Hablemos, pues, de cultura, ciencias, humanidades, comunicación y educación: ese tejido fino en el que una sociedad piensa, se reconoce, discute consigo misma y proyecta su futuro. Un mundo ajeno a las prioridades del programa Republicano de 2026 —donde la cultura, que en 2022 había ocupado un lugar visible, fue barrida bajo la alfombra para no distraer del eje seguridad-economía— y, sin embargo, desde el primer día ha estado expuesto a las consecuencias de esas mismas prioridades.

La pregunta, planteada propiamente, no es si este sector “merece” más recursos. Es otra: ¿qué le ocurre al campo de las ideas, las artes, las ciencias y la formación cuando, simultáneamente, queda fuera del relato y bajo los recortes presupuestarios?

La respuesta empieza a manifestarse en las pequeñas turbulencias que en estos días se acumulan y que, en conjunto, dibujan el primer mapa de una incipiente —y todavía vacilante— batalla cultural.

Turbulencias en el frente simbólico

En el frente cultural propiamente dicho, la escena del 12 de mayo fue expresiva. El ministro Francisco Undurraga compareció ante la Comisión de Cultura de la Cámara Baja a defender un recorte que, en los hechos, triplica el anunciado por el Ejecutivo: del 3% inicialmente comunicado se pasó, vía Decreto N° 351 de Hacienda, a un 9,8% sobre el presupuesto asignado al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio —unos 51 mil 750 millones de pesos. El propio ministro reconoció ante los parlamentarios que la situación “no es ideal” y, con desconcertante naturalidad, asumió la consigna del ajuste como única vía responsable. El diputado Ignacio Achurra, del Frente Amplio, capturó la situación con una frase que circula desde entonces: “Debe ser el único caso de un ministro sectorial que no defiende el presupuesto de su ministerio. Quiere ser el mejor alumno de Quiroz”.

Mientras tanto, las obras de ampliación del Centro Cultural Gabriela Mistral —abandonadas desde hace diez años— quedan suspendidas; programas como Somos Barrio (-100%), la Corporación Artistas del Acero (sesenta y siete años de trayectoria en el Biobío, también -100%), Promoción del Trabajo Cultural (-95,7%), el Fondo del Patrimonio (-74,4%) y, simbólicamente potente, el Plan de Fomento de Lectura para la Primera Infancia (-32,7%), aparecen reducidos o eliminados.

Lo más llamativo, en todo caso, no es la magnitud del recorte —que admite debate— sino la ausencia de un argumento positivo. No hay política cultural alguna que se vislumbre tras los tijeretazos: solo acatamiento.

En el frente de las ciencias, el desenlace fue distinto, pero el problema es el mismo. El lunes 11 de mayo, a sesenta días exactos del inicio del gobierno, renunció el subsecretario de Ciencia, Rafael Araos —infectólogo, magíster de Harvard, exjefe de epidemiología durante la pandemia, sin militancia política—. Su salida no fue una “diferencia de estilos”, como sugirió la ministra Ximena Lincolao, sino la consecuencia de su negativa a firmar la desvinculación de cuarenta funcionarios, lo que representa cerca del 30% de la dotación del Ministerio. Tras el conflicto administrativo se asomaba otro, más de fondo: el desplazamiento del foco ministerial —desde las ciencias y humanidades, las becas de posgrado y los centros científicos hacia las “tecnologías emergentes”— y el respaldo político que esa reorientación recibió del propio Presidente cuando, días antes, había caricaturizado el gasto en investigación con su ya célebre fórmula: “a veces 100 millones, 500 millones para una investigación que terminan en un libro precioso, empastado, en la biblioteca. ¿Cuántos trabajos generó? Ninguno”. Consultado sobre la crisis, Kast respondió: “Va todo caminando muy bien”. El Presidente reconoció más tarde que “quizás podría modificar la frase”, pero no su contenido. Y ahí precisamente está el punto: lo que se modifica es la formulación; el supuesto —que la investigación universitaria, las humanidades y, en general, la actividad académica son gastos suntuarios sin retorno— permanece.

