El Consejo de Rectores , que en general cuenta con escaso apoyo incluso dentro de las universidades que lo componen, según mostró una encuesta que realizamos entre directivos académicos del país hace casi dos años, atraviesa ahora una zona de turbulencias.
Por un lado, los dirigentes de las Federaciones de Estudiantes de la UCH, la PUC y la USACH se han sumado a los demás agentes del sistema que reclaman una mayor transparencia y efectividad en el manejo de la PSU, gestión que se halla en manos de la UCH y bajo el paraguas del CRUCH.
Según informa hoy La Tercera:
Específicamente, la solicitud por parte de los presidentes de la Fech, Feuc y Feusach dice que se “hagan públicos los criterios para escoger al equipo de expertos que evaluará la PSU y que los resultados sean íntegramente dados a conocer una vez que culmine dicho estudio”.
Por su lado, el Presidente de la FECH, ha manifestado que:
“El Consejo de Rectores no abre sus puertas y esto es un tema país”, añadiendo que la petición se basa principalmente en que este órgano haga pública la identidad de los evaluadores externos [que la UCH contrató hace un par de años, n. del a.], los criterios por los cuales fueron elegidos, los resultados de la evaluación y qué medidas se tomarán respecto de estos últimos.
No sólo cuestionado, el CRUCH se encuentra además dividido a propósito del planteamiento hecho por el rector Pérez (UCH) en orden a obtener un mayor subsidio fiscal en beneficio de las universidades estatales. Esta propuesta fue prontamente desahuciada por el Gobierno, al menos por el período que resta a la actual administración.
Pero, además, la idea fue impugnada por autoridades de la PUC y criticada también por los rectores de las Universidades de Concepción, Técnica Federico Santa María y Austral de Chile (Ver declaración completa de los tres rectores más abajo). En su manifiesto concluyen: “la necesidad de mantener, por parte del Estado, un trato equitativo para las universidades de carácter público, sin importar el origen de su propiedad, […] un pilar fundamental para la definición de políticas nacionales conducentes al logro de los objetivos señalados previamente“.
A su turno, Carlos Williamson, ProRector de la PUC, señaló ayer en La Segunda que el CRUCH corre el riesgo de dividirse, debido a la pugna por recursos, y hoy, en carta a El Mercurio, da a entender que las universiodades del CRUCH obtienen cuantiosos recursos adicionales a los usualmente contabilizados por la vía de los dineros del contribuyente invertidos para sostener la alta tasa de morosidad y no pago del crédito estudiantil solidario (Ver carta completa más abajo).
En suma, el CRUCH amenaza hundirse enredado en disputas por los recursos estatales. Las tensiones en su interior son evidentes pues los intereses de sus miembros son divergentes.
Más al fondo, el problema reside en que la disputa se halla situada únicamente en torno al gasto, sin que el CRUCH logre hacerse cargo de los problemas generales del sistema, la necesidad de abrirse a las nuevas realidades de aquel y de abordar los cambios en una perspectiva –primero que todo– institucional y académica, donde luego, quizá, los recursos podrían seguir por añadidura.

“Un Trato Equitativo para las Universidades Públicas”
(Publicado en Universia, 23 enero 2009
En el curso de los últimos días, los medios de comunicación han difundido extensamente la propuesta del rector de la Universidad de Chile y vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), don Víctor Pérez, en cuanto a la necesidad de generar una ley en el Congreso que establezca una nueva relación entre el Estado y las universidades estatales, especialmente en materia de financiamiento. En este mismo sentido, y acogiendo esta propuesta, se ha manifestado el rector de la Universidad de Santiago de Chile, don Juan Zolezzi, quien es a su vez el Presidente del Consorcio de Universidades Estatales.
Al respecto, los rectores de las tres universidades aquí representadas, deseamos manifestar a la opinión pública que no compartimos la propuesta del rector de la Universidad de Chile. Creemos firmemente que el debate que se suscite en los próximos meses sobre esta materia no debe limitarse al grupo de universidades estatales. No es bueno para el país ni para la opinión pública, confundir los conceptos de lo público con lo estatal, ya que se requiere una mayor profundización sobre los mismos. El Consejo de Rectores, institución de la que somos parte, es una persona jurídica de derecho público y de administración autónoma, cuya función principal es relacionar a las 25 universidades que forman parte del CRUCH con el Ministerio de Educación. Nadie podría desconocer que estas universidades han hecho, en conjunto, una contribución fundamental al desarrollo educacional, científico y cultural de Chile, y han compartido a lo largo de su historia muchos objetivos y tareas comunes.
