El Co-Director de PREAL, Jeff Puryear, ha distribuido la siguiente columna de opinión sobre el Acuerdo Educacional suscrito por el Gobierno de Chile con los partidos de la Concertación y de la Alianza.
Ver texto completo más abajo.
Documento del Acuerdo
Acuerdo por la calidad de la educación, versión faccimil, noviembre 2007 [PDF]
Otros documentos
El acuerdo educacional Alianza Concertación:
Al fin la calidad es la prioridad, Instituto Libertad, 30 noviembre 2007
Un acuerdo que genera desacuerdos, Observatorio Chileno de Políticas Educativas, 22 noviembre 2007 [PDF]
Gobierno firma acuerdo con Partidos de la Concertación para fortalecer la educación pública, Ministerio de Educación, 21 mayo 2007
Acuerdo en educación: Gana el país, Instituto Libertad y Desarrollo, Temas Públicos N° 846, 16 noviembre 2007 [PDF]
Declaración CONACEP, 14 noviembre 2007.
SIGAMOS AVANZANDO HACIA UNA EDUCACION DE MEJOR CALIDAD PARA TODOS, 14 noviembre 2007.
Documento de la FIDE.
Significado del Acuerdo por la Calidad de la Educación, 13 noviembre 2007
Documento preparado por expertos en educación del Centro de Estudios Públicos, Libertad y Desarrollo, Fundación Jaime Guzmán e Instituto Libertad.

El Acuerdo Chileno Sitúa la Accountability al Servicio del Aprendizaje
Por: Jeffrey M. Puryear
Fuente: PREAL Informa
WASHINGTON, DC—El “Acuerdo por la Calidad Educativa” que pactaron recientemente los líderes políticos en Chile es una victoria para el consenso político y un gran paso hacia la mejora de las escuelas públicas del país.
En una ceremonia el 13 de noviembre, la Presidenta Bachelet y los presidentes que encabezan las dos principales coaliciones políticas en Chile—la Concertación, de centro-izquierda, y la Alianza, de centro-derecha—culminaron un período de intenso debate con la firma de un acuerdo que sienta las bases de la nueva Ley General de Educación. El hecho de que ambas partes hayan puesto al lado sus diferencias, concedido compromisos importantes, y trazado políticas que tienen una buena probabilidad de mejorar las escuelas del país nos dice mucho de la madurez de la democracia chilena.
El acuerdo mantendría el esquema principal del sistema público existente, que contempla: la elección de los padres (mediante subvenciones escolares o vouchers de subsidio público que les permite mandar a sus hijos a escuelas particulares subvencionadas); un sistema mixto en el que coexisten escuelas públicas con escuelas privadas, con y sin fines de lucro, y que combina el control municipal sobre la educación con un grado de autonomía importante para las escuelas.
Pero los amplios cambios que se pactaron en Chile podrían dar lugar a las reformas educativas más ambiciosas de la región. El acuerdo sitúa claramente a la calidad de la educación en el centro de la política educativa, justificando toda nueva medida en términos de su potencial para impactar el aprendizaje. El mismo provee la creación de un Consejo Nacional de Educación para formular política de nivel macro, protegiendo así, parcialmente, al liderazgo educativo de los ciclos electorales presidenciales. El acuerdo pauta también la creación de estándares que fijan niveles mínimos y medibles de aprendizaje, y de una Agencia Aseguradora de la Calidad, responsable por la evaluación del progreso de los alumnos, que clasifique a las escuelas de acuerdo a su grado de éxito en pruebas nacionales, y que publicite los resultados de estas pruebas. Se estipula que las escuelas tendrían que dedicar solamente el 70 por ciento del tiempo de instrucción al currículo oficial, y podrían utilizar el resto como crean necesario. Pero, a fin de cuentas, tendrían que ser responsables por alcanzar los niveles de aprendizaje que fijaría el gobierno año a año.
