Entre 2001 y 2011, las universidades chilenas recibieron $191 mil millones de pesos gracias a la Ley de Donaciones. Estos dineros no fueron equitativamente repartidos entre las casi 60 instituciones que existen en el país. Más de $88 mil millones (el 46 % del total), se concentraron en sólo dos planteles: la Universidad de Los Andes ($45 mil millones) y la Pontificia Universidad Católica de Chile ($43 mil millones): ambas instituciones privadas, católicas y enfocadas a la formación de jóvenes de altos ingresos. Según datos del Consejo Nacional de Educación (CNED), en 2012 el 85% de los alumnos de primer año de la U. de los Andes provino de colegios particulares pagados. En el caso de la PUC, los egresados de establecimientos particulares pagados representaron el 66,5 % del total de alumnos provenientes de la Enseñanza Media.

El 46 % del total de las donaciones entre 2001 y 2011 se concentraron en sólo dos planteles: la Universidad de Los Andes ($45 mil millones) y la Pontificia Universidad Católica de Chile ($43 mil millones): ambas instituciones privadas, católicas y enfocadas a la formación de jóvenes de altos ingresos

En las lista de las 10 instituciones que más donaciones recibieron entre 2001 y 2011, están también, pero bastante más atrás, las universidades de Chile (con $26,3 mil millones), Alberto Hurtado ($9 mil millones), Del Desarrollo ($7,3 mil millones), Técnica Federico Santa María ($6 mil millones), Adolfo Ibáñez ($5,8 mil millones), Austral ($4,4 mil millones), Andrés Bello ($4 mil millones) y Finis Terrae ($4 mil millones).

La sobre representación que tienen universidades dirigidas a educar a los jóvenes de más altos ingresos muestra que la Ley de Donaciones ha tenido la consecuencia de incrementar la desigualdad en la Educación Superior. Un aspecto preocupante de esta consecuencia es que el propio Fisco ha contribuido a financiar parte de los miles de millones que han beneficiado a estas instituciones privadas.

Para entender por qué el Fisco termina financiando a las instituciones que el donante decide,  hay que decir que sin el beneficio tributario a las donaciones, una empresa que desea regalar $200 millones a una institución universitaria, debería pagar, además, un 35% de ese dinero en impuestos, pues el Fisco consideraría la donación como un gasto no necesario para producir la renta. En la práctica, el Fisco lo vería como un retiro de utilidades. Por lo tanto, si el grupo Penta (que es uno de los cinco mayores donantes del periodo 2007-2011) quisiera regalar $200 millones a la Universidad Del Desarrollo (que es controlada por el mismo grupo Penta), eso le costaría a la empresa $270 millones ($200 millones  por la donación y $70 millones por el impuesto). En esas circunstancias, por muy noble que parezca una causa, hay un gran desincentivo para donar.

Para revertir esta situación se estableció un régimen de donaciones (art. 69 de la Ley 18.681, promulgada en 1987 durante el régimen militar y modificada en 2008), que tenía como objetivo central obtener recursos para fines educacionales otorgando al donante beneficios tributarios. Se esperaba que estos fondos produjeran mejoras en la infraestructura e investigación de universidades e institutos profesionales estatales y particulares reconocidos por el Estado, aliviando la carga del Estado con financiamiento privado.

Según explica el abogado Francisco Saffie, profesor de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y director académico del Magíster en Derecho Tributario de la misma universidad, desde entonces, una empresa que dona $200 millones para  fines educacionales, puede usar $100 millones como un crédito contra el impuesto que debería pagar: “Esto quiere decir que llegado el momento, si tuviese que pagar $100 millones en impuestos de primera categoría, ya no tendrá que hacerlo porque el Fisco entiende que se usaron en la donación. Además, la empresa podrá usar parte de lo donado (en este ejemplo, parte de los otros $100 millones) como ‘gasto aceptado’. Es decir, como un gasto necesario para producir la renta, lo que tiene el efecto de disminuir la base sobre la cual se calcula el impuesto (de primera categoría) que debería pagar”.

