El lastre de la Universidad pública
La LOSU sigue sin cumplirse y los campus continúan sufriendo las consecuencias de un modelo de financiación insuficiente y desigual.
CREUP. 31 MAR 2025 – 00:30 CLST
La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) lleva tiempo denunciando una realidad que las administraciones públicas parecen querer ignorar: la infrafinanciación crónica del sistema universitario español. Pese a la promesa de alcanzar una inversión del 1% del PIB en educación superior, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) sigue sin cumplirse y las universidades públicas continúan sufriendo las consecuencias de un modelo de financiación insuficiente y desigual.
El problema no es nuevo, pero su persistencia amenaza con socavar los pilares de la educación pública y de calidad. Mientras que países como Dinamarca o Suecia destinan un porcentaje considerablemente mayor a sus sistemas universitarios, en España seguimos anclados entre el 0,7% y el 0,8% del PIB. Esta falta de compromiso con la educación superior no solo limita la calidad formativa, sino que ahonda las desigualdades entre territorios y perpetúa la dependencia del sector privado en un ámbito que debería garantizar la equidad de acceso y oportunidades.
Las diferencias regionales en la inversión universitaria son una muestra clara de la falta de voluntad política para garantizar un sistema equitativo. Vemos comunidades autónomas como Cataluña o Canarias que no llegan al 0.8%, estando muy por debajo del 1% que exige la LOSU. Esto se traduce en infraestructuras precarias, falta de recursos para investigación y una oferta formativa desigual según la comunidad en la que se estudie. En otras palabras, el lugar de nacimiento o residencia sigue siendo un factor determinante en la calidad educativa.
El análisis de la inversión por estudiante arroja cifras preocupantes. Madrid y Cataluña apenas destinan entre 6.000 y 7.500 euros por alumno, mientras que en Cantabria o Castilla-La Mancha la cifra supera los 8.500 euros. Este desequilibrio no solo afecta a las condiciones materiales, sino también a la capacidad de investigación y desarrollo, comprometiendo a las nuevas generaciones y la competitividad del país en el contexto internacional.
Ante la falta de financiación pública, las universidades han recurrido cada vez más al sector privado para paliar su precariedad económica y las tasas siguen siendo altas en muchas comunidades. Esta situación no solo reduce el acceso a la educación superior para los sectores más vulnerables, sino que también la convierte en un espacio donde el poder adquisitivo determina la capacidad de formación.
Si la tendencia actual se mantiene, el sistema universitario público quedará sumido en un modelo elitista donde solo quienes pueden permitirse asumir los costos crecientes tendrán acceso a una formación de calidad. Esta deriva mercantilista contradice el principio de igualdad de oportunidades y pone en riesgo el papel de la universidad como motor de desarrollo social y económico.
Desde CREUP no solo denunciamos esta situación, sino que exigimos medidas concretas y urgentes para revertirla. Sin embargo, la pasividad de las administraciones públicas es inaceptable. No se trata de una falta de recursos, sino de una absoluta falta de voluntad política para invertir en el futuro. Mientras el Gobierno central y las comunidades autónomas se escudan en debates burocráticos y excusas presupuestarias, el sistema universitario se sigue deteriorando, condenando a miles de estudiantes a una educación insuficiente y a unas oportunidades cada vez más limitadas.
La educación superior no es un lujo ni un privilegio, sino un derecho fundamental y una inversión en el progreso social y económico. Pero las administraciones han optado por mirar hacia otro lado, perpetuando un modelo que favorece la precarización del conocimiento y la fuga de talento al extranjero.
Para revertir esta crisis, es imprescindible que se cumpla con el compromiso de destinar al menos el 1% del PIB a la educación superior, asegurando una financiación suficiente y estable. Además, es urgente que los fondos se distribuyan de manera equitativa entre las comunidades autónomas, evitando que las diferencias territoriales sigan afectando la calidad de la educación.
