Publicada el día 14 de abril en el Portal de Universia, bajo el siguiente encabezamiento.
En medio de una intensa agenda, el académico de la Universidad Diego Portales, José Joaquín Brunner dialogó con Universia sobre diversos temas relacionados con la educación superior, que han sido motivo de atención de la opinión pública en el último tiempo.
Algunos de los asuntos a los que se refiere el director del Centro de Estudios Comparados en Políticas y Sistemas de Educación de la UDP, versan sobre el informe que entregó a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, el Consejo Asesor para la Calidad de la Educación Superior, una instancia en la que si bien no fue parte, sí conoce en detalle los alcances del documento que ahora debe pasar el filtro del ejecutivo para llegar en forma de proyecto de ley al Congreso Nacional.
Sobre la propuesta contenida en el informe el académico manifiesta que, sin duda, uno de los aspectos más destacables es el hecho que la discusión se hizo “sin grandes nostalgias del pasado ni debates ideológicos, sino más bien enfocada en dar más transparencia al sistema”.
Más adelante, Brunner aboga por “subir el nivel del debate en lo que a enseñanza superior se refiere, y no discutir temas inconexos, tales como la existencia o no del Consejo de Rectores, posibles cambios a la prueba de selección, becas y créditos, entre otros”. Más bien manifiesta que lo que hace falta es “una discusión conducida en un contexto de propuestas que apunten a la fijación de metas y prioridades para el sistema en su conjunto. En esa línea examina con ojo crítico la labor del Ministerio de Educación, una entidad que “como en todos los lugares del mundo centra sus mayores esfuerzos en el sistema escolar y que en la medida que el sistema crece y se vuelve más complejo, la cabeza aparece crecientemente insuficiente para el sistema universitario”.
Por último comenta algunos de los aspectos del nuevo sistema de acreditación, en cuanto a que si bien se ha avanzado bastante en la certificación institucional, no se puede decir lo mismo de las carreras, que de acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Acreditación, alcanzan al 27% de los cerca de 3.500 programas que se imparten en el país.
Ver texto completo de la entrevista más abajo.

Texto completo de la Entrevista de Universia
José Joaquín Brunner analiza la actualidad de la educación superior
Consejo Asesor Presidencial y el debate en relación a la Educación Superior
-¿Cuál destacaría Ud. como uno de los principales aportes del informe que entregó Consejo Asesor para la Educación Superior a la Presidenta de la República?
Es muy interesante el informe en la medida que aborda los problemas partiendo de la realidad que hoy existe en el sector, sin grandes nostalgias del pasado, ni sobreideologizar el debate, y aborda temas que son necesarios de discutir y revisar, como lo es el financiamiento, tanto de las instituciones como de los estudiantes, y hace propuestas llamativas como esto que se ha denominado un “Auge para la educación superior”, propone modificaciones a las regulaciones del sistema, de modo de dar mayor transparencia y mejor información al mercado de la enseñanza superior.
A igual que en la instancia anterior (Consejo Asesor para la Calidad de la Educación), se manifestaron diversas opiniones con acuerdos y desacuerdos. Resta conocer cuál es la voluntad del Gobierno, porque todavía está en proceso de estudio, lo que interesa saber es cuánto de este informe el Ejecutivo está dispuesto a incorporar como parte de sus políticas de educación superior.
-Ud. Ha planteado que es necesario mejorar el debate sobre las políticas de educación superior y que esa discusión debiera conducirse en un contexto de propuestas, y no tanto a ideas desconectadas entre sí, como el sistema de admisión, la existencia o no del Cruch, masificación de becas, entre otras. Asimismo, propone la fijación de metas y prioridades para el sistema en su conjunto ¿Qué características debiera tener la entidad que fije esas metas? Dicha institución ¿es el mismo Mineduc? ¿Debe depender de éste?
Uno de los puntos débiles del modelo es que la conducción gubernamental ha estado dentro del Ministerio de Educación como una División, entre muchas otras, de una cartera que por el peso de las cosas y la dinámica de los asuntos que en deben poner atención sus autoridades, como en cualquier otro país del mundo, está en el sistema escolar, que es más masivo y está sujeto a obligación. Eso hizo que en la medida que el sistema crecía y se volvía más complejo, la cabeza aparece crecientemente insuficiente para el sistema universitario.
El investigador agrega que “en una discusión al interior del Consejo Nacional de Innovación, donde se debatió sobre cómo debería el Gobierno organizar su participación en el área de la innovación. Ahí propuse, como voto de minoría de todas formas, que a estas alturas convenía la instauración de un Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, porque esta es un área de enorme potencial, donde el país tendrá que poseer mucha más capacidad de regulación, decisión, creación de instrumentos, de financiamiento, etc”.
“Hoy todos estos temas están dispersos y se coordinan débilmente, de modo que soy partidario de tener un cuerpo especializado, altamente profesionalizado con el financiamiento que hoy se destina a la educación superior, a la ciencia y tecnología, y ahora también a la innovación, a través del fondo del royalty, y que todo eso sea conducido, organizado y distribuido por este organismo que a la vez tenga la capacidad de fijar políticas, poner prioridades, metas, y evaluar la eficacia de los programas”.