Saffie precisa que “si la empresa del ejemplo tenía utilidades por $1.000 millones, gracias a ese gasto aceptado, su base imponible se reduce a $980 millones, y su impuesto a pagar será de $196 millones. De ellos ahora puede ocupar $100 millones como crédito. En definitiva sólo paga $96 millones en impuestos (sin olvidar que gastó otros $100 millones en la donación)”.

Esto quiere decir que cuando una empresa desembolsa $200 millones, por una parte recibe una ayuda del Fisco pues disminuye su base imponible en $20 millones. Por otra parte, y esto es lo más complejo, hay $100 millones –que sin la Ley de Donaciones habrían ido a parar al Fisco- que el privado destina a financiar el proyecto educacional  que estime conveniente, sin que el Fisco tenga nada que decir.

Dicho de otro modo, la ley ha servido como un instrumento que le entrega a los privados la facultad de decidir a quién beneficia, a quién le da el dinero. Y como una parte de estos dineros provienen de una reducción de impuestos, al final de la cadena, el Fisco contribuye económicamente al mismo fin que el privado determina.

El análisis de las cifras de las donaciones entre 2001 y 2011, obtenidos a partir de un requerimiento del diputado Mario Venegas a la División de Educación Superior (DIVESUP), muestran que, en la práctica, los privados han estado decidiendo ayudar no a las instituciones más deficitarias sino a las más sólidas y el Fisco los ha apoyado en esa tarea. Según datos del Ministerio de Hacienda, mientras las universidades han recibido en 11 años $191 mil millones por donaciones de fondos privados, el Estado ha dejado de percibir cerca de $4 mil millones anuales, al menos desde 2007, cuando la Ley de Donaciones flexibilizó los requisitos para obtener exención tributaria. Desde 2007, por la vía de la Ley de Donaciones, las universidades recaudaron $94.840 millones.

No terminan ahí los reparos al actual sistema de donaciones.  Pues si bien el instrumento legal no fue diseñado para que entes privados lucraran, el mal uso ha hecho que algunos privados, utilizando los beneficios de esta ley, financien actividades que van en su propio interés con dineros que debieron estar destinados exclusivamente a fines educacionales.

CIPER comprobó que en los últimos 11 años al menos ocho universidades han recibido un total de 104 donaciones (por un monto de $ 5.646.307.999) de parte de empresas relacionadas con su propiedad. Se trata de las universidades Del Desarrollo, Viña del Mar, Pedro de Valdivia, UCINF, SEK, Miguel de Cervantes, Autónoma y Mayor (VER CUADRO).

La ley ha servido como un instrumento que le entrega a los privados la facultad de decidir a quién beneficia, a quién le da el dinero. Y como una parte de estos dineros provienen de una reducción de impuestos, al final de la cadena, el Fisco contribuye económicamente al mismo fin que el privado determina

En estas operaciones no solo habría beneficios tributarios involucrados. En las investigaciones judiciales iniciadas luego de que estallara el escándalo de la compra y venta de acreditaciones de universidades e institutos de Educación Superior, han surgido serias sospechas de que, por la vía de la venta de inmuebles -construidos con platas de donaciones de empresas relacionadas-, algunas instituciones habrían transgredido la prohibición de lucrar estipulada en la ley.

Esta podría ser la situación de la Universidad de Viña del Mar, la que recibió entre 2002 y 2009 $2.161.058.480 millones en donaciones de dos de sus empresas relacionadas (Banco del Desarrollo, $1.021.058.480 e Inversiones Norte Sur S.A. $1.040.000.000) para infraestructura (VER CUADRO DE DONACIONES EMPRESAS RELACIONADAS). Cuando en 2009 esa universidad fue vendida al Grupo Laureate, esa infraestructura nueva, cuya construcción se hizo con beneficios tributarios, contribuyó a aumentar el precio de venta y aumentó las ganancias de los vendedores, el Grupo Caruz.