También resulta fundamental reforzar el sistema de becas y ayudas al estudio, de manera que el acceso a la universidad no dependa de la capacidad económica de cada familia, sino del mérito y el esfuerzo académico del alumnado. Para ello, al menos un tercio del incremento presupuestario debería destinarse a garantizar la equidad y reducir la dependencia de recursos privados.
Las comunidades autónomas, por su parte, deben comprometerse con planes plurianuales de financiación que aseguren estabilidad y previsibilidad en la inversión universitaria. Sin una estrategia a largo plazo, la educación superior seguirá a merced de decisiones políticas volátiles, sin garantizar la sostenibilidad del sistema.
El Gobierno central también debe asumir un papel más activo en la financiación estructural de las universidades públicas, estableciendo acuerdos con las comunidades autónomas para asegurar que los recursos sean suficientes. La educación superior no puede seguir siendo un tema secundario en la agenda política, ni depender de ajustes presupuestarios que la condenan a la precariedad.
Las administraciones no pueden seguir relegando la educación superior a un plano secundario. La financiación universitaria debe convertirse en una prioridad de la agenda política, no sólo porque afecta a cientos de miles de estudiantes en el presente, sino porque determinará la capacidad de innovación, investigación y desarrollo de España en el futuro.
La asfixia de la universidad pública
Los recortes ideológicos a los centros de Madrid afectan al conjunto de la enseñanza superior, no solo a la madrileña
Una enseñanza pública fuerte y bien dotada presupuestariamente es uno de los pilares del Estado de bienestar y garantía de la igualdad de oportunidades. En su defensa, estudiantes, familias, profesores y entidades de muy diverso tipo llevan meses convocando manifestaciones en diferentes capitales españolas. Decenas de miles de personas acudieron este domingo en Madrid a la convocatoria de una veintena de asociaciones y sindicatos, y, por vez primera, colectivos de las universidades públicas madrileñas. Las universidades públicas españolas se encuentran en una situación de supervivencia. Las siete catalanas suman 15 años de financiación “injusta”, según sus rectores; las nueve andaluzas siguen pendientes de recibir 29 millones de los 50 que pactaron con la Junta en junio; pero el verdadero drama lo padecen las seis madrileñas, y en particular la Complutense, el mayor campus presencial del país.
Tras el inédito gesto de los rectores madrileños de suscribir un texto conjunto contra su estrangulamiento económico, el Gobierno de Ayuso subió el presupuesto de los campus un 4,2% (47,3 millones). Los rectores reclamaban una subida del 18% (200 millones) solo para abrir cada día. Su alerta se traduce en sonrojantes hechos concretos: cierre de grupos, menos asignaturas optativas, recortes generalizados en el gasto corriente que alcanzan incluso a la compra de libros, pérdida de ayudas, instalaciones envejecidas que no se pueden reparar… La autonomía más rica de España es la que menos invierte por alumno.
Ayuso repite que las universidades públicas deben ser lugares “de ciencia y no de ideología”, expresión con la que parece considerar reprobable el debate político en los centros de conocimiento por excelencia. La que sí es ideológica es la acometida de la presidenta. Si su objetivo es la ciencia debería ser consciente de que la investigación y la transferencia de conocimiento, propias sobre todo de las universidades públicas, son las primeras víctimas de sus recortes.
La ley de 2023 marca como objetivo dedicar para 2030 el 1% del PIB a la universidad pública, lo que aún estará por debajo de la actual media europea (1,2%). Esa meta resultará imposible sin la aportación de Madrid, dada su relevancia económica y académica. España puede contar pronto con más universidades privadas que públicas, lo que está favoreciendo ofertas de baja calidad. Es momento de volver a recordar que un sistema público vigoroso es el mejor aval para el acceso equitativo a las oportunidades de la enseñanza superior. Ese sí es un objetivo de país en el que no debería interferir ninguna ideología ni los intereses económicos del sector privado que, por otro lado, tiene todo el derecho a desarrollarse. A los gobiernos autonómicos les compete que ese desarrollo no sea incompatible con el fortalecimiento de la universidad pública.
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