En días sucesivos, el diario El Pais ha publicado dos interesantes reportajes sobre el estado de la I+D+i en España; sus indudables progresos y las limitascionres a las debe hacer frente.
Último tren para la I+D española. La investigación despega, pero existe aún una pobre participación empresarial, 2 diciembre 2007.
Un modelo de I+D+i obsoleto. El Gobierno no ha creado todavía la prometida Agencia de Financiación de la Investigación , 4 dciembre 2007
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Último tren para la I+D española
La investigación despega, pero existe aún una pobre participación empresarial JOSÉ LUIS BARBERÍA – San Sebastián – 02/12/2007
España empieza a despegar en I+D. Aunque la desventaja con Europa sigue siendo considerable y no hay nada ganado de antemano, el país está ahora en condiciones de intentar la hazaña, el gran salto hacia adelante que debe transportarle hasta la orilla privilegiada de las economías más avanzadas.
La inyección masiva de dinero público a lo largo de estos tres últimos años ha vivificado un sistema que se encontraba al borde del colapso, ha ampliado la base humana y tecnológica investigadora y ha abierto una ventana de oportunidad que puede engancharnos a la dura carrera por la competitividad que se libra en el mundo. El terreno ha sido abonado y empieza a detectarse cierta efervescencia. Durante la presente legislatura se ha puesto en marcha el superordenador más potente de Europa (Marenostrum, Barcelona), construido el nuevo buque oceanográfico (Sarmiento de Gamboa) equiparable a los mejores existentes en el mundo, se ha lanzado el proceso de instalación de la mayor plataforma experimental de captura de CO2 de la UE (Ciudad de la Energía, Ponferrada) y España aspira a instalar en Bilbao el Centro Europeo de Espalación de Neutrones, que será el mayor del mundo.
Además, con el horizonte puesto en 2015, se ha aprobado el primer plan de infraestructuras tecnológicas de nuestra historia. ¿No es hora ya de felicitarse y de enterrar para siempre el recuerdo de la vieja leyenda negra que habla de la pobre disposición española para la investigación?
Bienvenidos a la cruda realidad. Sólo hay 23 empresas españolas entre las mil firmas europeas que más invierten en investigación e innovación, según el Instituto de Prospectiva Tecnológica (IPTS) de la Comisión Europea. Sólo uno de cada cinco científicos españoles trabaja, hoy, en el sector privado. ¿España corre el riesgo de consolidar un modelo invertido de gasto en I+D en el que, contra lo que ocurre en las economías punteras, la parte del león inversora cae del lado de las instituciones públicas? Un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra que en 2006 la participación de la empresa privada creció del 46,3% al 47,1%. Es un dato para el optimismo porque rompe la tendencia negativa de los últimos años y refuerza la posibilidad de que el capital privado llegue a asumir la mayor parte del esfuerzo financiero. ¿La revolución tecnológica empieza a penetrar en la empresa española?
Pese al acelerón financiero, la brecha investigadora sigue siendo tan grande, los retos tan exigentes y la experiencia histórica tan amarga que nuestra comunidad científica se resiste a echar las campanas al vuelo. Necesitan garantías de que el impulso presupuestario suministrado por el Gobierno no va a desvanecerse en las legislaturas futuras, piden el derribo de los muros burocráticos que obstaculizan el gran salto pendiente y pretenden que la empresa y la universidad, la sociedad en su conjunto, entiendan que lo que está en juego es la prosperidad futura en un mundo globalizado donde la capacidad investigadora constituye el valor añadido y el imprescindible blindaje contra la competitividad creciente. No, no hay lugar para euforia, pero el proverbial pesimismo lacrimógeno de nuestros científicos está en franca retirada. Ha prendido la esperanza y los ánimos se confortan en la idea de que se trabaja en la buena dirección.
“La ciencia es continuidad. Nada sería peor que después del arreón del caballo llegara el parón del burro”, advierte Carlos Martínez Alonso, director del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el buque insignia de la investigación española. “Si hacemos las cosas bien y seguimos con un aumento presupuestario del 16% anual, dentro de cinco años estaremos a la altura de Francia y habremos hecho una transición investigadora modélica y extraordinaria”, sostiene.
Hay quienes dudan todavía de que los poderes políticos y económicos hayan entendido que sólo la posesión de un sistema propio científico técnico garantiza la supervivencia como economía avanzada en la era del “capitalismo de innovación extensiva, industrial”, pero no puede decirse que el Gobierno, de momento, haya faltado al compromiso que adquirió personalmente el presidente del Gobierno en su investidura.
