Todo Gobierno, al iniciar su período constitucional, comienza por definir su propia identidad, objetivos de política, programas y estilo discursivo. El Gobierno de la Presidenta Bachelet se encuentra abocado a esta tarea.
En el campo educacional, los elementos emergentes de la identidad-político-discursiva están dados, primero que todo, por los lineamientos sectoriales contenidos en el Programa de la Concertación.
Adicionalmente, por las formulaciones y actuaciones iniciales de la autoridad educacional; el Ministro Martín Zilic.
Entre éstas, destaca el énfasis puesto en la ampliación de oportunidades de atención temprana, especialmente mediante una ampliación de salas cuna. Según anunció recientemente la Presidenta, la meta es crear 200 salas cuna en los primeros cien días de gobierno (dos por cada día), de modo de lograr, a fines de año, la atención de 20 mil lactantes y párvulos a nivel nacional.
Por su parte, las primeras declaraciones del Ministro Zilic marcan un nuevo balance entre elementos de continuidad y cambio en el marco de la reforma impulsada por los tres primeros gobiernos de la Concertación.
En efecto, en una reciente entrevista, publicada en el diario La Segunda del día viernes 24 de marzo, el Ministro de Educación ha señalado:
Estamos entrando a una nueva etapa y cerrando un ciclo en educación: el de la cobertura. Hoy el desafío, excepto en preescolar, no es cuántos niños entran al colegio. Hoy lo fundamental es instalar la calidad en las escuelas.
Para ello propone una estrategia de tres pasos:
Tenemos que generar un sistema de tres pasos. Primero crear estándares; es decir, qué va a aprender cada niño en cada curso. Segundo, medir cuánto de esos estándares realmente aprendió ese niño y para eso necesitamos un control externo de calidad que muestre qué pasó. Y tercero, asumir que existen consecuencias.
Ante la pregunta de si acaso su “idea es reformar la reforma educacional”, Zilic responde de manera taxativa:
Absolutamente. Lo de ahora, si quiere, podemos llamarlo la reforma a la reforma, porque hay que cambiar. Hemos logrado mucho, pero hoy entramos a otra etapa. Es el minuto de hacer un quiebre porque terminó la era de la cobertura y empezó la era de la calidad.
En varias ocasiones, asimismo, el Ministro ha insistido en la necesidad de mejorar el esquema de regulación y control de la educación, no descartando la posibilidad de establecer una Superintendencia para el sector. La idea ha puesto en marcha un debate que, de seguro, irá adquiriendo mayor intensidad en las próximas semanas.
Entre los primeros desafíos que deberá enfrentar el Ministerio de Educación se encuentra la puesta práctica de la reglamentación que permite incorporar un 15% de niños pobres en establecimientos privados subvencionados, según se aprobó el año 2004 en el marco de la ley de Jornada Escolar Completa.
Asimismo, según acaba de solicitar la Hon. Cámara de Diputados, mediante un amplio acuerdo, el MINEDUC deberá mejorar la información que entrega sobre el SIMCE de manera de conferir mayor poder de decisión a los padres y, a la vez, elevar la responsabilidad pública de las escuelas.
Por último, hay dos materias de ley pendientes de trámite en el Congreso Nacional que, sin duda, absorberán la atención del MINEDUC en el futuro próximo:
–el Proyecto de Ley que Establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, ingresado en diciembre del año 2002 y que actualmente aparece como “retirado” y
–el Proyecto del Ley que Establece una subvención preferencial para niños y niñas socio-económicamente vulnerables, ingresado al Parlamento en noviembre del año 2005.
Más abajo se transcribe lo que sobre ambos proyectos informa el Diario de la Cámara.
En suma, el Ministro Zilic se mueve en la dirección de definir la agenda del nuevo Gobierno Bachelet en el sector educacional. Es la hora pues de debatir; el juego está abierto.

Gobierno tramita proyecto que asegura educación a niños en condición vulnerable
La iniciativa del Poder Ejecutivo ingresó este miércoles a la Cámara de Diputados, y establece una subvención escolar preferencial para niños y niñas socio-económicamente vulnerables.
En el mensaje se señala que este proyecto es un cambio decisivo para las escuelas subvencionadas, pues busca “dar más a los que más necesitan, entregando recursos a las escuelas que lo hagan mejor, premiando a aquellas que lo logren”.
De esta forma, la nueva subvención será entregada a las escuelas para que demuestren resultados eficientes en el mejoramiento del aprendizaje. Se establece que las escuelas no podrán discriminar a ninguna niña o niño y no les podrán exigir a sus alumnos vulnerables forma alguna de financiamiento.
Destinatarios
Los destinatarios de esta subvención, señalados como alumnos prioritarios, serán los niños que cursen el primer y segundo nivel de transición, y de primero a cuarto básico, y que tengan una situación económica en sus hogares que dificulte la posibilidad de que enfrenten el proceso educativo.
Dicha calidad será determinada por el Ministerio de Educación, o el organismo que determine, mediante un instrumento de caracterización socioeconómica del hogar definido por el Mideplán.
Establecimientos beneficiados firmarán convenios
Tendrán derecho a adscribirse a este régimen de subvención los establecimientos educacionales regidos por el DFL N°2, de 1998, del Mineduc, que atiendan niños prioritarios.
Estos establecimientos deberán firmar un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, por un plazo mínimo de seis años, que exime de todo cobro a los alumnos prioritarios; elimina los procesos de selección, sin afectar la libertad de gestión con proyecto educativo propio; mandata la retención de los alumnos prioritarios de ciertas condiciones; obliga a mejorar sus resultados académicos; e impone el compromiso de mantener informados a sus padres y apoderados.
