El presente volumen, de las y los autores Mariana Aylwin, Harald Beyer, José Joaquín Brunner, Abelardo Castro, Cristián Cox, Loreto Fontaine, Jorge Manzi, Alejandra Mizala, Claudio Orrego, Carlos Peña, coordinado por José Joaquín Brunner y Carlos Peña, se presente como un aporte para el debate sobre la nueva Ley General de Educación que se discute en el Parlamento.
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Portada

Referencias en la prensa y otros sitios

JJ. Brunner y Carlos Peña lanzan libro “La reforma al sistema escolar: aportes para el debate”, Universidad Adolfo Ibáñez, mayo 2007

Universidad Diego Portales edita libro que busca aportar al debate de la reforma educacional, Universia.cl, 16 mayo 2007

Académicos lanzan libro con análisis y propuestas de diez expertos: Carlos Peña y J.J. Brunner arman su propia ley de educación, La Nación, 14 mayo 2007

Brunner en su hora más crítica contra la política educacional del gobierno , La Segunda, 11 mayo 2007

Leer la Introducción más abajo.
Índice del libro
Introducción
José Joaquín Brunner / Carlos Peña González
La provisión educativa en Chile: requisitos y financiamiento
Carlos Peña González
Derechos y deberes de los actores del sistema educativoen la nueva Ley General de Educación
Mariana Aylwin
Requisitos mínimos y objetivos por nivel en el nuevo PLGE
Loreto Fontaine
Niveles del sistema escolar y formación de profesores: fallas estructurales e implicancias de la inacción
Cristián Cox
Formación inicial y profesión docente
Abelardo Castro
Gestión educacional municipal de calidad: un desafío posible
Claudio Orrego
Aseguramiento de la calidad: pieza clave
José Joaquín Brunner
La subvención preferencial
Alejandra Mizala
Una nota sobre financiamiento de la educación
Harald Beyer
¿Seleccionar en la escuela?
Selección de estudiantes en el sistema escolar chileno: ¿la buena educación debe ser sólo para los mejores?
Jorge Manzi
Algunas notas sobre selección educacional
Harald Beyer
Los procesos de selección en los países participantes en PISA 2003
José Joaquín Brunner
Por qué no debemos seleccionar
Carlos Peña González

Breve descripción del libro
La reforma del sistema escolar es una tarea compleja que supone proyectos de ley, diseños de política pública, estudios comparados, la aplicación de programas y medidas y su continua evaluación, pero además, y sobre todo, deliberación ciudadana.
Los sistemas educativos necesitan concitar la adhesión de quienes participan directa o indirectamente en ellos. Y esa adhesión –que los clásicos llamaban legitimidad– sólo se alcanza cuando la reflexión técnica está acompañada del diálogo y la negociación propios del proceso político.
Este libro –fruto de un proyecto conjunto de la Universidad Diego Portales y la Universidad Adolfo Ibáñez– tiene como propósito contribuir a que ese diálogo y esa negociación, que son consustanciales a la vida democrática, se emprendan en Chile de manera informada y con mayores grados de reflexividad.
(c) Universidad Diego Portales
(c) Universidad Adolfo Ibáñez
Mayo, 2007
Inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual Nº 162.840ISBN 978-956-314-007-1
Diseño: Piedad Rivadeneira / Jocelyn QuezadaFotografía de portada: Haddy BelloImpreso en Chile
Recursos asociados
Anuncios de política educacional: Ley General de Educación – Registro de Prensa día a día, mayo 2007
Comentarios personales en torno al proyecto que sustituye la LOCE, mayo 2007
Claves para el Debate sobre Calidad de la Educación. La organización de los sistemas escolares en el mundo contemporáneo, libro de JJ Brunner, G Elacqua, S González, AM Montoya y F Salazar, enero 2007

Introducción
José Joaquín Brunner y Carlos Peña González
Coordinadores
La mejora del sistema escolar –a fin de hacerlo más equitativo en sus oportunidades de aprendizaje, mejor en sus resultados, más integrador en sus experiencias, más diverso en su fisonomía– es un anhelo cuya realización no es posible demorar más. De lo acertado de su diseño y de la eficacia para ponerlo en práctica dependen la suerte de la escuela y, en una proporción importante, los conocimientos, las destrezas y las virtudes de que estarán provistos los futuros ciudadanos. Cómo sea nuestro país en las próximas décadas, qué capacidad tendremos para innovar y para aprender, cuánta disposición a entendernos y a reconocernos podremos ejercitar, con qué igualdad distribuiremos las oportunidades, dependerá, en una medida relevante, de lo que hagamos hoy día con la escuela.