El mecanismo irregular ya había sido detectado por las autoridades de educación hace más de una década. Pilar Armanet, ex jefa de la División de Educación Superior del Mineduc, lo describía en 2003 como una estrategia de las inmobiliarias ligadas a las universidades para construir bajando los costos a la mitad:

-Básicamente, lo que hacen es construir infraestructura de forma que las inmobiliarias ponen la mitad de la plata y la otra mitad la pone el Fisco. Es una figura enteramente legítima. Se hace en todas partes, no para evadir impuestos, sino para eludirlos –explicaba Armanet.

Cuando Armanet hizo esa declaración, de los casi $60 mil millones recibidos por las universidades entre 2001 y 2003,  $23.200 se destinaron a la construcción o readecuación de infraestructura, es decir, el 38,7%. Mucho más que el monto destinado a becas ($13.861 millones), investigación académica ($8.000 millones), extensión ($2.742 millones) y adquisición de libros y bibliografía (sólo $585 millones, menos del 3% de lo destinado a infraestructura). (Ver gráfico con la evolución del tipo de donaciones de los últimos 11 años)

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO

Una situación  que calza con la descripción hecha por Pilar Armanet es la de la Universidad del Desarrollo (UDD), entidad donde el 72% de los  alumnos de primer año proviene de colegios particulares pagados.

Durante los últimos cinco años esa institución recibió enormes recursos de parte del Grupo Penta, controlador de la UDD. Estas donaciones se canalizaron a través de algunas de las 12 empresas del Grupo, como Penta Vida Compañía de Seguros ($868 millones), AFP CUPRUM ($830 millones), Isapre Vida Tres ($467 millones), Grupo Security ($370 millones) y Compañía de Seguros Generales Penta Security ($330 millones); totalizando $3.500 millones en traspasos.(El detalle de todas las empresas puede revisarse en la tabla que CIPER elaboró con las empresas relacionadas que han donado a universidades en los últimos 11 años).

Los accionistas mayoritarios de Penta son Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano. Ambos, además, son miembros del consejo directivo de la UDD. En 2011, CIPER consultó al gerente general corporativo de Empresas Penta, Manuel Antonio Tocornal, acerca de los aportes hechos por el holding a la UDD. Este negó tajantemente que los accionistas de Penta que forman parte de la UDD se hayan donado a sí mismos:

-Todo se ha invertido en la universidad para que crezca. Y se ha invertido en cosas específicas de la universidad, como becas para los estudiantes, edificios, un laboratorio. Ha ido todo transformándose en un bolo que crece y cada vez demanda más. Y bueno, los directorios de nuestras empresas en muchos casos son mixtos y les ha parecido bien, han aprobado las donaciones a la UDD dado los resultados que ha tenido y la buena causa. Acá no ha habido un fin de beneficiarse en términos económicos. No hay ninguna información o antecedente en ese sentido –expresó. (Vea reportaje)

Una donación detectada por CIPER muestra una realidad distinta a la expresada por Tocornal. Se trata de $90 millones entregados en 2008 por AFP Cuprum a la UDD para la construcción del edificio de postgrado de la universidad, que se ubica al interior de su Campus San Carlos de Apoquindo (Av. La Plaza 686). Ese campus fue vendido el 4 de mayo de 2009 -según consta en la inscripción del Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS) del 8 de junio de 2009- por Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. a la Inmobiliaria Ainavillo S.A., sin registrarse nuevos cambios en la propiedad desde entonces.

Ainavillo es la inmobiliaria que desde la creación de la UDD le ha arrendado los inmuebles. Según confirmó Manuel Antonio Tocornal a CIPER, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín poseen “un porcentaje minoritario en la Inmobiliaria Ainavillo”.

