Artículo de opinión aparecido en el diario La Tercera del día 15 de enero 2006. Ver texto más abajo.
Antecedentes complementarios en Educación superior en Chile: Financiamiento de la demanda
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Crédito estudiantil: torre de babel
El debate sobre créditos estudiantiles amenaza con derivar hacia el reino de la confusión. Se mezclan, en un mismo envoltorio, varios asuntos: tasas de interés de los préstamos, costo de las carreras y su calidad, aranceles cobrados por las instituciones y de referencia fijados por la autoridad, supuestos rankings de universidades y otros más. Los alumnos y sus familias son los principales perjudicados. Es necesario precisar dónde reside la controversia.
Por lo pronto, hasta ahora operaba un solo régimen de crédito estudiantil, con tasas de interés fuertemente subsidiadas y bajos niveles de recuperación, el cual beneficia exclusivamente a las universidades del Consejo de Rectores. Este régimen se mantiene y aumenta sus recursos para el año 2006, a pesar de excluir a más de la mitad de los alumnos de enseñanza superior. Con el fin de mitigar el carácter de suyo injusto de este régimen, se crea en paralelo un segundo sistema, abierto a todos los estudiantes matriculados en instituciones acreditadas. Se financia con recursos privados y los préstamos cuentan con una garantía del Estado. Luego, la situación actual es sin duda mejor para los jóvenes y sus familias, aún cuando se mantiene un arbitrario doble estándar; uno más favorable para las universidades del Consejo de Rectores y otro distinto para las instituciones acreditadas, que dispone de menos recursos y ofrece tasas de interés negociadas en el mercado.
Sorprende el reclamo de algunas universidades del Consejo de Rectores respecto de dichas tasas. Ellas no solo mantienen sus especiales privilegios—vía el subsidio público otorgado a sus alumnos y el aporte fiscal directo a las instituciones—sino que, además, sus rectores podían anticipar que créditos con financiamiento bancario se hallarían sujetos a tasas de mercado. Asombra, en consecuencia, que se declaren decepcionados por una situación perfectamente previsible y que, en todo caso, constituye un beneficio real para los alumnos al cual de otra forma no podrían acceder.
Tema distinto es el de los aranceles cobrados y de referencia. En ambos casos falta mayor información y transparencia. Es inevitable que mientras las universidades no hagan público el costo de sus carreras, y los indicadores de deserción y de graduación oportuna en cada una de ellas, se mantenga la sospecha de que sus aranceles son exagerados, sus incrementos anuales injustificados y su cálculo distorsionado por ineficiencias que podrían ser corregidas o eliminadas. Por su lado, la fijación administrativa de aranceles de referencia (necesaria para contrarrestar la espiral de costos) no aparece, hasta ahora, suficientemente explicada. No se conoce la información empleada para su fijación ni se entienden los criterios usados para determinar “bandas de precio” que, equivocadamente, aparecen como rankings de calidad de la docencia ofrecida.
En suma, permanece el desafío de crear un único sistema de préstamos para todos los alumnos. Porque a iguales condiciones socio-económicas y méritos similares, el derecho al crédito debe ser el mismo para todos, sin discriminación de ninguna especie.