En el frente de las comunicaciones, lo que se observa ya no es turbulencia sino un embrollo de tensiones cruzadas. El diseño inédito que Kast impuso —una Segegob a cargo de Mara Sedini (independiente, sin trayectoria política, exrostro de la TV), una Secom liderada por Felipe Costabal y subordinada directamente a Presidencia, y un Segundo Piso con atribuciones políticas amplias, conducido por Alejandro Irarrázaval y donde Cristián Valenzuela maneja contenidos y narrativa— produjo en sus primeras semanas más errores que aciertos: la pieza gráfica del “Estado en quiebra” que motivó un oficio de la Contraloría, las afirmaciones desafortunadas de la vocera sobre el barril de petróleo “a dos euros” en España, la minuta filtrada sobre los recortes a 142 programas, las correcciones públicas del propio Banco Central y de Hacienda. La consecuencia política llegó del propio oficialismo: el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, exigió públicamente la salida de Irarrázaval, su correligionario. Hace pocos días Kast debió citar a Cerro Castillo a los 31 diputados republicanos para pedir unidad y contener la fractura. Como advierten observadores que conocen la trastienda —incluso del lado oficialista—, lo que falta no es vocería, sino relato. No es un problema de comunicaciones; es uno de narrativa política y de transmisión cultural. Quienes olvidan esta máxima están condenados a reducir la política a los hechos contables.

En el frente de la educación, finalmente, la quilla de la nave parece haberse soltado. La sala de clases, que en el programa gubernamental figuraba como el foco radiante de atención de esta cartera ministerial, ha desaparecido tras un velo tupido: recortes presupuestarios, foco obsesivo en seguridad (detectores metálicos, mochilas y las penas del infierno), iniciativas dispersas (pausar los SLEP por vía administrativa, facilitar la creación de nuevos colegios, libre elección para municipios “exitosos”, reforma del SAE) que aparecen sin marco estratégico alguno y, sobre todo, sin deliberación previa. La ministra María Paz Arzola anunció la pausa de los traspasos de los SLEP sin coordinar la decisión con los alcaldes. La reacción no se hizo esperar. Algunos alcaldes oficialistas pasaron a la primera línea de las críticas de inmediato, sosteniendo, por otra parte, que el propio gobierno estaba reduciendo los recursos municipales destinados a la educación. El alcalde Sebastián Sichel, de Ñuñoa, pidió una legislación inmediata para detener la transferencia; los alcaldes opositores, por su parte, entregaron a Kast una carta en la que rechazan explícitamente la pausa “por la vía administrativa, saltándose la vía legislativa”. El gobierno termina así enfrentado, en un mismo asunto, a sus propios alcaldes y a la oposición municipal —proeza comunicativa poco común.

Cuatro frentes, un mismo número de turbulencias y un denominador común: en ningún caso los recortes presupuestarios van acompañados de un proyecto positivo. Hay tijera y hay silencio. Hay anuncio y hay desorden. Lo que falta —no es difícil advertirlo— es, propiamente, lo que el gobierno se propuso evitar al guardar la cultura bajo la alfombra: un relato sobre qué tipo de sociedad quiere construir esta administración de emergencia.

Genealogía y geografía del antiintelectualismo

Tomemos distancia. El gesto antiintelectual de muchas derechas en el poder —que en Chile se asoma en frases sobre libros preciosamente empastados que no generan trabajo, en la impugnación de centros académicos dados a la crítica, o en las sospechas apenas ocultas respecto de las humanidades y las ciencias sociales— no es una invención local. Pertenece a una larga genealogía que el historiador norteamericano Richard Hofstadter trazó hace ya seis décadas en un libro injustamente olvidado fuera de los círculos académicos: Anti-Intellectualism in American Life, distinguido con el Premio Pulitzer en 1964. Hofstadter mostró que el antiintelectualismo no es una rareza ni un episodio, sino una corriente subterránea de la cultura política estadounidense, alimentada por tres fuentes: el evangelismo religioso fundamentalista, el populismo agrario y el utilitarismo empresarial. Las tres, decía, confluyen en una desconfianza de fondo hacia toda forma de inteligencia que no se traduzca de inmediato en producto, oficio o conversión. La frase del Presidente Kast podría figurar como epígrafe de un capítulo nuevo del libro de Hofstadter. Su autor, ahora, sería chileno.

