” (artículo 35).
Por último, extraña constar la eliminación, en la práctica, de los colegios universitarios e institutos tecnológicos universitarios (IUT), cuando se habla del subsistema de Educación Universitaria, y no de Educación Superior.
La “filosofía” detrás del PLOE:
El carácter retrógrado del proyecto aprobado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, no sólo se refleja en el una normativa que busca hacer de las universidades una especie de fábrica de técnicos o de saberes que respondan a las demandas de los planes del Gobierno, en contradicción abierta con su vocación universalista, plural, sino en la orientación general que se le quiere imponer a la educación. En ello se evidencia la verdadera naturaleza del proyecto chavista, muy alejada de la autocalificación de “izquierda” con que gusta adornarse.
En primer lugar, asombra la ausencia total de referencia a la necesidad de capacitar al país para afrontar exitosamente los desafíos del mundo moderno globalizado, de la sociedad del conocimiento, de la formación de una ciudadanía universal, insertada ventajosamente en la generación y aprovechamiento de los avances científicos y tecnológicos de la humanidad. Por el contrario, el texto hace referencia (reiterada) a atavismos en la forma de: “aprecio por los valores patrios, valorización de los espacios geográficos y de las tradiciones, saberes populares, ancestrales, artesanales y particularidades culturales de las diversas regiones del país” (art. 13, numeral 3º); a “saberes ancestrales, artesanales, tradicionales y populares, saberes ancestrales, artesanales, tradicionales y populares” (art. 23 # 2a); a los “fundamentos de las culturas originarias de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes valorando su idioma, cosmovisión, valores, saberes, conocimientos, mitologías”; y a la “formación integral de las ciudadanas y los ciudadanos en su contexto, orientada por valores de identidad local, regional y nacional”, todos expresión de una visión provinciana que privilegia lo ancestral. No es que no deben apreciarse los saberes populares, tradicionales –componente importante del patrimonio cultural y técnico de la humanidad, reconocido así por la Unesco- sino que en el PLOE ello constituye la única referencia al contenido de los saberes, en exclusión de todo lo que tenga que ver con una perspectiva de futuro, de cara a la sociedad del conocimiento.
Asociado a lo anterior están las veladas connotaciones racistas de la propuesta, que hace referencia como elementos de nuestra identidad cultural, de manera excluyente y sistemática, a: “nuestros pueblos latinoamericanos, caribeños, indígenas y afrodescendientes” (artículos 5 # 5.a; 13 # 1; y 25), ignorando los aportes de otras culturas y/o naciones.
Por otro lado, el proyecto despliega una impronta de centralización y de control a todo lo largo del texto, remitiendo a “leyes especiales” que habrían de regular los pormenores de cada subsistema, y estableciendo, en primer orden, la rectoría del Estado en una interminable gama de aspectos (artículo 5º). En particular, es lastimosa la total ausencia de autonomía de gestión del personal de los planteles públicos (artículo 50 # 8) y la camisa de fuerza impuesta a la educación privada en cuanto a su financiamiento (artículo 5 # 2.i).
Adicionalmente, el PLOE introduce de contrabando elementos propios de un estado corporativo, al incluir, como agente de la educación y miembro de la comunidad educativa de las escuelas, a los consejos comunales, y al proponer Consejos Estudiantiles que habrán de organizarse conforme a una normativa específica (artículo 19), en sustitución de organismos de representación autónomos como los centros de estudiantes. Recordemos que el Estado Corporativo pretendió “incorporar” a los distintos sectores o “corporaciones” sociales en la estructura del poder, eliminando a las organizaciones sociales autónomas para reemplazarlas por entes que decían representar a esos sectores pero que en realidad obedecían a los designios políticos de la cúpula fascista. El Frente Nacional de Trabajadores en Italia o en la Alemania Nazi, única organización con la que se autorizaba la negociación de contratos, normativa laboral, etc., es un ejemplo notorio, que hoy tiene eco en el Frente Socialista de Trabajadores que pretende imponer el PSUV. En la práctica representaban al poder frente a los trabajadores y no al revés. Lamentablemente, los consejos comunales, al estar supeditados a una Comisión Presidencial de Consejos Comunales y al depender del financiamiento discrecional del Ejecutivo Nacional, son vulnerables a pretensiones de control político-partidista por parte del oficialismo, lo que atenta contra su representatividad y autonomía de acción.
Por último, el PLOE está salpicado por doquier con referencias a la doctrina “bolivariana”; “robinsoneana”; al “desarrollo endógeno”; a “transformaciones sociales”, al plan de desarrollo económico social, etc., elementos de una jerga que identifica con exclusión al ideario político chavista. Tales referencias acotan severamente el pretendido respeto por la pluralidad de opiniones y por las distintas corrientes del pensamiento universal que de manera muy puntual registra el PLOE y reflejan un sesgo a favor de un pensamiento único.
