El proyecto de Financiamiento de la Educación Superior (FES) deja hasta hoy tres preguntas de fondo sin respuesta. Antes de votarlo en el Senado, conviene despejarlas.

1) ¿Por qué un “impuesto al graduado” y no un crédito contingente al ingreso? El FES propone un esquema inédito a nivel internacional: un impuesto al graduado que combina rasgos de ayuda estudiantil con características propias de un tributo sobre la renta. Es una propuesta académica de Milton Friedman (1955). La experiencia comparada ha seguido otro camino: ha optado por créditos contingentes al ingreso (Chapman y Dearden, 2022). Mientras países como Australia, Reino Unido y Nueva Zelandia han consolidado sistemas de créditos contingentes al ingreso, el FES introduce un mecanismo experimental, sin precedentes de aplicación a gran escala.

Si bien el diseño incorpora progresividad —exención para ingresos bajos y tasas crecientes según renta—, también contempla que ciertos egresados terminen pagando hasta 3,5 veces el costo base de su carrera. Esto crea un incentivo a la selección adversa: quienes proyectan altos ingresos preferirán financiarse por vías alternativas, dejando que el sistema recaiga principalmente en egresados de ingresos medios y bajos. En consecuencia, se debilita la promesa de autofinanciamiento y aumenta la dependencia del erario público.

En contraste, un crédito contingente al ingreso genuino asegura neutralidad: cada estudiante devuelve lo efectivamente recibido, ajustado a su capacidad de ingreso, y el cobro se realiza de manera eficiente a través del sistema tributario. Estos sistemas también pueden incorporar criterios de progresividad, pero de un modo más acotado y abordable, que evita una sobrecarga excesiva sobre determinados grupos. Al mezclar elementos de subsidio y de impuesto, el FES arriesga convertirse en un esquema a la vez inequitativo e insostenible.

2) ¿Por qué desmontar el copago de deciles 7 a 9 en plena estrechez fiscal? La ley de 2018 consagró un modelo mixto: gratuidad para los más vulnerables y financiamiento compartido (copago regulado) para quienes pueden contribuir. El FES pretende prohibir ese copago para deciles medioaltos. En el contexto actual —aranceles regulados, costos al alza y balances al límite—, suprimir esa fuente de ingresos desestabiliza a corto plazo a muchas universidades. O el fisco cubre íntegramente la diferencia (presionando un presupuesto que todos acuerdan contener) o las instituciones recortan calidad y oferta.

Un sistema serio combina equidad con responsabilidad fiscal: gratuidad donde corresponde, pero con un copago razonable y regulado para no asfixiar el sistema.

3) ¿Por qué forzar la dependencia casi total del erario nacional? Con gratuidad expandida y tributo posgraduación administrado por el Estado, el FES empuja a las universidades a una dependencia fiscal casi completa.

La experiencia regional sugiere tres riesgos: (a) Ciclos de bonanza y ajuste según el ánimo del presupuesto público. (b) Intromisión variable del poder político en gobernanza institucional, prioridades y cupos, al atar cada peso a condiciones cambiantes. (c) Erosión de la autonomía por sobrerregulación, “permisología” y estandarización que terminan moldeando desde fuera la misión y el proyecto académico.

La autonomía universitaria es un bien público: protege las libertades de enseñar, investigar y aprender. Si el financiamiento se concentra en un único pagador, ese bien se vuelve frágil. En el origen fue por eso que se estableció la autonomía de las universidades.

En suma, hay que corregir a fondo el FES, no aprobarlo a ciegas ni a medias. No se trata del acostumbrado inmovilismo. Chile debe cerrar el ciclo del CAE, hacer la mínima condonación necesaria, ordenar la gratuidad y dar certidumbre a estudiantes y planteles. Pero el FES, tal como está, no resuelve los asuntos pendientes y crea nuevos problemas de fondo.

El rumbo sensato es reformularlo seriamente: (i) migrar a un crédito contingente al ingreso genuino, con umbral claro, tasas acotadas y cobro por tesorería; (ii) preservar un copago regulado para deciles 7-9, evitando el colapso del sistema, y (iii) diversificar fuentes para proteger autonomía y promover calidad.

José Joaquín Brunner
UDP y UTA

Mario Alarcón
UDP