-Dentro de ese esquema Ud. agrega que las instituciones debieran transparentar la información sobre deserción, graduación, oportunidades labores de una carrera ¿Cree Ud. que los planteles con mayores tasas de deserción estarán dispuestos a entregar esa información? ¿Cómo crear incentivos para que la entreguen?
En la mayor parte del mundo este es uno de los puntos que no se resuelve vía incentivos, sino por medio de obligaciones legales, en una gran cantidad de países occidentales, democráticos, donde los sistemas de educación han alcanzado un enorme desarrollo, existen normas en que se obliga a quienes reciben fondos públicos, a informar al público sobre determinados asuntos. En un modelo que se mueve en torno a dinámicas de competencia, es mucho más necesario todavía que exista transparencia y la suficiente información, porque de lo contrario, los estudiantes y sus familias quedan en una desventaja enorme respecto de aquellos que sí conocen exactamente la calidad de lo que hacen.
Eso hay que transparentarlo, y hoy en Chile no hay nadie que pueda decir que la calidad de la información en la educación superior chilena es adecuada. Tenemos problemas básicos. Por ejemplo, la estadística oficial que está en el compendio de la división de educación superior del Mineduc, desde hace seis meses que no está en su sitio porque, según se dice, está siendo reconstruida, ‘¿cómo puede ser que la estadística oficial esté siendo reconstruida por seis meses?’.
Luego si uno compara información de organismos públicos, como por ejemplo, ÍNDICES del Consejo Superior de Educación versus el Compendio, hay enormes discrepancias, y luego hay aspectos como deserción, uso de recursos públicos, tasas de graduación, que no se conocen, y que uno como investigador, a veces las obtiene por la buena voluntad de la autoridad de una universidad, cuando eso en cualquier parte del mundo es algo que se entrega automáticamente todos los años y que está disponible para el público en general.
¿Lucro o no lucro?
-¿Es compatible una organización con fines de lucro con los objetivos de una institución de educación, cómo el caso de una institución de educación superior en este caso?
Son perfectamente compatibles y a lo largo de la historia ha habido decenas de instituciones universitarias que han funcionado con un tipo de organización que les permitía cobrar a los alumnos, vender servicios, y hoy día en Chile, todas las instituciones públicas y privadas desarrollan ese tipo de actividades, muchas de ellas además preocupándose de la rentabilidad. Dependiendo de cuál sea el estatuto jurídico de la institución, si es pública o estatal, la rentabilidad de estas distintas operaciones que todas las universidades realizan pueden o no dar lugar a una utilidad que aproveche no al conjunto de la universidad, sino que a sus propietarios, y eso es lo que se llama una persona jurídica con fines de lucro.
De todas maneras -agrega Brunner- es importante que esa institución quede sujeta al estatuto de la acreditación y que sea absolutamente transparente en el uso de los recursos, que por cierto no reciba ventajas tributarias por parte del Estado, ya es una entidad que busca beneficiar a sus propietarios y que eso esté regulado con total claridad y transparencia.
El académico describe el caso chileno como “el más raro del mundo” porque “acepta que algunos como los Institutos Profesionales y los Centros de Formación Técnica puedan tener fines de lucro, pero las universidades no, ¿de dónde viene eso? Quiere decir que no es un principio, más bien es un ajuste para unas u otras. Me parecería mucho más normal que se legislara sobre estas materias, de modo de evitar la situación que tenemos hoy, que ciertas universidades que declarándose sin fines de lucro, sin embargo buscan subterfugios para poder hacer una utilidad para sus propietarios, eso me parece que es la peor de las situaciones.
PSU: propuesta de cambios a la PSU
-¿Qué opina del actual sistema de selección, cree Ud. que es conveniente agregar nuevos parámetros de selección como lo plantea un plan piloto implementado por la Pontificia Universidad Católica de Chile y otras instituciones?
El sistema de selección no juega el papel que tuvo en los años 60 ó 70 cuando era altamente elitista, una vez que hemos entrado a un modelo masivo, donde uno de cada dos jóvenes puede tener acceso, la prueba de selección interesa a un grupo de universidades, que son las que buscan reclutar a alumnos con mayores puntajes del test.
Para lo otro que sirve la PSU, es para fijar el umbral más bajo en función del cual se van a otorgar becas o créditos, pero ya para muchas instituciones la PSU no cuenta, y eso será cada vez más así. El plan piloto que se ha aplicado por algunas universidades, me parece interesante, porque amplía el espectro en una institución altamente selectiva. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien, porque la desconfianza que baja en Chile es que esos criterios adicionales pudieran ser que no se usen en función de mayor meritocracia e igualdad, sino que considerando características heredadas por las personas: Cómo se relaciona con la cultura, cuál es su grado de distinción en el manejo del lenguaje, cuál es su aspecto físico, esa sería la peor derivación que puede tener el sistema de selección, sería volver a los años sesenta cuando la Universidad Católica le exigía a los alumnos cartas de recomendación del mundo oligárquico del país. Por ejemplo, cuando yo ingresé había que llevar una carta que ojalá fuera de un obispo o de un senador del Partido Conservador, no tengo por qué pensar que eso es lo que está buscando la UC.