Consideraciones finales.
El PLOE representa un proyecto obscurantista, atrasado, que pone en peligro a la educación venezolana y a la capacidad del país de insertarse provechosamente en los procesos de cambio que caracterizan al mundo moderno. Lejos de obedecer a una visión “revolucionaria”, de avanzada, es expresión del fascismo del siglo XXI que distingue las ejecutorias del actual Gobierno. Velada en la propuesta está la confusión entre Gobierno y Estado, y de éstos con el capricho, sin contrapeso alguno, del presidente Chávez. El PLOE está de espaldas a la moderna sociedad del conocimiento y castraría las posibilidades de ofrecer oportunidades de superación personal a los venezolanos y de contribución con las necesidades de desarrollo y de justicia social en Venezuela.
¡Derrotemos a este proyecto retrogrado que se nos quiere imponer contra nuestra voluntad!
[1][1] Esto corresponde a la acepción positiva de libertad. Véase Berlin, Isaias, (2003), Cuatro ensayos sobre la libertad, Alianza Editorial, Madrid.
[2][2] Véase, por ejemplo, BID, (1998), Informe de Progreso Económico y Social en América Latina, 1998-1999, Washington.
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Ley de Educación se aprobó sólo con los diputados oficialistas
Pedro Pablo Peñaloza, El Universal, 14 agosto 2009
Podemos denunció que se “pretende imponer un pensamiento único”
Unos minutos antes de la medianoche de este jueves fue aprobado, con la sola presencia de los diputados oficialistas de la Asamblea Nacional (AN), el proyecto de Ley Orgánica de Educación.
La jornada estuvo marcada por los altercados y fuertes discusiones. Los representantes del oficialismo, en su mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), intercambiaron palabras con los del partido Podemos y el Frente Popular Humanista (FPH), quienes criticaron las condiciones en las cuales se estaba debatiendo el proyecto de ley.
Un fuerte impasse entre Cilia Flores y el diputado de Podemos, Ismael García, derivó en el retiro de éste junto a su fracción política por considerar que su presencia en el Hemiciclo avalaría una “ley que está violando abiertamente la Constitución de la República”, destacó García.
Al revisar el objeto de la ley, García denunció que la mayoría del Parlamento pretende imponer a la fuerza un pensamiento único.
Tanto Podemos y el FPH se retiraron para no convalidar con su presencia lo ocurrido en la sede del Parlamento.
Especial atención tuvo, pasadas las 10:00 p.m. del jueves, el tema contenido en el artículo 33, que refiere al principio de autonomía universitaria y según el cual, de acuerdo con su numeral 3, para elegir y nombrar sus autoridades, las máximas casas de estudio deberán sustentarse en “la democracia participativa, protagónica y de mandato revocable (&) y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de las y los integrantes de la comunidad universitaria: profesoras, profesores, estudiantes, personal administrativo, obreras, obreros, egresadas y egresados”.
Sobre el tema, la jefa de la Comisión de Educación, María de Queipo (PSUV-Zulia), dijo que se da un paso importante para lograr la verdadera “democracia en las universidades”. Flores añadió que “ningún estudiante podría estar en contra de estos principios que validan principios de verdadera igualdad”.
Coincidencias
Para la diputada Aleydys Manaure (PSUV-Falcón) no había en el calendario un día mejor que ayer para sancionar el proyecto de Ley de Educación.
¿Por qué?, el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, celebraba su cumpleaños número 83. Sugirió Manaure, pudiera ser un regalo para Castro.
La Asamblea Nacional inició la segunda discusión de la ley a la 1:55 p.m. El debate sobre el primero de los 56 artículos finalizó con su aprobación a las 5:39 p.m. A esa hora, Flores indicó que se mantendrían en sus curules hasta culminar con todo el texto legal y así lo hicieron.
El PSUV reivindicó el procedimiento y afirmó que sus detractores obedecían a la oligarquía. El primer vicepresidente de la AN, Saúl Ortega, dijo que la jerarquía de la Iglesia católica se opone a la ley porque no le concede privilegios. Carlos Escarrá (PSUV-Aragua) señaló que la ley servirá para que la educación deje de ser un negocio.
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Aprueban polémica ley de educación en Venezuela
Univisión, 14 de Agosto de 2009
CARACAS (AP) – La Asamblea Nacional aprobó cerca de la medianoche del jueves una nueva ley de Educación que amplía el control estatal en las escuelas públicas y privadas, principalmente en lo referido a los contenidos académicos, por lo que es vista por algunos críticos como un intento del gobierno de adoctrinar a los estudiantes con ideales socialistas.