La reforma del sistema escolar es una tarea compleja que supone proyectos de ley, diseños de política pública, estudios comparados, la aplicación de programas y medidas y su continua evaluación, pero además, y sobre todo, deliberación ciudadana. Los sistemas educativos necesitan concitar la adhesión de quienes participan directa o indirectamente en ellos. A fin de cuentas, los cambios buscados no se materializan hasta el momento en que ingresan a la sala de clases y transforman allí, mejorándolos, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y esa adhesión –que los clásicos llamaban legitimidad– sólo se alcanza cuando la reflexión técnica está acompañada del diálogo y de la negociación que es propia del proceso político.
El libro que ahora presentamos –fruto de un proyecto conjunto entre la Universidad Diego Portales y la Universidad Adolfo Ibáñez– tiene por objeto contribuir a que ese diálogo y esa negociación, que son consustanciales a la vida democrática, se emprendan de manera informada y con mayores grados de reflexividad.
Los autores de cada uno de sus capítulos son personas de distintas orientaciones políticas y trabajan en diversas instituciones, pero todas tienen un trato cotidiano con el sistema educativo o una familiaridad técnica o teórica con él. Cada uno de ellos no aspira, por supuesto, a tener la última palabra en los temas a que se refieren y, en su conjunto, no pretenden estar siempre de acuerdo, aunque todos abrigan la convicción que el conocimiento acumulado en las prácticas educativas –del que existe amplio registro en la literatura– puede contribuir a un mayor grado de reflexión pública sobre estos temas.
Nuestro sistema educativo presenta graves defectos que sería torpe ocultar; así y todo, ha logrado romper la rutina de la exclusión. Hoy día –en condiciones, es cierto, muy disímiles y con grados de rendimiento que es urgente mejorar– prácticamente todos nuestros niños y jóvenes poseen un lugar en la escuela. La expectativa de escolarización para una niña o un niño de 5 años de edad alcanza hoy en Chile a quince años de duración, sólo dos años menos que para el promedio de los niños en los países de la OCDE 1. Este hecho, que suele banalizarse, es extremadamente importante para una sociedad que quiere poner las libertades y las expectativas de una vida mejor al alcance de todos. Es difícil exagerar la importancia que reviste el hecho de que miles y miles de jóvenes, que en otras sociedades venden bagatelas en las esquinas, estén en nuestro país integrados al sistema escolar y reclamen a la clase política ponerse a la altura de las expectativas que el proceso de modernización ha sembrado en millares de familias chilenas.Los mayores grados de escolaridad de la población –un logro que tomó casi un siglo y medio desde que se instaló el sistema nacional de educación de masas en nuestro país– están produciendo cambios de extrema relevancia.
Los mayores grados de autonomía personal, el reclamo de oportunidades iguales en ámbitos que para nuestros padres eran impensables, la mayor diversidad ética y el creciente pluralismo de las formas de vida están vinculados con los mayores niveles de escolaridad e ilustración de la población, que empieza así, poco a poco, a sacudirse diversas formas de tutela.
Pero, como lo sugiere una amplia literatura y la evidencia lo pone de manifiesto, esa expansión del sistema escolar expresa también cuán desigual es la sociedad chilena.
