La ciencia: ¿sólo en manos de funcionarios?
La reforma de la carrera de los investigadores busca otras formas de contrato para atraer a más cerebros – El nuevo modelo económico español está en juego – El proyecto levanta ampollas en un sistema sin el dinamismo del mundo anglosajón
SUSANA PÉREZ DE PABLOS
El País, 16/06/2009
Un total de 122.600 personas trabajan como investigadores en España y el 70% de la producción científica procede de los que están en universidades. España se juega con este cambio más de lo que parece: la reforma de la carrera de los investigadores condicionará el funcionamiento del modelo económico del futuro. El anteproyecto encargado por el Gobierno a un consejo asesor de expertos pretende impulsar los proyectos pero llevará a dos modelos paralelos: personal contratado en los organismos públicos y funcionarios en la universidad.
España es de los pocos países, junto con Italia, en el que sobrevive este modelo napoleónico, el de la Vieja Europa, en el que la inmensa mayoría de la actividad científica está hecha por funcionarios. Alemania ya lleva tiempo alejándose de él y Francia aún tiene un sistema similar al español, pero da mucho margen a las instituciones públicas para tomar decisiones sobre sus funcionarios. Al otro lado está la flexibilidad de los países anglosajones, con sus ventajas e inconvenientes: el proyecto de las instituciones prima sobre el de las personas.
Entre los puntos más criticados de la propuesta de la reforma que el Ministerio de Ciencia español tiene sobre la mesa están que se salta el Estatuto de los Trabajadores tres veces y establece una carrera de 12 años para los licenciados que quieran acceder a un contrato fijo. Los que trabajan en la universidad seguirán siendo funcionarios. Los que lo hacen en centros públicos de investigación (alrededor de 20.000) serán, en cambio, todos contratados. Dos modelos de carrera, de situación y de vida para un mismo oficio, el de investigador. Esto es lo que ocurrirá en España si se implanta la propuesta de carrera científica que incluye el borrador de anteproyecto que reformará la obsoleta Ley de la Ciencia (de 1986).
Los argumentos que esgrimen los que están de acuerdo con este cambio son básicamente que es una manera de activar la producción científica, de dar una carrera con normas claras a estos profesionales, de facilitar la movilidad nacional en internacional. Los que están en contra temen la inestabilidad o incluso la precariedad laboral, están en contra de la excesiva amplitud de la carrera (12 años) hasta que se llega a tener un contrato estable y critican algunas “irregularidades”: el texto “se salta” el Estatuto de los Trabajadores en tres ocasiones para permitir que los investigadores estén más tiempo en prácticas y con contratos temporales.
La realidad es que los investigadores empiezan a trabajar en un equipo que no pueden dejar, aunque se les acabe la beca, porque tienen que seguir haciendo currículo ante las pocas ayudas y la mucha competencia. Muchos pasan periodos sin cobrar, pero siguen trabajando en su equipo con la incertidumbre del futuro. Pero tampoco les resulta fácil a la inmensa mayoría, si no hay más remedio, trabajar en otra cosa. La investigación es un trabajo peculiar y el currículo de los que trabajan en ella casa mal con el que buscan las empresas para otros empleos.
El Ministerio de Ciencia no quiere hablar por ahora. El cambio es delicado, legalmente complicado y afecta a otros ámbitos: se está negociando y analizando de forma minuciosa con el Ministerio de Trabajo, con los empresarios, los sindicatos y todos los sectores a los que afecta. No es un cambio menor, advierten muchas voces. La ley anterior no se ha cambiado en 20 años y ahora el país se juega su futuro más que nunca, en mitad de una crisis que ha sacado a relucir los problemas del modelo económico y productivo español. La tan anunciada sustitución del actual modelo español, basado en la construcción y el turismo, por la apuesta por la innovación empieza por este cambio legislativo. Y, aunque la situación del personal investigador ocupa sólo un capítulo de la futura ley (el título II), es una de las claves. De la situación y el trabajo de esas personas dependerá que todo el resto funcione.
“No es la primera vez que se piensa en un cambio así. Ya Federico Mayor Zaragoza, que fue ministro de Educación y Ciencia en los años ochenta pensaba que los profesores e investigadores debían de ser contratados. Pero lo que está claro es que el hecho de que sean mayoritariamente funcionarios no ha dado buenos resultados, lo que no quiere decir que valga cualquier cambio”. El catedrático de Electromagnetismo y presidente de la Real Sociedad Española de Física, Antonio Fernández-Rañada, recuerda así que no es un debate ni un problema nuevo. Pero comenta a continuación que el hecho de que pueda haber dos tipos de relaciones laborales, una para la universidad y otra para los centros públicos de investigación, puede causar problemas. Explica el porqué y sitúa así uno de los problemas principales: “La realidad es que los que trabajan como contratados ahora están como locos por sacar una plaza de funcionario”. Pero, por otro lado, mira con optimismo la propuesta: “Puede ser buena idea para la investigación, puede dinamizarla. Hay que incrementar la colaboración con las empresas, desarrollar más ciencia aplicada, devolver el conocimiento a la sociedad e intentar conseguir una nueva dinámica para que la universidad no se mire su propio ombligo. Se puede hacer una buena investigación en España con funcionarios, pero un cambio como el que se plantea dinamizaría todo el sistema, es una cuestión muy cultural”. “En cualquier caso es mucha novedad y hay que ver cómo se regula exactamente y hay mucho riesgo de que no se haga bien”, advierte Fernández-Rañada.
