Columna de opinión publicada en la sección Educación del diario El Mercurio, 30 marzo 2008.
Es necesario mejorar el debate sobre las políticas de educación superior
Discutir sobre propuestas aisladas impide ver el rumbo que queremos darle al sistema.
JOSÉ JOAQUÍN BRUNNER
Es importante que el debate sobre el futuro de la educación superior sea conducido en un contexto orgánico de propuestas. Sólo así puede crearse un consenso en torno de los objetivos que deben guiar su desarrollo en esta etapa.
De lo contrario, como ocurre en estos días, se proponen asuntos desconectados entre sí -revisión de la PSU, destino del Consejo de Rectores, masificación de las becas para alumnos de menores recursos, admisibilidad de instituciones con fines de lucro, etcétera-, los cuales separadamente no hacen sentido ni permiten vislumbrar el rumbo que se desea imprimir al sistema.
De allí, asimismo, la urgencia de conocer prontamente el informe entregado al Gobierno por la comisión encargada de proponer las bases para dicha política.
Pues bien, ¿hacia dónde debe orientarse el sistema? ¿Cuál debe ser el eje de una política con vistas al futuro? Si se desea que la educación superior aumente su contribución al desarrollo nacional debería reconocerse, ante todo, un rol más activo al Gobierno en el empleo de aquellos instrumentos que le permiten guiar el sistema a distancia; es decir, sin interferir burocráticamente en el funcionamiento de sus propios mecanismos de autorregulación.
¿Y cuáles son estos instrumentos? Básicamente, la fijación de metas y prioridades para el sistema en su conjunto; el financiamiento de los estudiantes de menores recursos mediante un esquema, común para todos, de becas y créditos; el financiamiento institucional a través de contratos de desempeño y otros mecanismos de tipo mercado; el aseguramiento de la calidad provisto por agencias independientes, con exigentes estándares de acreditación, y un estatuto de obligaciones de informar que otorgue mayor transparencia al mercado de estudios superiores.
De esta manera, el sistema podría mejorar su desempeño en las dimensiones claves de equidad, calidad, eficiencia interna y pertinencia de sus programas.
Y se haría sin interferir en la autonomía académica y de gestión de las instituciones, emparejando las condiciones de la competencia y evitando que las políticas del sector sean corporativizadas en beneficio de los jugadores más fuertes. Se reconocería plenamente la provisión mixta de educación superior y, también, su carácter mixto como bien público y privado a la vez.
Una vez definido ese marco general y adoptado un eje de política con sentido de bienestar colectivo, podrán discutirse provechosamente el diseño y uso de instrumentos y mecanismos específicos, como contar con un esquema de garantía estatal para aumentar el acceso y la tasa de graduación en la educación superior.
O los incentivos necesarios para expandir la formación en el nivel de los programas avanzados de investigación, el rol de un organismo representativo de todas las instituciones acreditadas, la manera de impulsar la demanda por estudios técnico-vocacionales, el fortalecimiento de las llamadas universidades complejas, el gobierno de las corporaciones estatales y otros.
Todos estos son asuntos claves que necesitan ser evaluados en función de su coherencia con el marco general y de su mayor o menor efectividad para implementarlo.
“¿Hacia dónde debe orientarse el sistema? ¿Cuál debe ser el eje de una política de educación superior con vistas al futuro?”
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Respuestas entregadas fente a preguntas de la prensa
Me gustaría saber su opinión sobre la propuesta del Consejo Asesor que permitiría que los estudiantes de escasos recursos obtengan una beca para los primeros dos años de estudio y que luego se transformaría en un crédito estatal.
¿Qué salvaguardas debiera tener el sistema? ¿cuáles son los riesgos que se podrían correr? ¿cómo mantener a los jóvenes en la universidad o en el instituto cuando se acabe la beca para el tercer año? ¿implica esto que las universidades se “relajen” al ser el Estado el que corre con el gasto de becar al alumno?