Hace años esa desigualdad se expresaba en la exclusión de la escuela, como lo prueba el hecho de que hacia 1965 todavía un 15 por ciento de la población mayor de 15 años era analfabeta; la escolaridad promedio llegaba apenas a 4,2 años y caía a 2,4 en los sectores rurales; sólo el 32 por ciento de los alumnos que se matriculaba en primer año de la enseñanza primaria terminaba los seis años de educación obligatoria, y la cobertura de la educación secundaria apenas alcanzaba al 17 por ciento de los jóvenes entre 15 y 19 años.
Hoy día esa misma desigualdad se expresa en las diversas oportunidades de aprendizaje que tienen los niños y los jóvenes como consecuencia del diferente capital cultural y social del que son portadores. La escuela, más que producir la desigualdad –la verdad sea dicha–, tiende hoy simplemente a reproducirla.
Y eso es lo que, hasta donde ello sea posible, debemos tratar de evitar.
En las sociedades democráticas –las sociedades que piensan que ni la naturaleza ni la cuna son formas razonables de distribución de las oportunidades sociales– la escuela es la institución social en la que prometemos a nuestros niños y nuestros jóvenes que su lugar en la vida dependerá no del hogar en que vinieron al mundo, sino de su desempeño personal. En la escuela, en efecto, sustituimos la incondicionalidad del amor del hogar por la medición del desempeño; la uniformidad de la pertenencia a los grupos primarios, por la diversidad; la relación entre semejantes, por el reconocimiento del otro; el peso de la herencia, por la relevancia de la voluntad.
Para alcanzar estos objetivos, sin embargo, las sociedades deben reflexionar cada cierto tiempo acerca de su sistema escolar y deliberar acerca de cómo mejorarlo.
Es justamente lo que estamos haciendo hoy en Chile y a eso quiere colaborar este libro.
Nuestro país, como consecuencia de un largo desarrollo histórico, posee un sistema escolar de provisión mixta (donde brindan educación obligatoria entes privados y públicos de manera indistinta); una forma de financiamiento que, al menos en principio, mantiene la igualdad de trato entre el sector privado y el público (y que se estructura bajo la forma de subsidios parejos a la demanda); y formas de control de la calidad que de manera casi unánime se juzgan débiles (puesto que, entre otras cosas, no distinguen entre quién diseña y financia las políticas y quién las evalúa).
Ese diseño del sistema escolar está ahora bajo escrutinio y será en el futuro inmediato objeto de múltiples proyectos de reforma.
Existe, desde luego, un proyecto de reforma constitucional que modifica el derecho fundamental a la educación. En vez de consagrarlo como un derecho de simple acceso, lo instituye ahora como un derecho a recibir una educación de una calidad mínima definida por la ley. Al mismo tiempo, ese proyecto prevé que cualquier particular podrá reclamar protección ante las cortes de apelaciones si ese derecho se ve amagado por actos u omisiones imputables a una persona o autoridad determinada.
Esa reforma constitucional, de aprobarse, tendrá un alto impacto en el sistema escolar. Por vez primera en nuestra historia legal, el derecho a la educación aparecerá como un genuino derecho subjetivo, amparado jurisdiccionalmente y garantizado por el Estado. Es cierto que una reforma de esa índole abriga el peligro de trasladar el eje de las políticas públicas en materia educativa desde quienes son directamente responsables por ellas ante la ciudadanía hacia un grupo de funcionarios, los jueces, entre cuyos deberes no se encuentra necesariamente la consideración del bienes-tar social; pero así y todo se trata de una modificación que contiene una muy importante directriz para el sistema educativo chileno y los órganos encargados de su mejora: debemos transitar desde el derecho a acceder a la escuela hacia el derecho a una educación de calidad que brinde oportunidades similares a todos nuestros niños y niñas, con prescindencia de su origen.
La exigencia de calidad educativa que contiene dicho proyecto de reforma constitucional explica que los restantes proyectos –el de la ley general de enseñanza, por una parte, y el que creará una superintendencia de educación, por la otra– se refieran en muchas de sus disposiciones a las reformas institucionales necesarias para que la calidad se transforme en una preocupación cotidiana a la hora de hablar de educación en Chile.