Se tiene así una operación que resulta muy beneficiosa. Cuprum –sin que sus afiliados pudiesen opinar sobre esa donación- donó $90 millones y recibió beneficios tributarios. Por otra parte, la UDD construyó su edificio con dinero de Cuprum y con aporte fiscal. Luego, el edificio se lo vendieron a una inmobiliaria que le cobró arriendo a la UDD por el uso de esa infraestructura.

La figura es exacta con lo que Armanet describía en 2003: empresas que aportan a las universidades para construir a mitad del costo gracias a la deducción de impuestos.

UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA

Un caso más claro es la operación que detectó CIPER en la Universidad Pedro de Valdivia. En esa casa de estudios -donde se ha visto desde documentadas acusaciones de coimas para conseguir la acreditación institucional ante la CNA, hasta la inédita prisión preventiva de su rector y dueño Ángel Maulén- CIPER encontró una curiosa donación que parece ser parte del pago que hizo el citado Maulén al anterior dueño de la universidad, y que corona una serie de traspasos irregulares narrados por CIPER en un reportaje anterior.

Según los datos oficiales del CNED, la Universidad Pedro de Valdivia inició sus actividades en 1988. Pero esa fecha es un error más de un sistema que se rige por la formalidad. La verdad es que lo que se inició en 1988 fue la universidad Mariano Egaña, de propiedad de Juan Germán Cerón López, un proyecto que nunca pudo consolidarse y que en 2006 estaba en una crisis terminal. Lo único que tenía la universidad, aparte de deudas y alumnos, era su licenciamiento, es decir, contaba con la autonomía para crear sus propios programas de estudios sin supervisión estatal. Este fue uno de los motivos que hizo que Ángel Maulén, que buscaba ser dueño de una universidad, se interesara por la Mariano Egaña. Si Maulén creaba su universidad desde cero, habría pasado al menos seis años bajo la supervisión del Mineduc.

En mayo del 2006, el directorio de la UME –presidido por Juan Germán Cerón López- aprobó la entrada de Ángel Maulén a la Corporación.

Una de las zonas nebulosas de este acuerdo lo constituyen las condiciones económicas de este ingreso. Si bien no hay pruebas de que la Corporación UME haya vendido a Maulén asientos en el directorio de la Corporación –lo que prohíbe la ley- paralelamente al ingreso de Maulén y su socio en los preuniversitarios y colegios Pedro de Valdivia, Enrique Rodríguez Villa (y varios familiares de ambos), se realizaron una serie de transacciones que favorecieron económicamente al antiguo presidente de la Corporación UME, Juan Germán Cerón López.

La primera hebra la encontró CIPER en unos documentos fechados el 14 de junio de 2006, es decir, un mes después de que se aprobara la incorporación de Maulén a la Corporación. En esa fecha, el directorio de la Universidad Mariano Egaña aceptó vender dos bienes de su propiedad, ubicados en Eleodoro Yáñez 2964 y 2974. El comprador fue el citado Cerón, por  un precio de $378.431.794. Parte de la deuda ($174 millones) se saldó cuando Cerón vendió a la recién creada UPV una marca que el mismo Cerón había creado. El resto de la deuda ($232 millones) debía pagarlo al Banco Santander en 96 cuotas. Sin embargo, el mismo día en que la nueva universidad de Maulén vendió los dos terrenos a Cerón, ambas partes firmaron un contrato de arrendamiento por las dos propiedades por 240 UF mensuales (más de $4 millones). Esto significa que la UPV pagaba por arriendo a Cerón lo suficiente como para que este comprara los dos inmuebles de Eledoro Yáñez.

Pero eso no es todo. En 2006 la UPV recibió desde sus empresas relacionadas $61 millones de pesos. El dinero fue destinado para la readecuación de infraestructura de la sede que Cerón arrendaba a la UPV. Esto quiere decir que si las donaciones efectivamente se utilizaron para la remodelación de ese campus, el beneficiado directo con los aportes fue Cerón y no la universidad.