“Habrá dinero”, dijo José Luis Rodríguez Zapatero hace tres años. Y el dinero de las inversiones, subvenciones y deducciones fiscales, ha lubrificado los programas de investigación: el Cénit, para la creación de grandes consorcios públicos-privados cofinanciados a partes iguales en la investigación industrial; el Consolider, destinado a formar grandes y excelentes grupos de científicos, el Euroingenio, para armar proyectos de calidad que le permitan a España recuperar la mayor parte posible del dinero que aporta al Programa Marco Europeo de Investigación, y el Torres Quevedo, que facilita la inserción de los doctores universitarios en las empresas privada.
“En tres años, la Administración General del Estado ha más que duplicado su presupuesto para I+D. De los 2.900 millones de euros destinados en 2004, hemos pasado este año a 6.540 y el montante previsto para 2008 alcanza los 7.680 millones”, dice el director del departamento de la Sociedad del Bienestar de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, Pedro L. Marín.
Se han duplicado las becas y han aumentado los contratos Ramón y Cajal reservados a los investigadores doctorados. El I+D empieza a impregnar ya el tejido industrial y a modificar mentalidades. Según la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, el presupuesto global del nuevo Plan Nacional I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación) 2008-2011 alcanza los 48.000 millones de euros para los cuatro años.
Con mayor o menor énfasis, también las comunidades autónomas -Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Andalucía y Valencia-, se han sumado al gran esfuerzo financiero de la Administración General del Estado. Las autonomías aportan ya un tercio del dinero público destinado al I+D y son ellas, en gran medida, las que están animando modelos administrativos de gestión originales encaminados a superar la rigidez del actual sistema.
Contra quienes advierten del riesgo que entraña una excesiva fragmentación -“más que una multitud de pequeños parques tecnológicos, lo que necesitamos es fortalecer las grandes instituciones investigadoras”, subraya Carlos Martínez-, el presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), Joan Guinovart, considera esa afloración un reflejo positivo del dinamismo investigador. Y afirma: “Será el mercado el que se encargará de validar o no estos proyectos”.
Muy crítico con la actitud de las universidades españolas -“en la mayoría de ellas, reina la consigna de ‘sin novedad en el frente”-, Joan Guinovart elogia, en cambio, el comportamiento de los gobiernos autonómicos que “han descubierto que el I+D es un factor de competitividad y lo están incorporando a sus programas”. Por su parte, y sin dejar de felicitarse por las iniciativas autonómicas, el presidente del CSIC alerta contra la endogamia y el clientelismo que detecta en algunas administraciones autonómicas.
“Lo que me preocupa no es la competencia entre centros y proyectos, sino la falta de transparencia”, indica. “Y no puede ser que en determinada autonomía se rechace a los investigadores de otras comunidades, incluso a los propios del CSIC, con el argumento de que hay que reservar las plazas para los autóctonos. La proximidad con los usuarios no es buena para la ciencia”, concluye.
La pirámide de la comunidad científica española, cifrada actualmente en 116.000 personas -“necesitamos incorporar a 70.000 investigadores más en los próximos cinco años”, apunta Carlos Martínez-, ha ganado base en estos años, pero no demasiada altura, si atendemos a algunas observaciones críticas. “Ha entrado mucha gente en el sistema sin pasar por un control exigente de calidad. Hemos crecido sin política y sin tener en cuenta nuestra enorme carencia en técnicos e ingenieros de apoyo que en los grandes centros de investigación suponen, normalmente, el 30% del personal”, afirma Félix Yndurain, catedrático de Física de la Universidad Autónoma de Madrid.
En estos años, el objetivo de recuperar a los españoles que han culminado su formación y acreditado su valía en el extranjero se ha revelado difícil -sigue habiendo un largo millar de jóvenes talentos fuera-, pero no tanto como la pretensión de atraer a científicos extranjeros de prestigio. “La oferta máxima que podemos realizar, entre 4.000 y 5.000 euros mensuales, resulta claramente insuficiente para poder captar a esos investigadores”, constata Agustín Zapata, subdirector general de Investigaciones en Terapia Celular del Instituto Carlos III.