La ley general de enseñanza que se ha presentado al país –algunos de cuyos preceptos son objeto de consideración crítica en este libro– presenta innovaciones que son dignas de tomar en cuenta. Instituye derechos y deberes para los partícipes del sistema escolar, hace más exigentes los requisitos para proveer educación y obtener el reconocimiento oficial, posterga la selección por rendimiento hasta el final del ciclo básico actualmente existente, establece para todos los proveedores la obligación de someterse a los controles de calidad que prevé la ley y sustituye el actual Consejo Superior de Educación por lo que denomina un Consejo Nacional de Educación.
Algunos de esos aspectos del sistema escolar son los que considera este libro. Cuando ello fue posible, los autores hicieron referencia explícita a los proyectos en actual trámite o a las iniciativas de política pública que hoy conocen. El objetivo, como ya se dijo, es el de explorar, y no necesariamente alcanzar, puntos de vista comunes. En las sociedades plurales los puntos de vista acerca de la escuela son necesariamente disímiles, pero estamos convencidos de que ello no impide, si se cuenta con la información necesaria, alcanzar consensos traslapados para cuyo logro ninguno deba sacrificar sus convicciones más básicas.
Este es en términos generales el objetivo de este libro, escrito con la rapidez que el debate público demanda.
De entrada, Carlos Peña González examina las bases constitucionales del derecho a una educación de calidad y los requisitos que se exigen en la legislación vigente y en las propuestas de reforma para ser proveedor de educación obligatoria y recibir financiamiento público. Con apoyo en la literatura, concluye que los requisitos previstos en el proyecto de ley están, en general, alineados con la experiencia comparada, aunque se muestra crítico de la prohibición de los centros educativos con fines de lucro. Si bien esta prohibición no es rara en el derecho comparado –puesto que hay países con prestigiosos sistemas escolares que la recogen–, Peña arguye varias razones que aconsejarían –en el caso de Chile– admitir el lucro en la provisión educativa. La principal de ellas es que, de otra manera, se lesionaría gravemente la diversidad del sistema.
En seguida, Mariana Aylwin introduce una amplia consideración acerca de los derechos y los deberes comprometidos en la tarea educativa, tal como aparecen expuestos en el Proyecto de Ley General de Educación (PLGE). Reflexiona acerca de si es necesario un catálogo de derechos y deberes que reglamente la tarea escolar o si acaso, en cambio, bastarían, conforme es la tradición más clásica, con determinar los deberes del Estado.
Loreto Fontaine, por su parte, analiza los requisitos mínimos y los objetivos por nivel según se contienen en el PLGE. Subraya que éste ignora una de las recomendaciones que mayor acuerdo suscitó en el Consejo Asesor: la reestructuración de los ciclos de enseñanza. Tal reestructuración, argumenta, poseería beneficios en la equidad del sistema y en la profesión docente. Loreto Fontaine observa también una deficiente formulación de los objetivos terminales que ponen poca atención al desarrollo de competencias para aprender y para llevar una vida autónoma. Si esas ideas se incluyeran, sugiere, la ley conjugaría mejor la tensión, presente en todas las prácticas educativas, entre el desarrollo y la autonomía personal y la prosecución de objetivos colectivos alineados con el bienestar social. En fin, observa también una distinción poco nítida entre objetivos propios de una asignatura y objetivos transversales. Ello, sumado al débil énfasis que se pone en la definición de objetivos mínimos, arriesga, sostiene la autora, el peligro de desalentar proyectos educativos originales y diversos.
Cristián Cox analiza en detalle la estructura del sistema escolar y los preceptos del proyecto de ley que se refieren ambiguamente a ella. La estructura por niveles del sistema escolar –ocho años de educación básica y cuatro de educación media– data, explica, de la reforma educacional de la década de los sesenta y presenta rasgos de discrepancia con los requerimientos formativos actuales de adolescentes y jóvenes y con el patrón internacional predominante al respecto. El trabajo refiere un conjunto de incoherencias y problemas asociados a la estructura 8-4 vigente, y argumenta que éstos tienen consecuencias negativas serias sobre la formación de profesores, la calidad de la enseñanza y la equidad de la educación escolar.