CONTRAPRESTACIONES

Hay una última estrategia usada para aprovechar al máximo las donaciones y a la cual se trató en un momento de poner freno. Consistía en que una inmobiliaria donara recursos a una universidad para construir un edificio y la universidad, a su vez, contrataba a la misma inmobiliaria para levantar su edificio. Los beneficios para el donante resultan evidentes. La inmobiliaria no solo aumenta sus utilidades gracias a este contrato con la universidad; sino que financia la construcción con dinero que, de no haber existido la donación, correspondían al Fisco. Es decir, el Estado termina financiando gratuitamente inversiones que en el mercado financiero habrían tenido un costo.

Algunos otros excesos que se cometían con los beneficios tributarios para la educación trataron de ser controlados con la entrada en vigencia en 2003 de la Ley 19.885, que normó el uso de todas las donaciones que den a origen a beneficios tributarios, condenando a quienes intenten conseguir contraprestaciones o favores a través de sus aportes y estableciendo como sanción la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.

Hasta entonces se usaba que el donante pidiera a cambio de la donación, la prestación de algunos servicios como becas de estudio, cursos de capacitación, traspaso de bienes o prestar servicios financiados con la donación, etc. Dicha ley fue propuesta por el ex presidente Ricardo Lagos  y el efecto fue inmediato. De $15 mil millones donados en 2003, se cayó a $10 mil millones al año siguiente.

Sin embargo, la limitación de las contraprestaciones recibió férreas críticas sobre todo desde cierta intelectualidad universitaria que la calificó como un “retroceso para la Educación Superior”. El entonces vicepresidente del Consejo de Rectores, Sergio Lavanchy, en noviembre de 2003 declaró a La Tercera que el endurecimiento de restricciones “va a producir una inhibición (de las empresas), y en la práctica la Ley de Donaciones dejará de operar”.

Las críticas surtieron efecto y la ex presidenta Michelle Bachelet promulgó, el último día de 2008, la Ley 20.316, que buscaba darle un nuevo impulso a estos aportes. En el mensaje presidencial que inició la tramitación de la ley, Bachelet destacaba que las sanciones impuestas en 2003 para quienes efectuasen contraprestaciones “operan como desincentivo a las donaciones”, razón por la cual se decidió disminuir las penas para este ilícito desde el presidio menor en sus grados medio a máximo, al de mínimo a medio. Además, la nueva ley acortó el periodo de prohibición de contraprestaciones, desde el año a los seis meses anteriores a la donación.

En la práctica, la Ley 20.316 fue el catalizador que las universidades buscaban. En 2010, el año siguiente de su entrada en vigencia, se recibieron mil millones de pesos más que en 2009, pasando de $14.742 a $15.823. En los años siguientes la cifra siguió aumentando y en 2011, el último año informado por el Mineduc, los aportes alcanzaron una cifra record: $25.708 millones, el monto más alto de los últimos 11 años. Nuevamente, los proyectos destinados a infraestructura fueron los más beneficiados. Si en 2008, antes de la última modificación a la Ley de Donaciones, se recibieron $9.909 millones para estos proyectos, en 2011 la cifra aumentó a $11.400 millones.

PENSAR COMO EL DONANTE

Si se toman en cuenta sólo los últimos cinco años de donaciones (2007-2011), la concentración que muestran los recursos es aún mayor. De los $94.840 recibidos por las universidades entre 2007 y 2011, el 52% terminó en las arcas de las universidades De los Andes y Católica de Chile.