“Estamos obligados a salir al mercado internacional, ofrecer salarios competitivos, contratos indefinidos, un ámbito investigador atractivo y carrera profesional”, abunda el presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Junto a los salarios -el CSIC ofrece a los investigadores predoctorales un contrato de 1.200 euros mensuales para los dos primeros años y, posteriormente, entre 25.000 y 32.000 euros anuales-, el problema para los extranjeros son las trabas burocráticas y las dificultades para homologar sus títulos universitarios. “Los extranjeros no van a venir por los 3.000 euros al mes que es lo que gana aquí un catedrático porque, sencillamente, en sus países les pagan mucho más”, apostilla Joan Comella, director de la Fundación Catalana para la Investigación y la Innovación (FCRI). Catedrático de Biología Celular de Universidad Autónoma de Barcelona, Joan Comella juzga con severidad la escasa implicación de la Universidad española. “Es uno de los grandes retos que tenemos”, sostiene.
“¿Cómo es posible que un profesor universitario pueda ejercer sin hacer investigación? En estos momentos, lo único que se le exige es que dé sus clases y ni siquiera que las dé bien”, comenta.
A su juicio, la universidad española tiene un gravísimo problema de falta de gobierno. “Los equipos de gobierno tienen dificultades para implantar sus decisiones estratégicas y hay muy poco control sobre el cumplimiento efectivo de la dedicación profesional”. “Me temo que la universidad pública se está descapitalizando”, indica. Entre las 200 universidades mejor consideradas del mundo, sólo hay una española, la de Barcelona, y en el puesto 190. “El futuro de la empresa no depende de la mano de obra, sino del cerebro de obra”, recuerda Joan Guinovart.
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Un modelo de I+D+i obsoleto
El Gobierno no ha creado todavía la prometida Agencia de Financiación de la Investigación
JOSÉ LUIS BARBERÍA – San Sebastián – 03/12/2007
En inversiones, el Gobierno ha hecho sus deberes. Pero se ha quedado atrás en la reforma del modelo de gestión de la I+D pública. Un modelo obsoleto tras dos décadas de funcionamiento. Este retraso dificulta
La legislatura va a concluir sin la creación de la prometida Agencia de Financiación de la Investigación (AFI), el elemento estrella destinado a modificar el sistema y a adecuarlo al funcionamiento del Consejo Científico del Consejo Europeo de Investigaciones (ERC). Tampoco acaba de materializarse la transformación del CSIC en agencia, un paso considerado decisivo para que el mayor centro científico y tecnológico español -15.500 personas, la mitad de ellas investigadores, artífices de la mayoría de las patentes españolas- adquiera la flexibilidad que exige la situación.
En un informe elaborado para la Fundación Alternativas, tres responsables del CSIC (Jesús Ávila, biólogo, Premio Nacional de Investigación, Vicente Larraga, director del Centro de Investigaciones Biológicas y Pedro Puigdomenech, director de l’Institut de Biología Molecular de Barcelona), han puesto el acento en “la resistencia pasiva” de los funcionarios de nivel intermedio decididos a no alterar un statu quo manejado por lo que estos investigadores denominan, con ironía, “colegios invisibles de científicos”.
Pedro L. Marín, de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, que procede de la comunidad investigadora, no forma parte de esas voces críticas: “A partir del año que viene, racionalizaremos mucho las cosas con el nuevo Plan Nacional de I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación) 2008-20011. El centenar de convocatorias anuales de la Administración General del Estado quedará reducido a menos de una veintena y, además, introduciremos un sistema unificado de información y gestión e implantaremos la ventanilla única telemática”, indica.
En el informe de la fundación se critica la escasa participación de los científicos en la elaboración del nuevo Plan Nacional y se propone que la Agencia de Financiación y Evaluación centralice las carreras científicas del personal de la Administración Central y que el director de ese organismo dependa del Parlamento. Pero la gran falla de la investigación española es, sobre todo, la reducida participación del capital privado. ¿Qué hace creer a tantos empresarios que podrán superar la prueba de la globalización, conservar su productividad y competitividad, sin invertir en I+D+i? A las conocidas razones estructurales -más del 95% del parque empresarial está formado por pequeñas y medianas compañías y no hay multinacionales españolas de la química, la electrónica, la farmacia o la automoción-, hay que sumar la escasa tradición investigadora empresarial.
En el país de la cultura televisiva de pelotazos y cotilleo, ¿quién conoce a los jóvenes investigadores Jaume Comís, Óscar Marín, Francesc Pozas, Adriano Camps, Jordi Bascompte, Miguel Ángel del Pozo, galardonados en 2004 con el Premio EURYI (European Young Investigator Awards)?
No obstante, puede que el porcentaje de la participación privada en I+D (47,1%, frente al 60% o 65% de las economías avanzadas) y la pobre presencia española en el listado de las mil empresas europeas que más invierten en investigación no haga justicia al comportamiento real de la empresa privada.