El Informe del Consejo Asesor Presidencial, recuerda Cox, sugirió pasar a una definición de niveles que distingue, sobre dos años de educación parvularia, seis años de básica, cuatro de media inferior y dos de media superior. El proyecto eludió pronunciarse de manera directa sobre esa importante propuesta y prefirió, explica el autor, dejar abierta la posibilidad de una nueva estructuración por niveles del sistema escolar, redefiniendo, aunque a través de la más indirecta de las fórmulas –su artículo 24– la estructura de niveles vigente.
Abelardo Castro examina la situación de los docentes y el contexto en el que desenvuelven su labor. Hoy día, observa, contamos con un currículo nacional que no se acompasa con el desarrollo psicobiológico de los alumnos ni tampoco con su realidad cultural derivada de la intensa estratificación social del país que se expresa hoy en la escuela. En medio de esa estructura –una estructura curricular desfasada desde el punto de vista psicobiológico y desde el punto de vista cultural– se desenvuelven profesores de muy diversa formación: profesores normalistas, profesores habilitados que ingresaron al sistema en el período de expansión de la educación básica durante el Gobierno de Eduardo Frei Montalva y profesores egresados de las universidades e institutos profesionales. En medio de ese panorama, no es extraña la frase “bajar el currículo al aula” (en vez de mejorar el capital cultural de los alumnos) que suele oírse en los programas de perfeccionamiento docente. Se suma a ello, apunta Castro, un conjunto de nuevas exigencias dirigidas a la profesión docente –enseñar cuestiones procedimentales y actitudinales, entre ellas– para las que la formación inicial no está, hasta ahora, diseñada.
En medio de ese panorama –que se agudiza por la falta de capacidad científica en el área de la investigación educativa– es posible, sin embargo, alcanzar mejoras sustantivas. Para ello, sugiere Castro, es necesario promover un marco curricular mínimo y común a la formación inicial, desarrollar la capacidad de investigación científica en el área, generar una carrera docente asociada a la evaluación del desempeño en la sala de clases y centrar el perfeccionamiento en la adquisición de competencias para encarar los nuevos desafíos del aula.
Claudio Orrego examina, a la luz de la experiencia municipal, algunas de las principales dificultades que experimentan los sostenedores públicos. El autor llama la atención, en especial, acerca de un entorno institucional y reglamentario inconsistente y contradictorio que grava innecesariamente la gestión municipal. A los diferentes costos de educar a niños dotados con distinto capital cultural debe agregarse otro tipo de costos de diferente índole pero de gran importancia. Entre ellos se cuentan los costos –políticos y económicos– de ajustar la oferta educativa pública a la demanda existente. Cabe agregar también, observa Orrego, las escasas atribuciones del sostenedor para poder administrar sus principales activos: el personal y los recursos financieros. Si tomamos en cuenta que entre el 85 y el 95 por ciento de los costos tienen que ver con gastos en personal, y que entre el 80 y 90 por ciento de éstos son reajustados y aumentados (bonos, bienios, etcétera) por negociaciones centrales con el Ministerio de Educación, resulta evidente, afirma Orrego, que los alcaldes tienen amarradas sus manos para administrar la educación. Algunos de los caminos que recomienda Orrego para mejorar la desmedrada situación de la gestión escolar municipal son una descentralización más extendida (que permita a los alcaldes, dentro de ciertos límites, configurar el entorno de su gestión docente) y estándares de sustentabilidad para la instalación de escuelas.
José Joaquín Brunner, a su turno, evalúa el proyecto de ley recientemen te presentado a la luz de las exigencias que plantea un sistema de aseguramiento de la calidad. Brunner sostiene que desde el punto de vista de la experiencia no importa tanto la índole del proveedor –hay sistemas exitosos con provisión muy distinta unos de otros– cuanto los mecanismos y procedimientos existentes para asegurar mínimos de calidad previamente definidos. Asegurar la calidad del sistema –para así brindar oportunidades parejas de aprendizaje– sin estropear la diversidad del sistema y la autonomía de los centros educativos, es el objetivo de política que, a su juicio, debe perseguirse en esta materia. Para ello es necesario, sin embargo, contar con un diseño que asegure la independencia del evaluador. Ello se alcanzaría si quienes integran la agencia o superintendencia son nombrados por el Consejo de la Alta Dirección Pública.
