Columna de opinión publicada en el diario La Tercera, 14 noviembre 2007
Educación: del acuerdo a la práctica
Finalmente tenemos un Acuerdo educacional. El amplio consenso allí expresado para modernizar el sistema escolar es un hecho trascendental. Representa, en su mejor momento, la capacidad de los grupos dirigentes para conciliar posiciones e intereses divergentes, subordinándolos a un objetivo común: mejorar la calidad de nuestra educación. Significa recuperar el valor de las políticas de Estado. Y reconocer que la colaboración es más productiva que la confrontación y la imposición de puntos de vista excluyentes.
Para la educación, este Acuerdo es esencial. Por lo pronto, permite renovar y ampliar las bases de legitimidad sobre las cuales ella se sustenta. En efecto, este convenio suprapartidista fortalecerá la provisión mixta –pública y privada– de la enseñanza obligatoria y la pluralidad de sus proveedores; exigirá a éstos responsabilidad por los resultados que obtengan; otorgará transparencia al sistema y consagrará la autonomía de las escuelas para gestionar, cada una, su propio proyecto educativo. Al mismo tiempo perfeccionará el régimen curricular común y lo dotará de estándares de aprendizaje más exigentes; redefinirá los ciclos de enseñanza y evitará que, en adelante, la selección se utilice para segregar tempranamente a los alumnos según su origen socio-económico y cultural.
De todos los elementos incorporados a este Acuerdo, el de mayor impacto potencial es aquel que busca reorganizar la dirección superior del sistema escolar. Ésta quedará conformada ahora por una autoridad curricular independiente, radicada en el Consejo Nacional de Educación; por una agencia encargada de evaluar la calidad de la educación, pieza clave del nuevo diseño, y por una superintendencia que velará por el correcto uso de los recursos públicos destinados a sostenedores con y sin fines de lucro. A su turno, el Ministerio de Educación deberá acomodase a este nuevo esquema y, para ello, reorganizarse a fondo.
¿Estamos al final del camino, entonces, y sólo resta aprobar los proyectos de ley que materializarán este Acuerdo? Al contrario: recién comienza la etapa decisiva. Habrá que construir la nueva institucionalidad, dotar de personal y recursos a los organismos que ella crea, elegir cuidadosamente a sus autoridades y poner en marcha los procesos de cambio y adaptación de las escuelas, a fin de cuentas el factor esencial para el éxito de esta reforma. En esta fase deberá evitarse que la “letra chica” envuelva la nueva institucionalidad con un excesivo burocratismo, impidiendo a las escuelas innovar en el ejercicio de su autonomía. De ello dependerá el desenlace de este proceso: si acaso su implementación hace posible innovar en la sala de clases; si estimula a los docentes a elevar su desempeño y a los alumnos a aprender más.
Los cambios delineados en las bases del Acuerdo crean condiciones favorables para mejorar el rendimiento del sistema escolar, ganando en calidad y equidad. Pero esto sólo podrá lograrse si los colegios aumentan la efectividad de su trabajo, compensan las desigualdades de origen de sus estudiantes y les enseñen conforme a estándares exigentes. La nueva institucionalidad proporciona el marco para alcanzar estos objetivos. Al mismo tiempo, impone nuevas responsabilidades a los actores del sistema. El gobierno deberá destinar más recursos a la subvención y buscar consenso para avanzar en los asuntos pendientes. El Ministerio de Educación tendrá que reformarse desde dentro. Los sostenedores y directivos de escuelas habrán de asumir un mayor liderazgo. Los profesores y alumnos necesitarán poner de su parte más esfuerzo. Sólo así este auspicioso Acuerdo podrá dar de sí lo que el país espera de él.
José Joaquín Brunner
Universidad Diego Portales, ex Ministro de Estado
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