Cartas a El Mercurio | 16 de Noviembre de 2026
En plena discusión del Presupuesto 2027, hay que decirlo sin rodeos: los más de 5 mil niños, niñas y adolescentes que viven en residencias de protección no son un gasto que se pueda recortar. Según la Defensoría de la Niñez, el proyecto reduce cerca de un 7% los recursos para cuidado alternativo, y un 12% —unos 22 mil millones de pesos— en la asignación que financia el cuidado residencial y familiar ejecutado por organismos colaboradores. Estamos hablando de una de las deudas más urgentes del Estado chileno. Una herida profunda como país.
A estos niños no les basta con techo y comida. Necesitan vínculos estables, adultos que los cuiden, apoyo terapéutico y oportunidades reales para reconstruir sus vidas. El propio Gobierno, al presentar su plan Chile Cuida a los Niños, reconoció que 1.729 niños y adolescentes en residencias esperan atención psiquiátrica. Todo niño necesita también prepararse para la vida adulta, porque cumplir 18 años no significa dejar de necesitar cuidado. ¿Cómo justificar entonces una reducción de los recursos destinados a su protección?
Este recorte afecta especialmente el cuidado de niños, niñas y adolescentes que viven en residencias, con historias de abuso, abandono y trauma complejo, y para quienes hoy no existe una alternativa familiar capaz de responder a sus necesidades. Para ellos, la residencia es la única respuesta disponible y debemos asegurar que sea una buena respuesta. Enfrentar un desafío de esta envergadura requiere más recursos, no menos.
Recortar en esto no es ahorrar. Es multiplicar el daño y trasladar sus consecuencias a salud, justicia y seguridad, con costos humanos y sociales mucho mayores. El Gobierno y el Congreso aún pueden corregir esta decisión reponiendo los recursos necesarios para una protección digna y especializada. Un país que no es capaz de cuidar a la niñez que tiene bajo su propia protección tiene una deuda pendiente con su humanidad.
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