El tan criticado derecho de las escuelas particulares subvencionadas a seleccionar a sus alumnos en base a los ingresos de sus padres sería eliminado. Las escuelas no podrán comenzar a discriminar en la selección de sus alumnos hasta el 7mo grado, y aún entonces, podrían hacerlo solo en base al desempeño académico de los postulantes, o de acuerdo a su afinidad con los objetivos de la escuela (esto sería particularmente importante para las escuelas católicas). En estos dos casos, los criterios y procesos de selección se harían públicos.
Quizás aún más importante es que aquellas escuelas que no cumplan con los estándares ya mencionados deberán enfrentar consecuencias serias. Estas consecuencias serán la responsabilidad de la Superintendencia de Educación, una nueva institución a ser creada para supervisar el cumplimiento de las escuelas y aplicar sanciones cuando sea necesario. Las sanciones constituirían, en primer lugar, advertencias formales; luego, instancias de asistencia técnica externa para ajustar el desempeño de la escuela; y finalmente—si no se alcanza el progreso deseado—la eventual revocación del financiamiento público (en escuelas privadas) o el cierre (en escuelas públicas tradicionales). Ningún otro país en América Latina ha aplicado medidas de rendición de cuentas (accountability) comparables en su sistema de educación pública.
Falta mucho por hacer. Este acuerdo político tan importante debe ser convertido en ley, y los legisladores deben prestar mucha atención a los detalles. Varios temas claves—por ejemplo, cambios al estatuto y a la formación docente, así como la asignación de fondos complementarios para escuelas que sirven a los pobres—han sido excluidos y tendrán que ser tratados aparte.
Sin embargo, el acuerdo chileno nos da esperanza, ya que sugiere que aún los frágiles gobiernos democráticos de América Latina pueden ver más allá de sus políticas partidarias y avanzar en temas de sus agendas sociales.
Chileans Agree to Make Accountability Work to Improve Learning
By: Jeffrey M. Puryear
Source: IAD’s Latin America Advisor
WASHINGTON, DC—The grand agreement on education reform that Chilean political leaders reached last week is a victory for political consensus and a big step forward in improving the country’s public schools.
President Michelle Bachelet and the presidents of Chile’s two major political groups, the center-left Concertacion and the center-right Alianza, signed a long-debated agreement on the outlines of a new General Education Law in a ceremony on November 13. That all sides overcame their often bitter differences, made significant compromises, and agreed on policies that have a good chance of strengthening the country’s schools says a lot about Chile’s maturing democracy.
The agreement would keep in place the broad outlines of the existing public system, including parental choice (government subsidized vouchers for private schools), a mix of public, private non-profit, and private for-profit schools, municipal control of education, and substantial autonomy for schools.
But the broad changes outlined would make Chile’s reforms the most ambitious in the region. The agreement would firmly place quality at the center of education policy, justifying all new measures in terms of their likely impact on student learning. It would establish a National Education Council to set macro-policy, with leaders insulated in part from presidential election cycles. It would establish national education standards that set minimum, measurable levels of learning, and a Quality Assurance Agency charged with assessing student progress, classifying schools according to their success, and making the results widely and publicly available. Schools would only need to dedicate 70 percent of teaching time to the official curriculum, and could use the remainder as they see fit. But they would be held responsible for reaching government-mandated levels of student learning each year.
The much-criticized right of publicly funded private schools to select students based on parents’ income would be abolished. Schools could not start discriminating in student selection until the 7th grade, and then only on the basis of academic achievement or affinity with the school’s objectives (particularly important to Catholic schools). Selection criteria and processes would be made public.
Perhaps most significantly, schools that fail to meet the new learning standards would face real consequences, thanks to a new institution—the Superintendency—charged with overseeing school compliance and applying sanctions. These would include a formal warning, help from outside experts in bringing school performance up to par, and—absent improvement—eventual elimination of public funding (for private schools) or closing (for traditional public schools). No other country in Latin America has sought similar accountability measures for its public education system.
Much remains to be done. The landmark political agreement must be converted into law, and lawmakers must get the details right. Several key issues, including how teachers are managed and extra funding for schools serving the poor, have been left out and will have to be addressed separately.
Nonetheless, Chile’s agreement on education is cause for hope, suggesting that Latin America’s fractious democratic governments can overcome partisan politics and make real progress in addressing their countries’ social agendas.