—fundamentalmente dirigida a ciudadanos de países árabes, aunque no exclusivamente— que afectó a numerosos estudiantes internacionales. En segundo lugar, las críticas de Trump al costo de las colegiaturas de educación superior y a las medidas para apoyar a los deudores que implementaron los gobiernos demócratas. En tercer lugar, la presión de Trump para que en las universidades no se limite la “libertad de expresión”. A raíz de la suspensión de la participación de un orador conservador y polémico en la Universidad de Berkeley, en febrero de 2017, Trump amagó con retirarle los fondos federales a la institución. Al final quedó como amenaza. Cuarto, durante la pandemia de covid-19, su administración presionó varias veces a las universidades para que abrieran las escuelas porque quería que se reanudaran las actividades económicas en Estados Unidos. Muchas no le hicieron caso y se tomaron más tiempo para volver presencialmente a las aulas.

En este segundo periodo presidencial, la agenda de Trump sobre educación superior se combinó con la publicación del Proyecto 2025, elaborado por la fundación conservadora Heritage. Básicamente, el entonces candidato y el programa publicado coincidían en los temas más importantes, aunque el Proyecto incluyó más especificaciones y detalles. Los puntos similares son: desaparecer el Departamento de Educación y transferir las responsabilidades a los estados; privatizar los préstamos estudiantiles; eliminar los programas de perdón de deuda de los préstamos estudiantiles; reformar la acreditación y especialmente combatir la ideología de lo que sus seguidores denominan “izquierda radical” en las universidades, y oponerse a los programas de “diversidad, equidad e inclusión” (llamados DEI por sus siglas en inglés) que se implementan en instituciones de educación superior, empresas y organismos públicos para la contratación de personas y para la promoción de pluralidad.

Respecto a la desaparición del Departamento de Educación, el pasado 20 de marzo Trump firmó una orden ejecutiva. El Departamento, entre otras actividades, se dedica a supervisar la entrega de 1.6 miles de millones de dólares en préstamos para estudiantes, así como las becas destinadas a estudiantes de escasos recursos.

En los otros temas su agenda ha ido avanzando a poco más de cien días de gobierno. Pero los ámbitos de mayor gravedad son su retórica contra las universidades y la ciencia, y la manera en la que dichos ataques se han materializado en la migración y el financiamiento.

Nuevo periodo presidencial, más control

A diferencia de su primer periodo presidencial, Trump tiene la experiencia de lo que significa gobernar Estados Unidos y la certeza de que esta vez no formarán parte de su gabinete personas que restrinjan su agenda y le pongan límites, sino incondicionales a su proyecto. Tampoco tiene la presión por la reelección (si se apega a la Constitución). A la secretaria de Educación —mujer ligada a una de las empresas más exitosas de lucha libre— Trump le dijo que su trabajo era desmantelar al Departamento a su cargo. Otro ejemplo es el nombramiento de Robert F. Kennedy Jr. en el Departamento de Salud, un personaje ligado al movimiento antivacunas y con cuestionables ideas sobre la ciencia y la salud pública.

Desde la presentación del Proyecto 2025, Trump tenía un discurso particularmente crítico hacia las universidades. Lo ha tenido desde hace mucho tiempo, pero si algo caracteriza este segundo periodo es que cuenta con pocos contrapesos para avanzar en su agenda, inclusive en sus ideas más radicales, como está sucediendo con el establecimiento de aranceles o la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE por sus siglas en inglés).

Elon Musk fue nombrado junto con Vivek Ramaswamy como responsables de DOGE, aunque después este último se retiró del cargo y Musk se quedó solo; a su vez, Musk anunció recientemente que también dejará el Departamento. Más que ser una oficina que ordenaría administrativa y financieramente al gobierno, se convirtió en una dependencia para cortar fondos públicos y despedir empleados públicos. Una de sus primeras acciones fue decretar la desaparición de la USAID, la agencia de cooperación internacional de aquel país. La eliminación del organismo representa la desaparición de programas de ayuda a los países más pobres del mundo respecto a alimentación, migración, educación y servicios de salud básicos. También significa el término de programas de investigación y de cooperación de universidades estadunidenses con países en desarrollo. Este primer golpe a las instituciones fue devastador. Pero fue sólo el inicio. Estados Unidos pidió su salida de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), tiene condicionada a una revisión su salida de la Unesco y amaga con retirarse de la Organización Mundial de Comercio. Su programa es aislacionista y proteccionista.

La batalla cultural contra las universidades y la ciencia

El miércoles 4 de diciembre de 2024 comparecieron en el Congreso de Estados Unidos las presidentas de las universidades de Harvard, de Pennsylvania y del MIT para explicar su posición ante las protestas anti-Israel por los ataques a Palestina. Sus respuestas dejaron muy inconformes tanto a las corrientes más liberales como a las más conservadoras.