Entre sus 10 mayores donantes de la Universidad Los Andes figuran Elina Gianoli Gianza ($3.373 millones), Eduardo Fernández León ($3.179 millones) su esposa, Valerie Mc Auliffe ($2.256) y sus hijos Tomás ($2.694) y Eduardo ($1.823) millones, respectivamente

La más beneficiada es nuevamente la U. de los Andes. En esos cinco años este plantel controlado por el Opus Dei obtuvo un total de $26 mil millones, muy arriba de universidades con más años de existencia y un mayor número de alumnos, como la Universidad de Chile, que si bien se ubica en el tercer lugar de este ranking (ver cuadro de universidades con mayores aportes en los últimos cinco años), obtuvo $8.468 millones menos que el plantel del Opus Dei. Una diferencia que aumenta a $18.643.794.873, cuando se comparan los aportes recibidos entre ambas universidades durante los últimos 11 años.

Pero la Universidad de Los Andes destaca no solo por los montos, sino por el tipo de donantes. Mientras la mayoría de los planteles recibe colaboraciones económicas de grandes empresas, como mineras y bancos, en esta casa de estudios las empresas son superadas por los regalos provenientes de personas naturales.

Entre sus 10 mayores donantes entre 2007 y 2011, en primer lugar figura Elina Gianoli Gianza ($3.373 millones), miembro del Grupo Pirola Gianoli, controladores de Molibdenos y Metales S.A. (MOLYMET) y accionistas de ENTEL y Minera Pucobre. La siguió de cerca Eduardo Fernández León ($3.179 millones), también socio de ENTEL, Pucobre, Inmobiliaria FFV y Banmédica. Su esposa, Valerie Mc Auliffe, donó otros $2.256 y sus hijos Tomás y Eduardo, $2.694 y $1.823 millones, respectivamente. Todos ellos son parte de la Asociación de Amigos de la Universidad de Los Andes.

En la lista de los 10 mayores donantes de esta casa de estudios figuran sólo dos empresas: Larraín Vial Servicios Profesionales e Inversiones Teval S.A. sociedad que, a través del fondo de inversiones Halcón, fue propietaria del 15% de la Universidad Santo Tomás, que luego vendió a Juan Hurtado Vicuña y Linzor Capital.

Entre los restantes miembros de la Asociación de Amigos que entregaron grandes sumas a título personal a la Universidad de Los Andes, destacan José Antonio Garcés Silva ($1.889 millones), accionista de Embotelladora Andina; Carmen Izquierdo Menéndez ($1.200 millones), hermana de Matías Izquierdo Menéndez, uno de los fundadores de la universidad y miembro del directorio de su Asociación de Amigos; y Luis Enrique Yarur ($693 millones), presidente y controlador del banco BCI.

Gracias a su asociación de amigos, la universidad saltó desde la pequeña casa cerca del Parque Bustamante que ocupaba en los ’90, a un campus de 52 hectáreas en San Carlos de Apoquindo. Eso explica que de los $26 mil millones recaudados en cinco años por esta casa de estudios, $22 mil se usaran en proyectos de infraestructura (casi el 85% del monto total recibido). La cifra está muy por arriba de los $2.842 destinados a becas o los $366 millones para el mejoramiento de programas académicos y docencia.

La PUC, en tanto, tiene como sus principales donantes a grandes empresas. De los $23.404 millones que obtuvo entre 2007 y 2011, $2.400 fueron aportados por Minera Los Pelambres, la empresa del Grupo Luksic que además controla el 67% del Canal 13, ligado a la casa de estudios. La siguen de cerca Celulosa Arauco y Constitución S.A., de propiedad de Anacleto Angelini, con $2.009 millones; Copec S.A. ($1.799 millones); y el Banco Santander ($1.488). Con $556 millones y en el octavo lugar de mayores donantes de la PUC, se ubica Axxion S.A., el holding  de Sebastián Piñera que en 2010 vendió a la familia Solari tras asumir como Presidente. Todos los aportes de Axxion a la PUC fueron realizados por sus actuales dueños.

