En medio de encontradas opiniones sobre el futuro de las universidades estatales y en un clima de tensiones dentro del Consejo de Rectores, continúa la polémica de lo estatal / privado.
El sitio de la Universidad de Chile reproduce la entrevista del Rector Pérez publicada originalmente en el diario electrónico El Mostrador, del 26 de enero 2009, donde amplía sus opiniones sobre la coyuntura y critica como insensato debilitar las fronteras que separarían a las instituciones públicas y privadas. Por su parte, Andrés Benítez, Rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, tercia en esta polémica a través de una columna de opinión en El Mercurio del de enero 2009, reclamando una mayor equidad de parte del Estado en el tratamiento a universidades de diverso tipo.
A continuación se presentan ambas intervenciones.
El rector de la U. de Chile, Víctor Pérez, entra en el debate de la educación “cota mil”: “Si las elites se forman en ambientes segregados sólo generaremos futuros conflictos sociales”
UChile.Online, 31 enero 2009
“Chile necesita que sus líderes sean los mejores, y eso no significa que provengan de los mejores barrios”, dice el líder de la principal casa de estudios estatal del país. Consciente de la necesidad de “emparejar la cancha” debido a los desafíos de calidad y pluralismo de la educación pública, propone un nuevo trato entre el Estado y sus universidades para cambiar el marco legal vigente, y advierte: “Usted no puede entregar la custodia de la igualdad de oportunidades a empresas o instituciones cuya misión es precisamente perpetuar las desigualdades”. Entrevista al Rector de la U. de Chile, Víctor Pérez Vera, publicada en El Mostrador el 26 de enero de 2009.
El año que comienza podría ser uno que marque el destino de las universidades públicas. Al menos eso pretende Víctor Pérez, el rector de la Universidad de Chile. Recientemente presentó una propuesta de nuevo trato entre el Estado y sus universidades, que busca transformar en un proyecto de ley que sea debatido y aprobado “lo antes posible” en el Congreso para que el Estado corra con al menos 50 por ciento de los gastos de cada casa de estudio pública. Petición que la ministra de Educación, Mónica Jiménez, ya anunció será imposible materializar este año, a lo que Pérez responde: “No estamos pidiendo favores para preservar privilegios corporativos, ni para ocultar ambientes de mediocridad. Estamos ofreciendo un camino para re-encauzar las políticas públicas con sentido de país y, con eso en mente, usted comprenderá que un “no hay recursos” no es la respuesta que espera el país”.
Consciente de la necesidad de un marco legal que “empareje la cancha” en pos de una universidad estatal del siglo XXI, en esta entrevista el rector de la U se reconoce en pie de guerra para alcanzar cambios de fondo al sistema. Además, hace duros cuestionamientos al modelo universitario actual ya que “a punta de inequidad nos está resultando un país diferente, ajeno a los valores republicanos que están en el código genético nacional”.
-¿Cuál es su evaluación del sistema tal como funciona actualmente?
-Con más de medio millón de estudiantes cursando estudios cada año en la universidad, los chilenos gastan hoy más dinero de lo que jamás han gastado en enviar a sus hijos al sistema universitario. Pero muchas veces lo que reciben a cambio de todo ese dinero es insatisfactorio. Eso no es equidad. Eso no es igualdad de oportunidades. Y en ocasiones estamos ante situaciones de picardía o de estafa pura y simple. El problema es que con unas universidades públicas desfinanciadas y maltratadas el sistema no va a funcionar correctamente, ni en cuanto a calidad, ni en cuanto a equidad. Esta es una situación que ofende al país y a su memoria histórica, y que va a contrapelo de lo que se está haciendo hoy los países más desarrollados.
-Puede verse como una forma de ahorrar recursos por parte del Estado…
-Ahorrarse el financiamiento basal para las universidades públicas es como si el Estado se comprara una camioneta que le resulta muy necesaria pero decidiera ahorrar en combustible o en repuestos y la camioneta tuviera que moverse con la plata que logra buenamente conseguir el chofer. Esos no es ahorro, es irresponsabilidad.
El peso de las elecciones
-Se había criticado a la Universidad de Chile por mantener un perfil bajo y moderado frente a las últimas discusiones en torno a la educación ¿Por qué decidieron plantear esta postura ahora?
