Columna de opinión sobre el tema del “interventor” de universidades en crisis.

¿Intervenir o Prevenir?

En los próximos días el Ministro de Educación enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley, ha dicho, para instaurar la figura de un administrador provisional que pueda sacar adelante universidades en riesgo. Varios diputados de la Nueva Mayoría han reclamado esta figura legal.

Llama la atención que en vez de estar empeñados en crear un régimen preventivo de supervisión, control y apoyo estemos dedicados a ver cómo podrían intervenirse universidades para traspasar su administración a un agente delegado del gobierno. En efecto, lo lógico y primero sería definir un estatuto de obligaciones de informar, de modo que la comunidad universitaria y la autoridad pública no sean sorprendidas con una crisis de insolvencia de una institución universitaria o por un grave incumplimiento de su misión y deberes con sus miembros. Enseguida, urge renovar nuestro régimen de acreditación, pieza básica para garantizar la calidad, solidez y seriedad de las organizaciones universitarias. Es incomprensible que no estemos abocados a esta tarea prioritaria. Y a la creación de una superintendencia especial para este sector, dotada con claras atribuciones de fiscalización. Por último el propio gobierno  está en deuda: debe definir si creará un ministerio de educación superior, ciencia y tecnología o una subsecretaria para hacerse cargo de sus responsabilidades o si acaso mantendrá la débil estructura existente en la actualidad.

En cuanto al interventor o administrador provisional, deberá el gobierno justificar su necesidad, explicar en qué condiciones y cuándo podría designarse, con qué precisas atribuciones, por cuánto tiempo y sujeto a qué tipo de controles y evaluación. “¿Quién vigilará a los vigilantes?”

Todo esto en un marco legal que preserve la autonomía de gobierno, de gestión y académica de las instituciones universitarias; las libertades intelectuales en que ellas se funda, y los derechos de sus profesores, alumnos y trabajadores.

Asimismo, será necesario conocer por qué el gobierno ha desechado otras alternativas más flexibles y menos burocrático-directivas, como son por ejemplo devolver a la institución en riesgo al régimen de licenciamiento, que permite un eficaz control –sancionado por la ley– de sus actividades y decisiones, o bien involucrar a las demás universidades para sortear esas situaciones de riesgo, fortaleciendo de paso la autorregulación del propio sistema académico nacional.

José Joaquín Brunner

Académico UDP

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Miguel Bejide analiza el escenario que debió enfrentar cuando llegó a esa institución que hoy está en proceso de cierre.

por Daniela Muñoz – LA TERCERA,  03/05/2014

Durante seis meses el ingeniero Miguel Bejide fue interventor judicial de la Universidad del Mar. Fue designado por el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar con la misión de supervisar la administración financiera de esa casa de estudios y velar porque se cumplieran los derechos de los estudiantes en el contexto de una demanda colectiva presentada por el Sernac.

A días de que el gobierno envíe el proyecto de ley que creará la figura de un administrador provisional en aquellos planteles donde se detecten irregularidades, el ex interventor judicial de la U. del Mar analizó el escenario que debió enfrentar cuando llegó a esa institución que hoy está en proceso de cierre.

¿Cuál era su rol y con qué se encontró cuando llegó a la U. del Mar?

La situación era bastante caótica. Tenía que tratar de lograr que las autoridades de la universidad normalizaran las contraprestaciones hacia los alumnos, pero eso no fue así porque no hubo permanentemente una colaboración como la que correspondería.

¿A qué lo atribuye?

Ellos señalaban que la mayor preocupación eran los estudiantes, pero no se traducía en hechos concretos, porque eran incapaces de cumplir con su responsabilidad y no estaban dispuestos a colaborar para que ocurriera.

¿Las autoridades de la universidad fueron su mayor dificultad?

La mayor traba fueron las mismas autoridades de la universidad. Si hubieran tenido en consideración a los estudiantes y se hubieran allanado a lo que el interventor proponía podríamos haber resuelto en forma más rápida y con menos conflicto los problemas para los estudiantes.

¿Cree que le faltaban atribuciones?

Yo no tenía muchas atribuciones. Sin embargo, creo que no justifica tener otro tipo de atribuciones a través de esta estructura que se quiere armar.

¿Qué mecanismos debiera generar el Estado?

Las universidades pueden tener problemas, pero teniendo instancias intermedias -antes de decretar un cierre- es posible controlar, sancionar e ir dando soluciones.

¿Le parece adecuada la opción de un administrador provisional?

Por ningún motivo se debiera pensar intervenir a una institución si esta no ha sido previamente sancionada.

¿Y qué fórmula propondría?

La preocupación prioritaria deben ser los estudiantes, prever los problemas y detectarlos con anterioridad. Formular mecanismos intermedios y que las entidades sepan y conozcan las sanciones y en tal sentido sepan y eviten las irregularidades. Y si se producen tener la opción de reubicar a los alumnos antes de que se decrete el cierre.