Conviene, sin embargo, no confundir el antiintelectualismo con el antipensamiento. Hofstadter —y esto suele olvidarse— observó también el antiintelectualismo de las izquierdas: la presión sobre escritores e intelectuales para que se “desclasaran” y abandonaran sus intereses “burgueses” en la literatura, la filosofía o la estética. La Europa de entreguerras ofreció un campo en el que estas tensiones se manifestaron con violencia inédita y simétrica. Por un lado, los nacionalismos autoritarios y los fascismos quemaron libros y persiguieron a Mann, Brecht, Einstein, Freud —y al mismo arte de vanguardia, calificado de “degenerado”. Por otro lado, el estalinismo arrasó con la flor de su propia intelectualidad: Mandelshtam muerto en un campo de tránsito en Vladivostok, Bábel fusilado en 1940, Meyerhold torturado y ejecutado, Ana Ajmátova perseguida y acusada de recurrir en sus poemas a “elementos de tristeza, nostalgia y misticismo”, los genetistas de Vavílov destruidos por el oscurantismo de Lysenko, las facultades de humanidades reformateadas como fábricas de doctrina.

La purga del campo intelectual fue una característica común de los regímenes que pretendieron ahorrarse el conflicto entre poder y pensamiento: lo hicieron suprimiendo el segundo. En ambos casos, el costo fue alto en términos científicos, artísticos y, sobre todo, civilizatorios.

Esa simetría no es sólo historia pasada. Las dos principales potencias actuales —mientras en Chile discutíamos sobre libros preciosamente encuadernados y la validez de las metáforas, Donald Trump se reunía con Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo— muestran, cada una a su modo, formas particulares de ejercer presión sobre el ámbito intelectual y universitario.

En Estados Unidos, la administración Trump ha abierto una nueva etapa en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y las universidades. Brown, Columbia, Cornell, Northwestern, la Universidad de Pennsylvania y la de Virginia han firmado acuerdos onerosos con la Casa Blanca para “restaurar” fondos federales suspendidos y poner fin a investigaciones por presunto “antisemitismo” —categoría que, en la práctica, funciona como criterio amplio para sancionar cualquier conflicto posguerra en los campus. Harvard resiste en tribunales y, a la vez, negocia. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el cese de la cooperación académica del Departamento con instituciones consideradas “criaderos woke de adoctrinamiento tóxico” —la frase es suya, no una exageración de los críticos—; se retiran selectivamente los visados de estudiantes internacionales; se condicionan los beneficios a las escuelas que “se alineen” con el Presidente.

Articulistas de sensibilidades diversas en el New York Times, The Atlantic y The New Yorker coinciden en describir lo que ocurre como una contraofensiva orquestada contra las universidades de investigación, sus departamentos de ciencias sociales y humanidades, los estudios raciales y de género, las publicaciones especializadas y, en general, contra las élites intelectuales del país. El argumento del trumpismo es transparente: las universidades se volvieron woke, cancelan el pensamiento conservador y religioso, usan el cambio climático y las ciencias médicas como instrumentos de manipulación; el Estado debe disciplinarlas.

China muestra, en otra clave, la cara más sistemática y persistente del control ideológico sobre la academia. El “Pensamiento Xi Jinping sobre el Socialismo con Características Chinas para una Nueva Era” se enseña obligatoriamente desde la educación básica hasta el doctorado; las universidades, recordó el propio Xi en 2016 y reiteró luego, deben ser “bastiones” de la dirección del Partido y servir a sus fines. Las disciplinas STEM, en cambio, reciben un trato distinto: son la columna del proyecto de autosuficiencia tecnológica con que China responde a las restricciones de chips y semiconductores impuestas desde Washington. Las universidades chinas conservan, por cierto, un rico bagaje humanista y filosófico —Tsinghua misma, donde Xi obtuvo su doctorado en teoría marxista, alberga programas de excelencia—, pero ese bagaje no se proyecta hacia el espacio público: convive con un sistema de vigilancia tecnológica, autocensura disciplinada y límites estrictos a la crítica pública. El modelo es nítido: ciencia y tecnología al servicio del Partido; las humanidades como reserva interna controlada; el ethos confuciano recuperado para el aparato del Partido.

