ColumnistasViernes 10 de julio de 2026
La masificación universitaria
Los retornos siguen siendo muy altos.
Se ha vuelto casi un lugar común plantear que la masificación de la universidad que impulsó el país desde los 90 habría sido un error. La caricatura habla de una proliferación de malas universidades que, aprovechando el financiamiento público, engañan a estudiantes desinformados, no les aportan nada y, a la larga, los dejan sin trabajo y frustrados.
Esta visión, sin embargo, no cuadra bien con la evidencia. Ignora, de hecho, dos datos fundamentales, desarrollados en el informe de la UC sobre el proyecto FES.
Primero, la OCDE muestra año a año que los ingresos relativos de los egresados universitarios son extraordinariamente altos, incluso entre los más jóvenes. No son solo los promedios: la Casen revela que la distribución de ingresos de los egresados universitarios jóvenes está muy por encima de la de quienes solo tienen educación media. Lo mismo ocurre con los egresados de primera generación. Nuestra proporción de egresados con desempeños deficientes es también baja en comparación internacional.
Todo esto es compatible con que los retornos de la universidad han caído. Es ingenuo pensar que un sistema que se quintuplicó desde 1990 podría haber mantenido sus exorbitantes retornos de entonces. Que esos retornos cayeran era, quizás, parte del objetivo de la masificación. Y, aun así, estos siguen siendo muy altos.
Segundo, en términos de oportunidades laborales, la caricatura se equivoca al hablar de un mundo de “universidades buenas” y “universidades malas”, porque la realidad se parece más a una de “carreras buenas” y “carreras malas”. Hay carreras que tienen resultados laborales deficientes incluso en las universidades más selectivas, y otras con resultados satisfactorios incluso en aquellas que algunos consideran “de cartón”.
En suma, la historia es más compleja. Si la caricatura se traduce en “hay que hacer que estudie menos gente” y “cerremos todas ‘esas’ universidades”, cientos de miles de personas que pueden beneficiarse de sus estudios en términos laborales, especialmente si eligen bien su carrera, quedarán excluidas. Son en su mayoría personas que no tuvieron ni en su casa ni en sus colegios las mejores oportunidades y que sueñan con una carrera, aun cuando ello no signifique lo mismo que cuando solo una élite privilegiada podía ir a la universidad.
Quienes defienden la caricatura tal vez miren con cierta satisfacción las últimas cifras de empleo, que muestran un creciente problema de desempleo en los jóvenes recién egresados. No es casualidad: estamos hablando de un país que apenas crece y que ha elevado sus costos laborales. La revolución de la inteligencia artificial pareciera también estar haciendo lo suyo, como está ocurriendo en buena parte del mundo. No está claro, así las cosas, que el desempleo de los recién graduados sea estructural. Aun así, es preocupante y debemos prestarle atención.
Pero más vale hacerlo a la luz de los datos. El debate no debería centrarse en cuántos estudian, sino en qué estudian y cómo organizamos la educación superior. En un mundo con resultados laborales heterogéneos y que exige una creciente capacidad de adaptación, ¿hace sentido un modelo de carreras hiperespecializadas, extralargas y en el que las universidades entregan un título profesional?
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Cartas
Sábado 11 de julio de 2026
Sobreoferta de títulos
Señor Director:
Loreto Cox plantea en su columna (ayer) “La masificación universitaria” que, contra lo que muchos perciben (y ella considera un “lugar común”), sigue siendo muy conveniente para la mayoría de los jóvenes realizar estudios superiores. El retorno de estudiar, según los datos levantados por una investigación de la Escuela de Gobierno UC —donde ella trabaja—, estaría muy por encima de no hacerlo. Excepto en el caso de ciertas carreras.
Cox, que declara querer conducir su juicio exclusivamente a partir de la evidencia, parece no tomarle mucho el peso al informe de la Fiscalía Nacional Económica de febrero de este año que muestra que un 35% de los programas de estudios superiores tendrían retornos negativos, asistiendo más del 50% de los estudiantes justamente a esos programas. Asimismo, Cox no toma en serio el problema del fenómeno de la inflación de títulos, que incluye el desplazamiento de no profesionales por profesionales sobrecalificados en ciertos puestos laborales. Por último, tampoco se hace cargo de la crítica política a la sobreoferta de credenciales universitarias, como la que yo desarrollo en “Sueños de cartón”, relativa al riesgo político de la masiva frustración de expectativas que genera la devaluación acelerada de las credenciales (que a ella le parece un ajuste de mercado obvio).
El debate que se está generando sobre este tema en Chile se parece mucho, en forma y contenido, al que se desarrolló en Estados Unidos a partir del libro “The Case Against Education” de Bryan Caplan, que terminó en una especie de diálogo de sordos. Para evitarlo, quizás es mejor concentrarnos en lo compartido: Cox critica la extensión excesiva, la hiperespecialización y la falta de vínculo con las industrias existentes de las carreras en Chile. En eso yo creo que estamos (casi) todos de acuerdo, y puede ser un buen punto de partida para comenzar a discutir qué hacer.
Pablo Ortúzar Madrid
Investigador IES
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Cartas
Domingo 12 de julio de 2026
Masificación universitaria
Señor Director:
La respuesta de Pablo Ortúzar a mi columna contiene varias imprecisiones. Primero, el Informe UC al que me referí no “levanta datos”, como dice Ortúzar, sino que analiza fuentes públicas: la OCDE, CASEN, MiFuturo y el Mineduc. Si Ortúzar discrepa de esos análisis, sería útil que precisara sus objeciones.
Sobre el Informe de la FNE, invitaría a Ortúzar a detenerse en tres puntos. Primero, que el cálculo de la FNE de 35% de programas con retornos negativos, que matriculan al 40% de los estudiantes (no al 50%), es para todo el sistema de educación superior; en las universidades, los matriculados con retornos negativos caen a 19% (Figuras 94 y 96). Segundo, que los promedios de los valores presentes netos (VPN) son altísimos para todos los tipos de universidades, empezando en $100 millones para las privadas fuera del CRUCh. Si eso no es una inversión conveniente, le pido a Ortúzar que precise su estándar. Tercero, el informe de la FNE refuerza mi punto: las diferencias en VPN están más entre carreras que entre universidades (ver Figuras 97 y 98).
Aun así, a diferencia de los datos de ingresos relativos, todo cálculo de VPN —incluidos los de la FNE y los del Informe UC— descansa sobre supuestos, sobre todo del salario contrafactual sin educación superior. De hecho, los VPN del Informe UC son mucho más optimistas que los de la FNE. Es por ello que estos cálculos requieren un análisis de sensibilidad, especialmente si se destacará tanto una cifra puntual que se obtiene de ahí. En otras palabras, sería útil saber cómo cambia, con otros supuestos razonables, ese 35% de programas no rentables que se ha repetido tanto.
Con todo, me alegra que con Ortúzar estemos de acuerdo en lo esencial. La existencia de carreras con retornos negativos —algo que sabemos desde el inicio de MiFuturo.cl, en 2012— exige cambios de política. El modo en que se estructura el financiamiento y los aranceles regulados y de referencia no entrega ningún incentivo en esa dirección. Pero, más de fondo, coincidimos en que debemos discutir la hiperespecialización y la duración de las carreras, y la anomalía de que las universidades entreguen títulos profesionales.
Loreto Cox
Escuela de Gobierno UC
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