Al igual que la U. de los Andes, la PUC destina grandes montos a proyectos de infraestructura: En cinco años, recibió $9.900 millones para financiarlos.  Sin embargo, destinó una cifra similar ($9.500 millones) a la inversión en mejoramiento de programas académicos y docencia. Otros $3.200 los usó para becas y ayudas estudiantiles.

En contraste con estos montos está lo recibido por las universidades públicas. Entre las 20 universidades con más aportes, sólo hay tres estatales: las universidades de Chile, de Santiago y de Antofagasta. De las 16 estatales existentes en Chile, nueve obtuvieron sumas bajo los $100 millones. Las que consiguieron menos aportes fueron la UMCE y  U. Arturo Prat, con $25 y $19 millones, respectivamente. En ambas más del 95% de la matricula viene de colegios municipales y particulares subvencionados, según datos del CNED.

Pero la alta concentración de las donaciones no es el único problema de este sistema. Pues allí donde el dinero llega en mayor cantidad, una parte de la libertad académica se resiente.

Así lo dijo a CIPER el economista de la Universidad de Chile Eugenio Figueroa, cuando intentaba explicar por qué las universidades hacen tan poca investigación sobre cómo realmente funcionan los impuestos, cómo se elude, cómo se evade y quienes lo hacen.

-El gran problema es que las universidades están capturadas. ¿Qué cree usted que me diría una empresa minera si le digo que quiero estudiar las rentas de las mineras? O si me dan recursos, ¿puedo sacar las conclusiones objetivas? No, me acabo como profesional y como economista. Porque me tildan de revolucionario, comunista, lo que sea. Por decir simplemente las verdades más claras y prístinas para cualquier economista. No hay plata para estudiar las cosas que el país necesita que se estudien y uno diga lo que se debe decir. Esta universidad era distinta hace 30 ó 40 años, y ha ido perdiendo esa libertad. Eso le ha pasado a todas las universidades del país, y se lo digo yo que soy un liberal absoluto. Creo absolutamente en el mercado. Estudié en la Universidad de Maryland, que es una universidad absolutamente neoclásica. ¿Qué se necesita?: generar una academia que esté financiada independientemente de los poderes económicos”.

Si el dinero llega a las universidades que piensan en la línea de los donantes, hay un fuerte incentivo para que las otras instituciones tiendan a pensar del mismo modo. ¿Eso es lo que se busca con la Ley de Donaciones?

Para Figueroa, el hecho de que los principales donantes de las universidades de Chile y Católica sean empresas mineras (Escondida, BHP Billiton y Los Pelambres) hace que éstas pierdan su independencia. “En eso no hay vuelta. La pierden directa o indirectamente. Mire donde está la gente de la Concertación, vaya a ver cuántos están en los directorios de las grandes empresas. ¿Dónde están los subsecretarios del gobierno anterior? En BHP Billiton y otras empresas similares. Muchos de ellos están bien evaluados porque se portaron bien y cuando había que hacer ciertas cosas, poner una regulación, por ejemplo, miraban para el lado. Eso es normal, es humano. Es así y va a seguir siendo así mientras seamos seres humanos”.

El argumento de Figueroa se basa en el hecho bastante evidente de que un donante no regalará su dinero a las instituciones que difunden ideas contrarias a las suyas. Desde esa perspectiva, el creciente peso que tienen las donaciones en las finanzas de las universidades comienza a transformarse en un incentivo para que el pensamiento se vuelva homogéneo y se frene la libertad que se espera que tengan estas instituciones. Si el dinero llega a las universidades que piensan en la línea de los donantes, hay un fuerte incentivo para que las otras instituciones tiendan a pensar del mismo modo.

¿Eso es lo que se busca con la Ley de Donaciones? Lamentablemente el tema de la libertad académica y su relación con el financiamiento ni siquiera se ha asomado en el intenso debate que se ha generado en torno a la Educación Superior en los últimos años.