Trump y Xi no convergen ideológicamente —la cumbre de Beijing trata, después de todo, de aranceles, semiconductores, tierras raras, Taiwán e Irán, no de filosofía política—, pero comparten algo más sutil y, en cierto modo, más decisivo: ambos consideran que el campo intelectual y académico debe estar subordinado al proyecto del poder y ser disciplinado en función de los fines del régimen. Para Trump, esa subordinación se logra mediante la presión financiera, mediática y judicial. Para Xi, por intermediación Partido y su cúpula imperial. En los dos casos, el adversario común es la autonomía relativa del campo del pensamiento —esa autonomía que, desde las antiguas universidades medievales, sabemos costosa de conquistar y siempre difícil de mantener.

Antiintelectualismo en clave chilena

Hofstadter señalaba que el antiintelectualismo, lejos de ser una excepción, es una parte integral de las culturas políticas en muchos países. Chile no es diferente. Para entender por qué la derecha chilena llega al poder sin una base intelectual sólida —y por qué en su discurso oficial aparece con tanta naturalidad una desconfianza hacia las humanidades, las ciencias sociales y la actividad académica— es importante analizar brevemente las tres principales fuentes de esa desconfianza en el contexto local.

Todas ellas se formaron durante el régimen civil-militar de 1973-1990 y aún conservan ciertos aspectos de esa etapa. Además, tienen antecedentes históricos que se remontan a la figura de Portales, ¡cómo no!, considerado por un destacado historiador de las derechas como un precursor en esta materia. Según F.A. Encina, “su indiferencia por los estudios de la época puede atribuirse a la repugnancia innata de los genios de la acción por los ejercicios retóricos”. También señala que esa actitud negativa hacia la especulación abstracta se refleja en la idea de que “el sentido común del chileno siempre ha estado en contra de la insensatez del teórico chileno que, incapaz de elaborar la realidad, simplemente parodia ideas ajenas”.

La primera fuente es la mentalidad militar. El orden castrense, con su lógica propia, es fundamentalmente diferente del orden de los intelectuales, letrados, artistas, científicos sociales y humanistas. Esto no se debe a ignorancia o a un rechazo personal —pues entre los militares ha habido y hay lectores cultos—, sino a la propia naturaleza del trabajo: disciplina, jerarquía, unidad de mando y subordinación de la deliberación a la decisión. Cuando esa lógica se aplicó al gobierno del país en septiembre de 1973, la universidad empezó a ser vista como un espacio sospechoso por excelencia: un lugar de discusión sin jerarquías, de pluralidad sin obediencia y de crítica sin freno.

La consecuencia fue una universidad intervenida, sometida y purgada: delegados militares investidos como rectores, exoneraciones en masa (fui uno de ellos, dicho aquí para evitar conflictos emocionales de interés), exilio de académicos, censura del currículo y secuestro del campo académico. En una de las páginas más claras y valientes de esa época, Jorge Millas la denominó, en El Mercurio de 1975, universidad vigilada. La expresión es apropiada y perdura: lo que distinguía al modelo no era sólo la represión puntual, sino la instauración de una vigilancia constante —una especie de panóptico sin Bentham, si se prefiere— sobre la actividad intelectual. Que Millas haya pagado un alto precio por su postura, al ser marginado de las dos universidades donde enseñó, primero en la Universidad de Chile y luego en la Austral, refleja el costo personal que implicaba defender la autonomía del pensamiento frente al poder civil-militar.

La segunda fuente es el gremial-corporativismo católico, herencia de la vieja tradición eclesial conservadora que ve en la figura del intelectual una amenaza moral antes que política. El intelectual, en esta óptica, es un corrosivo: un sofista que engaña a los jóvenes, un tentador y seductor de las inteligencias, un mago con las palabras, pero inmoral y pérfido. Es, propiamente, Mefistófeles en la saga del Fausto de Goethe —figura que la tradición católica conservadora europea conoce bien y a la que recurre cada vez que necesita pintar al intelectual moderno con los colores del peligro espiritual. Coincidencia significativa: el propio Millas había publicado en 1948, durante su estancia en Puerto Rico, un libro titulado precisamente «Goethe y el espíritu del Fausto». Hay algo de justicia poética en que quien luego defendería la universidad frente a sus vigilantes hubiera dedicado su juventud filosófica a comprender la figura misma del pacto entre saber y poder.