Las cosas resultaron mal para la Universidad de Columbia; se le amenazó que si no accedía a las demandas de Trump iba a perder 400 millones de dólares en becas y contratos. Aunque Columbia cumplió con casi todas las condiciones, el dinero no ha sido devuelto. Y de hecho le congelaron otros 250 millones de dólares que iba a recibir por parte de los Institutos Nacionales de Salud. A partir de ahí, las amenazas de cortar recursos se han vuelto comunes. Pero otro tema ligado a las protestas estudiantiles pro-Palestina es el ataque a las universidades que fueron “permisivas” con esas manifestaciones.

La otra amenaza que se concretó fue la suspensión de visas para estudiantes internacionales que presuntamente participaron en las protestas. Una serie de casos emblemáticos han sido señalados, como los estudiantes detenidos en sus dormitorios universitarios. A la fecha se habla de que cerca de 280 instituciones de educación superior han identificado a 1800 estudiantes afectados por la revocación de visas F1 y J1 por conductas antisemitas. Se debe recordar que el tema de inmigración fue muy relevante durante la campaña de 2024. A días de tomar posesión, Trump declaró una emergencia nacional por el flujo migratorio en su frontera sur. Eso derivó en otras decisiones que afectan a las visas otorgadas a estudiantes y académicos.

Es imposible no darse cuenta de que la detención de estudiantes y la revocación de visas busca generar miedo. Eso se suma al temor de académicos y científicos de otros países que han tenido dificultades para ingresar a Estados Unidos por mostrar opiniones contrarias al gobierno de Trump.

Además de la crítica a la actitud permisiva de las universidades ante las protestas contra Israel, la otra gran batalla del gobierno contra las universidades es cultural; su oposición a lo que el gobierno denomina agenda “woke”. Por “woke” se entiende una agenda enfocada en la justicia social en pro de iniciativas antirracistas, pro-identidad de género, antiopresivas, anticapitalistas y a favor de medidas culturales sensibles para beneficiar a poblaciones tradicionalmente discriminadas. Para ciertos sectores, lo “woke” representa un valor positivo; para otros, es negativo por un exceso de corrección política. Lo cierto es que es un tema contencioso en la política estadunidense y en otros países.

La disputa educativa pasa por la cancelación de libros, la eliminación del uso de pronombres diversos, o incluir o no ciertos contenidos educativos. En el caso de las universidades está relacionado con eliminar los programas educativos que promueven la diversidad y la inclusión, y con la desaparición de departamentos que trabajan la llamada “Critical Race Theory”, estudios de otras culturas del mundo y de feminismo y diversidad sexual.

La batalla financiera contra las universidades y la ciencia

El plan de recorte de Trump de fondos de investigación puede llegar a 163 miles de millones de dólares, esto se incluye en el proyecto de presupuesto que apenas se presentó el pasado 2 de mayo. Los mayores recortes son a los Institutos Nacionales de Salud, compuesto por 27 institutos y centros separados; estos institutos son responsables de los avances más importantes en investigación biomédica en Estados Unidos (y a nivel mundial). Sólo a los Institutos se les sugiere recortar 18 000 millones de dólares. Eso significaría un 37 % de reducción de sus fondos federales. Para la Fundación Nacional de Ciencia se plantea un recorte del 50 % de su presupuesto. Juntos son los dos principales financiadores de proyectos científicos.

Las implicaciones de estos recortes pueden ser devastadores para el desarrollo científico. Sólo la Universidad de Harvard espera el congelamiento de 2000 millones de dólares al no haber cedido a las peticiones del gobierno de Donald Trump; algunos de los proyectos que se detendrán están relacionados con la investigación sobre tuberculosis, cáncer, Alzheimer y VIH. Pero el cálculo de lo que se puede perder es de hasta en 8.7 millones de dólares en contratos multianuales. Además de estos recortes, las amenazas contra Harvard continúan, sobre todo desde que la universidad decidió no ceder a las peticiones del gobierno para modificar aspectos educativos y académicos. La Universidad irá a los tribunales a defenderse. Apenas, Trump señaló que estaría dispuesto a revocarle su estatus de excepción fiscal, una ventaja con la que cuentan las instituciones de educación superior sin fines de lucro como Harvard. La Universidad dijo que esa acción pondría en riesgo su misión.