La ley entrará en vigencia, tras una revisión de su redacción, una vez sea publicada en la gaceta oficial, informó la presidenta de la Asamblea, la diputada oficialista Cilia Flores.
El legislativo, integrado en su mayoría por aliados del presidente Hugo Chávez, aprobó la ley tras una maratónica sesión que estuvo signada por choques entre partidarios y opositores del presidente Hugo Chávez que acudieron a la Asamblea Nacional durante parte de la discusión.
La sesión culminó con la presencia sólo de los miembros de la bancada oficialista. Un grupo de diputados, ex aliados de Chávez, se retiró horas antes del hemiciclo en protesta; argumentando que no convalidarían con su presencia la aprobación de “una ley inconsulta”.
Cientos de manifestantes se dispersaron en horas de la tarde cuando policías con equipos antimotines lanzaron los gases contra la multitud, en su mayoría simpatizantes oficialistas, congregados en los alrededores de la Asamblea, que comenzó el debate sobre el proyecto de ley
Los enfrentamientos entre adversarios políticos estallaron en medio de la conmoción causada por la nube de gases lacrimógenos. Benjamín Scharifker, rector de la Universidad Simón Bolívar, indicó que un estudiante que manifestaba del lado opositor sufrió fractura de un brazo.
La nueva ley de Educación determinaría que las clases se basen en la llamada “doctrina bolivariana”, en una referencia a los ideales defendidos por el prócer Simón Bolívar, como la autodeterminación nacional y unidad latinoamericana.
Los críticos advierten que Chávez utiliza el término “bolivariano” porque así describe a su movimiento político izquierdista y en consecuencia algunos temen que su gobierno introduzca un adoctrinamiento socialista en las aulas.
“No usan la palabra ‘socialismo’, pero eso es lo que quieren introducir en nuestras escuelas”, dijo Ray González, un ingeniero de 59 años.
Los partidarios del proyecto de ley se burlan de esas acusaciones, señalando que la propuesta requiere que la enseñanza sea abierta a “todas las corrientes del pensamiento”. El ministro de Educación, Héctor Navarro, dijo que los enemigos del gobierno, con la ayuda de los medios de comunicación, están provocando una “campaña de desprecio” para engañar a los venezolanos.
La legislación es necesaria, sostiene Navarro, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades y destacar la responsabilidad social en un país dividido en clases sociales.
Cerca de una docena de legisladores se retiraron de la Asamblea en protesta por la negativa del partido gobernante a transar sobre los artículos más polémicos de la ley. También se enojaron cuando la presidenta de la Asamblea Nacional los acusó de obstruir el debate y ordenó que apagaran sus micrófonos.
“Decidimos retirarnos porque no se acogían ni las propuestas ni las recomendaciones que hicimos”, dijo Juan José Molina del partido Podemos, otrora aliado de Chávez.
El poder legislativo se convirtió en su totalidad a favor de Chávez después que la oposición boicoteo las elecciones de 2005, pero Podemos y otro pequeño partido de izquierda en años recientes rompieron sus lazos con el mandatario debido a sus preocupaciones sobre lo que perciben como su creciente autoritarismo y ambición de poder.
Mientras los legisladores debatían el proyecto, el diario capitalino Ultimas Noticias informó que un grupo de sus periodistas fue atacado por partidarios del gobierno, en momentos que, por iniciativa propia, repartían propaganda contra del proyecto de ley.
En este país dividido todo el mundo parecen haber tomado partido por uno de los dos bandos, y esto evidencia que en el diario, pese a su linea editorial prochavista, hay periodistas que se manifiestan contra las políticas del gobierno.
Trece periodistas sufrieron heridas leves, dijo Eleazar Díaz Rangel, director del periódico, quien pidió a las autoridades “investigar y determinar con la mayor celeridad posible para ver quienes son los responsables” de la agresión.
Los periodistas fueron agredidos en momentos que entregaban a los transeúntes un escrito en el que advertían que la ley dejaba abierta la posibilidad de “suspensión inmediata de las actividades” de los medios de comunicación, cuando los órganos rectores de la educación lo decidan.
La ley además “deja a discrecionalidad de los ministros de turno actuar cuando consideren que el contenido publicado incite al ‘odio, a la agresividad, la indisciplina, deforme el lenguaje y atente contra los sanos valores del pueblo venezolano, la moral y las buenas costumbres, la salud mental y física de la población’, conceptos que se prestan a la libre interpretación del funcionario”, denunciaron los periodistas.
La Ley de Educación también dejó la puerta abierta a la redacción de leyes que en el futuro atenten aún más contra la libertad de expresión”, decía el escrito que entregaban periodistas y por el cual fueron agredidos.
La Iglesia Católica rechaza la prohibición de la ley sobre la enseñanza religiosa durante el horario escolar regular.