En el ranking de la Comisión Europea, la primera empresa española en aparecer, Telefónica, ocupa el puesto 40; Amadeus Global Travel, el 92, e Indra Sistemas, el 159; por delante de Repsol YPF, Industria de Turbo Propulsores, Almirall, Zeltia y Endesa. Si comparamos las inversiones en I+D de las empresas españolas con las europeas, resulta que mientras la sueca Electrolux destinó en 2006 a I+D+i 203 millones de euros, Fagor Electrodomésticos invirtió 5,99 millones; que mientras la francesa Saint Gobain dedicó 373 millones, ACS gastó 23,3. “El año pasado incrementamos un 20% el gasto en I+D. Las cosas están mejorando”, asegura Juan Mulet, director general de Cotec, la fundación para la innovación tecnológica empresarial en la que participan muchas de las sociedades del IBEX 35. “El problema es que en España tenemos grandes bancos, pero no empresas como Siemens, obligadas a invertir en I+D; tenemos a Telefónica, pero no a Nokia. Confiemos en que, además de seguir invirtiendo en investigación y desarrollo, el sector hotelero y las constructoras contribuyan a modernizar nuestro tejido productivo y a crear empresas de alto valor tecnológico”, indica.
El caso de España muestra que se puede tener un nivel aceptable en investigación básica y carecer de penetración en la investigación aplicada. “Pensamos mucho en la I grande y muy poco en la D de desarrollo y la i de innovación”, destaca José Luis Manzano, consejero delegado de Isofotón, empresa que cuenta con un millar de trabajadores. “Como la normativa de patentes es además compleja, ocurre que cosas que hemos desarrollado en España terminan en manos extranjeras”, afirma.
Con todo, el director general de la Asesoría I+D+i, Víctor Tarruella, aprecia un cambio en la mentalidad empresarial, al calor de una política de deducciones fiscales, las más ventajosas de la UE, según él. “Estoy convencido de que están haciendo más desarrollo e innovación de lo que reflejan las estadísticas”, afirma. Y alude al aumento de los informes que las empresas dirigen a Industria para acogerse a las deducciones fiscales. Las estadísticas ministeriales prueban que las solicitudes de ayuda sustentadas en informes técnicos motivados se han duplicado entre 2004 y 2006.
Juan Ignacio López Gandasegui, el presidente de Aernova, empresa que con 3.200 empleados, un millar de ellos ingenieros o doctores universitarios, diseña y fabrica componentes de aviones, sugiere establecer un ranking público que asigne a las empresas un nivel de I+D en función de su actividad. “Las empresas españolas trabajamos mucho el subcontrato, fabricamos componentes, pero no el modelo entero que es lo que multiplica la necesidad del I+D”, explica. “Deberíamos favorecer la creación de grandes fabricantes de productos terminados y evitar que, como ocurre ahora, las multinacionales compren a las pequeñas y medianas que tienen un buen I+D”, agrega López Gandasegui. Aunque los avances logrados por las secciones españolas de las multinacionales acaban siendo desarrollados y registrados en los países matrices de esas firmas, España ha incrementado notablemente su número de patentes: a finales de 2006 contaba con 1.093, el 29% más que en 2004. El problema es que se parte de niveles bajos. A finales de 2006, Alemania tenía registradas 24.867; Francia, 8.010; Holanda, 7.327; Reino Unido, 4.721 e Italia, 4.197.
Desde el observatorio que le presta su función de asesoramiento, Tarruella alerta sobre la necesidad de acabar con la incertidumbre generada en torno al mantenimiento de deducciones y subvenciones a partir de 2010. Por grande que sea el esfuerzo público en pos del objetivo de destinar el 2% de su PIB al I+D en 2010, nada podrá conseguirse sin una mayor implicación del capital privado.
En su informe, Ávila, Larraga y Puigdomenech indican que si el mercado se ha mostrado incapaz de promover una industria innovadora, es preciso que el Gobierno ponga término a la desorientación. El Círculo de Empresarios de Cataluña ha llamado la atención a sus socios sobre la tibieza inversora en I+D. “Hemos perdido la carrera para liderar sectores como el automóvil y la farmacia. Pero hay terrenos, como la biotecnología, la nanociencia, la tecnología de las comunicaciones y de la información, las energías renovables y el cambio climático, en los que todavía podemos aspirar a tener empresas punteras”, sostiene Pedro L. Marín.
Larraga hace propuestas sectoriales más concretas. “Habría que crear centros de Domótica (base de la industria de la construcción sólida) y de Biología molecular de plantas (clave en la industria de la alimentación)”. Hay terreno y carrera, si todos hacen sus deberes. Empieza el despegue.