Respuestas
Chile necesita aumentar su capital humano con formación de nivel superior. Según los últimas datos de la OECD, en Chile sólo un 13% de la población entre 25 y 64 años cuenta con estudios superiores, la misma cifra que en Portugal y la República Checa, pero menor que en México (15%), Nueva Zelanda (27%), Irlanda (29%) y Estonia (33%).
Para aumentar esta cifra se requiere, por un lado, aumentar la matrícula de enseñanza superior y, por otro, el porcentaje de alumnos que se gradúan.
• El incremento de la matrícula sólo se puede lograr hoy facilitando que más jóvenes de los sectores de menores ingresos accedan a CFT, IP y universidades, puesto que en el caso de los sectores de altos ingresos, prácticamente todos los egresados de la secundaria continúan estudios superiores.
• A su turno, para mejorar la tasa de graduación, junto con admitir más alumnos, hay que canalizar un mayor flujo de la nueva matrícula hacia programas cortos (3 años) en los CFT; reducir la deserción y flexibilizar los planes de estudio de las instituciones.
Todo esto podría favorecer a mi juicio implementando el esquema de Garantía Estatal de Estudios Superiores propuesto en el Informe de la Comisión Asesora, a condición de introducir en su diseño e implementación varias cláusulas y dispositivos de resguardo:
i) Asegurarse a través de exigencias de notas de la enseñanza secundaria y puntaje PSU que los alumnos favorecidos por becas poseen efectivamente las calificaciones para aprovechar y completar los estudios superiores.
ii) En cuanto al puntaje PSU para becarios que deseen ingresar a una universidad el mínimo propuesto de 475 parece razonable. En cambio, debería fijarse un puntaje menor en el caso de los CFT (por ejemplo, 425 puntos) con el fin de estimular una mayor demanda por programas técnico-vocacionales.
iii) Es esencial, como se ha propuesto, mantener la combinación entre beca primero y crédito después, pero podría extenderse la beca, para alumnos que eligen CFT, hasta cubrir al menos una mitad del período de duración de la carrera, de modo de crear un estímulo adicional en favor las carreras cortas.
iv) Las instituciones que deseen participar en el esquema no sólo deberían estar acreditadas sino, además, demostrar que cuentan con planes de apoyo para los estudiantes con mayor riesgo de fracaso académico y deserción (planes de nivelación, cursos compensatorios, tutorías, clases de reforzamiento, programas supervisados de aprendizaje con uso de nuevas tecnologías, talleres en áreas críticas, etc.).
v) Asimismo, las instituciones necesitarán flexibilizar sus programas de modo de:
a. favorecer la movilidad de los estudiantes (habrá más que se equivoquen en su primera opción de institución y/o carrera), y
b. permitir que los alumnos puedan combinar de mejor forma el estudio con el trabajo.
Si el Gobierno decide adoptar este esquema, debería aprovechar la coyuntura y definir, en el mismo acto, un estatuto de obligaciones de informar para las instituciones, que entre otros contemple:
i) hacer públicas sus cifras de deserción y sus tasas de graduación con una metodología definida por un equipo técnico;
ii) entregar periódicamente al público información sobre la inserción laboral de los graduados.
Los mayores riesgos que deben evitarse al momento de adoptar el esquema propuesto son dos:
i) Estimular mediante las becas del Estado un crecimiento artificial de la demanda que, a la postre, redunde sólo en mayores ingresos para las instituciones, más alta deserción de alumnos de menores recursos y mera mantención de las tasas actuales de graduación.
ii) Reforzar la tendencia actual hacia un continuo incremento de la matrícula profesional (universitaria y de IPs) sin un incremento similar en las carreras cortas, vocacionales, ofrecidas por los CFT. Como modelo de crecimiento es caro; eleva la deserción en el promedio del sistema y su impacto es insostenible en el mercado laboral a mediano plazo.
Recursos asociados
Informe del Consejo Asesor Presidencial de Educación Superior y Registro de Prensa día a día, marzo 2008