Los investigadores que trabajan en la universidad empiezan con becas y después suelen seguir como contratados doctores, a la espera de que saquen una plaza de funcionario para convertirse en profesores titulares. La mayoría de los expertos ven necesario que a todos los investigadores se les evalúe periódicamente. Es una de las claves del cambio. Esto lo contempla la propuesta de anteproyecto. Una vez que el investigador ha pasado los cuatro años en prácticas y tres más de contratos temporales pasaría a la etapa que el texto llama “de acceso” (que dura cinco años) y se le evaluaría cuando lleve tres años. Si el resultado es positivo, tendría derecho a un “contrato fijo”.
Los investigadores no tienen ahora una carrera definida. El borrador del consejo asesor de expertos encargado por Ciencia sí crea una y establece los grados específicos por los que tendrán que pasar los investigadores durante ella. Una vez concluido el grado (que sustituye a partir del año próximo a las licenciaturas y diplomaturas), cuando los investigadores estén haciendo el doctorado tendrán contrato en prácticas durante un máximo de cuatro años (el Estatuto de los Trabajadores establece este límite en dos). Una vez que sean doctores, tendrán un contrato.
Todo esto es aplicable a quien logre ese contrato. Porque, aunque la maraña de datos y de circunstancias (hay gran diversidad de becas y contratos tanto nacionales como autonómicos y en entidades públicas y privadas) hace imposible precisar con exactitud cuántas personas han optado en España por ser investigadores. La Federación de Jóvenes Investigadores Precarios ha hecho un cálculo. Lo explica su vicepresidenta, Begoña Camblor: “Unas 8.000 personas empiezan una investigación, es decir, inician la etapa predoctoral con una ayuda pública, del Gobierno o de las comunidades autónomas. Pero en este recuento no están incluidos los que tienen becas con cargo a proyectos, los que investigan pero no hacen tesis (como los técnicos de laboratorio) o los que tienen becas financiadas por fundaciones o empresas privadas. De esos 8.000, alrededor de 2.000 consiguen una ayuda pública para la etapa posdoctoral. Éste es el primer problema, el caos, que no hay registro, no se sabe en realidad cuánta gente hay investigando que necesita una carrera y un contrato y que no hay suficientes”. Esta organización pide que se garantice un contrato a todos los investigadores desde que empiezan. “Una carrera debe dar estabilidad en todas las etapas y debe estar bien definido el acceso a cada fase, que pases una evaluación pero que si la superas se te garantice la continuación, que no tengas que esperar a terminarla para saberlo”, señala Camblor.
Estos investigadores están en contra de que la propuesta no sea en el marco del Estatuto de los Trabajadores. Su argumento es lógico: “No se puede contratar a ningún trabajador con una beca. Cualquier persona que empieza en un oficio tiene un contrato. ¿Por qué nosotros no? Es un trabajo como cualquier otro. Y debe regularse por la misma norma que el resto”.
Nazario Martín es investigador, experto en nanotecnología y preside además la Sociedad Española de Química. “Un cambio así es importante para el investigador. No se puede pedir a una persona que dedique su vida a ello con una incertidumbre absoluta”, opina Martín. Y explica que “no se va a inventar nada” porque hay ya modelos muy distintos en otros países. El de Italia, Francia y Portugal es similar al nuestro, de funcionarios que investigan, pero hay otros modelos en los que el propio responsable de la universidad hace a los profesores una oferta. “En España donde se investiga es en la universidad, los organismos públicos (OPIS) y las empresas no están implicados en ella al nivel, por ejemplo, de Estados Unidos”.
Martín dice, como su homólogo de la Real Sociedad de Física, que “de la universidad no se echa a nadie”. “Es una máxima que he visto toda mi vida”. ¿Y eso es bueno? “Es malísimo como principio”, responde. En el instituto de nanociencia donde él trabaja, una fundación privada financiada con fondos públicos, funcionan con contratados. A los cinco años, un comité externo hace al investigador una evaluación de su actividad. Del resultado depende si continúa. Y cree que un sistema así sería lo deseable. “Aunque en general en el ámbito de la ciencia los resultados suelen ser muy buenos, es verdad que el problema de los funcionarios es que da igual lo que hagas, da igual que uno haga una labor mejor y otro peor, y esto podría cambiarse, por ejemplo, con incentivos”.
Si se implanta un modelo de contratos, Martín dice que lo importante es “que el sueldo sea digno, que no haya subempleo. Si no se juega a eso, no veo inconveniente en que se sea funcionario, si se ponen filtros de calidad cada cinco años. Éstos son necesarios y también definir muy bien los pasos para atraer a la investigación a la gente joven, que vea que tiene posibilidad de estabilizarse”.
Este investigador dice que “todo cambio en la carrera en los OPIS, bien definido y con filtros, bienvenido sea”. “Pero la ley no permite en la universidad este tipo de contratos, por lo que habrá dos modelos paralelos, seguirá habiendo investigadores funcionarios y no funcionarios”. Y acaba con la conclusión que está en el fondo de esta reforma: “En realidad da igual si se es funcionario o no, si se te valora el trabajo que haces”.
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