Alejandra Mizala y Harald Beyer se encargan de analizar los sistemas de financiamiento de la educación obligatoria.
Alejandra Mizala examina en especial los sistemas de subvención preferencial o diferenciada. Uno de los graves defectos de nuestro sistema escolar consistiría en que entrega la misma cantidad de recursos a los centros educativos, con prescindencia del capital cultural de los niños que asisten a la escuela. Un sistema como ese produce profundas distorsiones. Lo mismo ocurre con el financiamiento diferenciado que, si bien allega más recursos a la tarea educativa, acentúa la estratificación del sistema escolar. Mizala sugiere entonces repensar la relación entre subvención preferencial y financiamiento compartido. Se podría pensar, arguye, en un esquema en que para los estudiantes de mayores recursos el financiamiento compartido lo pone la familia y en el caso de los niños de menores recursos lo pone el Estado a través de la subvención preferencial. Lo que las familias aportan permite retirar parte de lo que el Estado debe gastar en subvención escolar y dejar así más recursos para los estudiantes más vulnerables. Esto requiere revisar la tabla que establece los montos de retiro de la subvención al incrementarse el cobro a los padres, de forma de hacerla más progresiva. Todo esto, dice, supone también ampliar los mecanismos de rendición de cuentas a todas las escuelas que reciben financiamiento público, haciendo consistente esa rendición con el sistema de aseguramiento de la calidad.
Harald Beyer llama la atención acerca del hecho de que el gasto en educación está por debajo de lo deseable si se lo compara con el de los países industrializados. Esa comparación es más desfavorable aun si se tiene en cuenta que nuestra población menor de 18 años es relativamente más y nuestros niveles de desigualdad superiores. En razón de eso, Beyer propone un diseño que duplica la subvención para los más pobres y que también hace crecer para otros estudiantes el gasto en educación, pero en proporciones inferiores. En estos casos, explica, se combinan aportes públicos y privados en distintas proporciones bajo la regla de que una mejor situación socioeconómica permite un mayor aporte privado relativo. Este esquema reduce significativamente las diferencias de gasto por estudiante que genera el actual esquema de financiamiento, allegando simultáneamente más recursos a educación. Una estimación preliminar e informal indica que el costo de esta medida podría alcanzar los 1.600 millones de dólares, un monto posible de financiar, concluye, en plazos razonables.
El libro se cierra con un trabajo relativo a la selección en el sistema escolar, acompañado de comentarios que abordan, desde distintos ángulos, el mismo tema.
El trabajo central lo ha escrito Jorge Manzi. El autor se ocupa especialmente de la regla que prohíbe la selección por rendimiento hasta el octavo año básico. Con amplio apoyo en la literatura, sostiene que prohibir la selección tiene efectos benéficos. La presencia de estudiantes de alto rendimiento junto a los de rendimiento más bajo beneficiaría el aprendizaje de estos últimos y no perjudicaría significativamente a los primeros (efecto pares), favorecería la interdependencia entre estudiantes de distinto nivel de logro (aprendizaje colaborativo), brindaría una experiencia de integración que favorece el reconocimiento del otro y, en términos generales, mejoraría la equidad en las oportunidades de aprendizaje. En cambio, la práctica de la selección por rendimiento –además de no producir esos efectos benéficos– dificulta la comparación entre escuelas, establece reglas distintas para los proveedores públicos y privados, y no distribuye con igualdad las oportunidades de aprendizaje.