-La primera etapa de mi rectoría se centró en realizar un enorme trabajo interno en la Universidad para cumplir con varios desafíos, que hemos ido cumpliendo. Y ahora estamos planteando una propuesta seria y de largo plazo. Para eso, hemos dado todos los pasos institucionales para que exista consenso interno sobre el tema en nuestra casa de estudios y contamos hoy con propuestas concretas. 2009 es año de elecciones presidenciales y parlamentarias, por lo que hemos invitado a los candidatos a la Presidencia de la República y al Parlamento a que den a conocer sus propuestas respecto a un nuevo trato entre el Estado y sus universidades, de modo que sea la ciudadanía quien juzgue en las urnas esas propuestas.
-Si no hay avances ¿qué medidas planean?
-No me pongo en ese caso. La preservación de la calidad y equidad de las universidades estatales es un tema país, que cruza las posiciones políticas. No veo cuál sería la razón para prolongar un sistema ineficiente.
-En el escenario actual ¿considera que el Estado está dejando morir las universidades públicas?
-La Presidenta Bachelet ha sido en treinta o cuarenta años la única mandataria chilena que ha apoyado con decisión a las universidades públicas impulsado iniciativas inéditas y trascendentales como la revitalización de las humanidades, las artes y las ciencias sociales. Y el fondo para incentivo al retiro voluntario del personal académico y de colaboración. Creo que son pasos significativos. Pero necesitamos ir al fondo del problema. Como usted dice, el Estado no puede dejar morir a las universidades públicas porque entonces, o pierden el norte de su misión para sobrevivir de cualquier modo, o bajan la calidad.
“Cota mil” e inequidad
-¿Qué consecuencias tendría esto?
-Un debilitamiento de las universidades estatales no las sufrirán ellas mismas, las sufrirá el país, porque a punta de inequidad nos está resultando un país diferente, ajeno a los valores republicanos que están en el código genético nacional. En el mundo las universidades públicas prosperan y se renuevan no por capricho, sino porque no hay otro instrumento que garantice la pluralidad del conocimiento, la equidad, la calidad para todos, y la preservación de valores relevantes y que sin embargo nosotros hemos descuidado.
Usted no puede entregar la custodia de la igualdad de oportunidades a empresas o instituciones cuya misión es precisamente perpetuar las desigualdades. Nosotros creemos que Chile puede avanzar hacia un modelo universitario mixto, en parte público y en parte privado, donde todos estén cómodos. Las universidades privadas no pueden hacer de públicas, ni las públicas hacer de privadas. Es preciso recuperar la sensatez.
-Una percepción en línea con la discusión instalada por Felipe Berríos en torno a las universidades “cota mil”.
Chile necesita que sus líderes sean los mejores, y eso no significa necesariamente que provengan de los mejores barrios. Las futuras elites serán responsables de la definición de las futuras políticas públicas del país, y por ello es indispensable que tengan la sensibilidad de las carencias ciudadanas, conozcan y compartan los sueños y esperanzas de la inmensa mayoría de la población, y comprendan con generosidad los malestares sociales.
Si las futuras elites dirigentes se forman en ambientes segregados, con temor a lo diferente, con verdades preconcebidas, sólo estaremos generando futuros conflictos sociales de gravedad insospechada. Por eso es que queremos preservar a las universidades estatales como lugares donde se construye ciudadanía y se viven los valores republicanos.
Por otro lado no es sano, ni cívica ni fraternalmente hablando, etiquetar o estigmatizar a las personas por sus ideas o por sus formas o lugares de vida. Ya lo sufrimos durante la dictadura, en que con intolerancia se distinguía entre buenos y malos, entre patriotas y terroristas, entre humanos y humanoides. No es sano para la democracia volver a ese tipo de divisiones ciudadanas.
-¿Cómo interpreta que por segunda vez la Universidad de Chile enfrente cuestionamientos legales relacionados con sus funcionarios? Nassir Sapag fue condenado por fraude al fisco. Hoy hay una investigación que está en curso sobre la Fundación ligada a la Facultad de Economía y Negocios que dirige Felipe Morandé.