Las obligaciones y régimen jurídico aplicable a los establecimientos adscritos a este establecimiento dependerán de si son autónomos, emergentes y en recuperación, diferenciando el monto de la subvención preferencial otorgada por alumno asistente, y el aporte adicional o extraordinario que reciban en relación con las Estrategias de Mejoramiento Educativo o Planes de Reestructuración que deban abordar.
Registro público
A la vez, el valor unitario mensual de subvención será definido según la categoría del establecimiento educacional. Si es autónomo, será de 1,4 unidades de subvención educacional, y si es emergente, de 0,7 U.S.E.
Asimismo, se crea un registro público de entidades técnico pedagógicas, que prestarán apoyo a los establecimientos educacionales para la elaboración y ejecución de las estrategias de mejoramiento educativo.
El texto establece que la ley comenzará a regir en el año escolar 2007.
Jueves 3 de Noviembre de 2005.
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En estado de tabla Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
La iniciativa, a la que el Senado le realizó modificaciones, está en condiciones de ser analizada por la Sala de la Cámara. El texto ingresó a tramitación el 15 de abril de 2003.
El proyecto tiene por objeto dar garantía pública de la calidad de las instituciones de educación superior y de los programas que imparten; promover y apoyar el mejoramiento continuo y sistemático de estas instituciones y de los programas que ofrecen y mejorar las condiciones para el desarrollo de una educación superior capaz de responder a estándares de validez nacional e internacional.
Mediante esta iniciativa, se crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, que tendrá carácter voluntario, con excepción de las carreras conducentes a los títulos profesionales de Médico y de Profesor, que deberán someterse obligatoriamente al proceso de acreditación.
El Senado estableció que Comisión Nacional de Acreditación que se crea por esta ley, será un organismo autónomo, a diferencia de lo propuesto por la Cámara, que indica que esta instancia ¿gozará de amplia autonomía¿. En ambos casos, se indica que estará encargada de verificar y promover la calidad de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica autónomos, y de las carreras y programas que ellos ofrecen.
También aumentó 13 a 15 los miembros que compondrán esta instancia, incorporando a dos representantes estudiantiles de instituciones autónomas acreditadas, uno de regiones y otro de Santiago, que pertenezcan a los dos últimos años de sus carreras y estén dentro del 5% de los alumnos de mejor rendimiento. Ellos serán elegidos por las Federaciones de Estudiantes en reunión convocada por el Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio.
El Senado también modificó la representación de los académicos, precisando que ellos deberán ser representativos de los ámbitos de gestión institucional, pre grado y post grado, incluyendo doctorado, designados por el Consejo de Rectores de la Universidades Chilenas. De ellos, a lo menos uno debe estar vinculado a una universidad de regiones.
Podrán someterse a un proceso de acreditación institucional las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica autónomos.
Entre las atribuciones que se le entregan a la Comisión están las de fijar las pautas de evaluación para el desarrollo de los procesos de acreditación de acuerdo a las exigencias que el proyecto establece, quedándole prohibido establecer requisitos adicionales.
El proceso de acreditación considera tres etapas: evaluación interna, evaluación externa y pronunciamiento de la Comisión. La etapa de evaluación externa será realizada por agencias de evaluación institucional que deberán postular a los llamados públicos que efectúe la Comisión y estar inscritas en un registro público.
La acreditación institucional se otorgará por un plazo de 7 años para las instituciones que cumplan con los criterios de evaluación y, por un período inferior a dicho plazo para aquéllas que no cumplan íntegramente con tales criterios, debiendo las instituciones subsanar las observaciones antes del término del período por el que fueron acreditadas.
Tratándose de magíster, la acreditación se otorgará por 6 años y para doctorados, por 10 años. La acreditación de programas de postgrado, que será voluntaria, será realizada por instituciones nacionales, extranjeras o internacionales, permitiendo a la Comisión efectuar la acreditación, cuando así lo prefiera la institución a acreditar.
De las decisiones de la Comisión se podrá apelar ante el Consejo de Educación Superior. Se establece el principio de información y transparencia, entregando al Ministerio de Educación la responsabilidad de mantener un Sistema Nacional de Información de la Educación Superior que contenga los antecedentes necesarios que permitan una amplia y completa transparencia académica, administrativa y contable de las instituciones de educación superior.
El Senado rechazó las disposiciones que permitían al Ministerio de Educación cerrar sólo una sede o carrera de una institución de educación superior, sin que tenga que cancelarse la personalidad jurídica y revocar el reconocimiento oficial de toda la institución, cuando ésta incurra en faltas graves, como lo establece la disposición vigente.
Historia del proyecto
El proyecto de aseguramiento de la calidad de la educación superior, fue enviada por el Ejecutivo el 15 de abril de 2003, y aprobado por la Cámara en primer trámite constitucional, el 20 de enero de 2004.
En el Senado fue objeto de un largo debate, que finalizó el 17 de enero pasado, cuando fue aprobado por la Sala de esa Cámara con modificaciones, y enviado a la Cámara de Diputados a cumplir su tercer trámite constitucional.
En el Mensaje Presidencial mediante el cual se ingresó el proyecto, se señalaba que, a la fecha, existían 60 universidades, 43 institutos profesionales y 113 centros de formación técnica, que atendía a más de 430 mil estudiantes de pre y post grado, con diferentes programas, objetivos y misiones, lo que hace necesario establecer un mecanismo que asegure que estos planteles cumplen con estándares de calidad en sus programas y carreras.
Martes 31 de enero de 2006