Columna de opinión aparecida en el diario El Mercurio, 31 octubre 2007, sobre la necesidad y las posibilidades d eun acuerdo en torno a una ley sustitutiva de la LOCE.
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Expectativas de un acuerdo educacional
José Joaquín Brunner
En medio de un clima político ahora más propicio para los acuerdos que para la mera confrontación, crecen también las expectativas de que el Gobierno y la oposición lograrán finalmente encontrar un terreno común para sustituir la LOCE por una nueva legislación educacional. De hecho, éste será el primer examen para probar la consistencia de los reiterados llamados a la colaboración que últimamente se han hecho de uno y otro lado. Aquí podrá verse hasta dónde ellos representan un genuino espíritu de conciliación, o son sólo posturas pasajeras destinadas a obtener beneficios de corto alcance.
Sobre todo en asuntos de institucionalidad educacional, el acuerdo es una exigencia sustantiva, y no meramente táctica. Y ello no sólo por comprender materias propias de una ley orgánica. En efecto, las normas fundamentales que organizan el sistema educacional, y que fijan las condiciones básicas para proveer enseñanza obligatoria, requieren contar con una sólida legitimidad para proyectarse establemente en el tiempo.
Ambos prerrequisitos -legitimidad y estabilidad- sólo pueden lograrse mediante un amplio acuerdo de base, particularmente en un sistema mixto de provisión educacional como el nuestro. Pues en él participan sostenedores de muy diversa naturaleza y establecimientos con diferentes vocaciones. Esto exige conciliar la autonomía de cada uno de los colegios para desarrollar su propio proyecto educativo con la existencia de un marco común que asegure similares oportunidades de aprendizaje a todas las alumnas y alumnos. Dicho en otros términos, obliga a conjugar el derecho a la educación con la libertad de enseñanza; el pluralismo de la sociedad civil con las responsabilidades del Estado; la facultad de las familias para elegir escuelas con las prerrogativas de éstas para conducir los procesos educacionales.
Lograr un acuerdo en estas materias no es fácil, pero es imprescindible para que el sistema escolar funcione adecuadamente. No debe la ley imponer regulaciones excesivas que terminarían por ahogar la iniciativa y capacidad de innovación de las escuelas. Tampoco puede debilitar el marco común al punto de que el sistema acabe disgregándose bajo la presión de su propia pluralidad y de las desigualdades de clases y grupos sociales.
Al medio de estas posturas extremas hay suficiente espacio para consagrar un currículo nacional que sea flexible en su aplicación; para fijar estándares de aprendizaje exigentes; para reorganizar los ciclos de la enseñanza, permitiendo una mayor especialización y mejor utilización de los profesores, y para establecer un sistema de aseguramiento de la calidad que descanse sobre la confianza en los proveedores educacionales al mismo tiempo que los sujeta a reglas claras de responsabilización por sus resultados y de rendición de cuentas.
El acuerdo que surja de la mesa de negociaciones constituida por el Gobierno con parlamentarios y técnicos de la Concertación y la Alianza precisa reflejar, de manera coherente, el conjunto de estos balances. Ello debería ser posible a partir de los proyectos inicialmente presentados al Congreso por el Ejecutivo y la oposición. Sobre todo si se tiene en consideración que, desde el primer momento, la autoridad gubernamental reconoció que entre ambos proyectos existía un 80% de elementos comunes. Como sea que se interprete este dicho, significa que, desde ya, hay suficiente base para alcanzar un acuerdo completo.
El favorable clima creado ahora último ayuda a lograrlo. Pues en estas circunstancias la necesidad se ve acompañada por la oportunidad. Si en tan favorables circunstancias no se arriba a la meta, la responsabilidad del fracaso será lo único que quede por compartir. E impondría un alto costo de credibilidad a los liderazgos de la oposición y el Gobierno.