Harald Beyer, por su parte, sostiene que la literatura es discrepante en esta materia. Ella apunta, sostiene, a que el efecto pares es irrelevante y que debe evaluarse en el contexto de la distribución de rendimientos que existe en una zona determinada. La misma discrepancia se observaría respecto de selección por mérito. Todo ello conduciría, en su opinión, a un argumento de prudencia a favor de mantener la selección. Con apoyo en la literatura,
Harald Beyer estima que impedir o postergar la selección puede tener efectos inesperados sobre equidad y movilidad social y marginalmente negativos sobre calidad. Por tanto, le parece un riesgo innecesario legislar sobre esta materia en una ley de bases como la ley general de educación que está actualmente en trámite.
José Joaquín Brunner, al referirse a este mismo tema, aporta antecedentes sobre el uso de la selección en general y la selección académica en particular en los países que participaron en la prueba internacional PISA de matemática del año 2003. Sostiene que la selección no es un problema de discriminación arbitraria, sino, más bien, una opción de política escolar que, en diferentes contextos, es utilizada con impacto también variable sobre el rendimiento de las escuelas y los alumnos. A partir de allí busca extraer lecciones de política y legislación educacionales que pudieran servir para el debate en curso.
Carlos Peña, por su lado, elabora un argumento normativo. Sugiere que lo que cabe preguntarse es cuál es el procedimiento más justo para distribuir oportunidades educacionales escasas. El problema sería sobre todo de justicia: del grado de imparcialidad con que trataremos a nuestros niños y niñas a la hora de asignarles un cupo en la escuela. Agrega que lo correcto es que al momento de asignar esas oportunidades se contabilicen acciones u otros eventos que puedan atribuirse a la voluntad o al desempeño personal y no se tengan en consideración, en cambio, cualidades adscritas o circunstancias atribuibles a la herencia. Como el rendimiento escolar está asociado al origen socioeconómico, lo que resulta más justo –añade– es distanciar lo más posible la selección por rendimiento de la cuna. Concluye con un argumento de coherencia: no es consistente promover el financiamiento
diferenciado (que parte de la base de que el rendimiento escolar está vinculado al origen socioeconómico) y al mismo tiempo permitir la selección por rendimiento.
Diversos aspectos del sistema escolar tratados en este volumen, y otros, fueron objeto de consideración crítica en el Informe del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación. Este libro, claro está, no pretende
sustituirlo. La mayor parte de los autores integraron ese Consejo, se beneficiaron de los diálogos habidos allí y suscribieron el “Informe final”.
Este libro, reiteramos, no pretende, pues, reemplazar ese informe. Sólo quiere insistir, con mayor detalle y mayor compromiso de lo que permite un trabajo colectivo de esa índole, en el punto de vista que los autores sostuvieron entonces. Pensamos que, de esa manera, podremos contribuir a una deliberación más racional acerca del sistema escolar y a la mejora de los proyectos de ley en actual trámite.
Sobre todo nos interesa llamar la atención sobre la necesaria coherencia y consistencia interna que deben alcanzar las diversas propuestas, tanto del Gobierno como de los partidos de oposición, parlamentarios y los propios actores del sistema escolar. Pensamos que gran parte del éxito de las reformas buscadas dependerá, críticamente, de que ellas se logren. En efecto, sólo así sería posible que los centros educativos –más de 10 mil a lo largo del país– y sus docentes, alumnos, directivos, padres de familia y sostenedores puedan actuar, también ellos, de forma coherente y consistente con los objetivos de mejoramiento de la calidad y mayor equidad que la reforma en ciernes busca asegurar.
Por el contrario, si el marco institucional, pedagógico, de gestión y financiamiento que se diseña no resulta coherente con la evolución del sistema, o no fuera consistente entre sus diversas partes, se corre el riesgo de entrabar al sistema y, en vez de avanzar, retroceder. En vez de ayudar a los colegios, se podría terminar confundiéndolos bajo la presión de demandas e incentivos contradictorios.
Esperamos que este breve libro, escrito en medio de la premura del debate público, y construido a partir de diferentes voces dispuestas a converger, pueda facilitar los amplios acuerdos que se requieren para estimular en todos nuestros establecimientos escolares una genuina voluntad de mejorar.
Santiago, mayo de 2006.
Nota1 Ver OECD, Panorama de la educación 2006, Tabla C.1.1.