Ese cuadro mefistofélico alimentó, durante la dictadura y después, una sensibilidad antiintelectualista que no es la de una derecha ilustrada sino la de una derecha defensiva: el intelectual no merece respeto, sino vigilancia; no es socio de la civilización, sino su enfermedad. El gremialismo guzmaniano, con su filo táctico y su voluntad de control institucional, fue su expresión política más eficaz; el catolicismo conservador, su respaldo cultural. Ambos sospechan del intelectual incluso cuando lo necesitan.

La tercera fuente es más reciente y, en cierto sentido, más eficaz porque se disfraza de modernidad: el economicismo neoliberal en su versión chilena. Aquel economicismo —el que se impuso en los años setenta con los Chicago Boys y se prolongó como sentido común hasta hace muy poco— era esencialmente dogmático. No admitía discrepancias, aborrecía la crítica y la imaginación, se atenía sumisamente a una visión setentera del homo economicus y de su racionalidad individualista posesiva. La cultura, las humanidades, las ciencias sociales no productivas, las artes, la filosofía —todo aquello que no se traduce en función de costos o beneficios— queda relegado al ámbito del “consumo conspicuo” o, peor aún, al de la externalidad sospechosa. El intelectual no era el enemigo; era simplemente alguien al que no se entendía: alguien que insistía en hablar de fines cuando ya todo estaba decidido en términos de medios.Ese economicismo, vale decir, no necesitaba quemar libros: le bastaba con dejar de financiarlos. Y aquí la línea de continuidad con el presente se hace casi evidente. Cuando el actual Presidente dice que un libro preciosamente empastado no genera trabajo, está utilizando —quizás sin saberlo del todo— el léxico exacto de ese sentido común.

Las tres fuentes son distintas y, sin embargo, convergen en un punto: ninguna convive cómodamente con la autonomía del campo intelectual. La mentalidad militar quiere encuadrarlo; el corporativismo católico quiere disciplinarlo moralmente; el economicismo no quiere costearlo. Y las tres han operado durante medio siglo como un sedimento cultural compartido —más o menos consciente, más o menos confesado— en sectores importantes de la derecha chilena.

Esto también ayuda a entender por qué la centroderecha más templada siempre ha tenido dificultades para generar una verdadera capa social de pensamiento autónomo. Las herencias de las tres fuentes también pesan sobre ella, aunque atenuadas. Lo que durante el ciclo largo de la recuperación democrática parecía un déficit subsanable —y en cierta medida lo fue, con figuras y centros que cultivaron un pensamiento liberal-conservador serio— vuelve hoy a manifestarse como un déficit estructural, cuando el péndulo se mueve hacia las derechas duras y el campo se ve copado por voces que, lejos de combatir aquel sedimento antiintelectualista, lo reivindican como virtud.

Lo cual me trae a la memoria la respuesta dada por el actual Presidente Kast, entonces (en 2018) aún lejos de su actual cargo, a Cristóbal Bellolio, un académico de la UAI que lo había incomodado desde su columna. Por qué, se preguntaba el ahora Presidente, me provoca: “¿Será porque no tuve el privilegio de estudiar un postgrado y llenarme de conceptos, ideas foráneas y citas de autores extravagantes que son capaces de explicar como funciona el mundo desde una biblioteca?”  Y agrega más adelante: “Yo no seguí una carrera académica, sino que me dediqué a conocer la realidad” y al “ciudadano promedio [que] está en las ferias de Paine y no en el café hipster de Vitacura o del Parque Forestal. El ciudadano promedio es de carne y hueso, no la descripción que un paper académico o una cuenta influyente de twitter pueda entregar”. Todos los tópicos del antiintelectualismo están presentes allí, lo que llevó al mencionado académico a responder: “En este sentido, Kast desarrolla una narrativa populista de manual. La columna vertebral de su discurso es el anti-intelectualismo”.