Otros fondos amenazados son los destinados a estudiantes internacionales; hay incertidumbre sobre lo que puede suceder con los apoyos a quienes deciden estudiar en Estados Unidos. Ni siquiera hay certeza sobre si algunos de los estudiantes actuales podrán acabar sus programas. Lo mismo sucede respecto a los fondos para profesores internacionales visitantes en varias universidades. Dado que recibe su dinero de USAID, uno de los programas insignia de cooperación internacional de Estados Unidos —el programa Fulbright— se encuentra con mucha incertidumbre sobre su futuro. La agencia de cooperación, además, contribuía con cerca de 350 millones de dólares anuales sólo para proyectos de investigación en universidades en Estados Unidos. Los proyectos tienen que ver con agricultura, salud pública, educación y desarrollo de infraestructura. Por ejemplo, está confirmado que la Universidad Johns Hopkins verá reducido su financiamiento en 800 millones de dólares y perderá 2000 trabajos, casi todos relacionados con el sector de salud.

Un tema financiero que Trump ha tenido presente desde hace años es sobre el costo tan alto de las colegiaturas universitarias. Las deudas estudiantiles han estado presentes tanto en las campañas presidenciales como en las elecciones locales. La Casa de Representantes apenas presentó un proyecto para cortar el apoyo a deuda estudiantil por casi 330 000 millones de dólares. Esto tendrá un impacto en las familias con créditos pendientes. El Proyecto 2025, adicionalmente, sugiere privatizar los principales planes de préstamos estudiantiles y se espera que eso ocurra considerando los recortes propuestos.

Por último, también están incluyendo penalizaciones financieras por políticas consideradas “woke”, como lo que pasó con la Universidad de Pennsylvania a la que le suspendieron 175 millones de dólares por obligar a mujeres a competir deportivamente con hombres, un tema muy sensible para el gobierno de Trump.

La respuesta

Con perplejidad miramos desde otros países lo que está sucediendo en las universidades estadunidenses. Desde hace un poco más de cien días, Donald J. Trump acosa a las instituciones de educación superior como no se había visto nunca en ese país. Quizás lo que más sorprende es la falta de una respuesta colectiva y contundente por parte del sector de educación superior y científico del que sigue siendo, junto con China, el país con mayor peso en la producción de conocimiento científico. La mayoría de las respuestas se centran en el terreno legal. Se sabe que al menos cerca de 290 estudiantes están interponiendo juicios por su situación migrante en casi 65 procesos. Además, se debe considerar que los temas no se agotan en lo enunciado aquí, Trump tiene la firme intención de modificar el proceso de acreditación de la educación superior y eliminar a las acreditadoras con agenda de “izquierda radical”, como ya está sucediendo en estados gobernados por republicanos.

Toda esta situación nos debería importar más allá del morbo. Nos afecta geopolíticamente, pero también como ciudadanos del mundo. Lo primero es entender lo que está sucediendo. Lo segundo es hacer una autocrítica seria sobre el papel de las universidades estadunidenses y a nivel mundial. Sin duda ha habido excesos y abusos. Las instituciones tienen que revisar su trabajo, su costo y su impacto. Un amplio sector de la población estadunidense considera injusto que las universidades reciban tanto dinero público, cuando sus fondos de inversión son tan altos. La confianza en la educación superior ha caído en Estados Unidos. Un tercio de los encuestados considera que las universidades empujan ciertas agendas políticas y no están enseñando las herramientas necesarias para enfrentar el futuro. Las universidades parecen no tomar nota de esto.

1900 científicos señalaron recientemente que “un clima de miedo ha descendido en la comunidad de investigadores”. Hay temor en perder la seguridad del empleo, pero señalan que aunque hay voces de protesta, en realidad “la mayoría de investigadores, universidades, centros de investigación y organizaciones profesionales han mantenido silencio para evitar antagonizar con la administración federal y arriesgar su financiamiento”. De eso sabemos mucho en México.

Podemos estar en presencia del fin de la dominación estadunidense y el surgimiento de China como el país que ocupe el lugar hegemónico que tenía Estados Unidos en términos de producción del conocimiento y de poder blando en el mundo. Los espacios vacíos se llenan.

Lo tercero debe ser actuar. Lo que resulte de esta embestida afectará el orden mundial. Pregunté hace poco a mis colegas en Estados Unidos si están listos para hablar de cómo va a ser el proceso de reconstrucción del sistema educativo y científico o si se encontraban en la etapa de sobrevivencia. Todos coinciden que están en lo segundo. Quizás ese azoro es el que predomina en el sector y es la razón por la que las respuestas parecen desarticuladas e individuales, aunque ha habido algunos llamados colectivos. O a lo mejor tiene que ver con que los ataques son tantos y desde demasiados frentes que no ha sido posible construir respuestas más contundentes.

Un editorialista señaló hace poco que las universidades tenían que responder como lo que son:

[…] no como negocios [que] gasten sus fondos de inversión. Acepten más estudiantes, no menos. Abran sus campi y expandan su alcance, no compren propiedades, pero lleven educación a sus comunidades. Formen una base. Vuélvanse un movimiento.

Parece demasiado idealista, pero quizás es una respuesta sensata por ahora.

Alma Maldonado-Maldonado, Investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav y editora de este espacio