Columna de opinión sobre el actual proceso de acuerdos en materias educacionales, publicada en la página Educación de El Mercurio, 5 agosto 2007.
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Recursos asociados
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Comentarios personales en torno al proyecto que sustituye la LOCE, 24 junio 2007
Anuncios de política educacional: Ley General de Educación – Registro de Prensa día a día, 24 junio 2007
Exposición ante la Comisión de Educación de la H. Cámara de Diputados sobre el Proyecto de Ley General de Educación, 21 junio 2007

Conciliar posiciones es la etapa que viene
José Joaquín Brunner
El Gobierno y los parlamentarios deben ser realistas: la ley que reemplace a la actual LOCE debe contar con un amplio apoyo.
El acuerdo logrado entre el Gobierno, los parlamentarios y los partidos representados en el Congreso para tramitar y aprobar conjuntamente una nueva ley general de educación, que sustituiría la LOCE, inaugura una nueva etapa en el debate educacional.
Por lo pronto, compromete al sistema político en un ejercicio de realismo legislativo. No existe posibilidad alguna de reemplazar una ley orgánica por otra que no cuente con amplio apoyo en el Parlamento. En seguida, obliga a los actores involucrados en este proceso a moderar sus posturas ideológicas con el fin de encontrar soluciones legislativas concordadas.
Por último, fuerza a los agentes de la comunidad educativa -escuelas, sostenedores y sus agrupaciones gremiales, familias y académicos dedicados a la investigación educacional- a facilitar los acuerdos político-legislativos, elevando así el costo que implica obstruirlos.
Producir acuerdos en asuntos que afectan la institucionalidad de los sistemas escolares no es fácil. Así lo muestra la experiencia internacional comparada.
Hay muchas y muy diversas formas de organizar exitosamente estos sistemas, financiar sus actividades, regular a los proveedores y evaluar sus resultados. No existe ningún modelo que, por sí solo, reúna todas las condiciones ideales.
Los sistemas más efectivos del mundo varían en cuanto a sus grados de centralismo o descentralización, presencia o no de sostenedores privados, organización de los ciclos escolares, régimen laboral de los docentes, funciones encomendadas a los ministerios de Educación, intensidad con que se aplican exámenes externos a los alumnos, etc.
En tanto, el debate sostenido a lo largo de los últimos dos años en Chile ha creado, desde ya, amplias zonas de consenso. Existe la convicción, compartida por todos, de que la LOCE debe ser reemplazada. Hay acuerdo en fortalecer un sistema mixto de provisión de enseñanza obligatoria, con colaboración público-privada.
Asimismo, en regular de mejor forma a los proveedores, a la vez que se asegura la autonomía de gestión de los colegios. También se manifiesta concordancia respecto de los fines de la educación escolar; las competencias que los alumnos deben dominar al final de los diferentes ciclos escolares; la conveniencia de modificar la organización de dichos ciclos, y la necesidad de dictar estándares curriculares rigurosos, incrementar la subvención por alumno, crear un sistema independiente de aseguramiento de la calidad, aumentar la información a las familias y exigir a los colegios mayor transparencia, rendición de cuentas y responsabilización por sus resultados.
Falta traducir ahora estos consensos en una normativa legal que logre el más amplio apoyo en el Congreso Nacional. El precio que se pagaría por no alcanzar los acuerdos suficientes es claro también: continuaría vigente una LOCE que ya nadie defiende y aumentaría la frustración frente a un sistema político incapaz de conciliar posiciones en una materia esencial para el futuro del país.
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