-La Universidad de Chile es una institución de gran prestigio y trayectoria en el país. El decano Morandé es parte de esa trayectoria y prestigio. Me parece que hay que esperar los resultados antes de pronunciarse. Los organismos públicos estamos siempre sometidos a investigaciones, es lo correcto, pero hay que tener todos los datos antes de interpretar.
Texto: Claudia Urquieta Ch., publicado en El Mostrador, 26 de enero de 2009.
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Trato “equitativo” para las universidades
“La crisis de la educación superior pública no es consecuencia de los recursos, sino de sus propias ineficiencias…”.
ANDRÉS BENÍTEZ
Rector de la Universidad Adolfo Ibáñez
El Mercurio, 30 enero 2009
La historia es de la siguiente manera: el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, pide un “nuevo trato” para las universidades públicas, en que el Estado financie al menos el 50% del presupuesto de las mencionadas entidades. El rector de la Universidad de Santiago lo apoya, y señala que los 82 mil millones que recibieron las universidades estatales el año pasado son “una porquería”.
Discrepan de lo anterior, en estas mismas páginas, los rectores de las universidades de Concepción, Santa María y Austral, quienes señalan que el debate sobre el financiamiento no debe centrarse en las universidades públicas, sino en las 25 que componen el Consejo de Rectores, entre las que se incluyen algunas privadas, como las que ellos representan. Señalan, al respecto, que el Estado debe tener un trato equitativo para todas las universidades de “carácter” público, sin importar el origen de su propiedad.
Por supuesto, este trato equitativo, al que se refieren los rectores, excluye a todas las universidades privadas, cuyo pecado original es el de haber sido creadas después del año 1980 y que hoy, pese a educar a más del 50% de los alumnos de la educación superior, prácticamente no existen al momento de asignar los recursos públicos.
Son muchas las excusas que se han utilizado en el tiempo para esta discriminación. Todas han ido cayendo por su propio peso. La más usada fue la calidad, argumento que hoy no tiene asidero. Al mirar desde el punto de vista de la calidad de los alumnos, algunas universidades privadas cuentan con índices superiores a la mayoría de las tradicionales. Lo mismo sucede con el prestigio entre los empleadores. En cuanto a la investigación, si bien las tradicionales siguen haciendo un aporte significativo, las privadas también están avanzando, como lo demuestra la asignación de fondos públicos.
Pues bien, a medida que van quedando fuera los argumentos cuantitativos, aparece el concepto de que hay algunas universidades de “carácter público” y otras no. El rector de la Universidad de Chile, en otra columna publicada en estas páginas, advertía con preocupación que hoy en Chile muchas personas con potencial de liderazgo en las diversas áreas se forman en universidades en que los proyectos educativos están ajenos a lo que sucede en el país real. Todo esto, por supuesto, en contraposición a la ecuación pública.
Lo que no se entiende del argumento de Víctor Pérez es por qué esas personas de gran potencial de liderazgo optaron por educarse en instituciones privadas. ¿Las obligaron? ¿Son poco inteligentes? ¿O más bien vieron una oportunidad que la educación pública no les ofrece?
Y entonces la receta siempre es la misma: en vez de mirar los problemas propios, es mejor desprestigiar a los otros y pedir más y más recursos, porque lo que entrega el Estado es una “porquería”. Pues bien, desde el punto de vista del bien país, lo primero que hay que preguntarse es qué hacen las universidades públicas con esa porquería de plata que les dan. ¿Financiar a los cerca de 7 mil empleados no académicos que tiene la Universidad de Chile? Hay que decir que esta universidad tiene un empleado por cada 3,6 alumnos. ¿Parece lógico, cuando incluso en el promedio del sistema tradicional esta cifra llega a 15?
La crisis de la educación superior pública no es consecuencia de los recursos, sino de sus propias ineficiencias. Por otra parte, plantear que la formación de buenos ciudadanos es privativa de las universidades del Consejo de Rectores es otra falacia. Si queremos hacer un debate serio sobre la educación universitaria, se debe considerar el sistema como un todo. Ver, con indicadores objetivos, qué aporte hace cada universidad y asignar los recursos en consecuencia.