En toda la OCDE, el número de países que imponen restricciones de edad para el uso de las redes sociales está creciendo rápidamente. A finales de 2023, solo un país miembro o candidato a la adhesión a la OCDE estaba considerando dichas restricciones. Dos años después, la cifra había ascendido a 12, con una ley ya en vigor. En tan solo cuatro meses, el número alcanzó los 25, lo que supone un aumento de más del quíntuple en apenas 16 meses.

Si bien las redes sociales pueden ofrecer a los niños oportunidades para conectar con otros y fomentar su creatividad, también conllevan riesgos graves . El uso problemático de las redes sociales, caracterizado por la obsesión, el escapismo y el conflicto, está en aumento y afecta especialmente a las niñas. El impulso que impulsa la acción legislativa también refleja un creciente reconocimiento de que muchas plataformas no se han diseñado teniendo en cuenta la seguridad ni el bienestar de los niños y no han logrado hacer cumplir eficazmente sus propios requisitos de edad mínima.

A pesar de las diferencias en las tradiciones jurídicas, las culturas regulatorias y los contextos políticos, los países se están decantando por un rango de edad mínima estrecho: casi todas las propuestas y leyes se centran en torno a los 15 o 16 años. Australia, pionera en establecer los 16 años como límite, parece haber marcado la pauta del debate. Todas las leyes promulgadas hasta la fecha establecen los 16 años como edad mínima para acceder a las redes sociales. Un pequeño número de jurisdicciones ha considerado límites inferiores, generalmente entre los 13 y los 14 años. Entre ellas se encuentran Austria, Canadá, Tailandia y, en algunos casos, Estados Unidos, donde las distintas propuestas contemplan edades mínimas distintas.

De los 25 países con actividad registrada hasta abril de 2026, la gran mayoría se encuentra en la categoría de “en consideración”. Solo tres países —Australia, Brasil e Indonesia— tienen leyes vigentes. Veintidós aún están en la etapa de propuesta o de consulta. Esto refleja la realidad de la elaboración de las políticas. Pueden pasar varios años antes de que pasen a las otras categorías, si es que lo hacen. Lo más revelador es cuánto tiempo tardó en llegar hasta aquí. Las redes sociales han formado parte de la vida de los niños durante casi dos décadas; la respuesta política, en muchos sentidos, apenas está comenzando.

Algunos legisladores quizás prefieran observar el funcionamiento de leyes similares en otros países antes de comprometerse a implementarlas en su propia jurisdicción, y aún es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas sobre su eficacia. En cualquier caso, el arduo trabajo de diseñar restricciones de edad y sistemas de verificación de edad para redes sociales que sean viables y efectivos, definir los requisitos de cumplimiento para las plataformas y determinar cómo aplicar estas normas a nivel internacional apenas ha comenzado.

Los riesgos que enfrentan los niños en línea no pueden mitigarse centrándose únicamente en el acceso. Los peligros son demasiado variados, complejos y numerosos y, en cualquier caso,  las políticas y prácticas actuales de verificación de edad presentan importantes lagunas legales, jurisdiccionales y prácticas . Sin embargo, estas medidas pueden ser una parte importante de un marco más amplio de seguridad infantil que incluya  la seguridad desde el diseño,  en lugar de una adaptación posterior.  

El ritmo de la actividad legislativa es, en cierto modo, una expresión de la genuina preocupación pública y política por el bienestar de los niños en internet. Esta preocupación está bien fundamentada.  Investigaciones de la OCDE han documentado la ineficacia de los límites de edad vigentes  para impedir que los niños accedan a plataformas muy por debajo de los umbrales establecidos, la insuficiencia de los datos de edad autodeclarados y los  riesgos específicos que plantea el uso problemático de las redes sociales , especialmente para las niñas.

Pero la rapidez sin coordinación conlleva sus propios riesgos. Si numerosos países desarrollan sus propias restricciones para menores en redes sociales y, en consecuencia, marcos de verificación de edad, mecanismos de aplicación y definiciones de cumplimiento, las plataformas globales se enfrentarán a un mosaico de requisitos difíciles de gestionar, mientras que los menores seguirán recibiendo protecciones inconsistentes según el lugar donde residan.

La convergencia en los 15 y 16 años como edades mínimas es una señal alentadora de alineación internacional, pero debe ir seguida de una mayor armonización sobre lo que ese umbral implica en la práctica. Las restricciones efectivas en las redes sociales también requieren repensar qué significa la protección más allá de una simple cifra. Restringir el acceso es solo uno de los muchos instrumentos. Igualmente importantes son las características de diseño de las plataformas que configuran la experiencia de los usuarios jóvenes, independientemente de si, nominalmente, tienen permiso para acceder a ellas. En definitiva, el reto para los responsables políticos es garantizar que los niños puedan acceder a experiencias en línea seguras, beneficiosas y apropiadas para su edad. La verificación de la edad, el diseño de las plataformas y la prestación de servicios adecuados a la edad son retos simultáneos, no secuenciales.

También es crucial reconocer el  debate que se desarrolla en los foros técnicos , donde la conversación pasa de la necesidad de verificar la edad a la cuestión de cómo hacerlo sin generar nuevos perjuicios sistémicos a la privacidad o la libertad de expresión. Si están mal diseñados, los mecanismos de verificación de edad pueden recopilar más datos de los necesarios, aumentar la exposición a fallos de seguridad y excluir a los usuarios sin documentos de identidad formales. Esto subraya la importancia de la cooperación directa entre las autoridades de seguridad y privacidad en línea,  que exigen enfoques coherentes para la verificación de edad , con el fin de proteger a los menores y, al mismo tiempo, cumplir con los principios de protección de datos. 

La OCDE está siguiendo de cerca este panorama precisamente porque el ritmo del cambio hace que la coordinación sea más importante, no menos. Nuestro papel es ofrecer a los países un foro sólido para el desarrollo de políticas basadas en la evidencia, que pueda adaptarse a la ola regulatoria y, al mismo tiempo, garantizar que las medidas adoptadas sean coherentes, respeten los derechos de la infancia y sean eficaces para los niños.

Los próximos años serán cruciales. A medida que entren en vigor más leyes, se acumularán más pruebas y las decisiones políticas de los gobiernos moldearán el entorno digital para los niños en las próximas décadas. La OCDE estará presente para apoyar este proceso.