El Estado cumple su responsabilidad educacional a través de instituciones de carácter público, que en algunos casos son de su propiedad, y en otros, por medio de instituciones con estructura jurídica privada con la forma de Corporaciones o Fundaciones sin fines de lucro. En el CRUCH coexisten estas últimas junto a las 16 universidades estatales, algunas de ellas creadas por Ley de la República, que han colaborado, como se ha dicho, con el Estado en el crecimiento y desarrollo de Chile. Este es el caso de instituciones como la Universidad de Concepción, la Universidad Técnica Federico Santa María y la Universidad Austral de Chile que, además de cumplir con sus funciones académicas propias en la formación de pregrado y postgrado, en la creación de nuevo conocimiento a través de la investigación, y en la creación y difusión de la cultura, cumplen y garantizan la transmisión de aspectos valóricos y ciudadanos sin distinciones ideológicas ni de credo.
Nuestras universidades son, desde su origen, instituciones de vocación y responsabilidad pública, lo que se demuestra justamente por la creación de bienes públicos de interés nacional. Es también importante destacar que un gran número de los jóvenes que ingresan a nuestras aulas provienen de colegios municipales y particulares subvencionados, los que requieren de un gran apoyo para mejorar su nivel de vida mientras completan su formación profesional y personal, objetivo que estas universidades han logrado contribuyendo con financiamiento proveniente de sus propios presupuestos y entregándoles oportunidades de completar su formación personal y ciudadana a través de actividades culturales, deportivas, sociales y recreativas.
Por lo tanto, creemos que ésta es una discusión que debe darse a nivel de país, con altura de miras y por medio de un análisis participativo de los desafíos que Chile debe enfrentar en el ámbito de la Educación Superior, y donde lo sustantivo se centre en la calidad y en la producción de bienes públicos para el país, en la equidad, la responsabilidad social y la capacidad de dar cuenta pública de los recursos que se les entregan a las instituciones de educación superior. Un avance en esta discusión se ha producido en marco del informe del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación Superior, que fuera entregado a la Presidenta de la República el año recién pasado.
Por estas y muchas otras razones, planteamos que la necesidad de mantener, por parte del Estado, un trato equitativo para las universidades de carácter público, sin importar el origen de su propiedad, constituye un pilar fundamental para la definición de políticas nacionales conducentes al logro de los objetivos señalados previamente.
Sergio Lavanchy Merino
Rector, Universidad de Concepción
José Rodríguez Pérez
Rector, Universidad Técnica Federico Santa María
Víctor Cubillos Godoy
Rector, Universidad Austral de Chile
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Señor Director:
El anuncio de que el crédito universitario se podrá pagar con el trabajo en comunas vulnerables no pasa de ser un recurso retórico de la política pública para soslayar el tema de fondo. Hay una muy baja recuperación de los préstamos fiscales por el pésimo diseño del actual sistema de créditos del Fondo Solidario, por lo que la propuesta más parece un sedante para un paciente bastante enfermo. En efecto, lo más grave del sistema actual es que tiene tres grandes “filtraciones”: a) un riesgo de morosidad: quien omite declarar su ingreso queda moroso; si se le protesta el pagaré y hay juicio, éste es largo y costoso, y normalmente no es conveniente seguir la causa, ya que el pagaré no tiene título ejecutivo; b) una subdeclaración de ingresos: quien declara su ingreso puede ocultar información, e Impuestos Internos no permite cotejar los datos del deudor, y por ende la recaudación en función del ingreso del deudor sufre una merma importante, y, por último, c) un riesgo de condonación: al final del período de pago, de 12 o 15 años, la ley obliga a condonar el saldo remanente, que será, por las razones anteriores, muy elevado.
Desde la creación del sistema de crédito universitario con financiamiento fiscal, los aportes del Estado han sido del orden de los 3 mil millones de dólares. Una estimación del “forado” en los fondos de crédito debiera sugerir un efecto morosidad de un 40% y un efecto condonación de un 20%. O sea, el actual sistema tendría implícito un subsidio promedio del orden del 60%, equivalente a más de 1.800 millones de dólares. Es decir, recursos que salieron de los impuestos de los contribuyentes chilenos para que fueran prestados y dieran la oportunidad de estudiar a miles de alumnos, por la mecánica ya señalada, no vuelven al sistema y gozan de buena salud en los bolsillos de flamantes profesionales que nunca imaginaron tamaño regalo. De solidario tiene poco. Por eso, apelar a una actitud solidaria de los deudores para que presten servicios en comunas vulnerables posiblemente incentive sólo a aquellos que responsablemente cumplen con su obligación de pago. Del resto no cabe esperar mucho.
Carlos Williamson
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