Derecha en el poder, intelectualidad ausente

Sobre ese sedimento, la pregunta del presente se vuelve más nítida. No es cuestión de si en Chile habrá un “Trump del sur” o un “Xi austral”. Ninguna de las dos variantes encaja con la realidad institucional ni con la cultura política nacional. La pregunta es más sociológica: ¿con qué intelectualidad, con qué pensamiento crítico, con qué reflexión propia cuenta hoy la derecha chilena, ahora que es gobierno?

La respuesta, a estas alturas, no admite demasiados matices. La capa intelectual de la centroderecha chilena —la que durante décadas pobló los think tanks de Chile Vamos, las páginas de los medios afines y las cátedras universitarias cercanas a la UDI, RN y Evópoli; la que entregó a las administraciones Piñera y antes a la transición democrática sus voces más fundadas; la que incluyó incluso a exconcertacionistas críticos que migraron hacia la derecha durante el ciclo Boric— ha quedado, en estas primeras semanas, prácticamente muda.

No ha habido análisis no partidistas del gobierno ni de sus círculos intelectuales sobre su deriva cultural. Casi no hay contribuciones críticas  que sirvan de correctivo. Tampoco se ha levantado, desde esa capa, un polo propio de pensamiento que no sea exclusiva y rotundamente oficialista. Como en su momento hizo Jaime Guzmán —y aquí la analogía es deliberada y, espero, justa—, los intelectuales con vocación de influencia parecen haber preferido ganar audiencia desde dentro del bloque en el poder, aun a costa de sacrificar su autonomía crítica. Es una elección comprensible; también es, probablemente, un error a largo plazo. Porque, al replegarse, dejan abandonado el campo de las ideas a otras corrientes muy distintas, donde priman elementos heterogéneos y, a primera vista, contradictorios: ultraconservadurismo religioso, neonacionalismo, libertarismo a la Milei, refundación moral, corporativismo gremialista, tecnocracia gerencial, populismo en clave MAGA. Es ahí donde los “gramscianos de derecha” —la designación es de los propios actores, que reivindican leer a Gramsci para combatirlo— disputan hoy la hegemonía simbólica con el oficialismo más temperado.

Ese campo ideológico de las derechas duras —aquí en Chile, de Kast a Kaiser y de vuelta— se halla en plena ebullición. Ningún grupo ostenta hegemonía cierta. Lo que mantiene la unidad es la urgencia de la gestión del poder: el “gobierno de emergencia”. Sobre esa base, un segmento tecnocrático-gerencial, fuertemente vinculado a la ideología empresarial, ha asumido las riendas operativas del Ejecutivo desde Hacienda y Economía, en coincidencia con el mando del Segundo Piso. Esa combinación interna de los círculos del poder llegó a preocupar incluso a la cúpula del Partido Republicano, al resto del gabinete y a algunos aliados externos, tanto en los medios de comunicación como en los gremios empresariales.

La opinión pública refleja claramente ese descentramiento: según la encuesta Cadem del 17 de mayo, la aprobación del Presidente cae al 36%, la cifra más baja desde que asumió el mando, mientras que la desaprobación sube al 58%. Además, 53% opina que el país va por mal camino,  50% se muestra pesimista sobre el futuro y 76% considera que la economía chilena está estancada. Por último, un abultado 82% califica las expectativas de empleo como malas o muy malas.

El problema mayor, en cualquier caso, es de relato, no de la opinión pública encuestada. Como ocurrió con el gobierno de Boric después del 4 de septiembre de 2022, lo que comienza a faltarle al actual oficialismo es una narrativa que dé coherencia a la acción, unifique los discursos dispersos de los ministerios, legitime el sentido histórico del régimen de emergencia y movilice las mentes y los corazones de la gente de a pie.La pregunta —la pregunta clave— no es comunicacional. Es ideológica, en el sentido más serio del término: tiene que ver con las metáforas adecuadas (el Presidente acaba de aprender lo riesgoso que es equivocarse con este término), los significados movilizadores, la construcción simbólica de una identidad de gobierno y los fundamentos de la gobernabilidad. Nada de eso está hoy a la vista. Y el campo del pensamiento oficialista, atrapado en un realismo antiintelectual y hacendario, parece no estar en condiciones de proveerlo.