MINERAS Y BANCOS: LOS GRANDES DONANTES

La única universidad estatal que destaca en la lista de las favorecidas por la Ley de Donaciones es la Universidad de Chile, que entre 2007 y 2011 recibió $11.090 millones de Minera Escondida, la cuprífera de capitales australianos que controla BHP Billinton. Esta es la donación individual más alta realizada por una empresa en los últimos cinco años.

Minera Escondida es la que más aportes ha realizado  a la Educación Superior en el mismo periodo (Ver cuadro de mayores donantes en los últimos cinco años). Entre 2007 y 2011 regaló en total $12.748 millones a las universidades, monto similar al que destinó el Fisco en 2010 al Crédito con Aval de Estado para alumnos de primer año ($13.089 millones).

De los 20 mayores donantes entre 2007 y 2011, Minera Escondida es la única que sólo aportó a planteles pertenecientes al CRUCH. Además de los $11.090 millones que en cinco años entregó a la Universidad de Chile, también entregó cuantiosas sumas a las universidades Católica de Chile ($785 millones), Católica del Norte ($736 millones) y de Antofagasta ($125 millones). La Universidad Católica del Norte, como se desprende del detallado informe de donaciones entregado por el Mineduc, recibió $182 millones para proyectos de investigación relacionados mayoritariamente con la minería, una de las principales áreas de estudio del plantel.

La Minera Los Pelambres, propiedad de la familia Luksic, también figura entre los principales donantes a universidades. Sus aportes los hace a través del Grupo Antofagasta Minerals. Entre 2007 y 2011, entregó $2.558 millones, ubicándose en el cuarto lugar del ranking de empresas que más aportes realizan a universidades.

El plantel favorito de Pelambres es la PUC, casa de estudio a la que entregó el mayor aporte recibido por esa institución en los últimos cinco años: $2.400 millones, más del 93% del total de donaciones de la minera al sistema universitario. Otros $150 millones fueron distribuidos entre las universidades de Chile, La Serena, Católica del Norte, Adolfo Ibáñez y USACH.

Los bancos también entregan millonarios ingresos a las universidades. Uno es el Santander, de propiedad del empresario español Emilio Botín y que en 2009 se adjudicó la licitación para ser uno de los tres bancos que administró el Crédito con Aval del Estado (CAE) durante 2010.

Entre 2007 y 2011, el Banco Santander donó en total $6.362 millones, instalándose en el segundo lugar de las empresas que más aportes realizaron a universidades en ese periodo. $1.488 entregó a la Universidad Católica de Chile para el mejoramiento de programas académicos, actividades de extensión, infraestructura y becas. Otros $1.459 llegaron a la Universidad de Chile para los mismos proyectos que en la PUC.

Entre los 20 mayores donantes a universidades de los últimos cinco años, Banco Santander es la empresa que aporta al mayor número de planteles. Además de la PUC y la U. de Chile, otras 48 instituciones de Educación Superior se beneficiaron con sus millonarios aportes.

Otro de los bancos que destaca dentro de los principales donantes es el BCI, de propiedad de la familia Yarur, que entregó $1.063 millones a 16 universidades. La que más recibió fue la PUC, con $279 millones.

En el ranking también resalta Celulosa Arauco y Constitución S.A., de propiedad de Anacleto Angelini, que donó $2.615 millones y ostenta el tercer lugar de mayores donantes entre 2007 y 2011. La UC fue la principal beneficiada, recibiendo $2 mil millones.

Si bien estas empresas entregaron a las universidades cifras no inferiores a los mil millones de pesos, al comparar sus donaciones de los últimos cinco años con las utilidades acumuladas por esas empresas en ese mismo periodo, el porcentaje que donan es ínfimo. Ninguna aporta más del 0,5% de sus utilidades de los últimos cinco años y, en muchos casos, la cifra ni siquiera representa el 0,1% de sus ganancias. Tal es el caso de Minera Los Pelambres, cuyos $2.558 millones donados representan el 0,06% de sus ganancias entre 2007 y 2011.