Educación: ¿y ahora, qué hacer?, columna de opinión de José Joaquín Brunner publica en el diario El Mercurio, 12 diciembre 2006.
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Recursos asociados
INFORME FINAL: Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educacación, diciembre 2006
Consejo Asesor Presidencial: PROPUESTAS Y DEBATES, diciembre 2006

Educación: ¿y ahora, qué hacer?
El informe entregado ayer a la Presidenta de la República por su Consejo Asesor crea, como suele acontecer en la política, riesgos y oportunidades. El riesgo: que se instale un clima de confusión y parálisis, o bien, la percepción de que la sociedad está profundamente dividida en torno a cómo organizar la provisión de la enseñanza obligatoria. La oportunidad: que el Gobierno, abatiendo la confusión y la aparente división, impulse un programa de cambios con el necesario apoyo parlamentario. De hecho, ambos cursos pueden desprenderse del informe.
Confusión. Efectivamente, si se busca en el informe una propuesta coherente, orgánica y unitaria de mejoramiento de la educación, no se encontrará. Ni podía, en verdad, esperarse, dados el origen, la naturaleza, composición y método de trabajo del Consejo. Éste fue creado para encauzar la solución de un conflicto social y presentar un abanico de opciones de política. Y cumplió con su cometido.
División. El carácter desenhebrado del texto y el constante juego de disyunciones pueden llevar a la conclusión de que no hay acuerdo posible sobre cómo mejorar la educación. No es así. De hecho, el informe da cuenta de acuerdos fundamentales en torno a un sistema mixto de provisión educacional, la imbricación entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, y la necesidad de definir estándares exigentes de calidad, aumentar la inversión educacional y establecer un régimen de aseguramiento de la calidad.
Oportunidad. Existe pues la posibilidad de avanzar, a condición de que el Gobierno defina una estrategia capaz de suscitar suficiente respaldo parlamentario e incluir las preocupaciones de estudiantes, profesores y familias. Un consenso tal puede lograrse si se actúa decididamente en cuatro ámbitos.
Primero, mediante una vigorosa reforma del vértice del sistema; esto es, de la institucionalidad que organiza su gobierno y coordinación. A este efecto el informe propone distinguir tres espacios jurisdiccionales. El Mineduc se especializaría en la formulación de normas, políticas y programas, y en proveer un financiamiento adecuado para la educación subvencionada por el Estado. A su lado existiría un consejo independiente encargado de aprobar el marco curricular y los estándares que los alumnos deben alcanzar en los diferentes grados y sectores de aprendizaje. Por último, se crearía una agencia autónoma, de carácter público, con personal adscrito a las reglas del derecho laboral ordinario y sus directivos elegidos conforme a las reglas del servicio civil, que velaría por el cumplimiento de los estándares, acreditaría escuelas y se haría cargo de evaluar externamente a los establecimientos y el desempeño de sus alumnos. Además, identificaría los colegios con insuficiencias crónicas y propondría medidas para su mejoramiento y, de subsistir aquéllas, para su cierre, protegiendo los derechos de los alumnos y sus familias.
Segundo, tomando medidas para fortalecer la autonomía de los establecimientos de administración municipal y sus capacidades de gestión, para lo cual el informe ofrece diferentes alternativas compatibles con el objetivo de profundizar la descentralización educacional.
Tercero, comprometiendo a la sociedad en un esfuerzo extraordinario para incrementar sustancialmente el gasto por alumno en el sistema subsidiado. Debería, pues, trazarse un programa realista que permita en un plazo razonable duplicar el valor de la subvención por estudiante, al mismo tiempo que, por encima de este aumento, se incremente diferencialmente el gasto en favor de los alumnos que provienen de hogares de menores recursos y menor capital cultural de las familias.
Por último, otorgando un fuerte impulso a la profesionalización docente, que incluya un nuevo estatuto para la profesión -con un más adecuado balance entre flexibilidad y seguridad en el empleo-; una revisión de los planes formativos y de capacitación de los profesores; mejores condiciones de trabajo y salariales para los docentes, conjuntamente con un régimen descentralizado de negociación colectiva, y un proceso continuo de evaluación del trabajo de los profesores, con centro en la escuela bajo responsabilidad del director.
Este esbozo para una nueva política educacional es posible de materializar bajo dos condiciones: una fuerte voluntad de cambio por parte de todos los actores y la activa conducción del Gobierno, particularmente en orden a construir los necesarios consensos en el Parlamento y la opinión pública.
La oportunidad existe. Y los riesgos de no actuar son, también, claros y evidentes.